AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA SOLICITUD DEL REO PARA QUE LE SEAN APLICADAS SANCIONES MÁS BENÉFICAS QUE LAS IMPUESTAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO IMPLICA QUE ÉSTA SE TENGA POR CONSENTIDA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, QUINTO, OCTAVO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. De las constancias remitidas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo en Materia Penal del Primer Circuito, procede precisar lo siguiente:
I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 904/2003, promovido por ... resuelto por unanimidad de votos de los Magistrados Olga Estrever Escamilla (presidenta), Miguel Ángel Aguilar López y Horacio Armando Hernández Orozco, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil tres sostuvo, en lo que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Previo al estudio de la sustantividad en el presente juicio de garantías, este tribunal estima necesario precisar lo siguiente: El estudio de las causas de improcedencia es una figura de orden público, de estudio oficioso y preferente, según se desprende de la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna de las hipótesis que para el efecto enuncia taxativamente la ley de la materia, imposibilita el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, porque su consecuencia es el sobreseimiento del juicio. Motivo por el cual debe analizarse si se actualiza alguna hipótesis que impida estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, lo aleguen o no las partes. Encuentra sustento lo anterior en la tesis de jurisprudencia ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, correspondiente a la Materia Común, publicada bajo los siguientes rubro y contenido: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En tal contexto, este Tribunal Colegiado no soslaya que el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XI, último párrafo, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, normas cuyo contenido es el siguiente: (se transcriben). Ahora bien, de las constancias que integran la causa penal 189/2001, del índice del Juzgado Sexagésimo Penal del Distrito Federal, de la cual deriva el acto reclamado, se advierte que el quejoso ... promovió incidente no especificado ante el Juez de primera instancia, en el que solicitó la aplicación de la ley más favorable, con fundamento en el artículo 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del doce de noviembre de dos mil dos, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe). En atención a lo anterior, el Juez de primera instancia dictó la resolución incidental de veintidós de abril de dos mil tres, mediante la cual le impuso al impetrante de amparo, por la comisión del delito de violación instrumentada (hipótesis de al que introduzca por vía vaginal cualquier elemento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física, sea cual fuere el sexo de la víctima), la nueva pena de seis años, ocho meses, quince días de prisión, al estimar que la nueva norma que sanciona la conducta delictiva por la cual fue sentenciado el actual impetrante de amparo, concretamente en artículo 174, párrafos primero y tercero, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, resulta más benéfica en comparación con la sanción que prescribía el artículo 265, párrafo tercero, del derogado Código Penal para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno. Del análisis sistemático de los artículos 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; y 73, fracción XI y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que no se actualiza la causal de improcedencia relativa al consentimiento expreso o manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento del acto reclamado y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo directo, en virtud de la solicitud a la autoridad judicial, mediante incidente no especificado, de la traslación del tipo y aplicación de la ley más benéfica, respecto a la pena privativa de libertad impuesta en sentencia definitiva de segunda instancia, pues tal solicitud tiene el objeto de que la autoridad judicial cumpla con la obligación legal de aplicar en beneficio del sentenciado la ley que más le favorezca, cuando se abstuvo de hacerlo en forma oficiosa, no obstante la entrada en vigor del nuevo ordenamiento legal. En efecto, el consentimiento expreso del acto reclamado se actualiza cuando el quejoso manifiesta la aceptación del mismo, ya sea de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos; mientras que la existencia de manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, son aquellas que en forma indubitable denotan que el quejoso se conforma con el acto reclamado, como ocurre cuando lo acata por propia determinación, voluntariamente, sin presión por parte de las autoridades; por tanto, al no tener la finalidad de consentir expresamente la sentencia definitiva la solicitud de aplicación de la ley más benéfica, a través del incidente no especificado, ni implicar que el impetrante de amparo acepte la declaratoria judicial de existencia del delito y la plena responsabilidad penal al respecto, así como la condena impuesta, no puede estimarse consentido el acto reclamado; consecuentemente, debe analizarse la legalidad de la sentencia definitiva, tal como quedó probada y dictada ante la autoridad responsable, en la inteligencia de que el estudio de la totalidad del acto reclamado no implica dividir la continencia de la causa, en virtud de la modificación de la sanción privativa de libertad impuesta, con motivo de la aplicación de la ley más favorable para el sentenciado, pues ésta es un acto de autoridad diverso a la sentencia definitiva que puede ser reclamada en amparo indirecto. Por consiguiente, al no actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, por no existir consentimiento del acto reclamado por parte del impetrante del amparo o manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento, lo procedente es estudiar la constitucionalidad de la sentencia reclamada." (fojas 35 vuelta a 48 vuelta).
Al efecto sustentó la siguiente tesis de jurisprudencia:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SOLICITA PREVIAMENTE LA TRASLACIÓN DEL TIPO A LOS PREVISTOS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, sólo se actualiza cuando el sentenciado manifiesta, verbalmente o a través de signos inequívocos, su aceptación y sometimiento a la sentencia que constituye el acto reclamado, o bien, cuando se advierta en forma indubitable que se conforma con ella por su acatamiento. En ese tenor, debe considerarse que la sentencia en materia penal tiene por objeto poner fin al juicio y en ella, de manera ordenada y secuencial, hacer el pronunciamiento de la existencia o no del delito, de la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado y, afirmados ambos presupuestos, imponer las penas correspondientes. En tanto, el principio de aplicación de la ley más favorable consagrado en el artículo 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, con motivo de la traslación del tipo descrito en la legislación anterior, tiene por objeto que el sentenciado sea favorecido con una pena menor a la impuesta por el tribunal de alzada y, en su caso, se le otorgue algún sustitutivo o beneficio legal. No obstante, en este último supuesto no se reexamina la existencia de los presupuestos de la sanción. Por tanto, la solicitud del agraviado en forma directa o mediante incidente no especificado, en los términos expuestos, no puede considerarse por sí misma como el consentimiento de la sentencia reclamada, al no existir sometimiento implícito a la totalidad de las consideraciones que fundamentan la pena respecto de la cual pretende verse favorecido el quejoso. En consecuencia, la acción constitucional faculta al tribunal de amparo al examen de la legalidad del acto reclamado, tal como apareció probado ante el tribunal responsable, considerando como un todo e integrado en su parte considerativa de las afirmaciones secuenciales precisadas."
En la inteligencia de que similar criterio sostuvo este tribunal al resolver el amparo directo 1014/2003, promovido por ... en sesión de diez de julio del propio año, integrado en ese entonces por los Magistrados Olga Estrever Escamilla (presidenta), Horacio Armando Hernández Orozco y licenciado Aureliano Pérez Telles, secretario en funciones (fojas 50 a 81).
II. De la misma manera, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostiene semejante criterio, pues al resolver por unanimidad de votos el amparo directo número 2110/2003, promovido por ... en sesión de trece de noviembre de dos mil tres, integrado ese órgano colegiado en ese entonces por los Magistrados Jorge Ojeda Velázquez (presidente), Carlos Enrique Rueda Dávila (ponente) y Jesús Guadalupe Luna Altamirano, sostuvo lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. La Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al rendir su informe justificado, hace valer la causa de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues dice que el quejoso consintió la sentencia reclamada al solicitar se aplicara en su beneficio el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, promoviendo incidente no especificado de traslación del tipo penal y adecuación de las penas impuestas; por lo que solicita se sobresea el presente amparo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Al efecto, cita la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI EL QUEJOSO PROMUEVE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO A FIN DE QUE SE APLIQUE RETROACTIVAMENTE EL NUEVO CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE LE REDUZCAN LAS PENAS, TODA VEZ QUE ELLO ENTRAÑA EL CONSENTIMIENTO DE LA SENTENCIA RECLAMADA.’. Dicha causal deviene improcedente e inaplicable el criterio que se invoca, atento a las consideraciones que se apuntarán a continuación, antes para una mejor comprensión del asunto, valga apuntar los antecedentes: A) El veintiséis de junio de dos mil dos, la Juez Quincuagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, dictó sentencia condenatoria a ... por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de fraude genérico en grado de tentativa y posesión indebida de tarjetas para el pago de bienes y servicios, a sabiendas de que son falsificadas; ilícitos por los que, en suma, fue condenado a cinco años un mes quince días de prisión y multa de nueve mil setenta y ocho pesos con 75/100 moneda nacional, negándole los sustitutivos de la pena de prisión. (fojas 527 a 562 de la causa). B) Escrito de agravios que presentó el diecinueve de agosto de dos mil dos ante la autoridad de alzada, el defensor particular del ahora quejoso donde, entre otros aspectos, hizo valer que el antecedente penal que obra en la causa penal de origen se refiere a un homónimo del sentenciado ... (fojas 37 a 61 del toca penal 901/2002). C) En diez de septiembre de dos mil dos, la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, le dictó sentencia de segundo grado en los autos del toca penal 901/2002, la cual confirmó la resolución de primera instancia (fojas 572 a 627 de la causa). D) Mediante promoción de veintiséis de noviembre de dos mil dos, el sentenciado ... promovió ante la Juez de la causa, un incidente no especificado en el que solicitó la aplicación de la ley más favorable, a fin de que le redujeran las penas impuestas; admitido que fue dicho incidente y previo el trámite legal, por resolución de seis de diciembre de dos mil dos, la Juez de primer grado determinó que sí era procedente hacer la traslación de los tipos penales en estudio y, consecuentemente, por el ilícito de fraude genérico en grado de tentativa, redujo la pena de siete meses quince días de prisión impuestos en sentencia definitiva de diez de septiembre de dos mil dos, a seis meses de prisión, sin imponer sanción pecuniaria alguna como lo contempla el Nuevo Código Penal, porque el anterior Código Penal contemplaba sanción alternativa; en tanto que por el diverso ilícito de posesión de tarjetas para el pago de bienes y servicios a sabiendas de que son alteradas o falsificadas, resolvió que la pena de prisión aplicable es de ... (que es la misma impuesta en la sentencia definitiva), y dejó intocada la multa de nueve mil setenta y ocho pesos con 75/100 M.N., porque la que le correspondería con base en la traslación del tipo penal es de cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con 75/100 M.N.; por tanto, aplicó la más favorable al sentenciado; además, estableció que la pena pecuniaria para el caso de insolvencia económica probada, le sería sustituida por doscientas veinticinco jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad; en el resolutivo segundo indicó que no se otorgaba al sentenciado sustitutivo alguno o suspensión condicional de la ejecución de la pena, al no reunir los requisitos de los artículos 86 y 89 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal (fojas 1 a 9 vta. del cuaderno incidental de la causa penal 176/2001). E) Inconforme el defensor de oficio del aquí quejoso, apeló dicha resolución, y por ejecutoria de veintiocho de febrero de dos mil tres, dentro del toca penal 140/2003, la Sala responsable resolvió al igual que la a quo, la traslación de los tipos penales que nos ocupan, procedente la reducción de la pena privativa de libertad impuesta en los términos que se indicó en la sentencia interlocutoria apelada, quedando firme la sanción pecuniaria de nueve mil setenta y ocho pesos con 75/100 M.N., sustituible por ciento doce jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a diferencia de las doscientas veinticinco señaladas en la resolución recurrida (fojas 14 a 25 del cuaderno incidental de la causa penal 176/2001). F) Contra dicha resolución y su cumplimiento ... promovió el juicio de amparo indirecto número 1008/2003 del índice del Juzgado Sexto de Distrito B de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el que se le negó el amparo. Interpuesta la revisión de la que conoció este Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número 1360/2003, por ejecutoria de diecisiete de septiembre de dos mil tres, se confirmó la negativa del amparo (fojas 5 a 10 y 24 del cuaderno de amparo de la causa penal 176/2001). G) Mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil tres ante la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ... interpuso demanda de amparo directo contra la resolución definitiva dictada el diez de septiembre de dos mil dos dentro del toca penal 901/2002, la cual constituye el acto reclamado en este amparo. Ahora bien, los artículos 103 y 107 constitucionales y 158 de la Ley de Amparo establecen: (se transcriben). En tanto que el artículo 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: (se transcribe). Por su parte, el numeral 93 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal dispone: (se transcribe). Por tanto, la sentencia de diez de septiembre de dos mil dos, dictada dentro del toca de apelación 901/2002 por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se reclama en esta instancia, es una resolución definitiva contra la cual no procede ningún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificada o revocada; lo que es susceptible de ser impugnada a través del juicio de amparo directo, en términos de los preceptos constitucionales antes apuntados. No obsta para lo anterior, el hecho de que el solicitante del amparo haya promovido y obtenido en su calidad de sentenciado, la traslación del tipo penal de los ilícitos de fraude en grado de tentativa y posesión indebida de tarjetas para el pago de bienes y servicios, a sabiendas de que son falsificadas, y la consecuente reducción de una de las penas privativas de libertad impuestas, ya que dicha figura, contenida en la fracción II del artículo 4o. transitorio del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del doce de noviembre de dos mil dos, conforme a los artículos 14 constitucional, 10 y 93 ambos del propio nuevo ordenamiento legal penal en comento, impone al Juez de la causa, al momento de resolver sobre cuestiones relativas al cumplimiento, revocación o modificación de la sustitución o suspensión de sanciones, la obligación de aplicar las garantías de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, y de aplicación de la ley más favorable al inculpado. Así, la promoción del incidente no especificado a fin de obtener la traslación del tipo penal y, en su caso, la consecuente reducción de penas, no debe estimarse como una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del enjuiciado con la sentencia de segundo grado, pues dicho incidente, sólo es un recurso ordinario previsto en una ley secundaria que tiene como finalidad constatar si una conducta prevista y cometida durante la vigencia del anterior Código Penal, continúa siendo considerada como delito en el Nuevo Código Penal, pues de ser así, se debe efectuar propiamente la traslación del tipo, que consiste en adecuar dicha conducta a los nuevos dispositivos, lo que permitirá la retipificación conforme a la conducta y modalidades respectivas, para en su caso aplicar la ley más favorable al inculpado tanto en los elementos requeridos para la configuración del ilícito y sus modalidades, como en las sanciones previstas por su comisión. En tanto que el juicio de amparo como institución protectora de las garantías individuales de los gobernados, es un medio de control de los actos de las autoridades previsto en la Constitución Política del país, a través del cual es posible analizar si en la sentencia definitiva se acreditó el tipo penal, se comprobó la responsabilidad del quejoso en su comisión y si se aplicaron debidamente las penas. Concluyendo el hecho de que el sentenciado haga uso de los medios ordinarios que tiene a su alcance para lograr la traslación del tipo del ilícito por el que fue sentenciado con motivo de la entrada en vigor de una nueva ley que puede serle más favorable, como lo es el incidente no especificado a fin de que se realice la traslación del tipo penal y, en su caso, se le reduzcan las penas impuestas en la sentencia definitiva que promovió el quejoso; no implica de suyo que esté conforme con la sentencia que se le dictó con base en la anterior legislación pues, se insiste, la naturaleza jurídica de dicho incidente es distinta a la del juicio de amparo. No pasa desapercibido para este tribunal que la traslación del tipo pueda ser tan favorable al sentenciado e inclusive éste quede absuelto por la comisión de una conducta que en la actual legislación no esté considerada como delito, en cuyo caso es obvio que el gobernado no tendrá necesidad de acudir al juicio de amparo y rebatir la sentencia definitiva; y que de hacerlo, el mismo sería improcedente porque el sentenciado quejoso tendría a su favor una resolución dictada con posterioridad a la sentencia definitiva que le beneficia, por tanto, carecería de interés jurídico para acudir al amparo, pero ello no implicaría que consintió la sentencia; pues de estimarlo así, se obligaría al sentenciado a no hacer uso de los recursos ordinarios de defensa previstos a su favor, previamente a la interposición del medio de defensa extraordinario denominado juicio de amparo directo, lo cual es un absurdo lógico y jurídico, atentatorio de las garantías de seguridad jurídica y de defensa contenidas en el artículo 17 constitucional, a las que todo gobernado tiene derecho. Tampoco obsta para la procedencia del juicio de amparo, el que en una diversa resolución distinta a la sentencia definitiva, se haya realizado un pronunciamiento respecto a las penas aplicadas al sentenciado, pues debe recordarse que en el incidente que nos ocupa, dada su naturaleza, ni la autoridad jurisdiccional de primer grado ni la de segunda instancia, tampoco el Juez de amparo y mucho menos la autoridad constitucional en revisión, abordaron el estudio del grado de culpabilidad del quejoso y la punición, estudiadas en el proceso penal y confirmadas en la sentencia definitiva, en donde se le consideró delincuente secundario; por lo que no puede sostenerse que en este apartado se divide la continencia de la causa de la sentencia definitiva. Por tanto, al haber resultado infundada la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, resulta procedente el juicio de amparo contra la sentencia de segunda instancia de fecha diez de septiembre de dos mil dos, a fin de analizar el tipo penal, la responsabilidad del sentenciado y la imposición de las penas, a la luz de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y de ser necesario suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo." (fojas 498 a 509).
CUARTO. Por lo que hace a las constancias enviadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Octavo en Materia Penal del Primer Circuito, se constata lo siguiente.
I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió ejecutoria en el juicio de amparo directo 325/2003 promovido por ... fallado por mayoría de votos de los Magistrados María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Fernando Hernández Reyes, contra el voto del Magistrado presidente Horacio Armando Hernández Orozco, en sesión de cinco de marzo de dos mil tres, en la que, en lo conducente, se señaló:
"TERCERO. En el presente caso resulta innecesario narrar los elementos de prueba que obran en el sumario, así como analizar la sentencia reclamada y los conceptos de violación hechos valer por el quejoso ... en atención a que las causales de improcedencia del juicio constitucional son de estudio oficioso, cuestión de orden público y de análisis preferente, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, Octava Parte, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). Efectivamente, para mejor comprensión de este asunto, es necesario narrar los antecedentes que a continuación se indican. El dieciocho de marzo de dos mil dos, el Juez Sexagésimo Primero Penal del Distrito Federal, en los autos de la causa penal 196/2001 dictó sentencia condenatoria al peticionario de garantías ... por considerarlo penalmente responsable en la comisión del delito de robo específico, previsto y sancionado por los artículos 367 y 371, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, anterior al vigente, así como del ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los numerales 302, 315 (hipótesis de ventaja), 316, fracción II (superior por el número de los que lo acompañan), 317 y 320, en relación con los ordinales 12 y 63, párrafo tercero, todos del citado ordenamiento legal, y le impuso en total las penas de veintiséis años, cinco meses, quince días de prisión y ciento trece días multa, equivalentes a la cantidad de cinco mil seiscientos cincuenta pesos (fojas 437 a 499). Inconformes con dicha determinación, el sentenciado ... y su defensor de oficio, así como el agente del Ministerio Público, como ya se indicó, interpusieron recurso de apelación y el diecinueve de junio de dos mil dos, la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal modificó la sentencia de primera instancia en la que consideró al quejoso ... penalmente responsable de la comisión del delito de robo calificado previsto y sancionado en los artículos 367, 370, párrafo segundo, 372 y 373 (hipótesis de violencia física y moral), todos del Código Penal para el Distrito Federal, anterior al vigente, así como del ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los numerales 302, 315 (hipótesis de ventaja), 316, fracción II (cuando es superior por el número de los que lo acompañan), 317 y 320, en relación con los ordinales 12 y 63, párrafo tercero, todos del citado código sustantivo, y le aplicó las sanciones de veintidós años, diez meses, veinticinco días de prisión y ciento cinco días multa, equivalentes a la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta pesos (fojas 45 a 91 del toca). Mediante escrito presentado ante el juzgado de primera instancia el dieciocho de noviembre de dos mil dos, el impetrante del amparo ... expresó lo siguiente: (se transcribe). El dos de diciembre de dos mil dos, el Juez Sexagésimo Primero Penal del Distrito Federal, en el incidente no especificado determinó que respecto al delito de robo calificado, no era procedente la traslación del tipo penal, ya que la pena que le correspondería conforme al artículo 220 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal sería notablemente mayor a la de dos años, un mes, quince días y ciento cinco días multa, que se le impuso en segunda instancia, mientras que en relación con el diverso ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa señaló: (se transcribe). Como consecuencia de lo anterior, el Juez de primera instancia resolvió lo siguiente: (se transcribe). Por tanto, es evidente que el impetrante del amparo ... consintió el acto reclamado, consistente, como ya se indicó, en la sentencia de diecinueve de junio de dos mil dos, dictada por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al solicitar por escrito al Juez de la causa la aplicación retroactiva del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de que se le redujeran las penas que le fueron impuestas por el tribunal de alzada (lo que incluso así aconteció); ya que ello representa una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de la misma y, en esa tesitura, el juicio de amparo que promovió el ahora quejoso ... resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dice: (se transcribe). Además de que del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, presentada por el ahora quejoso ... el veintisiete de enero de dos mil tres, según se desprende de la certificación asentada por la secretaría de Acuerdos de la Sala responsable (foja 27 vuelta del presente juicio), no se advierte que el peticionario de garantías hubiese realizado manifestación alguna en cuanto a lo resuelto por el Juez Sexagésimo Primero Penal del Distrito Federal, en el incidente no especificado de dos de diciembre de dos mil dos; por lo que en esas condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción III, de la ley en cita. Lo anterior, tomando en consideración que la sentencia dictada por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, constituye una unidad jurídicamente imposible de dividir, toda vez que debe ser analizada como un todo, sin que pueda estudiarse la misma de manera parcial, es decir, abordar el estudio de los elementos del cuerpo de los delitos de robo calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, así como la responsabilidad penal del impetrante de garantías ... en la comisión de los mismos, sin tomar en cuenta lo relativo a las penas impuestas por cada uno de dichos ilícitos, debido a la modificación de sanciones que realizó el Juez Sexagésimo Primero Penal del Distrito Federal, en el incidente no especificado a que se hizo referencia, ya que de aceptar lo contrario equivaldría a dividir la continencia de la causa, lo cual no es legalmente permitido y, en esas condiciones, se reitera, si el ahora quejoso solicitó al Juez de la causa la aplicación retroactiva del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de que se le redujeran las penas que le fueron impuestas en la sentencia de diecinueve de junio de dos mil dos, que constituye el acto reclamado, resulta obvio que consintió la misma, es decir, en cuanto a la acreditación del cuerpo de los ilícitos mencionados y su plena responsabilidad en la comisión de los mismos, por lo que el amparo que ahora promovió en contra de dicho fallo deviene improcedente. Es aplicable, en lo conducente, la tesis I.5o.P.20 P sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1167, Tomo XV, mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMÓ LA MULTA IMPUESTA Y PREVIO A SU PROMOCIÓN EL QUEJOSO SOLICITÓ QUE SE DECLARARA SU PRESCRIPCIÓN, ELLO CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD QUE ENTRAÑA SU CONSENTIMIENTO, POR LO QUE AQUÉL DEVIENE IMPROCEDENTE.’." (se transcribe) (fojas 153 vuelta a 157).
Este tribunal sustentó la siguiente tesis, conforme a la nueva redacción sugerida por la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis:
"AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI EL QUEJOSO PROMUEVE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO A FIN DE QUE SE APLIQUE RETROACTIVAMENTE EL NUEVO CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE LE REDUZCAN LAS PENAS, TODA VEZ QUE ELLO ENTRAÑA EL CONSENTIMIENTO DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el acto reclamado se hace consistir en la sentencia definitiva de segundo grado y después de dictarse ésta el quejoso promueve ante el Juez de la causa un incidente no especificado a fin de que en su beneficio se aplique retroactivamente el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y se reduzcan las penas impuestas por el tribunal de alzada; esa petición constituye una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de la sentencia re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18544-2365705c/amparo-directo-en-materia-penal-la-solicitud-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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