DAÑO MORAL. LAS PERSONAS MORALES ESTÁN LEGITIMADAS PARA DEMANDAR SU REPARACIÓN EN CASO QUE SE AFECTE LA CONSIDERACIÓN QUE TIENEN LOS DEMÁS RESPECTO DE ELLAS (ARTÍCULO 1916 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a esta denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
a) El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el once de junio de dos mil dos, el amparo directo civil 71/2002, sostuvo, en la parte relacionada con la contradicción de tesis, lo siguiente (fojas 82 a 102 y 193 a 295 del cuaderno de contradicción de tesis):
"QUINTO. ... Asimismo, es infundado lo que alega en la primera parte del mencionado concepto de violación, la primera parte del tercero y lo conducente del séptimo, mismos que se estudian conjuntamente, dada la relación que guardan entre sí las cuestiones que comprenden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En tales conceptos de violación, argumenta esencialmente que la sentencia reclamada es violatoria del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y, por ende, de las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues contrariamente a lo que estimó la Sala responsable, en el sentido de que la sociedad actora sí es sujeto activo de la reparación del daño moral, porque tiene honor, decoro y reputación, el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal establece que solamente las personas físicas pueden exigir la reparación del daño moral, ya que las sociedades mercantiles carecen de sentimientos, vida privada, aspecto físico y psiquis, pues tales atributos son inherentes a los seres humanos. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, pero antes de exponer las razones del porqué se considera que es así, resulta necesario distinguirse qué se entiende por persona, qué es la personalidad y cuáles son los derechos inherentes a ella que se encuentran salvaguardados en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. La palabra persona posee múltiples acepciones, siendo las más importantes, según el maestro italiano Francisco Ferrara, 1a. La biológica que es igual a hombre; 2a. La filosófica que ve al hombre como un ser racional capaz de proponerse fines y realizarlos; y 3a. La jurídica, que conceptúa a la persona como titular de derechos y sujeto de obligaciones. En la tercera acepción, dice Ferrara, ‘la persona es un producto del orden jurídico que surge gracias al reconocimiento del derecho objetivo’ (Francisco Ferrara, citado por Eduardo García Máynez, en su obra Introducción al Estudio del Derecho, 36a. ed. México, Porrúa, 1984, página 288) y en opinión de Kelsen, ‘la persona física como titular de derechos y sujeto de obligaciones, no es el ser humano, pues aunque el hombre es persona no por ello la persona es el hombre, ya que el «hombre» es un concepto de la biología y la fisiología, en una palabra de la ciencias naturales, en tanto que la «persona» es un concepto derivado del análisis de las normas jurídicas, es decir, un concepto de la jurisprudencia y por ello el objeto de la ciencia jurídica no es el hombre, sino la persona’. Kelsen puntualiza que desde el punto de vista de la ciencia jurídica: ‘la afirmación de que la persona física o natural es un ser humano resulta incorrecta, pues es obvio que cuando se considera que lo que es verdad en relación con el ser humano de quien se dice que es «persona», de ninguna manera es siempre verdadero en relación con la persona. El aserto de que un ser humano tiene deberes y derechos, significa que las normas jurídicas regulan la conducta de éste en una forma específica, pero cuando se afirma que una persona tiene deberes y derechos, carece de sentido o es una tautología, pues ello significaría que un conjunto de deberes y derechos cuya unidad es personificada, «tiene» deberes y derechos. Para evitar tal tautología tenemos que interpretar el «tiene» como «es»: un conjunto de deberes y derechos «son deberes y derechos». Tiene indudablemente un buen sentido, declarar que el derecho impone deberes y confiere derechos a los seres humanos, pero no lo tiene decir que el derecho impone deberes y confiere facultades jurídicas a las personas (porque la persona física no es un ser humano, sino un conjunto de deberes y derechos), ya que tal afirmación equivaldría a la de que el derecho impone deberes a los deberes y confiere derechos a los derechos. Únicamente los seres humanos -no las personas- pueden ser sujetos de deberes y titulares de derecho, pues sólo la conducta de los seres humanos pueden formar el contenido de las normas jurídicas. La identificación del hombre con la persona física tiene la peligrosa consecuencia de oscurecer un principio fundamental en una ciencia jurídica libre de ficciones. La persona física no es pues una realidad natural, sino una construcción del pensamiento jurídico’. Agrega Kelsen que: ‘la persona jurídica en el sentido estricto de la palabra no es sino la personificación de un orden que regula la conducta de varios individuos, un punto común de imputación de todos aquellos actos humanos determinado por el mismo orden’; destacando que el caso típico de una persona jurídica, ‘es la sociedad que se define usualmente como un grupo de individuos tratados por el derecho como una unidad, es decir, como una persona que tiene derechos y deberes distintos a los de los individuos que la componen. La sociedad es considerada como persona porque en relación con ella el orden jurídico estipula ciertos derechos y deberes relativos a los intereses de los miembros de la misma, pero que no son derechos y deberes de éstos, sino de la sociedad misma; tales derechos y deberes son creados especialmente por actos de los órganos de la persona colectiva. Por ejemplo, se renta un edificio por un órgano en interés y representación de una sociedad. El derecho de usar el edificio es, pues, de acuerdo con la interpretación usual, un derecho de la sociedad, no un derecho de sus miembros. La obligación de pagar la renta se considera como obligación de la sociedad y no como deber jurídico de quienes la componen. Cuando un órgano de la sociedad compra un bien raíz, éste es propiedad de la persona colectiva, no de sus miembros y en caso de que alguien viole un derecho de la sociedad, es esta última la que debe presentar una demanda, no los miembros de la misma ...’ (Hans Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 1988, páginas 109 a 128). Por ello, el estudio de la representación resulta imprescindible en materia de sociedades, pero por ahora basta subrayar, para no desviar el tema que nos ocupa, que la actora se encuentra legalmente representada, como se verá más adelante. En conclusión y de acuerdo con Kelsen, el concepto de persona no es otra cosa que la personificación de los deberes y derechos de un complejo de normas jurídicas que cuando se conciben como una unidad, adquiere el nombre de personalidad, entonces, si la persona viene a ser así el núcleo de deberes y derechos, que en esencia son normas jurídicas, la personalidad es el conjunto de tales normas o dicho en palabras de Kelsen es la personificación de las mismas. En tal orden de ideas, debe afirmarse que los conceptos de: nombre, sentimientos, efectos, creencias, decoro, honor, reputación, razón social, marca comercial, prestigio, libertad contractual y la consideración que de una ‘persona’ tienen los demás, son los llamados derechos de la personalidad o expuesto de otro modo, son los derechos subjetivos particulares que encuentran precisamente su fundamento en la personalidad que garantizan a la ‘persona como individuo y como colectivo’, el goce de las facultades fundamentales de existencia y de su actividad (Ramón Badenes Gasset, Conceptos Fundamentales del Derecho, 9a. ed. Barcelona, Boixareu Editores, 1991, página 50). Es decir, los derechos personales o personalísimos son las cualidades o bienes extrapatrimoniales, irrenunciables e imprescriptibles (patrimonio moral), que el derecho positivo reconoce o tutela mediante la concesión de un ámbito de poder y un señalamiento del deber general de respeto que se impone a los terceros, que en el derecho civil se traduce como la concesión de un derecho subjetivo para obtener la reparación del daño moral, cuyo fundamento de la reparación está precisamente en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, que dice: ‘Artículo 1916.’ (se transcribe). Es cierto que de lo dispuesto en el párrafo primero del citado artículo 1916, se infiere que los conceptos relativos a los sentimientos, afectos, creencias, integridad física o psíquica de la ‘persona’, son derechos inherentes a los seres humanos, pues resultaría incongruente que una sociedad mercantil pudiera ser afectada en sus creencias o aspectos físicos y por tal conculcación ser indemnizada, pero también lo es que tanto la ‘persona’ como individuo como colectivo, pueden ser sujetos pasivos de la relación jurídica que nace del daño moral, ya que la única limitación es que la ‘persona’ como colectivo, no es titular absoluto de los bienes que enumera el citado párrafo primero del transcrito precepto legal, sino sólo parcialmente, por ejemplo, una sociedad mercantil puede verse afectada en su reputación, pero nunca existirá una afectación en su aspecto físico, dado que una ‘persona moral’ carece de ello; en cambio, el individuo (entendido como persona física o como ser humano) sí es titular pleno de los mencionados bienes, por lo que la circunstancia de que no participe en forma absoluta de tal titularidad junto con la ‘persona colectiva’, no implica que esta última no pueda ser sujeto agraviado, pues en opinión de Adriano De Cupis, ‘sujeto pasivo del daño no patrimonial puede ser también la persona jurídica. Esto se produce cuando se compromete el beneficio que ella puede experimentar en alguno de aquellos bienes no patrimoniales de los que ostenta la titularidad. Sí, una sociedad mercantil, una institución de beneficencia, etcétera, pueden alcanzar un daño no patrimonial, valga decir a título de ejemplo, con una campaña difamatoria, por la violación del secreto de correspondencia, etcétera. El argumento de que la persona jurídica es incapaz de sufrimientos físicos o morales no es decisivo, dada la posibilidad de configurar también un daño no patrimonial distinto al dolor.’ (Adriano De Cupis, El Daño, Bosch, Barcelona, 1975, página 123). Por su parte, el tratadista argentino Roberto H. Brebbia, señala que: ‘coincidiendo con otros autores que han abordado el tema en el derecho francés, somos de la opinión que las «personas morales» pueden constituirse en sujetos pasivos de un agravio extrapatrimonial, siempre que el hecho dañoso sea dirigido contra los bienes o presupuestos personales que todo sujeto posee de acuerdo con la particular naturaleza del ente colectivo que sirve de sustrato a su personalidad’ (El Daño Moral, México, Acrópolis, 1998, página 217). En consecuencia, si entre sus atributos de orden personal, las sociedades mercantiles poseen un nombre, una libertad para contratar y una ‘reputación’, debe concluirse necesariamente que el hecho ilícito que vulnere los derechos que tutelan dichos bienes, engendrará un verdadero daño moral que da derecho a obtener una reparación en favor de la persona jurídica afectada, pues tales derechos son cualidades o bienes de la personalidad que el derecho positivo reconoce tanto en favor de la persona como individuo como ente colectivo. Además, si el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal no excluye a la persona jurídica para demandar la reparación del daño moral, no es jurídico sostener que tal reclamación sea exclusiva de lo seres humanos, pues sería tanto como desconocer que las sociedades mercantiles carecen de personalidad, cuando es un tema ya superado, siendo que por definición el patrimonio de la persona jurídica no solamente comprende a los bienes que representan un valor pecuniario, sino también a los derechos inherentes a su propia personalidad, como son, entre otros, su razón social, la titularidad de una marca comercial, la libertad para contratar, el prestigio o la imagen que de ella tienen los demás, etcétera. En otras palabras, el patrimonio moral de una sociedad mercantil es el conjunto de derechos inherentes a su propia personalidad, de manera que si se ataca uno de esos derechos, como es su prestigio o su reputación, que derivan precisamente de su razón y de su objeto social, sí puede jurídicamente reclamar la reparación del daño moral a que se refiere el precitado artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, pues independientemente de que tal precepto legal no la excluye de ejercer ese derecho, el diverso artículo 26 del mismo ordenamiento legal, dispone que las ‘personas morales’ pueden ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, lo cual significa que si judicialmente puede proceder para alegar un perjuicio material, del mismo modo lo puede hacer para reclamar indemnización por daño moral, pues no debe perderse de vista que para que exista daño moral primero debe existir un derecho con contenido no pecuniario, es decir, un bien jurídico reconocido por la ley; además, que la conducta desplegada por el sujeto sea ilícita y que cause un daño. Por tanto, si el artículo 3o., fracción III, del Código de Comercio, establece que son comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y todas las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles adquieren personalidad al ostentarse públicamente como tales, ya sea a través de su inscripción en el registro de comercio o al celebrar contratos con terceros, desprendiéndose su personalidad tanto del párrafo primero del artículo 2o. de la aludida ley mercantil como de los artículos 25, fracción III y 26 del Código Civil para el Distrito Federal, pudiendo ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, dentro de los que evidentemente está el de iniciar un procedimiento judicial para defender su patrimonio moral por conducto de sus representantes o apoderados, que en el caso de la sociedad actora es ... quien acreditó la personalidad de su representada con la copia certificada de la escritura pública número 268,488, de cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, de la que se advierte que la licenciada ... notaria ... del Distrito Federal, certificó que mediante escritura número 53,119, de nueve de junio de mil novecientos ochenta y dos, pasada ante la fe del licenciado ... notario ... del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, e inscrita en el Registro Público de esa entidad federativa en el folio mercantil número 51,455, quedó constituida una sociedad mercantil denominada ... teniendo por objeto, entre otros, la compraventa, administración, fraccionamiento, subdivisión y fusión de bienes muebles e inmuebles (f. 55), y la suya con la diversa escritura número 261,460, de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; resulta claro que al encontrarse constituida legalmente, la sociedad actora goza de personalidad jurídica y sí puede demandar la reparación del daño moral cuando se afecte uno o varios de los derechos inherentes a su propia personalidad. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que el párrafo tercero del precitado artículo 1916 disponga que la acción de reparar no es transmisible a terceros por actos entre vivos y solamente pasa a los herederos de la víctima cuando ésta hubiere intentado la acción en vida; pues aun cuando es verdad que tal párrafo se refiere a los seres humanos como titular de derechos y sujeto de obligaciones, afirma más la teoría de que las personas jurídicas sí pueden demandar la reparación del daño moral apoyadas en tal precepto legal, pues a ellas les resulta aplicable el diverso párrafo quinto, que esencialmente señala que cuando el daño moral hubiere afectado a la víctima en su ‘reputación o consideración que de ella tienen los demás’, el Juez ordenará a petición de ésta y con cargo a la agraviante la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes; de lo que resulta que ‘reparar un daño’, no es solamente rehacer lo que se ha destruido, sino también suministrar a la víctima, que sufrió el agravio, la posibilidad de procurarse satisfactores equivalentes a los que ocasionaron el daño ..."
De esa ejecutoria derivó la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, diciembre de 2002
"Tesis: I.13o.C.13 C
"Página: 765
"DAÑO MORAL, LAS SOCIEDADES MERCANTILES PUEDEN RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR. El artículo 3o., fracción II, del Código de Comercio establece que son comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; y todas las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles adquieren personalidad al ostentarse públicamente como tales, ya sea a través de su inscripción en el Registro Público de Comercio o al celebrar contratos con terceros, desprendiéndose su personalidad tanto del artículo 2o. de la aludida ley mercantil como de los artículos 25, fracción III y 26 del Código Civil para el Distrito Federal, pudiendo ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, dentro de los que evidentemente se encuentra el de iniciar un procedimiento judicial para defender su prestigio o reputación; por consiguiente, si con motivo de un hecho ilícito por intención o por negligencia se ataca alguno o algunos de los derechos inherentes a su propia personalidad, como son, entre otros, su reputación, la razón social, el prestigio y la libertad contractual, que precisamente son el fundamento de su existencia y de su actividad, resulta claro que tal conducta engendra un verdadero daño moral en términos del artículo 1916 del último ordenamiento legal, que le da derecho a reclamar la indemnización correspondiente, ya que el daño moral se caracteriza precisamente por la violación de uno o varios derechos inherentes a la personalidad de un sujeto de derecho.
"Amparo directo 71/2002. Alejandra Acimovic Popovic. 11 de junio de 2002. Mayoría de votos. Disidente: Arturo Ramírez Sánchez. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretario: Gabriel Zúñiga Roque."
b) El propio Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 599/2002, el veintinueve de octubre de dos mil dos, consideró en lo que interesa, lo siguiente (fojas 296 a 403 del expediente 100/2003-PS):
"QUINTO. Es inatendible el primer concepto de violación, porque las cuestiones que alega, ya fueron declaradas infundadas en su anterior juicio de amparo directo número DC. 71/2002-13. En ese juicio de garantías alegó que contrariamente a lo que estimó la Sala responsable, en el sentido de que la sociedad actora sí es sujeto activo de la reparación del daño moral, el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal establece que solamente las personas físicas pueden reclamar la reparación por daño moral, ya que las sociedades mercantiles carecen de sentimiento, vida privada, aspecto físico y psiquis. En repuesta a tales argumentos se estimó, esencialmente, que si una sociedad mercantil se encuentra constituida legalmente, puede ejercer todos los derechos que sean necesarios para ejercer su objeto social, dentro de los que evidentemente está el de iniciar un procedimiento judicial para defender su prestigio o reputación comercial y si con motivo de un hecho ilícito por intención o por negligencia se ataca alguno o algunos de los derechos inherentes a su propia personalidad, como son, entre otros, su denominación social, su reputación o prestigio comercial, como su libertad contractual, que precisamente son el fundamento de su existencia y de su actividad comercial, resulta claro que tal conducta constituye un verdadero daño moral, en términos del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, que le da derecho a reclamar la indemnización correspondiente, ya que el daño moral se caracteriza precisamente por la violación de uno o varios derechos inherentes a la personalidad de un sujeto de derecho y como en la especie la sociedad actora acreditó su personalidad con la escritura número 53,119, de nueve de junio de mil novecientos ochenta y dos, y su apoderado ... con la diversa 268,488, de cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, por lo que al encontrarse legalmente constituida y representada, así como que ... es una marca comercial que usa ... para explotar su objeto social y de esta última la propiedad del conjunto habitacional identificado como el ... ubicado en ... en esta ciudad, según la escritura pública número 56,120, de diez de junio de mil novecientos ochenta y dos, sí podía reclamar indemnización por daño moral, resultando irrelevante que las mantas utilizadas por la demandada para advertir que: 1. ‘No compre terrenos del fraccionamiento ... colindantes a esta residencia evítese problemas legales’, y/o 2. ‘No compre terrenos en ... colindantes a esta propiedad evítese problemas legales’, no mencionaran a ... sino que al utilizar el nombre de ... de cualquier manera ponía en duda la legalidad de las operaciones comerciales realizadas por la actora, ya que el nombre de ... es una marca comercial utilizada por ... para explotar su objeto social, afectando así sus derechos resguardados en el citado artículo 1916. Por tanto, si las cuestiones que ahora alega en su primer concepto de violación, respecto a que las sociedades mercantiles no pueden ser sujeto activo de reparación por daño moral, así como que lo expresado en las mantas no genera un hecho ilícito, son cuestiones que al haberse declarado infundadas en su anterior juicio de amparo directo número DC. 71/2002-13, ya no pueden volverse a replantear en este juicio de garantías, porque en relación con las mismas quedó establecida la cosa juzgada; de ahí que todos los argumentos dirigidos a evidenciar que de acuerdo a la capacidad de goce las sociedades mercantiles carecen de derecho para reclamar indemnización por daño moral, resultan inatendibles. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 484, que es como sigue: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SI LOS ARGUMENTOS FUERON EXAMINADOS Y DESESTIMADOS EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR, SON INATENDIBLES.’ (se transcribe). Establecido lo anterior, se pasan a analizar los demás conceptos de violación ..."
c) Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el tres de julio de dos mil tres, el amparo directo civil 414/2003, determinó, en la parte relacionada con la presente contradicción de criterios, lo siguiente (fojas 2 a 78 de los autos en que se actúa):
"SEXTO. Es de señalarse, en primer término, que de la lectura integral del único concepto de violación que hace valer la impetrante del amparo y que se transcribió en el considerando que precede, este órgano de control constitucional no advierte que aquélla se duela de la determinación emitida por la Sala responsable, en lo tocante a que fue correcto lo juzgado por la Juez a quo, en el sentido de que no se acreditaron los daños y perjuicios que pretendidamente se causaron a la sociedad inconforme, por ... hoy terceras perjudicadas, por lo que en ese aspecto se declara que tal determinación del tribunal ad quem, debe seguir viva para continuar rigiendo el sentido de la sentencia reclamada, por falta de especial impugnación. Por otra parte, son jurídicamente ineficaces los motivos de inconformidad que se hacen valer, en atención a que por razones que van al fondo de la cuestión planteada, su acción de reparación de daño moral no puede prosperar, pues en un primer orden de consideraciones, no es dable afirmar que el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal tenga el alcance de otorgar un derecho a una sociedad mercantil por haber sufrido un daño extrapatrimonial, dado que ese precepto legal únicamente se refiere a personas físicas, no así a personas morales, según se demuestra a continuación: el artículo 1916 del Código Civil vigente en el Distrito Federal, dispone en lo conducente: ‘Artículo 1916.’ (se transcribe). Por su parte, el diverso artículo 1916 bis del citado ordenamiento legal, establece: (se transcribe). Este Tribunal Colegiado al interpretar los preceptos antes transcritos, advierte que para acreditar los extremos de la reparación del daño moral, se requiere la existencia de dos requisitos, a saber, que el daño moral se ocasionó y que éste sea consecuencia de un hecho ilícito. Se advierte, además, que por daño moral debe entenderse la afección a los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o la consideración que de una persona tienen los demás. Así las cosas, quien se duele de que se vio afectado en todos o algunos de los valores subjetivos antes enunciados, debe poner de manifiesto que realmente se le produjo un daño a dichos valores y, además, que éste se causó como consecuencia de un hecho o hechos ilícitos, y si falta uno de los dos elementos mencionados, no puede hablarse de que en efecto se haya ocasionado ese daño moral, lo que impide que se genere la obligación resarcitoria. En el asunto a estudio, la parte actora, hoy inconforme, es la sociedad mercantil denominada ... quien a través de su apoderado, entre otras prestaciones, demandó en la vía ordinaria civil, de las empresas demandadas, la declaratoria judicial de daño moral, basando su causa de pedir, sustancialmente, en que fue indebido que las codemandadas ... inscribieran a la hoy inconforme en el buró de crédito (hecho ilícito), pues no obstante que no tiene relación comercial de ninguna clase con la empresa ... ésta solicitó que se le inscribiera en el buró de crédito; y porque a pesar de que liquidó el único adeudo que tenía con ... derivado de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, ésta la inscribió en el buró citado con posterioridad a la solución del adeudo, hechos que ocasionaron, por una parte, que una diversa sociedad de crédito ... con base en esa inscripción, no ampliara la línea de crédito que había otorgado a la ahora solicitante de garantías; y, por otra, que durante el primer y segundo trimestre de dos mil uno, su producción disminuyera y se cancelaran diversos pedidos, derivado de la falta de financiamiento (consecuencia o hechos dañosos). Aunado a lo anterior, es menester precisar que el daño moral debe ser considerado como una alteración profunda que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por hecho ilícito. Ahora bien, en el derecho romano, durante sus últimas etapas, se admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe y en la actitud de respeto que todo hombre debe observar respecto a la integridad moral de los demás y se consagró el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. Por su parte, en México, la finalidad del legislador al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso a quien ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos. En esa tesitura, este tribunal estima, como se dijo, que no es dable afirmar que el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, tenga el alcance de otorgar un derecho a una sociedad mercantil, o bien, en general, a una persona moral, por haber sufrido un daño extrapatrimonial, dado que ese precepto legal únicamente se refiere a personas físicas, no así a personas morales, en virtud de que es evidente que los valores que de la persona se pretende proteger, son los intrínsecamente determinantes del ser humano, quien posee estos atributos inherentes a su condición que son cualidades o bienes de la personalidad que el derecho positivo reconoce o tutela adecuadamente mediante la concesión de un ámbito de poder y un señalamiento del deber general de respeto que se impone a los terceros, el cual dentro del derecho civil, se tradujo en la concesión de un derecho subjetivo para obtener la reparación del daño moral en caso de que se atente contra las legítimas afecciones y creencias de los individuos o contra su honor, prestigio o reputación. Ilustra el presente criterio, la tesis de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18765-9bc0eb26/dano-moral-las-personas-morales-estan-legitimadas-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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