TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Debe examinarse si existe la contradicción denunciada.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintidós de octubre de dos mil tres el juicio de amparo directo 267/2003, promovido por María Guadalupe Luz Rojas en contra de la sentencia pronunciada el veintitrés de abril de dos mil tres por los Magistrados integrantes de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los autos del juicio de nulidad 10945/02-17-05-3, en la parte que interesa, dictó la siguiente resolución:
"SEXTO. Es esencialmente fundado el primer concepto de violación. El acto reclamado consiste en la resolución a través de la cual la Sala responsable sobreseyó en el juicio fiscal al considerar que los actos cuya nulidad se demandó, consistentes en el recibo de pago por concepto de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y la propuesta de declaración para el pago del citado impuesto, no corresponde conocer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues no se trata de resoluciones definitivas que actualicen alguna de las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo, previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no se están dando las bases para la liquidación de un crédito fiscal o, en su caso, negando una devolución o imponiendo una multa. Por su parte, la quejosa aduce, en síntesis, que la Sala Fiscal hace una inexacta aplicación de los artículos 202, fracción II y 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al declarar fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, porque no se actualiza ninguna de las hipótesis que establece el citado artículo 11 para la procedencia del juicio contencioso administrativo, en virtud de que contrario a lo que señala la responsable, el recibo de pago y la propuesta de declaración son resoluciones que afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, afectación que quedó manifestada con el cobro de la cantidad de $2,663.00 (dos mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) (sic) por concepto de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, por tanto, el sobreseimiento decretado por la responsable no se encuentra debidamente fundado ni motivado. Lo anterior resulta fundado en atención a lo siguiente: El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone, en la parte que interesa: ‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.’. Asimismo, los artículos primero y cuarto de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos señalan, en lo conducente: ‘Art. 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma.’. Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de los quince días siguientes a aquel en que se adquirió o importó el vehículo. Se considerará que la adquisición se realiza en el momento en que se entregue el bien al adquirente o se expida la factura correspondiente, lo que suceda primero. El impuesto se pagará en las oficinas de la entidad en que la autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal autorice el registro de dicho vehículo. Para aquellos vehículos que circulen con placas de transporte público federal, el impuesto se pagará en las oficinas correspondientes al domicilio fiscal que el contribuyente tenga registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los contribuyentes de este impuesto no están obligados a presentar, por dicha contribución, la solicitud de inscripción ni los avisos del Registro Federal de Contribuyentes. No obstante lo dispuesto en este párrafo, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el citado registro para efectos del pago de otras contribuciones, deberán anotar su clave correspondiente en los formatos de pago de este impuesto. ‘Art. 4o. Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado.’. De la lectura armónica de los dispositivos señalados, se estima que en el presente caso se está ante un acto que causa un agravio en materia fiscal a la parte quejosa, toda vez que se trata del pago de un impuesto y un derecho que realizó ante las autoridades demandadas, por lo que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para la procedencia del juicio contencioso administrativo. Por tanto, en el caso concreto, este órgano colegiado considera que sí corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de la demanda de nulidad promovida por la quejosa, pues si bien es cierto, no se trata de una resolución definitiva que esté dando las bases para la liquidación de un crédito fiscal o, en su caso, negando la devolución o imponiendo una multa, como lo adujo la Sala Fiscal en la resolución reclamada, también lo es que el juicio contencioso administrativo se promovió en contra de actos definitivos que se tratan de la determinación de un impuesto federal aunado a un derecho local, junto con la comprobación o recibo de pago expedido por la autoridad, en donde se advierte el pago o requerimiento y recepción de las contribuciones que indudablemente constituyen actos a instancia de la exactora y a cargo de la propia autoridad que implica un agravio en materia fiscal, por lo que se actualiza la causal de procedencia del juicio contencioso administrativo, prevista en el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
Por su parte, los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de ocho de septiembre de dos mil cuatro el juicio de amparo directo 2337/2004, promovido por María Guadalupe Luz Rojas, en contra de la sentencia pronunciada el nueve de marzo de dos mil cuatro por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los autos del juicio de nulidad 11269/03-17-02-7, señaló lo siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes. En el primero de ellos la inconforme aduce sustancialmente que la Sala responsable violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales al confirmar el desechamiento de la demanda de nulidad, sin considerar que el recibo de pago del impuesto sobre la tenencia de uso de vehículos impugnado es una resolución definitiva, ya que las autoridades demandadas determinaron el cobro de un impuesto y derecho federal que afectó directamente su economía y su esfera jurídica, actualizándose la hipótesis de los artículos 2o., fracciones I y IV, 4o. y 5o. del Código Fiscal de la Federación, pues la Secretaría de Finanzas y la Tesorería del Distrito Federal, actuaron de conformidad con el acuerdo celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces Departamento del Distrito Federal, por lo que se actualiza el supuesto normativo previsto en el numeral 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y apoya su dicho en el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 267/2003, promovido por ella misma. No asiste razón a la inconforme en el aspecto anterior, ya que la Sala responsable correctamente determinó que el recibo impugnado no es una resolución definitiva, tal como lo exige el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para la procedencia del juicio de nulidad, en virtud de que simplemente es un documento con el cual el contribuyente comprueba que efectivamente ha realizado el entero de sus contribuciones, a través del cual no se le está determinando crédito fiscal a su cargo. En efecto, la acción contenciosa administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo se requiere de afectación que dé origen al nacimiento de un interés, no procede contra todo acto de la administración pública. Esto es, la materia de estudio en esta clase de juicios no está abierta en posibilidades a todo acto de autoridad administrativa, sino más bien se trata de un juicio de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma como hipótesis de procedencia expresa de la acción contenciosa administrativa. Del texto del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se desprende que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo resulta procedente contra actos de la administración pública federal que posean la característica de ser ‘resoluciones administrativas definitivas’ y, además, que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo. A pesar de que el numeral 11 antes mencionado, precisa qué se debe entender por resolución definitiva al establecer que tendrán tal carácter las resoluciones que no admitan recurso, o admitiéndolo se trate de recursos optativos, se considera que es contrario a derecho determinar el alcance de lo que es una ‘resolución definitiva’ para efectos del juicio contencioso administrativo federal, solamente con base en la expresión del texto normativo, y para lograr una adecuada comprensión del concepto se estima necesario tener presente lo que a continuación se detalla. La definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Dicho producto final o última voluntad suele expresarse de dos formas: a) Como resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Así, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza interprocedimental no podrán considerarse ‘resoluciones definitivas’, ya que éste sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento, excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido como tal el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad que, para este caso, es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos. No se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga la última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que ‘causa estado’. La generación de esta situación mencionada en el párrafo anterior, en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo, además de lo que prevé el artículo 11 de mérito, lo que dará lugar al nacimiento del interés requerido para acudir a la vía en comento. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de febrero de dos mil tres, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS, ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan «resoluciones definitivas», y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de «resoluciones definitivas» las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.’. Ahora bien, el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos establece, en lo conducente, lo siguiente: ‘Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma. Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual se solicite el registro del vehículo, permiso provisional para circulación en traslado o alta del vehículo. El impuesto se pagará en las oficinas de la entidad en que la autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal autorice el registro, alta del vehículo o expida el permiso provisional para circulación en traslado, de dicho vehículo. Para aquellos vehículos que circulen con placas de transporte público federal, el impuesto se pagará en las oficinas correspondientes al domicilio fiscal que el contribuyente tenga registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los contribuyentes de este impuesto no están obligados a presentar, por dicha contribución, la solicitud de inscripción ni los avisos del Registro Federal de Contribuyentes. No obstante lo dispuesto en este párrafo, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el citado registro para efectos del pago de otras contribuciones, deberán anotar su clave correspondiente en los formatos de pago de este impuesto.’. Por su parte, el artículo 4o. de ese mismo ordenamiento jurídico dispone que: ‘Artículo 4o. Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado.’. Del recibo original por concepto de impuesto sobre la tenencia de uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular (foja 8 de autos), se advierte que el mismo contiene, entre otros datos, los siguientes: concepto: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (federal); liquidación: tenencia $2,257.00 (dos mil doscientos cincuenta y siete pesos), recargos por tenencia $0 (cero pesos), derechos $160.00 (ciento sesenta pesos), recargos por derechos $0 (cero pesos), importe a pagar $2,417.00 (dos mil cuatrocientos diecisiete pesos); número de cuenta: placa 527NCS; periodos o número de parcialidades dos mil uno y dos mil tres. Asimismo, de la copia certificada de la tarjeta de circulación que obra en el expediente 11269/03-17-02-7, se desprende que María Guadalupe Luz Rojas aparece como propietaria del automóvil Nissan, Tsuru, Sedán (cuatro puertas), con número de placa 527NCS (folio 9). De lo anteriormente relatado se concluye que el recibo de pago por concepto de impuesto sobre la tenencia de uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular, que es el acto impugnado en el juicio de origen, no es siquiera una resolución y, por consiguiente, tampoco es definitiva, toda vez que la obligación tributaria respecto del referido impuesto surgió en el momento en que se realizó la situación de hecho o derecho que de acuerdo con la ley fiscal dio origen a la misma, por lo que la exigencia de pagar dicho impuesto nació con anterioridad y el recibo de pago es sólo un comprobante que no contiene resolución alguna emitida por alguna autoridad que pueda ser impugnada a través del juicio de nulidad."
Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular, puede o no ser objeto de impugnación a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley orgánica de dicho tribunal; ya que mientras que los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvieron que dicho documento constituye una resolución definitiva que le causa un agravio en materia fiscal a la parte quejosa respecto del cual procede el juicio contencioso administrativo; los del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimaron que dicho recibo no representa una resolución definitiva respecto de la cual proceda dicho medio de defensa, por lo que debe sobreseerse en el juicio contencioso administrativo en esos casos.
Corroboran lo anterior las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que son del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."
(Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, junio de 2000. Tesis 1a./J. 5/2000. Página 49).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
(Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001. Página 76).
CUARTO. Establecido que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica especificada, debe determinarse cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
A fin de estar en posibilidad de resolver la cuestión jurídica planteada, se estima necesario, en primer lugar, analizar el contenido del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de determinar si es o no procedente el juicio de nulidad en contra del recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular.
El numeral en comento textualmente establece:
"Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.
"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.
"VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.
"IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.
"X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.
"XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
"XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
"XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.
"XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.
"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
"También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa."
De dicho precepto jurídico se desprenden, entre otras cuestiones, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo conocerá de aquellos juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas que:
• Determinen la existencia de una obligación fiscal, que fijen en cantidad líquida o que den las bases para su liquidación.
• Nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
• Impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
• Causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores.
• Nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes a favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
• Se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
• Se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.
• Constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18612-fb1e59f9/tenencia-o-uso-de-vehiculos-y-derechos-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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