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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. SI SE DETERMINA A FAVOR DE SUS TRABAJADORES UNA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE QUE LES DA DERECHO AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 89, FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE LOS RIGE, EN CASO DE QUE CONTINÚEN LABORANDO NO PODRÁN PERCIBIR, ADEMÁS DE SU SALARIO, EL PAGO DE UNA PENSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18661
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1044.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como sus antecedentes en lo que en la materia de la contradicción interesa.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 7447/2004, promovido por Héctor Velázquez Pérez, en sesión de tres de septiembre de dos mil cuatro, emitió las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son infundados en una parte y fundados en otra, los conceptos de violación. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Héctor Velázquez Pérez, por conducto de sus apoderados, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reconocimiento de que la incapacidad permanente que presenta deriva de accidentes de trabajo; en consecuencia, de conformidad con el contrato colectivo de trabajo y el régimen de pensiones y jubilaciones que rigen en el demandado el pago de la correspondiente pensión por riesgo de trabajo, sus incrementos, aguinaldo mensual y anual, fondo de ahorro, el pago de 1095 días de salario por concepto de indemnización y 50 días de salario por cada año de servicios prestados conforme al último salario integrado al momento en que se pensione, la aplicación a su favor del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de prima de antigüedad, y demás prestaciones legales inherentes a la acción ejercida. Como hechos fundatorios de su demanda, señaló que ingresó a prestar sus servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve; se desempeñó en la categoría de N13, jefe de área de tienda en la tienda para empleados del demandado ubicado en Villa Coapa; percibía un salario quincenal de $2,556.88, además de tres meses de salario por concepto de aguinaldo anual y treinta y ocho días de sueldo por concepto de fondo de ahorro; el quince de mayo y veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, sufrió accidentes que fueron calificados como de trabajo por el demandado, diagnosticándosele en ambos casos un esguince lumbar; a consecuencia de sus accidentes de trabajo padece una lesión vertebro discoligamentaria de la columna lumbar que le origina síndrome doloroso lumbar crónico, así como radiculopatía de L5 bilateral, padecimientos que le impiden realizar las labores inherentes a su categoría como jefe de área de tienda, a quien corresponde organizar, dirigir y controlar las actividades de personal de menor categoría en las áreas de abarrotes, ropa, calzado, perfumería, regalos, artículos del hogar, línea blanca y electrónica, determinar con los proveedores los distintos tipos de artículos que sugerirá para su adquisición para la tienda de su adscripción, revisar las góndolas y determinar necesidades de repuestos y su cantidad por artículos, y formular y tramitar los vales a la bodega de tránsito, para reponer existencias en exhibición, verificar el marcaje de precios de venta, determinar y controlar el acomodo de las mercancías en las góndolas coordinando sus actividades con los otros jefes; debido a que las actividades que debe desempeñar requieren de un esfuerzo físico que no puede desarrollar por las lesiones que presenta, solicita la aplicación a su favor del beneficio contemplado en el artículo 493 de la ley laboral, y que el demandado se ha negado a reconocerle su derecho a las prestaciones reclamadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social contestó la demanda negando que asista derecho al actor a las prestaciones reclamadas, controvirtió los hechos y opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes. El veintisiete de noviembre de dos mil tres, la Junta dictó el laudo impugnado en el que al estimar parcialmente procedente la acción, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor presenta una incapacidad parcial permanente del 30% (treinta por ciento) de la total orgánico funcional, con motivo del síndrome doloroso lumbar crónico postraumático que le fue diagnosticado por el perito tercero en discordia y, en consecuencia, a pagar al actor ese mismo porcentaje de 1095 días y de 50 días por año de servicios prestados o su parte proporcional, tomando como base el último salario percibido por el actor a la fecha del laudo, ordenando abrir incidente para cuantificarlos; y por otra parte, absolvió al demandado del pago de la pensión reclamada y de sus incrementos, así como del aguinaldo mensual y anual, fondo de ahorro, de la aplicación a favor del actor del beneficio contemplado en el artículo 493 del código obrero y de las demás prestaciones legales inherentes a la acción ejercida. La Junta apoyó el reconocimiento de la incapacidad parcial permanente del actor en el dictamen rendido por el perito tercero en discordia, así como en las pruebas documentales consistentes en copia fotostática de las formas MT-1 de fecha quince de mayo y veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, en las que se refieren los accidentes de trabajo sufridos por el actor en esas fechas, en los que el demandado le diagnosticó un esguince lumbar. En cuanto a la absolución, la responsable expresó, respecto de la pensión reclamada, que de las actuaciones procesales no se desprende que el actor haya dejado de laborar con motivo de los accidentes de trabajo que sufrió, y que de la entrevista que el accionante tuvo con el perito tercero en discordia aparece que su último puesto de trabajo es el de jefe de línea blanca, por lo que la incapacidad detectada le permite seguir laborando; en el caso del reclamo de pago de incrementos a la pensión, aguinaldo mensual y anual, y fondo de ahorro, la responsable absolvió al demandado por considerar que se trata de prestaciones accesorias a la pensión, en cuanto a la aplicación a favor del actor del beneficio contemplado en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta lo estimó improcedente porque el demandante no acreditó la pérdida absoluta de sus facultades para desempeñarse como jefe de área de tienda, y respecto de las demás prestaciones legales inherentes a la acción ejercida las desestimó porque no se precisaron. Inconforme con lo anterior, Héctor Velázquez Pérez, por conducto de su apoderado, promovió el juicio de amparo que aquí se resuelve. Afirma el peticionario de amparo, que la Junta fija incorrectamente la litis porque no obstante que demandó el reconocimiento de la incapacidad total permanente que padece y como consecuencia de ello el pago de la pensión respectiva, la responsable señala que la litis consiste en determinar si el actor tiene derecho al reconocimiento, otorgamiento y pago de una incapacidad total permanente. Es infundado lo anterior, porque de acuerdo al reclamo formulado por el actor en su demanda, que se sintetiza en el concepto de violación cuyo estudio se aborda, la Junta señaló que la litis consistía en determinar si asiste derecho al actor a que se reconozca la incapacidad total o parcial permanente que menciona en su demanda (lo que desde luego quedaba sujeto a prueba), y como consecuencia de ello si el enjuiciante tenía derecho al otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad permanente reclamada y demás prestaciones accesorias a la misma, lo que evidencia que la responsable abordó la litis en los términos que se le propusieron y sobre ello resolvió en el laudo impugnado. Señala el impetrante que el organismo de seguridad social demandado, contestó la demanda en forma vaga e imprecisa incurriendo en silencio y actitudes evasivas, por lo cual alega que conforme al artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, la responsable debió tener por admitidos los hechos expuestos en la demanda, sin derecho de su contraparte a prueba en contrario. No asiste razón al impetrante en tal argumento, ya que al contestar la demanda el Instituto Mexicano del Seguro Social claramente negó derecho al actor a las prestaciones reclamadas, pues entre otras cosas señaló que no era cierto que el accionante haya sufrido algún accidente de trabajo, que presentara una incapacidad permanente, ya que su contraparte continuaba laborando, rechazó que fuera aplicable a favor del actor el beneficio contemplado en el artículo 497 de la ley laboral, señaló que el otorgamiento de la pensión jubilatoria exige que el trabajador esté inactivo, que de proceder la indemnización de los 1095 días del último salario percibido por el actor debería cuantificarse tomando como base el porcentaje de incapacidad que se determine, que la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo no establece que la indemnización debe pagarse considerando el salario integrado, que era improcedente el reclamo de pago de 50 días de salario por cada año laborado, en virtud de que esta prestación es de naturaleza similar a la prima de antigüedad y se paga contra la baja del trabajador. Como se ve, el demandado respondió concretamente a los reclamos del actor y, en consecuencia, no había motivo para que, como pretende el quejoso, la Junta tuviera al demandado por admitidos los hechos afirmados en la demanda. Aduce el quejoso que es ilógico que por una parte la Junta reconozca validez al dictamen rendido por el perito tercero en discordia, y por otra parte le niegue valor probatorio para condenar al demandado al pago de la pensión reclamada. Agrega que en forma infundada y con el argumento de que el actor no demostró que haya dejado de laborar con motivo de los accidentes de trabajo que sufrió, la Junta absuelve al Seguro Social del pago de la pensión por incapacidad parcial permanente que se encuentra prevista en el artículo 4o., tabla ‘C’, del régimen de pensiones y jubilaciones, estimación que el impetrante considera ilegal, pues aduce que esa disposición contractual, ni ninguna otra, exigen que el trabajador esté inactivo para que proceda la pensión. Señala también que en términos de los artículos 48, 49, 50, 52 y 62 de la Ley del Seguro Social y de las cláusulas 87 y 89, fracciones II y III, del contrato colectivo de trabajo, el derecho a la pensión surge cuando se declara una incapacidad parcial permanente proveniente de un riesgo de trabajo y sin necesidad de que el trabajador deje de laborar. Es fundado el motivo de queja referido. Es verdad, como alega el quejoso, que ninguna disposición del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, y el régimen de jubilaciones y pensiones anexo al mismo, vigentes en el año dos mil dos, exigen que el trabajador no se encuentre laborando para obtener el pago de la pensión a que en su caso tenga derecho con motivo de la incapacidad parcial permanente que le haya sido reconocida. Por el contrario, como adelante se detallará, de las normas que rigen la prestación de que se trata, se desprende que el derecho del trabajador al servicio de ese instituto de seguridad social a obtener una pensión por el riesgo de trabajo sufrido, solamente está condicionado al acreditamiento del siniestro, pero no a que con motivo de éste haya dejado de laborar. De las disposiciones contractuales relacionadas con el tema que se aborda, es de interés transcribir, en lo conducente, la cláusula 89 del citado pacto colectivo de trabajo, así como el artículo 4o., incisos a), b), tabla ‘C’, del régimen de jubilaciones y pensiones anexo a dicho contrato, disposiciones que regulan las prestaciones económicas a favor del trabajador a quien con motivo de un riesgo de trabajo le es reconocida una incapacidad parcial permanente: ‘Cláusula 89. Indemnizaciones. Las indemnizaciones estipuladas en esta cláusula, no están sujetas a descuento alguno autorizado expresamente por la Ley Federal de Trabajo. I. Muerte. Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia la muerte del trabajador, el instituto, con la intervención del sindicato, pagará a las personas designadas en el pliego testamentario sindical y cuando no exista éste, a las señaladas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, una indemnización equivalente al importe de 1095 días del último salario percibido por el trabajador, cualquiera que fuere el monto de dicho salario y cualquiera que fuere el tiempo que lo hubiere disfrutado, y además, 50 días por cada año completo de servicios o parte proporcional correspondiente a las fracciones de año, así como las prestaciones que le adeudare por vacaciones, aguinaldo, horas extraordinarias, etc. y la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Igualmente pagará el instituto, para gastos de funerales 90 días de salario. Estas prestaciones, salvedad hecha a la relativa a gastos de funerales, se otorgarán independientemente de las señaladas en la Ley del Seguro Social. En caso de que no exista pliego testamentario, el instituto dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la demanda, en la que se reclamen las prestaciones a que se refiere esta cláusula, se compromete a depositar en una institución bancaria, el importe que resulte por dichas prestaciones, mismo que será entregado con los intereses generados, a los beneficiarios que así designe la autoridad laboral, por laudo definitivo. ... III. Incapacidad parcial y permanente. Cuando el riesgo profesional produzca incapacidad parcial permanente que permita seguir laborando en la misma categoría o en otra sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basado en las prestaciones a que alude la fracción I de esta cláusula.’. ‘Artículo 4o. Las cuantías de las jubilaciones o pensiones, se determinará con base en los factores siguientes: a) Los años de servicio prestados por el trabajador al instituto. b) El último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación o pensión, integrado como lo señala el artículo 5o. de este régimen. La aplicación de ambos se hará conforme a las tablas siguientes. c) Pensión por riesgos de trabajo. Número de años de servicio. Monto de la jubilación o pensión en % de la cuantía básica.’. Como puede apreciarse, la cláusula 89, fracción III, del contrato colectivo de trabajo, establece que cuando el riesgo profesional produzca en el trabajador una incapacidad parcial permanente que le permita seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de percibir su salario, se le pagará la indemnización que le corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados en las prestaciones a que alude la fracción I de esa cláusula, es decir, de 1985 días de salario y 50 días de salario por cada año de servicios prestados o la parte proporcional que corresponda. Es decir, aun cuando el riesgo de trabajo permita al trabajador seguir laborando, debe ser indemnizado con el porcentaje que corresponda a su incapacidad parcial permanente. Como se advierte, el artículo 4o., incisos a) y b), tabla ‘C’, del régimen de jubilaciones y pensiones, anexo al contrato colectivo de trabajo, no exige al trabajador que sufre un riesgo de trabajo que le produzca incapacidad parcial permanente, que deje de laborar para acceder a la obtención de la pensión correspondiente, pues como ya se mencionó, solamente resulta necesario que el trabajador acredite el riesgo de trabajo y que éste le produjo la disminución orgánico funcional parcial. Esto es así, en virtud de que esta disposición solamente contiene normas relativas a los factores que deben considerarse para determinar la cuantía de las jubilaciones o pensiones, así como a la forma de aplicarlas, pero no establecen modalidad o condición alguna para el otorgamiento de las pensiones y en particular que sea causa para no otorgarlas el hecho de que el demandante se encuentre laborando, tal como se corrobora del contenido del precepto antes señalado, ya transcrito con anterioridad. Asimismo, debe señalarse que el derecho del trabajador a obtener una pensión con motivo de la incapacidad parcial permanente que le fue reconocida, no riñe con la percepción de su salario derivada del trabajo que desempeña, ya que mientras el pago del salario constituye una retribución a su trabajo, la pensión por el riesgo de trabajo sufrido es consecuencia del régimen de seguridad social que protege al trabajador ante la realización de un accidente o enfermedad de trabajo. En consecuencia, si la Junta estimó que no obstante que el ahora quejoso presenta una incapacidad parcial permanente, no era posible condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a que otorgue la pensión correspondiente porque el actor continúa laborando, tal determinación se traduce en una indebida aplicación de la normatividad a la que está sujeta la relación laboral, tornando ilegal el laudo impugnado en el aspecto que se estudia, porque esos preceptos no exigen que el trabajador que sufrió un riesgo de trabajo debe dejar de laborar para ser pensionado en términos del artículo 4o., tabla ‘C’, del citado régimen. Por las razones expuestas, no se comparte el criterio que sostiene el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Primer Circuito, en la tesis publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, página 1110, de rubro: ‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. ES IMPROCEDENTE SU PAGO, CUANDO DICHA INCAPACIDAD PERMITA AL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SUFRE UN RIESGO DE TRABAJO, CONTINUAR LABORANDO Y PERCIBIENDO SU SALARIO (INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 89 Y 91 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).’, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que se dirija a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que se adjunte copia certificada y diskette de esta ejecutoria, se denuncia la posible contradicción de criterios en el aspecto analizado. Así las cosas, al resultar violatorio de garantías el laudo reclamado, procede conceder a Héctor Velázquez el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, se pronuncie nuevamente sobre el otorgamiento de la pensión por riesgo de trabajo reclamada por el accionante, y prestaciones inherentes a la misma, y reitere lo que no es materia de la concesión de amparo."

La ejecutoria antes transcrita, sustentó como criterio el que sustenta la recurrente en las siguientes consideraciones:

a) El contenido de la cláusula 89, fracción III, del contrato colectivo de trabajo establece que cuando el riesgo profesional produzca en el trabajador una incapacidad parcial permanente que le permita seguir laborando en la misma categoría o en otra sin perjuicio de percibir su salario, se le pagará la indemnización que le corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados en las prestaciones a que alude la fracción I de esa cláusula.

b) El derecho del trabajador a obtener una pensión con motivo de la incapacidad parcial permanente que le fue reconocida, no riñe con la percepción del salario derivado del trabajo que desempeña, ya que mientras el pago de su salario constituye una retribución a su trabajo, la pensión por el riesgo de trabajo referido es consecuencia del régimen de seguridad social que protege al trabajador ante la realización del accidente o enfermedad de trabajo.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 13291/2002, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión del siete de noviembre de dos mil dos y 18211/2002, promovido por Margarita Castañeda Leal, en sesión de ocho de enero de dos mil tres, en el mismo sentido fueron resueltas dichas ejecutorias, es por ello que la ejecutoria 13291/2002 no se transcribe por ser innecesario en obvio de repeticiones inoficiosas, únicamente se transcribe la ejecutoria 18211/2002 al apoyarse, en esencia, en las mismas consideraciones.

"QUINTO. Es infundado el primero de los conceptos de violación aducido, y fundado pero inoperante el segundo de ellos, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen. Por cuestión de método, se procede a analizar en primer término el segundo de los motivos de inconformidad esgrimido, en el que esencialmente se argumenta que el laudo reclamado es violatorio de las garantías individuales de la quejosa, al absolver al instituto demandado del pago de la pensión que reclama en el inciso b) del capítulo de prestaciones de su escrito inicial de demanda, ya que el propio régimen de jubilaciones y pensiones conforme a lo establecido en el artículo 4o., tabla ‘C’, en relación con la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, establece el derecho de un trabajador del IMSS que curse con un grado de incapacidad permanente, al pago de una pensión por riesgo de trabajo, y que si bien se le cubrió en su momento una cantidad por concepto de la fracción III de la cláusula 89 del mencionado contrato, ésta correspondió al concepto de indemnización, pero que no se encuentra cubierto el concepto de la pensión en los términos reclamados. Lo anterior deviene infundado, habida cuenta que la autoridad responsable al dictar el laudo reclamado, correctamente absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de la pensión por incapacidad parcial permanente reclamada, considerando que ello implicaría un doble pago, pues al respecto debe tomarse en consideración que la actora manifestó en su escrito inicial de demanda que se encontraba prestando sus servicios para el instituto demandado, desempeñando la categoría de manejadora de alimentos y percibiendo un salario mensual integrado por la cantidad de N$1,938.92 (un mil novecientos treinta y ocho pesos 92/100 M.N.); circunstancias éstas que impiden el otorgamiento de la pensión reclamada, ya que para poder disfrutar de ésta, la actora tenía que haber dejado de laborar y de percibir su salario, lo cual en la especie no acontece. En efecto, no le asiste la razón a la quejosa, ya que si bien el artículo 4o. del régimen de jubilaciones y pensiones establece las cuantías de las pensiones por riesgo de trabajo, al contemplar las tablas que contienen los porcentajes que le corresponde a un trabajador de acuerdo a los años que le prestó sus servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social, y el numeral 5o. del mencionado régimen estatuye los conceptos que integran el salario de un empleado para efectos de la pensión, es decir, que en los mencionados preceptos se establece la forma en que el demandado pagará a los trabajadores que tengan derecho a una pensión por incapacidad permanente parcial dicha prestación. A su vez, la fracción III de la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo, en lo conducente y textualmente dispone lo siguiente: ‘Cláusula 89. Indemnizaciones: ... III. Incapacidad parcial y permanente. Cuando el riesgo profesional produzca incapacidad parcial y permanente que permita seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados en las prestaciones a que alude la fracción I de esta cláusula. ...’. Y que por su parte, la cláusula 91 del contrato colectivo de trabajo, contempla lo siguiente: ‘Cláusula 91. Subsidio en riesgos de trabajo. En caso de accidentes o enfermedades de trabajo, que incapaciten a un trabajador para desempeñar sus labores, el instituto le pagará salario íntegro y las demás prestaciones que conforme al presente contrato le correspondan, hasta en tanto se declare la incapacidad permanente del trabajador, fecha a partir de la cual sólo disfrutará de las prestaciones que otorga el régimen de jubilaciones y pensiones o de la Ley del Seguro Social en su caso.’. Ahora bien, de la interpretación de la primera de las cláusulas transcritas, se desprende que cuando el riesgo de trabajo produzca una incapacidad permanente parcial que le permita al empleado seguir laborando en la misma categoría o en otra sin perjuicio de su salario, se le pagará la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basándose en las prestaciones a que alude la fracción I de dicha cláusula, la que sólo establece que al trabajador sólo se le cubrirá la indemnización cuando pueda seguir laborando y percibiendo su salario, pero no que se le tenga que pagar una pensión por incapacidad permanente parcial. Y de la segunda de las cláusulas se deduce que si bien el riesgo por accidente o enfermedad de trabajo tiene como consecuencia la incapacidad del trabajador para seguir desempeñando sus labores, el instituto le pagará salario íntegro y las demás prestaciones que conforme al contrato le correspondan, hasta en tanto se declare la incapacidad permanente del empleado, fecha a partir de la cual sólo disfrutará las prestaciones que otorga el régimen de jubilaciones y pensiones o de la Ley del Seguro Social. Por lo que del contenido de las mencionadas cláusulas se colige que a la actora al declarársele una incapacidad permanente parcial del diez por ciento de disminución de su capacidad orgánica funcional, con base en el convenio celebrado entre la trabajadora y el instituto demandado en fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, conforme a la fracción III de la cláusula 89 del contrato colectivo, sólo tendrá derecho al pago de la indemnización que contempla la fracción I de dicha cláusula, y por su parte la cláusula 91 del citado pacto, establece que en caso de determinársele una incapacidad, únicamente y hasta en tanto no se le declare la incapacidad recibirá su salario y las demás prestaciones que le correspondan conforme al contrato colectivo, pero una vez que se le determine la incapacidad, será a partir de la fecha en que se le decrete que sólo disfrutará de las prestaciones que le otorga el régimen de jubilaciones y pensiones y de las que contempla la Ley del Seguro Social, sin poder seguir desempeñando su servicio y recibiendo su salario, como hasta la fecha de presentación de su demanda lo había venido haciendo, según su propia manifestación. Siendo evidente que la actora de ningún modo podía seguir en sus actividades y percibiendo su salario, y recibir la pensión por incapacidad permanente parcial, con base en el convenio mencionado, de manera compatible, sino que para disfrutar de esta última tenía que haber dejado de laborar, de ahí que la responsable al determinarlo de esa manera, actuó con apego a derecho. Similar criterio se sostuvo por este Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo número DT. 13291/2002, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión de fecha siete de noviembre de dos mil dos."

De las ejecutorias dictadas en los amparos de mérito, emergió la tesis cuyo título y contenido es el siguiente:

"PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. ES IMPROCEDENTE SU PAGO, CUANDO DICHA INCAPACIDAD PERMITA AL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SUFRE UN RIESGO DE TRABAJO, CONTINUAR LABORANDO Y PERCIBIENDO SU SALARIO (INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 89 Y 91 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO). Es correcta la determinación de la Junta laboral responsable, al emitir el laudo reclamado, en el sentido de que resulta improcedente el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente del 10% de disminución de su capacidad orgánico-funcional, que reclama la actora, aduciendo que ello implicaría un doble pago, toda vez que de la interpretación de la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, se desprende que cuando el riesgo de trabajo produzca una incapacidad permanente parcial, que le permita al empleado seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de su salario, se le pagará la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basándose en las prestaciones a que alude la fracción I de dicha cláusula, que establece que al trabajador sólo se le cubrirá la indemnización, cuando pueda seguir laborando y percibiendo su salario, pero no que se le tenga que pagar una pensión por incapacidad permanente parcial, ya que de la interpretación de la cláusula 91 del mencionado pacto colectivo, se deduce que si bien el riesgo por accidente o enfermedad de trabajo tiene como consecuencia la incapacidad del trabajador para seguir desempeñando sus labores, el instituto le pagará su salario íntegro y las demás prestaciones que conforme al contrato le correspondan, hasta en tanto se declare la incapacidad permanente del empleado, fecha a partir de la cual sólo disfrutará de las prestaciones que otorga el régimen de jubilaciones y pensiones o de la Ley del Seguro Social. Lo anterior permite concluir que cuando a un trabajador que sufre un riesgo de trabajo se le declara una incapacidad parcial permanente, que le permite continuar laborando y percibiendo su salario, sólo tendrá derecho al pago de la indemnización que contempla la fracción I de dicha cláusula, y no a la pensión por incapacidad parcial permanente, pues ésta sólo procederá al momen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18661-b7bbbd7e/seguro-social-si-se-determina-a-favor-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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