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Modo: Corpus Pro

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE LA LEY PREVÉ COMO GRAVES EN GRADO DE TENTATIVA, CUANDO EN SU COMISIÓN SE ACTUALIZA UNA AGRAVANTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18626
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 144.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en relación con el tema de controversia, resolvió los siguientes asuntos:

• Amparo directo penal 705/2002, promovido por ... fallado en sesión de diez de abril de dos mil dos, el cual en la parte que interesa, se sostiene lo siguiente:

"... En lo que atañe a la individualización de la pena, la Sala responsable literalmente consideró: (se transcribe). De lo antes transcrito, se advierte que la Sala responsable hizo suyos los razonamientos que vertió el Juez de primer grado, respecto a la individualización de las penas, estimando por una parte, que fue correcto lo anterior al darse cumplimiento a lo previsto en los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal y, por la otra, que ello le permitió confirmar el grado de culpabilidad mínimo, considerado por el Juez de la causa. Sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que la Sala responsable al imponer la pena correspondiente no aplicó correctamente lo establecido en los artículos 63, párrafos primero y tercero, 265, párrafo primero, y 266, último párrafo, todos del Código Penal para el Distrito Federal, que literalmente establecen: (se transcriben). De la lectura integral de dichos numerales, así como de la transcripción de la individualización de la pena que realizó la Sala responsable, se advierte que dicha autoridad ilegalmente le impuso al peticionario de garantías, las sanciones respectivas por el delito de violación en grado de tentativa equiparada agravada, en virtud de que aun cuando fue correcto que de acuerdo al grado de culpabilidad mínimo que le fue apreciado al ahora quejoso ... le impusiera por el delito básico una pena privativa de libertad de ocho años, con fundamento en lo establecido en el artículo 266, párrafo primero, en relación con el 265, primer párrafo, y 63, último párrafo, todos del Código Penal para el Distrito Federal, tomando en cuenta que el delito de violación en grado de tentativa es grave y, por tanto, la sanción a imponer no debía ser menor a la pena mínima; sin embargo, incorrectamente por la calificativa de violencia física, a que se refiere el artículo 266, último párrafo, del citado ordenamiento legal, le impuso cuatro años más de prisión, como si ésta hubiera sido necesaria para considerar el delito básico tentado, como grave. Se afirma lo anterior, toda vez que la Sala responsable, al incrementar la pena de prisión impuesta al impetrante del amparo ... por el delito de violación en grado de tentativa equiparada agravada, en cuatro años más, por la agravante antes mencionada, lo hizo sin tomar en consideración que en el caso, tal calificativa no es la que origina que el delito básico sea considerado como grave, pues por sí solo, el ilícito de violación en grado de tentativa tiene dicha característica, por tanto, debió sancionar la agravante en cuestión en términos de lo establecido en el artículo 63, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, y sólo el delito básico en términos del párrafo tercero del mismo artículo. En efecto, este Tribunal Colegiado estima que para la aplicación del párrafo tercero del artículo 63 del código punitivo aplicable, debe tenerse en cuenta primeramente si el delito básico es grave por sí mismo, o bien, si dicho ilícito tiene esa calidad específica, por haberse actualizado en la comisión del mismo una agravante que origina que sea considerado como tal; lo anterior, debido a que son hipótesis distintas, pues debe indicarse que los párrafos quinto y sexto del artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establecen lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, en el presente asunto, se reitera una vez más, que la calificativa de violencia física prevista en el último párrafo del artículo 266 del Código Penal para el Distrito Federal, no es la que origina que el delito básico sea considerado como grave, pues por sí solo, el ilícito de violación en grado de tentativa tiene dicha particularidad; por lo que si en la especie, aun cuando de manera legal la Sala responsable aplicó la pena respectiva por el delito básico tentado, es decir, ocho años de prisión, tomando en cuenta la circunstancia de que el delito básico por sí solo era grave, así como el grado de culpabilidad mínimo que le fue apreciado al peticionario de garantías ... sin embargo, fue incorrecto que hubiese incrementado en cuatro años dicha sanción por la agravante antes mencionada, como si ésta hubiera sido necesaria para considerar al delito básico como grave, cuando lo legal es que para sancionar tal calificativa, debió haber tomado en consideración lo establecido en el numeral 266, párrafo último, del código sustantivo de la materia, con lo que a su vez prevé el ordinal 63, pero en su párrafo primero, del citado ordenamiento legal, por haberse cometido el delito básico en grado de tentativa, y no considerar la agravante doblemente, es decir, como si hubiera sido necesaria para considerar el delito básico como grave y además, para sancionarla en los términos más severos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 63 en análisis, sobre todo, porque de la exposición de motivos correspondiente, a la adición de este último párrafo, no se advierte que ésa haya sido la intención del legislador, sino que en la misma únicamente se estableció que: (se transcribe). Sin que en las Cámaras de Origen (senadores) y Revisora (diputados), se hubiese modificado la iniciativa del Ejecutivo, respecto a la aplicación de sanciones en el caso de tentativa punible de delito grave, por las razones que originalmente se propusieron, pues del dictamen y de la discusión que se llevó a cabo para aprobar la edición contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el cual se reformaron, adicionaron, modificaron y derogaron diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, no se advierte que la adición del tercer párrafo al artículo 63 del citado ordenamiento legal, haya sufrido algún cambio en su contenido, en relación con los motivos o razones en que fue propuesta tal adición por el Ejecutivo. Por lo que en esas condiciones, la autoridad responsable ordenadora debió imponerle al peticionario de garantías ... por dicha calificativa la sanción de dos años ocho meses de pena privativa de libertad, tomando en cuenta que corresponde a las dos terceras partes de la pena aplicable a la citada agravante, en términos del primer párrafo del artículo 63 del Código Penal para el Distrito Federal ..."

• Amparo directo penal 2775/2002, promovido por ... resuelto en sesión de seis de noviembre de dos mil dos, en lo que interesa, se sostuvo lo siguiente:

"... Al respecto, cabe señalar que la Sala responsable atendió cabalmente a lo establecido para ese efecto, en los artículos 51 y 52 del código punitivo invocado, al haber pormenorizado las circunstancias exteriores de ejecución, así como las peculiares del justiciable y las especiales en que se hallaba en el momento del acontecimiento, así como la magnitud del peligro de daño al patrimonio del ofendido, la naturaleza dolosa de la acción, medios empleados, circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión y la edad, educación, costumbres, condiciones sociales y culturales, que le llevaron a confirmar el grado de culpabilidad estimado por el Juez del conocimiento, como ‘intermedia entre la mínima y la equidistante entre el mínimo y el medio, que en proporción corresponde a una octava parte del rango mínimo y máximo.’. La Sala responsable, respecto del delito básico de robo específico en grado de tentativa, con apego a derecho, sancionó al peticionario de garantías con ochenta y cuatro días multa, equivalentes a doce mil seiscientos pesos, a razón de ciento cincuenta pesos, ingreso diario que el peticionario del amparo manifestó percibir al rendir su declaración preparatoria (uno de diciembre de dos mil uno); sin embargo, le impuso ilegalmente la sanción privativa de libertad respecto de dicho ilícito, pues de acuerdo con el grado de culpabilidad que le fue apreciado al ahora quejoso ... y de conformidad con los artículos 371, párrafo tercero, y 63, párrafo tercero, del código sustantivo de la materia, fue incorrecto que le impusiera por el delito básico, cinco años de prisión, toda vez que debió calcular la sanción privativa de libertad mencionada, dentro del parámetro de cinco años, que corresponde a la pena mínima y diez años, que es el equivalente a las dos terceras partes de la sanción máxima, toda vez que así lo establece el numeral 63, párrafo tercero, transcrito; en consecuencia, por el delito básico debió sancionar al impetrante de garantías con una pena de reclusión mayor, esto es, cinco años siete meses quince días; en atención a que de la exposición de motivos correspondiente, a la adición del último párrafo al artículo 63 del Código Penal para el Distrito Federal, no se advierte que la intención del legislador haya sido imponer la pena mínima, en el caso de que al individualizar las sanciones éstas fueran inferiores a aquélla, toda vez que en la misma únicamente se estableció que: ‘En materia de tentativa punible y concurso real de delitos, la iniciativa plantea el establecimiento de excepciones en la aplicación de las reglas existentes para estas figuras jurídicas, siempre que se trate de delito grave. En los casos de tentativa punible respecto de delitos graves, se propone incrementar la pena al adicionar con un tercer párrafo el artículo 63 del Código Penal, para que la autoridad jurisdiccional sancione dicha tentativa con una pena de prisión que no sea menor a la pena mínima y que podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.’. Sin que en las Cámaras de Origen (senadores) y Revisora (diputados), se hubiese modificado la iniciativa del Ejecutivo, respecto a la aplicación de sanciones en el caso de tentativa punible de delito grave, por las razones que originalmente se propusieron, pues del dictamen y de la discusión que se llevó a cabo para aprobar la adición contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el cual se reformaron, adicionaron, modificaron y derogaron diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, no se advierte que la adición del tercer párrafo al artículo 63 del citado ordenamiento legal, haya sufrido algún cambio en su contenido, en relación con los motivos o razones en que fue propuesta tal adición por el Ejecutivo. Sin embargo, como se dijo, la resolutora responsable no efectuó dicho cálculo, pues para la sanción en estudio, se basó en el párrafo primero del artículo 63 del Código Penal para el Distrito Federal, esto es, tomó como parámetro las dos terceras partes de la pena mínima, tres años cuatro meses de prisión y las dos terceras partes de la sanción máxima, diez años; y como la pena obtenida, cuatro años dos meses de prisión, era menor a la mínima, optó por aplicar ésta, es decir, cinco años de privativa de libertad, de conformidad con el párrafo tercero del numeral referido, mismo que establece que la pena no será inferior a la mínima; determinación que, aunque ilegal, fue en beneficio del quejoso y, por tanto, deberá quedar en sus términos. Por otra parte, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que la Sala responsable, al imponer la pena correspondiente a la calificativa, no aplicó correctamente lo establecido en los artículos 63, párrafos primero y tercero, y 381, párrafo inicial y fracción VII, del Código Penal para el Distrito Federal. En efecto, en relación con la agravante relativa a haberlo cometido cuando la víctima estaba en un vehículo de transporte público, también de forma incorrecta sancionó al ahora quejoso con siete meses diecisiete días de reclusión; en virtud de que lo hizo sin tomar en consideración que en el caso, tal calificativa no es independiente del delito básico, porque de otra manera se estaría imponiendo una pena por analogía, en contravención del artículo 14, párrafo tercero, constitucional, ya que el primer párrafo del numeral 63 del código sustantivo de la materia no establece que la calificativa deba sancionarse en esos términos; por tanto, debe estarse a lo más favorable al reo, esto es, a lo establecido en el ordinal citado en último término; lo que implica que debió sancionar la agravante aludida, en términos de lo establecido en el artículo 63, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, y sólo el delito básico tentado, en términos del párrafo tercero del mismo artículo. Por lo que en esas condiciones, la autoridad responsable ordenadora debió imponerle al peticionario de garantías ... por dicha calificativa la sanción de cinco meses un día de pena privativa de libertad, tomando en cuenta que corresponde a las dos terceras partes de la pena aplicable a la citada agravante, en términos del primer párrafo del artículo 63 del Código Penal para el Distrito Federal. Es aplicable al caso, la tesis aislada I.5o.P.22 P, sustentada por este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1384, Tomo XVI, agosto de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘SANCIÓN EN DELITOS GRAVES ASÍ CALIFICADOS POR LA LEY EN GRADO DE TENTATIVA. DEBE OBSERVARSE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL DELITO BÁSICO Y EL PÁRRAFO PRIMERO EN CUANTO A LA AGRAVANTE.’ (se transcribe)."

• Amparo directo penal 1875/2002, promovido por ... resuelto en sesión de veintiuno de agosto de dos mil dos, en la parte conducente se señala:

"De la transcripción que antecede, se advierte que la Sala responsable atendió a lo establecido, para ese efecto, a los numerales 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal, al haber pormenorizado las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del justiciable, toda vez que ponderó los aspectos benéficos que resultaron en perjuicio del quejoso, los que la llevaron a considerar que el grado de culpabilidad del sentenciado de mérito, apreciado por el Juez instructor fue inferior al que legalmente le correspondía; sin embargo, ante la deficiencia de los agravios que expresó el Ministerio Público, confirmó dicho grado, que el ‘intermedio entre el mínimo y el equidistante entre el mínimo y el medio’, y de acuerdo con ello, por el delito de robo específico en grado de tentativa, le impuso cinco años de prisión y ocho mil cuatrocientos pesos, equivalente a ochenta y cuatro días multa, para lo cual, la Sala responsable atendió a lo que disponen los parámetros primero y tercero del artículo 63 del aludido código sustantivo local, que estatuyen: tratándose de tentativa punible, se debe imponer hasta las dos terceras partes de la sanción que se le debiera aplicar de haberse consumado el delito que quiso realizarse; pero, tratándose de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, como es el caso, se debe imponer la pena de prisión mínima prevista para el delito consumado. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la Sala responsable al aplicar la pena de prisión no la ajustó analíticamente al grado de culpabilidad apreciado al ahora quejoso, sino que aplicó la mínima prevista por el párrafo tercero del artículo 371 del Código Penal para el Distrito Federal, cuyo rango de punibilidad es de cinco a quince años de prisión, lo que evidencia un dislate; puesto que debió efectuar las operaciones aritméticas para establecer la nueva punibilidad del delito grave tentado, conforme a lo que regula el párrafo tercero del artículo 63 precitado, tomando como pena mínima cinco años de prisión y la máxima de diez años de prisión, esta última que equivale a las dos terceras partes de quince años, que prevé el invocado precepto legal 371, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal; sin embargo, como lo señalado en líneas precedentes beneficia al impetrante, debe quedar intocado. No obstante lo anterior, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la resolutora responsable atinadamente aplicó la sanción pecuniaria, observando las reglas de punición previstas en el párrafo primero del invocado artículo 63 del código sustantivo, la que resultó analíticamente congruente con el parámetro previsto por el artículo 371, párrafo tercero, del código punitivo invocado, que establece hasta mil días multa. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por este órgano colegiado al resolver el amparo directo 1085/2002, aprobada en sesión de veintinueve de mayo de dos mil dos, con el rubro y texto siguientes: ‘SANCIÓN PECUNIARIA, EN DELITOS GRAVES EN GRADO DE TENTATIVA. AL NO CONTEMPLAR DICHA PENA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEBE APLICARSE LA PREVISTA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL MISMO ARTÍCULO.’ (se transcribe). La pena privativa de libertad impuesta, la aumentó la resolutora responsable en siete meses, diecisiete días de prisión, por la agravante prevista en la fracción VII del artículo 381 del código punitivo en mención, consistente en que el robo se cometa estando la víctima en un vehículo de transporte público, la cual corresponde con el grado de culpabilidad apreciado al peticionario de garantías, en relación con la sanción señalada en el párrafo inicial del invocado artículo 381 del Código Penal local, que prevé hasta cinco años de prisión, penas que sumadas ascienden a cinco años siete meses diecisiete días de prisión y ocho mil cuatrocientos pesos de multa, equivalente a ochenta y cuatro días multa, con abono del tiempo que el quejoso ha permanecido detenido con motivo del proceso penal respectivo; siendo de destacar que, con acierto, la Sala responsable al imponer la pena de prisión por la calificativa de referencia, aplicó las reglas que establece el párrafo inicial del artículo 63 del código punitivo local, conforme con el criterio que este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 705/2002, en sesión de diez de abril de dos mil dos, sustentó la tesis de rubro y texto siguientes: ‘SANCIÓN EN DELITOS GRAVES EN GRADO DE TENTATIVA CALIFICADOS. DEBE OBSERVARSE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL DELITO BÁSICO Y EL PÁRRAFO PRIMERO EN CUANTO A LA AGRAVANTE.’ (se transcribe)."

El anterior criterio, dio origen a la tesis que se cita a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, agosto de 2002

"Tesis: I.5o.P.22 P

"Página: 1384

"SANCIÓN EN DELITOS GRAVES ASÍ CALIFICADOS POR LA LEY EN GRADO DE TENTATIVA. DEBE OBSERVARSE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL DELITO BÁSICO Y EL PÁRRAFO PRIMERO EN CUANTO A LA AGRAVANTE. Si el delito básico tentado es grave por sí solo, y no tiene esa calidad específica por haberse actualizado en la comisión del mismo una agravante que origina considerarlo como tal, debe sancionarse en términos del párrafo tercero del artículo 63 del Código Penal para el Distrito Federal, no así la calificativa, pues ésta debe punirse de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero del mismo precepto, porque de otra manera se estaría imponiendo una pena por analogía, en contravención del artículo 14, párrafo tercero, constitucional, ya que el referido párrafo tercero no establece que también la calificativa deba sancionarse en esos términos; por tanto, debe estarse a lo más favorable al reo.

"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 705/2002. 10 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Arturo García Gil."

QUINTO. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del propio circuito, respecto del tema controvertido resolvió los asuntos que a continuación se transcriben:

• Amparo directo 3307/2002, promovido por ... en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dos, en la parte que interesa sostuvo en lo conducente lo siguiente:

"... Sin embargo, a pesar de lo anterior resulta claro del análisis, en este aspecto del acto reclamado, que como acertadamente lo argumenta el quejoso en sus motivos de inconformidad, suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, indebidamente consideró que aun cuando se había acreditado el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, las penas que correspondía imponer al ahora quejoso por lo que hace a la agravante de haber sido cometido por un servidor público, debían de imponerse en su totalidad, y no de acuerdo a la proporción a que refiere el artículo 63, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, es decir, en sus dos terceras partes, determinación que, en concepto de este cuerpo colegiado, resulta desafortunada, ya que es evidente que si las sanciones previstas para la agravante, son accesorias a las penas del delito básico, aquéllas deben seguir la suerte de lo principal, esto es, imponerse también en sus dos terceras partes, lo anterior conforme lo dispone el artículo 51, párrafo segundo, del propio código punitivo, en el que no se hace ninguna distinción respecto de la disposición de disminuir o aumentar proporcionalmente el mínimo y máximo de las penas previstas, por lo que en ese sentido, es inconcuso que la Sala responsable violó en perjuicio del quejoso las garantías de exacta aplicación de la ley y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que lleva a conceder en ese rubro la protección solicitada por el quejoso. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el fallo reclamado la ad quem, para apoyar su determinación haya invocado la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el rubro ‘ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, COMETIDO CON VIOLENCIA FÍSICA Y MORAL. PENAS APLICABLES.’, toda vez que como se ha afirmado este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado en la misma, sin que con ello se contravenga disposición alguna, ya que de acuerdo al numeral 193 de la Ley de Amparo, dicho criterio sustentado por otro Tribunal Colegiado no es de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional. En efecto, de una armónica interpretación de los artículos 63, párrafos primero y tercero, en relación con lo previsto en el párrafo segundo del numeral 51, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, partiendo del principio de culpabilidad que rige nuestro sistema penal mexicano para la individualización de las penas, se obtiene que para la imposición de las sanciones en el caso de delitos cometidos en grado de tentativa, calificados como graves por la ley, debe atenderse, en primer término, a la regla general contenida en el artículo 63, párrafo primero, del código punitivo en cita, pues es ahí donde se establece la punibilidad para los casos de tentativa, esto es, disminuir hasta las dos terceras partes en su mínimo y máximo el rango de punibilidad previsto en la norma aplicable, tanto para el delito básico como para las agravantes, satisfecho lo anterior, debe realizarse la individualización de las penas que corresponde imponer al sentenciado, conforme al grado de culpabilidad que le fue apreciado, y sólo en caso de que la punición determinada resultara inferior a la mínima prevista para el delito consumado con sus modalidades, con fundamento en el artículo 63, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, debe imponerse al sentenciado precisamente la pena de prisión mínima, puesto que en este último párrafo sólo se señala una regla de excepción para el caso de que de la operación matemática, el resultado sea una pena menor a la que correspondería al delito consumado. Una vez precisado lo anterior, corresponde ahora señalar que congruente con el grado de culpabilidad apreciado por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al ahora quejoso ... (intermedio entre la mínima y la equidistante entre la mínima y la media, que en proporción corresponde a una octava parte del rango mínimo y máximo), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 390, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, que establece la pena de ‘dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa’; mientras que el párrafo segundo del propio numeral establece: ‘Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por ... servidor público ... En este caso se impondrá además al servidor ... público ... la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión públicos ...’; y el artículo 63, párrafos primero y tercero, dispone: ‘Al responsable de tentativa punible se le aplicará a juicio del Juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 12 y 52, hasta las dos terceras partes de la sanción que se le debiera imponer de haberse consumado el delito que quiso realizar, salvo disposición en contrario. ... En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado’; lo correcto era imponer al quejoso ... las penas de cuatro años de prisión y setenta y dos días multa, equivalente a cuarenta mil setecientos noventa y nueve pesos con cincuenta y dos centavos; destitución del empleo que venía desempeñando como servidor público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo público por el término de un año. En el entendido de que la sanción pecuniaria, como lo había determinado la Sala del conocimiento, para el caso de insolvencia probada le podría ser sustituida por setenta y dos jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad, en términos de lo establecido por los artículos 27 y 29 del código punitivo en comento y 66 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior en razón de que al haberse acreditado la calificativa contenida en el párrafo segundo del artículo 390 del Código Penal para el Distrito Federal, es procedente aumentar en un tanto más las penas previstas para el delito simple en el primer párrafo del propio artículo señalado (dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa), por lo que la punibilidad aplicable para el delito agravado queda de ‘cuatro a dieciséis años de prisión y de ochenta a trescientos veinte días multa, además de la destitución e inhabilitación para ocupar otro cargo de uno a cinco años’; pero atendiendo a que se trata de un delito en grado de tentativa, lo adecuado es aplicar la regla general contenida en el artículo 63, párrafo primero, del propio ordenamiento punitivo, esto es, disminuir el mínimo y máximo de las penas a imponer a las dos terceras partes, por lo que el rango de punibilidad por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa es de ‘dos años ocho meses a diez años ocho meses de prisión, multa de cincuenta y dos a doscientos doce días, destitución e inhabilitación de ocho meses a tres años cuatro meses’; parámetro bajo el cual, si bien es cierto, conforme al grado de culpabilidad que le fue apreciado al quejoso, correspondía imponerle tres años ocho meses de prisión, también lo es que atendiendo a una interpretación adecuada del artículo 63, párrafos primero y tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que en el caso de tentativa de delitos graves, la pena privativa de libertad que se imponga no puede ser inferior a la que correspondería por el delito consumado, por lo que primeramente deben considerarse como parámetros las dos terceras partes del mínimo y máximo señalado por la ley para el delito consumado, realizar la determinación conforme al grado de culpabilidad apreciado al sentenciado, y sólo para el caso de que la pena obtenida resultara inferior al mínimo que la ley señala para el delito consumado, deberá imponerse ésta por así haberlo dispuesto expresamente el legislador. Lo que así ocurre en el caso concreto, ya que conforme al grado de culpabilidad apreciado al quejoso, la pena de prisión que correspondía imponerle era de tres años ocho meses, pero al resultar ésta inferior al mínimo que la ley tiene previsto para el delito consumado (cuatro años), en términos del párrafo tercero del artículo 63 del código punitivo citado, es esta última de cuatro años la que debe imponerse, con abono del tiempo que permaneció privado de su libertad con motivo de dicha causa. En virtud de lo anterior, al resultar con base en lo determinado por este cuerpo colegiado que la pena de prisión que corresponde imponer al quejoso es de cuatro años, debe dejarse en plenitud de jurisdicción a la Sala responsable, para que únicamente en este aspecto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 70 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal, determine si es procedente la sustitución de la pena de prisión impuesta y/o la concesión del beneficio de la condena condicional ..."

• Amparo directo 3547/2002, promovido por ... resuelto en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, el cual e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18626-e9d4f225/individualizacion-de-la-pena-tratandose-de-delitos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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