PAGO DE LO INDEBIDO. NO LO CONSTITUYE EL ENTERO DE UN IMPUESTO, CUANDO EN UN EJERCICIO POSTERIOR AL DE LA CAUSACIÓN, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, FUNCIONANDO EN PLENO O EN SALAS, DECLARA INCONSTITUCIONAL EL PRECEPTO QUE ESTABLECE LA CARGA AL CONTRIBUYENTE.
AMPARO DIRECTO 435/2004. JORGE LUIS GARCÍA CUEVAS.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Superado el tema de inconstitucionalidad que se propuso a través de la demanda de amparo que se resuelve, este Tribunal Colegiado procede a dar respuesta a los restantes argumentos contenidos en el primer concepto de violación del libelo inicial, tendentes a controvertir la legalidad de la resolución reclamada de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, haciendo especial énfasis en el hecho de que al ser la resolución que se combate de naturaleza eminentemente administrativa, opera en la especie el principio de estricto derecho, lo que implica considerar que el análisis de la determinación controvertida se efectuará a la luz de los motivos de disentimiento esgrimidos en la demanda, sin que le esté permitido a este órgano colegiado ampliarlos o suplirlos en su deficiencia.
Así pues, cabe destacar que del primer concepto de violación, específicamente del apartado identificado con la letra "A", se desprenden diversos motivos de disentimiento, que en esencia, versan sobre las cuestiones que a continuación se sintetizan:
1) Que la resolución reclamada transgrede en perjuicio de la quejosa, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el numeral 237 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que desde su perspectiva, la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no tiene razón ni fundamento alguno para desatender el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis de jurisprudencia 50/2002, en la que nuestro Máximo Tribunal arriba a la conclusión que el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor para el ejercicio fiscal de dos mil dos, transgrede la garantía de equidad tributaria, inmersa en el numeral 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna; ello, no obstante el argumento que sostuvo en el sentido de que no estaba obligada a acatar dicho criterio pues la actora en el juicio contencioso administrativo ya había consentido la aplicación del precepto declarado inconstitucional, ya que desde la óptica de la parte quejosa, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es el órgano jurisdiccional competente para condicionar la observancia de las jurisprudencias, independientemente de que se esté o no frente al primigenio acto de aplicación del precepto tributario que se tilda de inconstitucional, en virtud de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, como tribunal de legalidad y no constitucional, tiene la obligación de acatarlas, sin considerar siquiera si se está frente al primer o ulterior acto de aplicación del dispositivo legal controvertido.
2) Que es ilegal la resolución reclamada, ya que al apartarse la Sala responsable de lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acto que se materializa al invocar que existe un acto previo de aplicación del ordenamiento tributario controvertido, lo que hace improcedente la aplicación de la tesis de jurisprudencia que declara inconstitucional el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor para el ejercicio fiscal de dos mil dos; invade facultades exclusivas del Poder Judicial de la Federación, pues es el juicio de amparo la única vía reconocida por nuestra legislación, para controvertir la inconstitucionalidad de leyes, debiéndose limitar aquel órgano colegiado, sólo a resolver la legalidad de la resolución ante él impugnada, atendiendo a los razonamientos que le son propuestos y con fundamento en las disposiciones que se consideren aplicables al caso concreto.
3) Que la sentencia combatida es vulneratoria de su esfera de derechos subjetivos inmersos en los arábigos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para la sustanciación del juicio de nulidad, es intrascendente si existe un acto previo o no de aplicación de determinada disposición legal, y que como consecuencia de ello, se hubiere actualizado algún tipo de consentimiento, pues tal circunstancia no influye en la legalidad de la resolución que se impugna a través del juicio de nulidad, máxime si del texto del numeral 202 del Código Fiscal de la Federación, no se desprende causa de improcedencia que se actualice ante tal supuesto, además de que la figura del consentimiento de leyes está prevista en el artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que sólo los órganos judiciales encargados del control constitucional, serán los legalmente facultados para analizar si dicha figura procesal se actualiza o no, en los juicios de garantías puestos a su consideración, controversia que indiscutiblemente, es de naturaleza distinta a la propuesta ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Por razón de técnica en la redacción de las sentencias de amparo, y tomando en cuenta que los conceptos de violación identificados con los incisos 1) y 2) en líneas precedentes, se encuentran íntimamente relacionados, el estudio que en torno a ellos se formule, será de forma conjunta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
En este orden de ideas, este tribunal de control constitucional estima infundados los citados motivos de inconformidad.
En principio, es menester destacar que, efectivamente, como lo propone el peticionario de amparo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por mandamiento constitucional, debe aplicar la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, haya pronunciado sobre inconstitucionalidad de leyes, de conformidad con el artículo 94, párrafo octavo, de nuestra Carta Magna, principio que se materializa específicamente, en la ley ordinaria, con el artículo 192 de la Ley de Amparo.
Al respecto, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia número P./J. 38/2002, la cual es el resultado de la contradicción de tesis 6/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del Décimo Cuarto Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito; integrada aquélla por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 5, que a la letra dice:
"JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación."
Sin embargo, luego del análisis formulado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inmerso en la contradicción de tesis 27/2004, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, nuestro Máximo Tribunal ha arribado a la conclusión de que el principio que antecede no es de observancia estricta, pues el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberá actuar en ese sentido, siempre y cuando sea procedente la controversia ante él propuesta.
Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Segunda Sala que la integra, sostuvo que dicho órgano jurisdiccional está facultado para verificar si existe alguna condicionante o restricción, específicamente, tratándose de actos que puedan considerarse consentidos, previo a la aplicación que debe realizar de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, lo que se traduce en que, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes de aplicar una jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley, debe comprobar si procesalmente ello puede hacerse.
Luego, el citado tribunal especializado en materia administrativa, en asuntos como el que se discute, debe determinar si en el caso concreto sometido a su conocimiento, resulta o no aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de proceder a su observancia, cuestión que se encuentra referida al análisis que debe efectuar ese órgano jurisdiccional para verificar si una jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley se puede aplicar al examinar un tema de legalidad, atendiendo a la situación jurídica en que se encuentre el justiciable, esto es, conforme a la hipótesis en que éste se ubique.
Por ello se sostiene que, aun cuando en el juicio de nulidad que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se puede, al juzgar la legalidad del acto administrativo, emplear jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes, es imperativo que ello ocurra siempre que el precepto no se haya consentido en el acto cuya anulación se demande, pues de lo contrario, habrá de arribarse a la conclusión de que el gobernado se conformó con el acto de aplicación, como aconteció en la especie.
Así pues, para que la aplicación de la jurisprudencia se justifique legalmente en el juicio contencioso administrativo, de acuerdo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inmerso en la ejecutoria recaída a la contradicción de tesis 27/2004, es menester que ello sea con motivo de un acto de autoridad no consentido, ya que de lo contrario, tal proceder implicaría desconocer una situación legal ya aceptada, so pretexto de la declaración de inconstitucionalidad del precepto relativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conllevaría paralelamente, una nueva posibilidad de introducir temas de constitucionalidad de normas, disfrazado de un estudio de legalidad, para todos aquellos gobernados que las hubieren consentido por no haberlas combatido en los momentos oportunos; por tanto, ante una ley tolerada, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben declarar inoperantes los conceptos de impugnación en los que se plantee la aplicación de jurisprudencia que la Corte haya sustentado, en torno a un tópico particular acerca de constitucionalidad de leyes.
Por las circunstancias expuestas, este órgano de control constitucional sostiene que la obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se analiza, en lo relativo a la aplicación de la jurisprudencia, no puede subsistir incondicionalmente, sino que es ineludible que ante todo verifique si se actualiza o no, un supuesto de inoperancia de los conceptos de anulación relacionados con la aplicación de una jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, como lo es, por ejemplo, cuando existió un consentimiento de esta última, pues se reitera, la observancia de un criterio jurisprudencial no puede estar desvinculada del acto de aplicación de la ley que se pretende tildar de inconstitucional.
Así pues, resulta inconcuso que ningún caso tendría sostener la obligatoriedad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decir que, en efecto, el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor para el ejercicio fiscal dos mil dos es inconstitucional, pues incluso, ante la existencia de dicha declaratoria, no se podría declarar la invalidez de la respuesta dada a la petición de devolución del saldo a favor por pago de lo indebido impugnada en el juicio de nulidad de origen, ya que no puede desconocerse la situación jurídica ya creada de consentimiento del impuesto reclamado, por lo que hace al periodo tributario citado.
A fin de sustentar la determinación que antecede, se estima oportuno citar textualmente, en la parte que interesa, la ejecutoria que se pronunció en la contradicción de tesis 27/2004, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, la cual a la letra prescribe:
"De igual manera ha establecido la [Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación] que en términos de los artículos 94, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, además de los órganos que componen el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa queda comprendido dentro de los órganos obligados a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin hacer distinción alguna en cuanto a que dicha jurisprudencia se establezca en materia de legalidad o determine la inconstitucionalidad de una ley. Que la aplicación de la jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley, es una cuestión de legalidad y ajena a su obligatoriedad de la jurisprudencia, pues en los casos en que exista jurisprudencia donde se considera inconstitucional una ley, el juzgador se encuentra constreñido a aplicarla, ejerciendo su libertad de jurisdicción solamente en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta a los supuestos que llevan a su aplicación, limitándose su actuación, una vez determinada la procedencia de la aplicación de la jurisprudencia al caso concreto, a nulificar el acto impugnado por el vicio de legalidad, consistente en su transgresión al artículo 16 de la Constitución por encontrarse indebidamente fundado en una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia que el tribunal está obligado a aplicar, independientemente de que la comparta o no. De ahí que la aplicación de una jurisprudencia de esa naturaleza no entraña para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un examen de constitucionalidad, sino sólo de legalidad, a saber, si el acto impugnado se fundó legalmente, pues al advertir que una jurisprudencia de la Suprema Corte estableció que era inconstitucional y la aplicación de la misma le era obligatoria, tuvo que concluir estableciendo la ilegalidad del acto sin tener que realizar ningún estudio de constitucionalidad. Sin embargo, como la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de la ley no tiene efectos erga omnes, sino sólo se aplica a casos particulares conforme al principio de relatividad de la sentencia, los órganos jurisdiccionales sólo podrán aplicar la jurisprudencia en los casos que se sometan a su jurisdicción y, por ello, solamente va a beneficiar a aquella persona que la invoque en su beneficio en un proceso jurisdiccional, pero nunca fuera de él. Con base en esas consideraciones se puede concluir respecto del primer tema motivo de la contradicción, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al estar obligado en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo a aplicar la jurisprudencia, aun la que declara la inconstitucionalidad de una ley debe, con base en ese criterio jurisprudencial, declarar la nulidad de una resolución administrativa que se ubique en ese supuesto, por ser un vicio de legalidad contrario al artículo 16 de la Constitución, que ese acto se haya fundado en una ley declarada inconstitucional. ... En relación con el segundo tema, esto es, si para la aplicación que conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo debe realizar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, existe alguna condicionante o restricción, conviene hacer las siguientes precisiones: ... Asimismo, es criterio establecido por esta Segunda Sala, que los tribunales que no conforman el Poder Judicial de la Federación carecen de facultades competenciales para analizar la procedencia de la impugnación de la ley, debiendo limitar su actuación a determinar si en el caso concreto sometido a su conocimiento, resulta o no aplicable la jurisprudencia de este Alto Tribunal al acto reclamado. Por lo que se refiere al principio de relatividad de las sentencias, se ha determinado que dicho principio no se opone en forma alguna a que un tribunal de legalidad, como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en aplicación de la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, determine la nulidad del acto que en ella se funde. Por tanto, ese principio no puede justificar el excluir o exceptuar a los tribunales que no conforman el Poder Judicial Federal de la obligatoriedad contemplada en el artículo 192 de la Ley de Amparo para que apliquen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre inconstitucionalidad de leyes, pues dichos tribunales, al igual que los del Poder Judicial de la Federación, aplicarían la jurisprudencia en los casos concretos que se sometan a su jurisdicción cuando ello resulte procedente. ... Respecto de la forma de aplicar la jurisprudencia, quedó establecido que la sola cita de los criterios jurisprudenciales es insuficiente para fundar las resoluciones que dicten los tribunales con motivo de su función pública jurisdiccional, pues no obstante que la jurisprudencia puede considerarse norma positiva de acatamiento estricto, la obligación constitucional de fundar y motivar sus resoluciones conlleva la de que los órganos jurisdiccionales asienten las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial al caso concreto, con el propósito de que la norma general, es decir, la jurisprudencia, pueda regir la litis planteada, generando la norma individual que resuelva el conflicto, independientemente de que si es necesario, el juzgador complemente la aplicación del criterio jurisprudencial donde se apoye, con los razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de esa garantía constitucional. De ahí que antes de aplicar una jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley, el tribunal obligado en su aplicación debe determinar si procesalmente ello puede hacerse; si es procedente hacerlo la aplicará, si no procede se abstendrá de hacerlo; pero esta última determinación no significa que la jurisprudencia no le sea obligatoria, sino solamente que por las características del caso no procedía aplicarla. Ahora bien, en los juicios de amparo tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, la aplicación de una jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley está sujeta, entre otros supuestos, a la procedencia del juicio, pues obviamente a pesar de que esa jurisprudencia exista, no podría concederse el amparo y protección de la Justicia Federal si el juzgador se encuentra imposibilitado procesalmente para analizar la constitucionalidad del acto de autoridad reclamado. Lo mismo sucede tratándose de los juicios sometidos a la jurisdicción de los tribunales comunes, entre ellos, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; para que ese órgano esté en aptitud de analizar la legalidad del acto impugnado y pueda aplicar la jurisprudencia que le resulta obligatoria, es requisito sine qua non, que el juicio de nulidad sea procedente, es decir, que no se actualice ninguno de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece: ‘Artículo 202. Es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: ... IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivamente o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los plazos que señala este código.’. Especial relevancia adquiere para resolver el segundo tema de la presente contradicción, la causa de improcedencia prevista en la fracción IV, referente a los actos consentidos, respecto de los cuales se establece que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes, respectivamente, o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los plazos que señala ese código. ... Conforme a esa secuencia de análisis, es de concluirse que la aplicación a realizar por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, no es irrestricta, sino que está condicionada a que ello resulte procedente, pues antes de efectuar esa aplicación, el órgano jurisdiccional debe justificar que procesalmente es factible hacerlo; circunstancia que no sucede tratándose de actos en contra de los cuales el juicio de nulidad resulta improcedente, como los consentidos por el actor, sin que ello demerite la obligación que tiene el tribunal de aplicar la jurisprudencia, sino solamente implica que ante la improcedencia del juicio, esa aplicación no procede. Ahora bien, el hecho de que en un juicio de nulidad no proceda la aplicación de la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley porque los actos impugnados en ese procedimiento se consideren consentidos, tal circunstancia no impide que el actor impugne actos ulteriores, y que de ser procedente, éstos se declaren nulos aplicando la misma jurisprudencia, pues al igual que sucede en el amparo directo, la sentencia dictada en los juicios de nulidad produce efectos únicamente contra la resolución impugnada, mas no contra la ley en que se funde dicha resolución. De ahí que la inaplicación de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una norma legal respecto de los actos consentidos, no impide que pueda hacerse en ulteriores actos respecto de los cuales el juicio de nulidad sea procedente."
Como resultado de la ejecutoria transcrita parcialmente con antelación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 90/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 282, bajo el rubro y texto siguientes:
"JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA SI EL JUICIO DE NULIDAD ES IMPROCEDENTE. La aplicación que debe realizar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo no es irrestricta, sino que está condicionada a que el juicio de nulidad sea procedente, lo que no sucede cuando los actos fueron consentidos por el actor; lo anterior, no impedirá la aplicación de la citada jurisprudencia en juicios ulteriores que sean procedentes, pues al igual que en el juicio de amparo directo, la sentencia dictada en los juicios de nulidad produce efectos únicamente contra la resolución impugnada, mas no contra la ley que sirve de fundamento.
Por lo hasta aquí expuesto, queda plenamente evidenciado que son infundados los conceptos de violación en estudio, pues como se demostró en líneas precedentes, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí está legitimado para condicionar la observancia de las jurisprudencias pronunciadas por los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues antes de efectuar su aplicación, debe justificar que procesalmente sea factible hacerlo.
Ahora bien, tomando en consideración que de autos se desprende que el primigenio acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor para el año dos mil dos, fue consentido por el quejoso, como plenamente quedó demostrado en el considerando séptimo de esta ejecutoria, es obvio que el proceder de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de no aplicar la tesis de jurisprudencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo tributario citado con antelación, es apegado a derecho.
Al respecto, es conveniente citar la tesis de jurisprudencia VI.3o.A. J/36, integrada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que este similar comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 1397, que a la letra señala:
"CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE INVOCA LA OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE APLICAR JURISPRUDENCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA HA SIDO CONSENTIDA. El tribunal federal mencionado, al aplicar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atinente al tema de inconstitucionalidad de leyes, debe limitarse a determinar si en el caso concreto sometido a su conocimiento resulta o no aplicable la jurisprudencia, a fin de proceder a su observancia; cuestión que se encuentra referida al análisis que debe efectuar ese tribunal para verificar si una jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley cobra vigencia al examinar un tema de legalidad, de acuerdo con la situación jurídica en que se encuentre el justiciable, esto es, conforme a la hipótesis en que éste se ubique. En otras palabras, como sucede también con la aplicación de la ley, el tribunal, antes de aplicar una jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley, debe comprobar si procesalmente ello puede hacerse. Luego, aun cuando en el juicio de nulidad se puede, al juzgar la legalidad del acto administrativo, emplear jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes, es imperativo que ello ocurra siempre que el precepto haya sido aplicado por primera vez en el acto cuya anulación se demande, mas no a partir de un acto de autoridad posterior que deriva del primero ya consentido, ya que tal proceder implicaría desconocer una situación legal ya aceptada, so pretexto de declaración de inconstitucionalidad del precepto relativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conllevaría, paralelamente, una nueva posibilidad de introducir temas de constitucionalidad de normas, bajo el tamiz de un estudio de legalidad, para todos aquellos que las hubieren consentido por no haberlas combatido en los momentos oportunos. Por tanto, ante una ley tolerada, el tribunal debe declarar inoperantes los conceptos de impugnación en los que se plantee la aplicación de jurisprudencia que la Corte haya sustentado en función con un tópico particular acerca de la constitucionalidad de una ley, pues la aplicación de la jurisprudencia no puede estar desvinculada del acto de aplicación de la ley."
Así también, es oportuno invocar, por identidad jurídica, el criterio que este órgano colegiado comparte, inmerso en la tesis I.7o.A.325 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de 2004, página 1938, que establece:
"CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS HECHOS VALER ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SOLICITAN LA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI LA CONSULTA FISCAL COMBATIDA NO CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA EN CUESTIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en las jurisprudencias P./J. 38/2002 y 2a./J. 89/2004, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a aplicar la juris
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18782-80692421/pago-de-lo-indebido-no-lo-constituye-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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