ESTÍMULO FISCAL. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CUATRO, NO PUEDE SER CATALOGADO COMO UNA EXENCIÓN TRIBUTARIA Y, POR ENDE, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE SONORA, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CUATRO. NO SE RIGE BAJO LOS PRINCIPIOS REGULADORES DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL SER UN SUBSIDIO.
AMPARO EN REVISIÓN 257/2004. AGROPECUARIA TERRANOVA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios antes transcritos son inoperantes, en principio, porque si bien las determinaciones de los Jueces de Distrito pronunciadas en el trámite del juicio de amparo admiten el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizar, en cuanto al fondo, la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su resolución, limitándose a los agravios expuestos.
Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente no deben analizarse en el fondo los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 2/97, derivada de la contradicción de tesis 14/94, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo V, enero de 1997, página 5, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Además, los motivos de inconformidad expresados son inoperantes, ya que contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el acto reclamado parte de un estímulo fiscal y no de una exención tributaria, tal y como se precisará enseguida.
En ese sentido, con el fin de acrisolar el estudio de la presente resolución, se considera necesaria la transcripción del artículo 7o., fracción IV, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro.
"Artículo 7o. Durante el año 2004, se otorgan los estímulos siguientes: ... IV. Los contribuyentes constituidos en sociedades de responsabilidad limitada de interés público y capital variable, así como los organismos auxiliares de cooperación que realicen actividades de interés público y cuya operación sea financiada mediante la concurrencia de recursos públicos y privados, gozarán de una reducción del 100% en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal."
De la lectura del dispositivo transcrito, se advierte con palmaria claridad que, la reducción del cien por ciento en el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal (previsto en la Ley de Hacienda sonorense), otorgado en el ejercicio fiscal dos mil cuatro, a las sociedades de responsabilidad limitada de interés público y capital variable, y organismos auxiliares de cooperación que realicen actividades de interés público y cuya operación sea financiada mediante la concurrencia de recursos públicos y privados, es un estímulo fiscal.
En el universo jurídico tributario, existe la figura jurídica del subsidio, cuya definición doctrinal, acorde a lo establecido por la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo VI, Q-Z, publicada por Editorial Porrúa, Primera Edición, página 575, se define de la siguiente forma:
"Subsidio. I. El subsidio es un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante periodos determinados y que se considera como la especie del género subvención. II. En la doctrina del derecho administrativo mexicano, el esbozo de los elementos de definición del subsidio, no es común; Gabino Fraga cuando ejemplifica las atribuciones que el Estado tiene en materia de fomento de las actividades de los particulares alude a la subvención como el acto que determina situaciones jurídicas individuales, mas no profundiza en otras características y principios inherentes a este tipo de aportación. La legislación por su parte aplica el concepto de subvención y de subsidio indistintamente, pero siempre referido a beneficio o apoyo de carácter económico previstos por el Estado para auspiciar el desarrollo de las actividades económicas de interés general, que tradicionalmente realizan los particulares. Por principio los subsidios se confieren mediante el acto legislativo y a título de excepción en uso de facultades reglamentarias del titular del Ejecutivo Federal."
De la definición citada se puede afirmar, que los subsidios constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa, en el caso en particular, respecto del Congreso del Estado de Sonora, al emitir la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, derivada de la fracción XXIV del artículo 64 de la Constitución Política sonorense, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico, que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado.
De esta forma, al ser el subsidio un estímulo económico otorgado por el Estado, entendido aquél como género, cabe precisar que una de sus especies, es la figura jurídica denominada estímulo fiscal y, en otro contexto, existe la exención tributaria; figuras jurídicas -estímulo y exención- que, atento a su propia naturaleza, resultan distintas e independientes entre sí.
Ahora bien, el estímulo fiscal es un subsidio económico concedido por la ley fiscal, e implícitamente por el legislador, al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de él ciertos fines parafiscales, siendo sus elementos los siguientes:
1. La existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo, ya que el estímulo fiscal sólo se concreta en torno a las características tributarias que pesan sobre el contribuyente.
2. Una situación especial del contribuyente establecida en abstracto por la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo a su favor.
3. Un objeto de carácter parafiscal, que consta de un objetivo directo y un objetivo indirecto. El primero consistente en obtener una actuación específica del contribuyente, y el segundo radica en lograr, mediante la conducta del propio gobernado, efectos que trasciendan de su esfera personal al ámbito social.
Así, los estímulos fiscales encuentran su justificación en los elementos de naturaleza parafiscal; verbigracia, actividades de naturaleza económica social, educativa, salud, vivienda, etcétera.
En ese sentido, los estímulos no representan, por tanto, un desvanecimiento de la obligación tributaria, razón por la cual, no le son aplicables los principios a que alude la fracción IV del artículo 31 del Pacto Supremo de la Unión, como más adelante se precisará.
En otro orden de ideas, la exención fiscal es un privilegio creado por razones de equidad, conveniencia política o económica, que libera al sujeto pasivo de la obligación fiscal de pagar una contribución total o parcialmente por disposición expresa de la ley, es decir, funge como una eliminación de la tributación, razón por la cual, al impactar la exención fiscal a todos los contribuyentes que se encuentren sujetos al pago de un determinado impuesto, ésta debe respetar los principios a que alude el dispositivo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la exención tributaria, por disposición legal, el contribuyente queda liberado de su obligación fiscal sin contraprestación alguna, que a diferencia del estímulo fiscal, el gobernado se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones parafiscales impuestas por el Estado, con el fin de acogerse al beneficio.
Dicha postura, con relación a la exención fiscal, fue adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 2a./J. 27/93, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 72, diciembre de 1993, página 25, cuyo contenido textual es el siguiente:
"IMPUESTOS, CAUSANTES DE, Y CAUSANTES EXENTOS, CONCEPTO. Causante es la persona física o moral que, de acuerdo con las leyes tributarias se ve obligada al pago de la prestación determinada a favor del fisco; esa obligación deriva de que se encuentra dentro de la hipótesis o situación señalada en la ley, esto es, cuando se realiza el hecho generador del crédito. No causante, lógicamente, es la persona física o moral cuya situación no coincide con la que la ley señala como fuente de un crédito o prestación fiscal. Sujeto exento es la persona física o moral cuya situación legal normalmente tiene la calidad de causante, pero que no está obligado a enterar el crédito tributario, por encontrarse en condiciones de privilegio o franquicia."
En ese sentido, la exención en materia tributaria se genera por razones de equidad, debiendo otorgarse el beneficio a todos y cada uno de los sujetos pasivos del tributo que se encuentren bajo una misma hipótesis de causación; de igual forma se crea por razones de conveniencia, ya sea políticas o económicas, en virtud de otorgar una oportunidad de destinar la totalidad de los recursos económicos obtenidos por un sector de contribuyentes, al desarrollo de sus propias actividades, y con ello activar la economía del país, con el objeto de mejorar la posición de éste en el mercado nacional e internacional, o bien, mejorar la situación económica social del mismo, ya sea a través del desarrollo al fomento industrial de una región del país, la creación de industrias nuevas y necesarias, la exportación de bienes manufacturados y de consumos necesarios, la creación de empresas en áreas geográficas de menor desarrollo económico, aumentar la creación de empleos, fomentar la siembra y cultivos de determinados productos, o determinada actividad, por citar algunos ejemplos.
Ahora bien las características específicas de la exención fiscal son las siguientes:
1. Debe estar establecida en una ley formal y materialmente legislativa. La exención es una figura jurídica de carácter tributario, porque la exención se presenta dentro de la relación jurídica tributaria, enmarcada dentro del vínculo por virtud del cual el sujeto pasivo está obligado a pagar las contribuciones causadas al fisco; en consecuencia, al derivar la exención de esa relación jurídica, sólo puede existir cuando haya sido previa y expresamente establecida en una ley fiscal.
2. Es un privilegio que se otorga a favor del sujeto pasivo de la obligación tributaria. La exención debe ser equitativa y otorgarse como privilegio a todos aquellos contribuyentes que se encuentren bajo una misma obligación y en las mismas condiciones de causación fiscal, ya que al constituir ésta una excepción, por disposición legal, a la regla general de pago de una contribución; ello se traduce en un beneficio económico que debe extenderse en favor de todos y cada uno de los contribuyentes que se encuentren sujetos al pago de un mismo impuesto, que se encuentren bajo una misma hipótesis de causación.
3. Su aplicación es futura. Una vez creada una exención, ésta deber regir única y exclusivamente para el futuro, pues pretender darle efectos retroactivos o aplicar a situaciones pasadas causaría inseguridad jurídica en perjuicio del contribuyente.
4. Es temporal. Pues sólo subsiste la exención hasta en tanto no se modifique o derogue la disposición que la decrete, o el sujeto pasivo beneficiario de la misma siga encuadrando en la hipótesis prevista por la ley fiscal para gozar de la exención.
5. Es personal. Pues sólo beneficia al contribuyente previsto en la hipótesis legal.
De la ponderación de las definiciones destacadas, así como de las características especiales que diferencian al estímulo de la exención, ambas de carácter fiscal, y del estricto análisis del artículo 7o., fracción IV, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, vigente para este ejercicio fiscal, se advierte con suma claridad que el beneficio a que alude dicho dispositivo, es un estímulo de carácter tributario, estatuido por el propio legislador sonorense, con el fin de beneficiar a las sociedades de responsabilidad limitada de interés público y capital variable, así como a los organismos auxiliares de cooperación que realicen actividades de interés público y cuya operación sea financiada mediante la concurrencia de recursos públicos y privados, disminuyendo de su carga tributaria el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, previsto en el artículo 213 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora (existencia del tributo), lo anterior, con el objeto de que dichos entes jurídicos, al margen de sus actividades con fines de lucro, coadyuven con el Estado a hacer frente a sus obligaciones de carácter público, circunstancia que no es arbitraria, pues tiene su explicación, precisamente en el interés que tiene el Estado en que dichos entes cuenten con los ingresos suficientes para poder continuar haciendo frente a las cargas públicas que el propio Estado se encuentra obligado a materializar.
Ahora, el otorgamiento del estímulo a que se ha hecho alusión, se deduce partiendo de la naturaleza de los sujetos pasivos tributarios a quienes va dirigido.
En el caso, la naturaleza de las sociedades de responsabilidad limitada de interés público y capital variable a quienes se encuentra dirigido el estímulo que prevé la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, cuyo análisis es objeto de la presente resolución, nace de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, pues en ella se acota que sólo podrán constituirse cuando sus actividades sean de interés público y particular conjuntamente; es decir, que su fin sea, además de la actividad de lucro particular, el coadyuvar con el Estado a desahogar sus cargas de ente público, cualesquiera que éstas sean, razón por la cual, el beneficio otorgado a las mismas, no parte únicamente de su denominación, sino de las actividades que en lo particular realizan, máxime que la autorización para la constitución de dichas sociedades, se encuentra vigilada por el Ejecutivo Federal, a propuesta de la Secretaría de Economía, precisamente con el objeto de vigilar que las actividades de orden público que realizan, se encuentren específicamente dirigidas a cumplir con tales fines.
Así lo disponen los artículos 1o., 2o. y 5o. de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, cuyo contenido textual es el siguiente:
"Artículo 1o. La sociedad de responsabilidad limitada de interés público sólo se constituirá cuando se trate de actividades de interés público y particular conjuntamente, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional."
"Artículo 2o. La sociedad se constituirá mediante autorización del Ejecutivo Federal."
"Artículo 5o. Salvo lo previsto por la presente ley, la sociedad se regirá por las disposiciones generales de la Ley de Sociedades Mercantiles y por las especiales relativas a las sociedades de responsabilidad limitada."
Por otro lado, la naturaleza de los organismos auxiliares de cooperación deriva del contenido de los artículos 2o. y 3o., fracción I, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, cuyo contenido textual es el siguiente:
"Artículo 2o. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios."
"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Organismos cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que integren las sociedades cooperativas."
De lo anterior se sigue que si bien, conforme al artículo 3o., fracción I, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, transcrito, el organismo cooperativo es la unión, federación y confederación que integren las sociedades cooperativas, y conforme al diverso artículo 2o. de dicho ordenamiento legal, éstas son una forma de organización social integrada por personas físicas, con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, lo que preliminarmente llevaría a concluir que dichos organismos de ninguna forma tienen como objetivo particular el realizar actividades de interés público; lo cierto es que el artículo 7o., fracción IV, de la Ley de Ingresos sonorense, vigente para el presente ejercicio fiscal, restringe el otorgamiento del estímulo sujeto a estudio, únicamente a aquellos organismos auxiliares de cooperación que realicen actividades de interés público, de lo que se infiere que, es la propia Ley de Ingresos destacada, la que determina la situación especial (actividad de interés público) que da origen al derecho de los organismos auxiliares de cooperación, a acogerse al otorgamiento del beneficio.
Acorde con lo expuesto, tanto en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada de interés público y capital variable, como en el de los organismos auxiliares de cooperación que realicen actividades de interés público y cuya operación sea financiada mediante la concurrencia de recursos públicos y privados, se acota que, el fin parafiscal del estímulo que les es conferido por la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en el año dos mil cuatro, es que ambos entes se dirijan a realizar actividades de interés público, por mencionar algunas, la prestación de servicios sociales, de seguridad, de transporte, educativos o económicos, dependiendo de la actividad estadual o de interés colectivo que cada uno de dichos entes se encuentre realizando, y que demuestre ante la Secretaría de Hacienda estatal al momento de solicitar la aplicación del estímulo en su favor.
Así, una vez acotado por qué el beneficio a que alude el artículo 7o., fracción IV, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, vigente para el ejercicio fiscal dos mil cuatro, es un estímulo fiscal, atendiendo a la naturaleza específica del mismo como un subsidio, además de así estar consagrado en el propio dispositivo legal aludido, para estar en aptitud de examinar el artículo citado, a la luz de los principios tributarios de proporcionalidad y de equidad, debe tenerse en consideración que estos principios se encuentran contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone textualmente:
"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
Ahora bien, en relación con los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, entre otros, los siguientes criterios jurisprudenciales, visibles en la compilación de 1917-1995, Tomo I, tesis 275, página 256, y en el Informe correspondiente a mil novecientos sesenta y nueve, Sala Auxiliar, Séptima Época, página 52, que son del tenor siguiente:
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Es el caso insistir en que el impuesto es un fenómeno histórico del actual Estado constitucional, quien lo decreta mediante un acto legislativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la transmisión de valores económicos, en servicio de los intereses sociales que le toca cumplir. El Estado, de consiguiente, es el único titular de la soberanía fiscal, acreedor por antonomasia, del impuesto, a través del pago de una prestación incondicional. Todo impuesto afecta directa o indirectamente, la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal, mas para que el impuesto no sea un acto indebido, ni esté sujeto a arbitrariedades, es indispensable que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del poder legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. La fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro el limite constitucional, a la facultad del legislador, para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir, la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de sus gastos públicos, estimados dentro de estos los sociales, y para su cabal desarrollo económico, corresponde apreciar ya, en cuanto a la función económica que cumple el impuesto en el seno de una sociedad, que si mayor es el potencial económico del contribuyente, mayor tendrá que ser el impuesto, aunque, invariablemente, en proporción a una capacidad contributiva personal o real, pues la teoría del interés público en bien de la misma sociedad y esa capacidad contributiva, son las dos bases fundamentales para fijar el impuesto que encuentra, en el escalonamiento de la cuota tributaria, una proporción cuyos resultados deberán repercutir en la necesidad de una redistribución de la renta nacional; en el quehacer de procurar el desarrollo económico y constante del país; en la estabilidad de su moneda y en el empleo de sus miembros, única forma de lograr, para éstos, un mejor equilibrio social y un bienestar económico."
Conforme a la primera jurisprudencia en cita, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes; capacidad que debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso, el impacto sea distinto respecto de la cantidad y respecto del mayor o menor sacrificio que se ve reflejado cuantitativamente en la disminución patrimonial que se produce, y en proporción a los ingresos obtenidos, tenencia de patrimonio o consumo realizado.
La segunda tesis, por su parte, establece que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto, de manera que la contribución de los gobernados al gasto público se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los mismos al realizar el hecho imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, es decir, que sea la base gravable la que permita medir esa capacidad económica, y la tarifa o tasa, la que exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo, de lo que resulta que la capacidad económica no sólo marca el cauce lógico del tributo, sino que también lo legitima y explica su existencia, condicionando toda su estructura y contenido.
Las anteriores conclusiones han sido recogidas en la tesis P. XXXI/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 437, cuyo tenor literal es el siguiente:
"IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva el sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación."
En relación con el principio de equidad tributaria, resulta indispensable tener presentes las tesis jurisprudenciales P./J. 41/97 y P./J. 42/97 sostenidas también por el Pleno del Máximo Órgano de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18558-d7065711/estimulo-fiscal-el-previsto-en-el-articulo-7o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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