SOLARES URBANOS. EL TÍTULO DE PROPIEDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY AGRARIA DETERMINA SI EL PROMOVENTE DEL JUICIO DE AMPARO QUE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN VINCULADA CON AQUÉLLOS, ES SUJETO DE DERECHO COMÚN O DE DERECHO AGRARIO. SOLARES URBANOS. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO CONTRA UNA RESOLUCIÓN VINCULADA CON ELLOS, EL JUZGADOR DEBERÁ VERIFICAR SI SE CUENTA CON EL TÍTULO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY AGRARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y CUARTO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver el amparo directo administrativo 118/97, promovido por David Rivera Beltrán, en sesión de tres de julio de mil novecientos noventa y siete, emitió las siguientes consideraciones:
"TERCERO. Es innecesario transcribir las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación, puesto que este tribunal no se ocupará de su estudio, ya que en el caso se advierte la existencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que obliga a decretar el sobreseimiento en el presente caso, cuyo estudio es preferente de acuerdo con la tesis de jurisprudencia publicada con el número ochocientos catorce, a foja quinientos cincuenta y tres del Tomo Sexto del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.’. En efecto, en la especie el quejoso reclama la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Sexto Distrito, con residencia en esta ciudad, en el expediente agrario número 138/96, que promovió en contra del ahora tercero perjudicado Pedro Juárez Ruiz, en la que se declaró improcedente la acción restitutoria respecto de un solar urbano ejidal, ubicado en el poblado ‘Casa Blanca’, del Municipio de Maravatío, Michoacán, por considerar que no se encontraba acreditada la titularidad del inmueble reclamado a favor del actor, ahora quejoso. Ahora bien, tomando en consideración que dicha sentencia fue notificada a la licenciada Alma Rosa Tapia Ángeles, en su carácter de representante legal de la parte actora, ahora quejosa, el día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis (fojas 69 del juicio agrario); que dicha notificación surtió sus efectos el día siguiente al en que se practicó, de conformidad con el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o., y que la demanda de garantías que dio origen al presente juicio fue presentada ante el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Sexto Distrito en esta entidad federativa, con residencia en esta ciudad, el día veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, según consta del acuse de recibo correspondiente (fojas 2 a 7 del presente juicio); es indudable que dicha demanda no fue promovida legalmente, puesto que se hizo fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que éste empezó a correr el día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y concluyó el día seis de enero de mil novecientos noventa y siete, descontándose dicho lapso por ser inhábiles los días treinta de noviembre, primero, siete, ocho, del catorce al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, primero, cuatro y cinco de enero de mil novecientos noventa y siete, y siendo esto así, el acto reclamado de referencia, debe estimarse tácitamente consentido, actualizándose así la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En apoyo a lo anterior es de invocar la tesis visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo II, Segunda Parte-2, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SOLARES URBANOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AGRARIO. El término para interponer la demanda de amparo contra un acto que puede tener como consecuencia la privación de un solar urbano, no es el que señala el artículo 218 de la Ley de Amparo sino el previsto en el artículo 21 de la misma ley, puesto que no se está en presencia de un amparo en materia agraria.’."
El mismo Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, resolvió el amparo directo administrativo 110/98, relacionado con el 109/98, promovido por Fernando Sánchez Galván y otros, en sesión de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, y expresó al efecto las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Resulta innecesario transcribir la sentencia reclamada, y los conceptos de violación, que en su contra expresan los disconformes, en virtud de que no se hará análisis ni decisión de los mismos, porque en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, mismas que impiden el examen de tales cuestiones, las que por ser de orden público deben estudiarse de oficio y previamente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral 73 y la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.’. Por cuestión de técnica jurídica, en primer lugar se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que si la demanda de garantías es extemporánea, como se verá a continuación, ni siquiera debió admitirse y tramitarse el juicio. Aparece en autos que los ahora quejosos Fernando Sánchez Galván, Imelda Vieyra Montoya, Carolina Mendoza Vieyra, Javier Domínguez Peralta y María Teresa de Jesús Mendoza Ramírez, demandaron de Juvenal Mendoza Vieyra, Juvenal Rafael y Manuel Mendoza García, ante el Tribunal Agrario responsable, se declarara mediante resolución judicial que tienen mejor derecho para poseer el solar urbano ubicado en la esquina que forman la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Reforma de Nueva Italia, Municipio de Francisco J. Múgica, Michoacán, así como la desocupación y entrega del inmueble. Sin que exista duda de que se trata de un lote urbano, porque así lo evidencian, entre otras pruebas, las constancias de posesión que acompañaron los actores a su libelo (fojas 8 a 14), la confesión vertida por los demandados al contestar la demanda instaurada en su contra y la prueba pericial que estuvo a cargo de los ingenieros Francisco Cázarez Guzmán y Delfino Ochoa, peritos de la parte actora y demandada, respectivamente, a cuyos dictámenes acompañaron planos fotográficos y fotografías (páginas 409 a 422), por lo que es evidente que el problema suscitado entre los actores demandados fue el motivo de la posesión de un solar urbano ejidal, cuestión que no está a discusión, por reconocerla ambas partes y demostrarla las pruebas referidas y las demás que aportaron al juicio. Luego debe tenerse en cuenta que conforme a los artículos del 90 al 100 de la abrogada Ley de Reforma Agraria, toda resolución presidencial dotatoria de tierras debía determinar la constitución de la zona de urbanización ejidal y en cuya localización o ampliación había de tomarse en cuenta la opinión de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, efectuándose el deslinde y fraccionamiento de la misma de acuerdo con los estudios y proyectos aprobados por la de la reforma agraria, con la opinión de aquella y en coordinación con los Gobiernos Estatales y Municipales; que una vez deslindada y fraccionada, los solares se asignarían gratuitamente a los ejidatarios por sorteo, en tanto que los excedentes podían ser arrendados o enajenados a personas que desearan avecindarse; que los solares urbanos ejidales eran considerados ‘como patrimonio familiar’, pero podían ser objeto de contratos de arrendamiento o de compraventa, caso éste en que el comprador adquiría su pleno dominio si, además de cubrir el precio, construía una casa y la habitaba; que el abandono del lote durante un año consecutivo, si se trataba de avecindado, o de dos, respecto de ejidatarios, implicaba la pérdida de los derechos a la posesión y su consecuencia era la de declararse vacante, pudiendo disponer del solar la asamblea general; que el solar que quedase vacante por falta de heredero o sucesor legal, volvería a la propiedad del núcleo de población a efecto de que la asamblea general lo adjudicara a campesinos que carecieran del mismo, siendo la Secretaría de la Reforma Agraria la que expediría los certificados de derechos a solar que garantizara la posesión tanto a ejidatarios como a quienes no lo eran y, cuando cumpliesen con los requisitos fijados en las disposiciones de que se trata, expidiera ‘... los correspondientes títulos de propiedad; estos se inscribirán en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad en la entidad correspondiente.’. Disposiciones de la abrogada ley que fueron objeto de interpretación por el Máximo Tribunal del País, con el fin de determinar la competencia en el conocimiento de los asuntos relativos con los solares urbanos ejidales, considerando que cuando se trataba de uno segregado de los predios ejidales para constituir la zona urbana del poblado y titulado a persona determinada, las cuestiones concernientes a él no eran de estimarse agrarias, por no afectar derechos colectivos y haber salido del patrimonio ejidal, sino de índole civil por compartir el mayor grado de naturaleza de la propiedad privada, reputarse patrimonio familiar y ser objeto de arrendamiento o compra venta y de sucesión. La referida regulación de los solares urbanos ejidales sufrió modificación sustancial en términos de lo previsto en los artículos 64, párrafo tercero, 65, 66, 68 y 69 de la Ley Agraria en vigor, toda vez que, por una parte, permiten la prescripción positiva, la enajenación y la embargabilidad de dichos lotes, y por otra, es la asamblea la que destinará tierras ejidales al asentamiento humano, siendo asimismo la que puede resolver la delimitación de la zona de urbanización con la intervención de las autoridades municipales y observando las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; que los solares serán asignados por la asamblea en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y de acuerdo con el plano aprobado por la misma asamblea, además de que serán de propiedad plena de sus titulares, determinándose su extensión por la asamblea con la participación del Municipio y de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos, pudiendo arrendarse o enajenarse los solares excedentes por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse; que los certificados que extienda el Registro Agrario Nacional acerca de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes, pero si ya estuviese constituida la zona de urbanización asignándose los lotes, los títulos los expedirá a favor de sus legítimos poseedores; que la propiedad de los solares se acreditará con el título respectivo, los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común, para cuyos efectos tales títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente. Ahora, como puede verse, están marcadas modificaciones en la normatividad de los solares urbanos ejidales, entre la ley abrogada y la en vigor, pues aquélla precisaba de resolución presidencial para constituir la zona de urbanización del núcleo de población, en tanto que esta lo deja a la asamblea general de ejidatarios; el comprador de un lote adquiría su pleno dominio bajo dos condiciones, una que cubriera el precio, y otra que construyera casa y la habitase según la anterior legislación; ahora con la nueva son de propiedad plena del titular sin exigirse tales condiciones; los solares que quedaran vacantes por falta de heredero o sucesor, volvían al régimen de propiedad ejidal, conforme a la ley abrogada, mientras que la en vigor ya no lo prevé; los certificados de titulación se inscribirán en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente, según el anterior ordenamiento, lo cual ya no acontece con el posterior, dado que actualmente ya sólo se inscriben en esta última dependencia; y aquel certificado de derechos a solar garantizaba la posesión, en términos de la ley abrogada, ahora constituyen el título oficial que acredite la propiedad, según la ley en vigor. De lo anterior se sigue que los solares de la zona de urbanización del ejido, conforme al derecho positivo vigente, no son inalienables, imprescriptibles y menos inembargables, sino que, por el contrario pueden trasmitirse, venderse o arrendarse; por lo que los conflictos suscitados entre particulares en relación con dichos lotes, asignados conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria, o a la Ley Agraria en vigor, en modo alguno pueda considerarse que constituyen controversias de naturaleza agraria, porque no son tierras destinadas a cultivos agrícolas, no afectan derechos colectivos, no quedan comprendidos entre los bienes jurídicos tutelados por el régimen constitucional privilegiado, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIX, de la Ley Fundamental, la expedita y honesta impartición de justicia agraria tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, siendo de ‘... jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de tierras ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción ...’, casos entre los cuales no encaja el particular; y porque si conforme a la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, el régimen jurídico se asemejaba en gran medida a la propiedad privada, ahora con la nueva goza plenamente de esa naturaleza, según se ha visto. Así, pues, si las cuestiones relacionadas con los lotes ubicados en la zona urbana de un ejido, no son de naturaleza agraria, porque no afectan derechos colectivos y haber salido del patrimonio ejidal, sino de índole civil por compartir la calidad de la propiedad privada, ya que conforme al artículo 68 de la Ley Agraria en vigor, se reputan propiedad plena de sus titulares; por lo que en los juicios que tengan por objeto solares de ese tipo, como en el caso, no pueden invocarse las normas aplicables a la materia agraria, ni procede suplir la deficiencia de la queja. Al respecto cabe citar la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este órgano comparte, publicada en la página 204 del Tomo 175-180, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SOLARES URBANOS EJIDALES, CONTROVERSIAS SOBRE POSESIÓN DE LOS. NO SON DE MATERIA AGRARIA, NI PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Las controversias suscitadas respecto de los solares que integran la zona urbana ejidal, no pueden considerarse como materia agraria, en atención a que estos lotes no comparten la naturaleza de los bienes comunales o ejidales. De conformidad con el artículo 93 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, los solares urbanos tienen la naturaleza de patrimonio familiar de los ejidatarios, quienes pueden inclusive enajenarlos. Además, el núcleo de población puede celebrar contratos de arrendamiento o de compraventa de los solares sobrantes con terceros avecindados (artículo 95 y 96 de la Ley Federal de la Reforma Agraria). Por último, dichos solares pueden ser transmitidos por sucesión. De la manera anterior, es evidente que los conflictos suscitados respecto de los solares que integran la zona urbana ejidal, no pueden considerarse como materia agraria, dado que el régimen al que se encuentran sujetos comparte en un mayor grado la naturaleza de la propiedad particular, que la del régimen agrario o comunal, debiendo concluirse por tales razones que en los juicios de garantías promovidos respecto de actos autoritarios que tengan por objeto solares de este tipo, no procede la suplencia de la queja deficiente.’. Así las cosas, es incuestionable que el término para promover el juicio de amparo contra actos de autoridades que afecten los citados solares, no es el de treinta días que prevé el artículo 218 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, para combatir los actos que causan perjuicio a los derechos individuales de los ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan, si no el genérico de quince días que establece el numeral 21 de dicha ley. Consecuentemente, si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente del que emana el acto reclamado, este fue notificado a los quejosos a las diez treinta horas, del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, por conducto de su mandatario jurídico Luis Rey Ayala López, mediante instructivo que se dejó en poder de la licenciada Alma Rosa Tapia Ángeles (foja 484), dicha notificación surtió efectos el veinte siguiente de conformidad con el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación agraria de acuerdo a su artículo 167; por lo que el término para promover el amparo les empezó a correr el veintiuno del propio agosto y feneció el once de septiembre siguiente, descontándose entre dicha fecha el veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno del citado agosto, así como el seis y siete de septiembre, por ser sábado y domingo y estar considerados inhábiles para la promoción del juicio de garantías por el artículo 23 de la ley de la materia, y el día primero de septiembre, que no laboró la responsable, según se advierte de la certificación que levantó al pie de la demanda de amparo que dio origen al juicio 109/98, relacionado con éste. Empero, como la solicitud de amparo que motivó el presente juicio se presentó hasta el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, según se desprende del sello de recibido del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Décimo Séptimo (página 3), es indudable que dicha queja constitucional se presentó fuera del término de quince días que prevé la ley, por lo que el acto reclamado fue consentido tácitamente por los quejosos y se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y procede el sobreseimiento del juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 74 de dicha ley. Al respecto cabe citar la tesis sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que este órgano comparte, publicada en la página 553, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SOLARES URBANOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AGRARIO. El término para interponer la demanda de amparo contra un acto que puede tener como consecuencia la privación de un solar urbano, no es el que señala el artículo 218 de la Ley de Amparo sino el previsto en el artículo 21 de la misma ley, puesto que no se está en presencia de un amparo en materia agraria.’. Sin que se oponga a lo anterior, que el presidente de este órgano colegiado mediante proveído de once de febrero del presente año, haya admitido a trámite la demanda de amparo en cuestión, porque los autos de presidencia no causan estado ni obligan al Pleno cuando son incorrectos. Al respecto cabe citar la jurisprudencia 670, visible en la página 450, del Tomo y Apéndice citados al inicio de este considerando, misma que dice: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO, POR SER DETERMINACIONES DE TRÁMITE. Los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, por lo que, si se admite un recurso, que conforme a la ley no debía admitirse, por ser improcedente, el tribunal no está obligado a respetar ese acuerdo si del estudio del medio de defensa y de las constancias de autos se advierte que, es contrario a la ley o a la jurisprudencia.’. Por otro lado, al resolverse en esta misma fecha el amparo directo 109/98, promovido por Aureliano Valencia Valdovinos, y concederse a dicho quejoso el amparo solicitado para que se deje sin efectos la sentencia reclamada, que es la misma que se impugna en el presente juicio, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el citado artículo 73, fracción XVI, porque cesaron los efectos del acto reclamado, improcedencia que también trae como consecuencia el sobreseimiento del amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones cabe citar por analogía e identidad jurídica sustancial la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido literal es el siguiente: ‘ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL. Si en un amparo relacionado se concede la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronuncie una nueva, el diverso amparo que la contraparte promueva contra aquélla, resulta improcedente, pues es evidente que los efectos de dicho acto reclamado han cesado y se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la misma ley.’."
Las ejecutorias antes transcritas sostuvieron la tesis aislada XI.3o.10 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo VII, de junio de 1998, página 710, de rubro y texto siguientes:
"SOLARES URBANOS. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL AMPARO ES DE QUINCE DÍAS EN LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON. Si se toma en cuenta que de conformidad con los artículos 65, 66, 68 y 69 de la Ley Agraria en vigor, procede la prescripción positiva, la enajenación y la embargabilidad de los lotes urbanos de un ejido; y, los certificados que extiende el Registro Agrario Nacional acerca de cada solar, constituyen los títulos oficiales correspondientes y acreditan la propiedad de éstos, de donde los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común, para cuyos efectos tales títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente. De lo anterior resulta evidente que los solares de la zona de urbanización del ejido, conforme al derecho positivo vigente, no son inalienables, imprescriptibles e inembargables sino que pueden transmitirse, venderse o arrendarse. Por consecuencia, los conflictos que se susciten entre particulares en relación con dichos lotes, asignados conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria o a la Ley Agraria en vigor, en modo alguno pueden considerarse constitutivos de controversias de naturaleza agraria, porque no son tierras destinadas a cultivos agrícolas, ni afectan derechos colectivos, ni quedan comprendidos entre los bienes jurídicos tutelados por el régimen constitucional privilegiado; pues si conforme a la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, el régimen jurídico se asemejaba en gran medida a la propiedad privada, en la vigente goza plenamente de esa naturaleza; y en esa virtud, si las cuestiones relacionadas con los lotes ubicados en la zona urbana de un ejido no son de naturaleza agraria, porque no afectan derechos colectivos y han salido del patrimonio ejidal, sino de índole civil por compartir la calidad de propiedad privada, dado que conforme al artículo 68 de la Ley Agraria en vigor se reputan propiedad plena de sus titulares, en los juicios que tengan por objeto solares de ese tipo no pueden invocarse las normas aplicables a la materia agraria, ni procede suplir la deficiencia de la queja. Siendo incuestionable, en consecuencia, que el término para promover el juicio de amparo contra actos de autoridades que afecten los citados solares, no es el de treinta días que prevé el artículo 218 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, para combatir los actos que causan perjuicio a los derechos individuales de los ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan, sino el genérico de quince días que establece el numeral 21 de dicha ley."
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al emitir resolución en la improcedencia 10/88, promovida por Rosalba Moar Díaz, en sesión de cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, sostuvo lo siguiente:
"III. Es innecesario examinar las consideraciones en que se sustenta el acuerdo recurrido, así como los agravios aducidos en su contra, porque el desechamiento de la demanda de garantías, debe confirmarse por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, distinto de la invocada por el a quo, cuyo análisis debe hacerse de oficio en acatamiento al artículo 73 in fine de la Ley de Amparo y a la tesis jurisprudencial número 158, visible en la página 262 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo común al Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. En efecto, de conformidad con el artículo 212, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, los amparos en materia agraria son aquellos en que se reclaman actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros. Ahora bien, por tierras, en este contexto en que se habla también de aguas, pastos y montes, deben entenderse las destinadas al cultivo en la zona agrícola de un ejido o comunidad, por lo que los solares ubicados en las zonas urbanas no caben dentro de la enumeración hecha en el precepto invocado, situación que se explica porque el régimen de propiedad de las parcelas es siempre comunal, mientras que en los solares urbanos se puede llegar a la propiedad individual, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que dispone: ‘La Secretaría de la Reforma Agraria expedirá los certificados de derechos a solar que garantice la posesión, tanto a ejidatarios como a no ejidatarios, y cuando cumplan todos los requisitos fijados en este capítulo se les expedirán los correspondientes títulos de propiedad, éstos se inscribirán en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente.’. Luego entonces, cuando se reclaman actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar a una persona de un solar urbano, no se está en presencia de un amparo en materia agraria y, por ende, son inaplicables las normas establecidas en el libro segundo de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si en la especie la quejosa reclama un acto que puede tener como consecuencia que se le prive de un solar urbano, como es el consistente en la negativa del Juez responsable a dejar sin efecto el embargo trabado sobre ese solar, es inconcuso que de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior, no se está ante un amparo en materia agraria y, por lo mismo, el término para la interposición de la demanda de garantías, no es el señalado en el artículo 218 de la Ley de Amparo, sino el previsto en el artículo 21 del propio ordenamiento, de modo que si el acto reclamado se notificó a la quejosa el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho (foja 10 in fine), notificación que surtió sus efectos el mismo día, según se infiere de lo dispuesto por el artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, resulta que el término de quince días comenzó a correr el veintinueve del citado mes de abril y concluyó el veinte de mayo siguiente, sin contar los sábados y domingos que corresponden a los días treinta de abril, uno, siete, ocho, catorce y quince de mayo, ni el día cinco de este último mes, por lo que si la demanda de amparo se presentó hasta el veinticuatro de mayo, es claro que se interpuso extemporáneamente, motivo por el cual se actualiza en el caso la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, así, procede confirmar el auto que desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente, aunque por razón distinta de la invocada por el Juez de Distrito."
La ejecutoria antes transcrita integró la tesis aislada que obra publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el Tomo II, Segunda Parte, Octava Época, julio a diciembre de 1988, página 553, del tenor siguiente:
"SOLARES URBANOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AGRARIO. El término para interponer la demanda de amparo contra un acto que puede tener como consecuencia la privación de un solar urbano, no es el que señala el artículo 218 de la Ley de Amparo sino el previsto en el artículo 21 de la misma ley, puesto que no se está en presencia de un amparo en materia agraria."
El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Pri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18486-da081cf3/solares-urbanos-el-titulo-de-propiedad-a-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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