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Modo: Corpus Pro

PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DEL 45.17% DEL FONDO RELATIVO, EN PROPORCIÓN DIRECTA AL NÚMERO DE HABITANTES QUE TENGA CADA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ES CORRECTO TOMAR EN CUENTA LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, YA QUE SE TRATA DE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN OFICIAL DADA A CONOCER POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA Y REFERIDA AL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL PAÍS.

Tipo de asunto: JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 6/2003. · Registro digital (IUS): 18732
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 405.

JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 6/2003. GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11-A, último párrafo y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Previamente al análisis de cualquier otra cuestión, se debe precisar que respecto a la naturaleza de la presente contienda, este Alto Tribunal ha sustentado la tesis jurisprudencial número P./J. 22/2002, publicada a página ochocientos noventa y nueve del Tomo XV, abril de dos mil dos, Pleno y Salas, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Este Tribunal Pleno sustentó la tesis de jurisprudencia P./J. 156/2000, que dice: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. EL MEDIO DE CONTROL CUYA PROCEDENCIA SE REITERA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, CONSTITUYE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. Cuando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace valer por una autoridad estatal, en términos del referido precepto ordinario, una acción en contra de la declaración de la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano desconcentrado de la administración pública federal, sobre la existencia de actos de autoridades estatales, emitidos en ejercicio de su autonomía e imperio, que no pueden producir efectos jurídicos por transgredir lo dispuesto en el artículo 117, fracción V, constitucional, ello lleva a concluir que la mencionada acción constituye una controversia constitucional de las establecidas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la litis se plantea entre dos órganos o entidades del Estado, las autoridades de la respectiva entidad federativa como sujeto activo y el Poder Ejecutivo Federal como sujeto pasivo, respecto del apego al Magno Ordenamiento de una resolución, de una dependencia del mencionado poder, conforme a la cual existen y no pueden surtir efectos jurídicos determinados actos de autoridades locales que fueron emitidos en contravención de un dispositivo fundamental que acota su potestad autónoma y, por ende, tiene como finalidad la emisión de un pronunciamiento que determine el ámbito de atribuciones que conforme a la Norma Fundamental pueden ejercer las entidades federativas; destacando que ante conflictos similares suscitados entre éstas y una dependencia del Ejecutivo Federal, el legislador ordinario las ha equiparado con la controversia constitucional, como sucede en el caso de los juicios ordinarios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal celebrados por los gobiernos de éstos con el Gobierno Federal, tal como deriva de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.’; este órgano jurisdiccional se aparta del criterio jurisprudencial expuesto en lo que se refiere a que estos últimos juicios se equiparan a las controversias constitucionales, toda vez que de lo previsto en el referido artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se desprende dicha equiparación, sino que en tales juicios se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se trata de medios de impugnación creados por una ley secundaria (Ley de Coordinación Fiscal), cuya litis girará en torno al cumplimiento de aquéllas y del convenio de coordinación que se cuestione, por lo que dichos juicios son medios de control de legalidad exclusivamente, ya que nada tienen que ver con el tema de constitucionalidad, sino solamente con la correcta o incorrecta aplicación de la referida ley, así como del convenio de coordinación respectivo, es decir, no se está ante un problema de invasión de esferas o de supremacía constitucional, toda vez que este Alto Tribunal actúa como órgano de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de coordinación entre los Estados y la Federación, por lo que la litis radica en determinar si se respetaron o no esos convenios, y no si hubo una invasión de esferas o violación a la Constitución Federal."

De la jurisprudencia transcrita se desprende, en la parte que a este asunto interesa, que de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal se advierte que en juicios como el presente se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y que son medios de impugnación creados por una ley secundaria (Ley de Coordinación Fiscal), cuya litis girará en torno al cumplimiento de las disposiciones legales y convenios de coordinación fiscal que se cuestionen, por lo que dichos juicios son medios de control de legalidad exclusivamente, es decir, no se está ante un problema de invasión de esferas o de supremacía constitucional y, en tal hipótesis, esta Suprema Corte actúa como tribunal de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de coordinación fiscal entre los Estados y la Federación, en que la litis radica en determinar si se respetaron o no las disposiciones legales y convenios mencionados, y no si hubo una invasión de esferas o violación a la Constitución.

En atención a la naturaleza del presente juicio, el planteamiento que formula la parte actora se estudiará en relación con lo establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal para las controversias constitucionales, en cuanto al procedimiento, y en cuanto al fondo, conforme a lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal.

TERCERO. Enseguida se procede a analizar si el presente juicio fue promovido oportunamente.

El acto impugnado materia de este juicio se hace consistir en el acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales por Estados y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo por el mes de julio de dos mil tres; así como el ajuste definitivo de participaciones de dos mil dos, de fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, por contravenir el convenio de fecha primero de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Veracruz, con base en lo dispuesto por los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre del propio año.

El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, señala:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

Conforme al precepto legal transcrito, el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días, contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

En consecuencia, si la entidad promovente de la demanda se ostenta sabedora del acuerdo impugnado a partir de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, a partir del veintinueve de agosto de dos mil tres, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del martes dos de septiembre de dos mil tres al quince de octubre del mismo año, descontándose del plazo señalado los días treinta y treinta y uno de agosto; seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de septiembre, y cuatro y cinco de octubre, por ser sábados y domingos inhábiles, así como los días primero, quince y dieciséis de septiembre, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En estas circunstancias, si la demanda relativa al presente juicio se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el quince de octubre de dos mil tres, es decir, el último día hábil, resulta oportuna.

CUARTO. Por ser un presupuesto procesal necesario, se analizará la legitimación activa.

En el presente caso, signa la demanda Miguel Alemán Velasco, quien se ostenta con el carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dicho funcionario acredita el carácter con que se ostenta con las documentales que obran agregadas a fojas ciento seis a ciento ocho del expediente a que este juicio se refiere, consistente en la copia certificada de la Gaceta Oficial 119, de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y ocho, órgano de la citada entidad federativa que contiene la declaratoria de gobernador electo de ese Estado, así como el Decreto Número 1, por medio del cual el Tribunal Estatal de Elecciones del Estado de Veracruz, a través de notificación de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y ocho, declaró válida la elección de gobernador para el periodo del primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al treinta de noviembre de dos mil cuatro.

Ahora bien, del contenido de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no se advierte que en su artículo 87, relativo a obligaciones y derechos de dicho funcionario, ni en otro diverso, se establezca de manera expresa que corresponda a éste la representación de la entidad federativa; sin embargo, dicha representación debe presumirse en tanto que el gobernador constitucional es titular del Poder Ejecutivo y de conformidad con lo considerado por este Tribunal Pleno al sustentar las tesis que a continuación se reproducen, aplicables al caso por analogía y en lo conducente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIX, marzo de 2004

"Tesis: P./J. 13/2004

"Página: 1272

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE DURANGO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. Al establecer los artículos 49 y 116, primer párrafo, de la Constitución Federal, que el poder público -tanto de la Federación como de los Estados- se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, división de poderes que se retoma en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Durango, es incuestionable que cualquiera de esos tres poderes se encuentra legitimado para promover la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación o del Estado al que pertenecen. Lo anterior es así, ya que de exigir que la Constitución o una ley ordinaria otorgara expresamente a un determinado ente, poder u órgano la representación necesaria para promover controversias constitucionales, podría llegarse al extremo de supeditar la defensa de uno de los poderes de un Estado a otro, con la implicación política que ello acarrearía para la división de poderes, lo cual no es acorde con el sistema procesal implantado en el artículo 105 constitucional y en su ley reglamentaria; de ahí que la presunción de la legitimación a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea aplicable únicamente respecto a qué funcionario puede representar legalmente al poder público que es parte en la controversia constitucional, mas no respecto al ente, poder u órgano que deba comparecer a juicio. En consecuencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Durango cuenta con legitimación para promover controversia constitucional en defensa de los intereses de esa entidad federativa."

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Apéndice 2000

"Tomo: I, P.R. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C.

"Tesis: 53

"Página: 220

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA REPRESENTACIÓN DEBE PREVERSE EN LA LEGISLACIÓN QUE LA RIGE Y EN CASOS EXCEPCIONALES PRESUMIRSE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, existen dos formas para tener por acreditada la representación de las partes: a) Porque derive de la legislación que las rige; y b) Porque en todo caso se presuma dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario. Atento los dos supuestos que prevé la norma y conforme al orden lógico y jurídico en que los propone, para acreditar la representación de quien actúa en nombre del ente público, debe estarse primero a lo dispuesto por la legislación ordinaria que prevé las facultades y sólo en caso de duda, en virtud de la deficiente regulación o laguna legislativa, o por alguna situación análoga, y siempre que existan elementos que lo permitan, deberá presumirse dicha representación. Esto lleva a considerar que la presunción aludida no puede darse de primer momento, pues sería erróneo considerar que opera en cualquier circunstancia y con independencia de las normas que reglamentan la legitimación del funcionario representante, pues esto llevaría al extremo de hacer nula la regla establecida en la primera parte del primer párrafo del citado artículo 11, ya que de nada serviría atender a la regulación normativa ordinaria, si de cualquier manera se presumiría válida la representación, en términos de la segunda parte de dicho dispositivo, por el simple hecho de acudir a la vía y ostentarse con esas facultades."

QUINTO. Enseguida, se analizará la legitimación pasiva.

El artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, en su párrafo cuarto, señala:

"Artículo 12. ...

"En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Por su parte, la ley reglamentaria mencionada, en su artículo 10, fracción II, prevé:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

De lo transcrito se advierte, por una parte, que los juicios como el presente proceden cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infrinja las disposiciones legales y convenios relativos a la Coordinación Fiscal en perjuicio de una entidad federativa y, por otra parte, que en dichos juicios se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, de la demanda se desprende que la actora señala como autoridad demandada al secretario de Hacienda y Crédito Público y a la tesorera de la Federación.

La contestación de la demanda si bien la signa el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, lo hace en ausencia de la parte demandada, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien fue quien emitió el acto impugnado en este asunto, por lo que es indudable que cuenta con legitimación para intervenir en el juicio con el carácter de demandado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con el 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cambio, la diversa autoridad, tesorera de la Federación, señalada como responsable en el presente juicio, carece de legitimación pasiva, en tanto que no intervino en la emisión del acto impugnado ni se le imputa alguno diverso.

SEXTO. A continuación, se analizarán las causales de improcedencia que hace valer la parte demandada.

El secretario de Hacienda y Crédito Público manifiesta, en lo fundamental, que en el presente juicio se actualizan las siguientes causales:

a) La prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que no son ciertos;

b) La establecida en la fracción VIII del artículo 19 y en la fracción II del numeral 20, en relación con el diverso 21, fracción I, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en tanto que la demanda fue promovida en forma extemporánea.

Lo anterior, en virtud de que la entidad actora tuvo conocimiento de los actos reclamados desde que se le notificó la liquidación provisional de participaciones que se envió a cada entidad federativa, así como con fechas cuatro, veintiséis y veintisiete de junio de dos mil tres, con motivo, respectivamente, del proyecto de acta levantada en la quinta reunión del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones durante el año dos mil tres y del Acuerdo 184/2 de la diversa levantada en la CLXXXIV reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales;

c) La prevista en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria aplicable, vinculados con el similar 21, fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, puesto que la quejosa consintió los actos que reclama antes de la presentación de su demanda, según se acreditó en la causal de improcedencia que antecede;

d) La dispuesta en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción III, de la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de violaciones a ordenamientos distintos a los aplicables en materia de coordinación fiscal, como las consistentes en transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; y,

e) La causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, relacionada con el diverso 20, fracción II de dicho ordenamiento, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del Gobierno del Estado de Veracruz, sino únicamente su interés económico.

Es infundada la causa de improcedencia sintetizada en primer término porque, contrariamente a lo que argumenta la autoridad demandada, no se actualiza la causal de sobreseimiento invocada, pues en autos ha quedado plenamente acreditada la existencia del acuerdo impugnado.

También aduce la demandada que debe sobreseerse el presente juicio, en atención a que la demanda fue presentada de manera extemporánea, esto es, fuera del término de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la entidad actora tuvo conocimiento de los actos reclamados desde que se le notificó la liquidación provisional de participaciones que se envió a cada entidad federativa, así como con fechas cuatro, veintiséis y veintisiete de junio de dos mil tres, con motivo, respectivamente, del proyecto de acta levantada en la quinta reunión del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones durante el año dos mil tres y del Acuerdo 184/2 de la diversa levantada en la CLXXXIV reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

No se actualiza la causal de sobreseimiento antes aludida, en virtud de que del contenido de las documentales que se invocan no se advierte que la parte actora haya tenido conocimiento de que el elemento utilizado por la autoridad demandada, para determinar el elemento población a que alude el artículo 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, haya sido el relativo a la Encuesta Nacional de Empleo que llevó a cabo el INEGI en mayo de dos mil tres.

En efecto, la liquidación provisional (aviso de pago de participaciones), dirigida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha veintiuno de julio de dos mil tres, es del siguiente tenor:

"Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Dirección General Adjunta de Participaciones. Dirección de Cálculo y Registro Contable de Participaciones.

"OF.114-S-UCH-PAJ-3-A-a-0171

"Expediente: 137.1/5584

"Asunto: Aviso de pago de participaciones.

"México, D.F., a 21 de julio de 2003.

"Juan Amiava Huerta.

"Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

"En los términos de los artículos 2o., 2o. A, 3o., 3o. A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal y demás correlativos, se calculó la liquidación provisional de participaciones correspondiente al mes de julio de 2003, con base en una recaudación federal participable de $79,271'320,000.00, resultando a favor de la entidad, por los conceptos y las cantidades que se indican, la suma siguiente:

Ver suma

"Lo anterior, se informó a la Tesorería de la Federación para que, de acuerdo a su programa de flujo de fondos, efectúe la ministración correspondiente y ésta se regularice presupuestalmente con las cuentas por liquidar certificadas números UCEF-28-2003-144, UCEF-28-2003-146 y UCEF-28-2003-147, de fecha 21 de julio.

"Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

"El director general adjunto.

"Jaime Valls Esponda (una rúbrica ilegible)."

De la documental transcrita se observa que si bien es cierto que, entre otros preceptos, la autoridad responsable se fundó en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, de ello únicamente se sigue que la autoridad fiscal consideró los elementos previstos en dicho numeral, concretamente el relativo al número de habitantes tomado de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año que se publique.

En efecto, el tenor de dicho numeral, en la parte conducente, es el siguiente:

"Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

"...

"El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente:

"I. El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.

"El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año que se publique.

"II. El 45.17%, en los términos del artículo 3o. de esta ley.

"III. El 9.66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate."

Como se aprecia del contenido literal del precepto transcrito, en él no se hace mención a cuál es o qué debe entenderse por el último dato oficial proporcionado por el INEGI para efectos de la determinación del factor poblacional, de tal manera que a través de dicha documental no se acredita que la parte quejosa haya tenido conocimiento de que el aviso de participación se basó en la encuesta de empleo, elemento que en concreto combate la parte actora en el juicio al que este toca corresponde.

Por otra parte, de las reuniones de fechas cuatro, veintiséis y veintisiete de junio de dos mil tres, se advierte que si bien es cierto que en ellas se discutió la posibilidad, lo cierto es que ni la Secretaría de Hacienda ni las representantes de las entidades federativas tomaron algún acuerdo en el sentido de considerar, para efectos del artículo 2o. de la ley invocada, la Encuesta Nacional de Empleo.

Lo anterior se pone de manifiesto con la lectura de la parte relativa de las actas levantadas con motivo de la quinta reunión del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones durante el año dos mil tres y del Acuerdo 184/2 de la diversa levantada en la CLXXXIV reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, cuyo contenido se reproduce en lo conducente:

"4 de junio de 2003

"Proyecto de acta de la quinta reunión del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones durante el año 2003. México, D.F., 4 de junio de 2003. l. Asistentes: A las 11:15 horas se inició la reunión con la asistencia de los siguientes funcionarios: Lic. Javier Guerrero García ... 8. Asuntos Generales. El Lic. Jaime Valls solicitó que se le entregara copia del informe. Por otra parte, informó que el INEGI había publicado una estimación de población para el año 2003 en el mes de mayo, la que es una estimación que proviene de los estimadores estratégicos de empleo y desempleo, situación que hará variar el factor de distribución de la primera parte del fondo general y, por ende, de la tercera, a continuación, distribuyó los datos publicados y un comparativo de 105 factores de la primera parte con la población definitiva del censo de 2000 y con la estimación para 2003. Al respecto, el C.P. Jorge Aguirre Cabello dijo que el tema de población fue discusión del Grupo de Fórmula en 2002, que se realizó una consulta a todas las entidades respecto a utilizar únicamente los datos del censo y conteo, señaló que en la consulta sólo 5 entidades votaron en contra. En relación a este comentario, el Lic. Valls indicó que el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal no distingue el tipo de información a aplicar, ya que sólo señala que ‘El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el INEGI en el año que se publique’, añadió, pero que ya se realizó una consulta al INEGI para que informe sobre el carácter de la información. El Lic. Juan Antonio Jiménez propuso que el Comité de Vigilancia solicite al Grupo de Fórmula que realice un análisis evolutivo de la población, y que el resultado se ‘presente ante la Comisión Permanente para que sea ella quien se pronuncie’. El Ing. Roberto Solís especificó que si la Ley de Coordinación no hace distingos, y que si el INEGI ha publicado una estimación de la población en la que deberá de aplicarse, ya que, no obstante los análisis realizados al respecto, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el tipo de información a utilizar. En el mismo orden de ideas, el Lic. Grajales Porras enfatizó que la ley no se interpreta, por lo que debe tomarse la información publicada y aplicarse para distribuir la primera parte del fondo general, sin embargo, recordó que desde el año 2000 se han realizado propuestas para modificar la Ley de Coordinación para que se utilice únicamente la información de población correspondiente a conteos y censos. El Lic. Javier Guerrero propuso que se convoque a una reunión de la Comisión Permanente para plantearle la problemática que plantea la aplicación de la información de población proveniente de estimaciones y dinámicas, las que no generan reglas, ya que si una estimación se modifica, un Estado perjudicado puede reclamar la afectación, precisó que la función del comité es ex post, porque su función es vigilar sobre criterios que establecen otros ámbitos y no se decide sobre el criterio. A continuación, sugirió que es un tema que debe trasladarse a la Comisión Permanente para que ahí se discuta y se tome una decisión. ..."

"IV. Informes y consideraciones que presentan los 8 miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en relación con sus reuniones zonales.

"... Grupo Zonal No. 2. En cuanto al informe del Grupo Zonal número 2, que se acompaña como anexo tres, el C.P. Félix Flores comentó que entre los asuntos más importantes en este grupo está el planteamiento de los Estados de Durango, Zacatecas y Coahuila, quienes consideran importante que se retome y se consolide la posición manifestada en el sondeo que se hizo en los trabajos del Grupo de Estudio de la Fórmula de Participaciones, donde 27 entidades estuvieron de acuerdo en que para el cálculo de los coeficientes de la primera parte del fondo general de participaciones sólo se deben utilizar los conteos y censos de po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18732-fb878008/participaciones-federales-para-determinar-el-coeficiente-del-45 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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