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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EJECUTORIAS DICTADAS EN AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO LOS RECURRENTES SE OSTENTEN COMO TERCEROS PERJUDICADOS NO EMPLAZADOS. TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CONTRA UN DECRETO DE EXPROPIACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN NO REÚNE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, Y SÓLO ADUCE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD QUE EL QUEJOSO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1340/2004. · Registro digital (IUS): 18798
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARMANDO BERNAL ESTRADA Y OTRO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, , Pág. 6.

AMPARO EN REVISIÓN 1340/2004. ARMANDO BERNAL ESTRADA Y OTRO.

CONSIDERANDO

QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto, se estima pertinente relatar los siguientes hechos relevantes para resolverlo.

Mediante escrito presentado el once de enero de mil novecientos ochenta y cinco, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Armando Bernal Estrada, por su propio derecho y Gabriel Ramos Fernández, como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Gabriel Ramos Millán, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, esencialmente contra autoridades agrarias encabezadas por el presidente de la República, a quienes reclamaron, medularmente, el decreto de catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinte siguiente, en el que por causa de utilidad pública se expropiaron en favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 236-77-46.69 hectáreas (doscientas treinta y seis hectáreas, setenta y siete áreas, cuarenta y seis centiáreas, sesenta y nueve decímetros cuadrados) de tierras de uso común del ejido de Santa Úrsula Coapa, para destinarlas a su regularización mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupaban y para construir viviendas populares de interés social en los lotes que resultaren vacantes, así como la ejecución de dicho mandato presidencial.

De esta agrimensura, los quejosos sólo defendieron la extensión de 33-32-68 hectáreas, correspondiente a su propiedad civil, bajo la premisa de que fue indebidamente afectada por el decreto expropiatorio y los actos de ejecución de éste.

Tuvieron el carácter de terceros perjudicados en el juicio de garantías, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en virtud de haber sido quien gestionó a su favor el decreto reclamado y a la que benefició tal acto, pues fue su destinataria, para fines de regularización de la tenencia precaria de la tierra y Ejido de Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, pues atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, podían afectarse sus derechos agrarios colectivos.

Por razón de turno, originalmente conoció de la demanda de garantías el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que mediante proveído de quince de enero de mil novecientos ochenta y cinco, la admitió y ordenó su registro con el número 12/85, mediante resolución de veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y seis se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia Agraria en el Distrito Federal, bajo la consideración esencial de que la resolución que se emitiera en el amparo, podía afectar los derechos agrarios colectivos del poblado de Santa Úrsula Coapa.

El Juez de Distrito en Materia Agraria en el Distrito Federal, en auto de fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y siete admitió la competencia declinada y solicitó le fueran enviados los autos y una vez cumplido esto, mediante proveído de veinte de mayo siguiente, ordenó formar y registrar el cuaderno principal, con el número 46/87.

Posteriormente, mediante Acuerdo Número 1/88 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juzgado de Distrito en Materia Agraria en el Distrito Federal, pasó a ser el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Es pertinente aclarar también, que mediante Acuerdo General 37/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que determina la creación temporal, denominación, competencia, jurisdicción territorial y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Segundo de Distrito "A", Segundo de Distrito "B"; Sexto de Distrito "A", Sexto de Distrito "B"; Décimo de Distrito "A" y Décimo de Distrito "B", todos en Materia Administrativa en el Distrito Federal; establece las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la materia y residencia mencionadas, en vigor a partir del primero de julio de dos mil tres según lo dispuso su primer transitorio, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal se transformó temporalmente en los Juzgados Décimo de Distrito "A" en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Décimo de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal, correspondiendo a este último el conocimiento de los asuntos con número par, entre los que se encuentra el juicio de amparo indirecto 46/87 del que deriva este incidente de inejecución de sentencia, en términos de los puntos primero y tercero de dicho acuerdo, que son del tenor siguiente:

"Primero. A partir del uno de julio de dos mil tres, los Juzgados de Distrito Segundo, Sexto y Décimo, en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se transformarán temporalmente en Juzgado Segundo de Distrito ‘A’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juzgado Segundo de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juzgado Sexto de Distrito ‘A’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juzgado Sexto de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juzgado Décimo de Distrito ‘A’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Juzgado Décimo de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal y tendrán igual competencia y jurisdicción territorial que la de los Juzgados de Distrito en materia administrativa que actualmente funcionan en dicha localidad.

"Los órganos jurisdiccionales mencionados se instalarán en el mismo espacio físico que ocupan actualmente los Juzgados de Distrito cuya transformación se dispone, para lo cual, en la medida de lo posible, compartirán proporcionalmente dicho espacio, así como la infraestructura de mobiliario e informática, a fin de lograr el adecuado desarrollo de sus labores."

"Tercero. Los expedientes que no forman parte del archivo definitivo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se repartirán de manera equitativa, quedando a cargo del titular del Juzgado Segundo de Distrito ‘A’ los correspondientes a números nones; y a cargo del titular del Juzgado Segundo de Distrito ‘B’ los correspondientes a números pares, buscando en todo momento el equilibrio en las cargas de trabajo.

"La distribución comprenderá los asuntos con audiencia celebrada.

"Los expedientes que se encuentren en archivo definitivo, los conservará y en su caso los tramitará el Juez Segundo de Distrito ‘A’.

"Los nuevos expedientes seguirán el mismo orden para su distribución. Tratándose del ingreso de expedientes que estén relacionados, serán del conocimiento del Juez de Distrito al que haya correspondido el primero de ellos, respetando en todo caso las reglas establecidas por los Acuerdos Generales 74/2000 y 23/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

"En cuanto a los asuntos que de acuerdo con el reparto que se realice, corresponda su conocimiento al titular del Juzgado Segundo de Distrito ‘B’ y en los que deba pronunciarse alguna resolución de carácter urgente, el Juez Segundo de Distrito ‘A’ los conservará hasta emitir la resolución urgente que corresponda, hecho lo anterior los enviará al Juzgado Segundo de Distrito ‘B’.

"Similar forma de reparto de asuntos deberán llevar a cabo los Jueces Sexto de Distrito ‘A’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Sexto de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Décimo de Distrito ‘A’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Décimo de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal."

Mediante diverso Acuerdo General 58/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Segundo de Distrito "A", Segundo de Distrito "B", Quinto de Distrito "A", Quinto de Distrito "B", Sexto de Distrito "A", Sexto de Distrito "B", Octavo de Distrito "A", Octavo de Distrito "B", Décimo de Distrito "A" y Décimo de Distrito "B", todos en Materia Administrativa en el Distrito Federal; al reinicio de funciones de los Juzgados Segundo, Quinto, Sexto, Octavo y Décimo de Distrito en la materia y sede indicadas; a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de Distrito en la materia y residencia referidas; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en vigor a partir del quince de octubre de dos mil cuatro en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en términos de su artículo primero transitorio, el Juzgado Décimo de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal, concluyó sus funciones a partir de las veinticuatro horas del día treinta y uno de octubre de dos mil cuatro y a partir del primero de noviembre siguiente se autorizó el funcionamiento del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al que correspondió el conocimiento de los expedientes tramitados en el juzgado precisado en primer término, entre ellos, el juicio de amparo del que deriva este asunto, en términos de los artículos primero, quinto y séptimo de dicho acuerdo, que establecen:

"Primero. Se determina la conclusión de funciones de los Juzgados Segundo de Distrito ‘A’, Segundo de Distrito ‘B’, Quinto de Distrito ‘A’, Quinto de Distrito ‘B’, Sexto de Distrito ‘A’, Sexto de Distrito ‘B’, Octavo de Distrito ‘A’, Octavo de Distrito ‘B’, Décimo de Distrito ‘A’ y Décimo de Distrito ‘B’, todos en Materia Administrativa con sede en el Distrito Federal, a partir de las veinticuatro horas del treinta y uno de octubre de dos mil cuatro.

"El uno de noviembre de dos mil cuatro reinician funciones los Juzgados Segundo, Quinto, Sexto, Octavo y Décimo de Distrito, todos en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con la nueva plantilla de personal autorizada, los cuales conservarán la residencia, competencia y jurisdicción territorial que tienen asignadas, en términos del Acuerdo General 23/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal."

"Quinto. Se autoriza el inicio de funcionamiento de cinco nuevos órganos jurisdiccionales federales en materia administrativa en el Distrito Federal, que se denominarán Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; los cuales tendrán igual residencia, competencia y jurisdicción territorial que los Juzgados de Distrito en la propia materia que actualmente funcionan en el Distrito Federal.

"Los órganos jurisdiccionales mencionados iniciarán funciones el uno de noviembre de dos mil cuatro y su domicilio será el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, 2321, colonia Tlacopac, San Ángel, código postal 01760, Distrito Federal."

"Séptimo. El Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal deberá conocer, tramitar y resolver todos los expedientes que se radicaron en el Juzgado Segundo de Distrito ‘B’ en Materia Administrativa en el Distrito Federal, durante el periodo del uno de julio de dos mil tres al treinta y uno de octubre del año en curso, incluyendo los que están pendientes de cumplimiento y los enviados al archivo.

"Similar situación se llevará a cabo por los Jueces decimotercero, que conocerá los asuntos tramitados en el Juzgado Quinto de Distrito ‘B’, durante el lapso del trece de diciembre de dos mil dos al treinta y uno de octubre del presente año; decimocuarto, que conocerá de los expedientes tramitados en el Juzgado Sexto de Distrito ‘B’ del uno de julio de dos mil tres al treinta y uno de octubre de dos mil cuatro; décimo quinto, quien conocerá de los asuntos tramitados en el Juzgado Octavo de Distrito ‘B’ del dieciséis de junio de dos mil uno al treinta y uno de octubre de la presente anualidad; y decimosexto, quien conocerá de los expedientes tramitados en el Juzgado Décimo de Distrito ‘B’ del uno de julio de dos mil tres al treinta y uno de octubre de dos mil cuatro.

"Los titulares de los juzgados precisados con antelación deberán autorizar el uso de nuevos libros de gobierno, cuyos registros iniciarán a partir del número siguiente al último que hayan registrado en los libros de gobierno de cada uno de los Juzgados de Distrito ‘B’ que concluyen funciones.

"Las anotaciones correspondientes a los asuntos registrados en los Juzgados de Distrito ‘B’ en materia administrativa en el Distrito Federal, seguirán haciéndose en los libros de gobierno que se abrieron con motivo del inicio de funciones de dichos juzgados."

Es así que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a partir del primero de julio de dos mil tres se transformó en el Juzgado Décimo de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuyas funciones concluyeron a partir de las veinticuatro horas del treinta y uno de octubre de dos mil cuatro y el día primero de noviembre siguiente inició su funcionamiento el nuevo Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien en la actualidad conoce del juicio de amparo indirecto 46/87.

Pues bien, precisada la anterior sucesión de órganos jurisdiccionales, debe decirse que mediante sentencia de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y uno, engrosada el treinta de enero de mil novecientos noventa y dos, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, otorgó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, pues estimó que el decreto reclamado y su ejecución transgredieron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, ello, en virtud de que en ese mandato presidencial se consideró, indebidamente, que la propiedad civil de los quejosos, que defendieron en el juicio de garantías, pertenecía al núcleo de población afectado en el mandamiento presidencial reclamado, lo que a su vez implica inexacta aplicación de la ley, porque la expropiación de bienes ejidales está sujeta a un trámite diferente a la que se refiere a los bienes civiles y además, porque en el caso de que la voluntad del Estado hubiera sido la de expropiar a los promoventes, debió ordenar que la indemnización se les pagara a ellos y no a un tercero.

En contra de esta resolución, el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en ausencia del titular, de los subsecretarios del ramo y del oficial mayor y, el director de Tierras y Aguas de la Dirección General de Tenencia de la Tierra, interpusieron en su contra el recurso de revisión, del cual conoció, por razón de turno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien mediante sentencia de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y dos, emitida en el amparo en revisión número RA. 1322/92, advirtió una violación al procedimiento, consistente en que la sentencia constitucional sólo se notificó al secretario del comisariado ejidal del tercero perjudicado, ejido de Santa Úrsula Coapa, no obstante que la representación del ejido corresponde a los tres miembros de dicho órgano: presidente, secretario y tesorero; de modo que al no haberse realizado con la totalidad de los integrantes del comisariado ejidal, no podía surtir sus efectos.

De esta manera, el Tribunal Colegiado ordenó la devolución de los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito de su origen, a fin de que el a quo proveyera lo conducente para que la notificación personal de la sentencia constitucional se entendiera con el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, previa comprobación de sus cargos, para que estuvieran en aptitud de interponer recurso de revisión, si lo estimaban pertinente.

Mediante sentencia de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y dos, emitida en el amparo en revisión número RA. 1322/92, el mismo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el fondo del amparo, modificó la sentencia únicamente en un aspecto formal, para que en lugar de tener como autoridad responsable al subdirector de Tierras y Aguas de la Dirección General de Procedimientos Agrarios, se tuviera como tal al director de Tierras y Aguas de la Dirección General de Tenencia de la Tierra, mas convalidó en lo demás la sentencia recurrida, en razón de que consideró que "... el sentido del fallo es correcto ..."

Conforme a lo anterior, los efectos originarios de la sentencia de garantías consistieron en que las autoridades agrarias responsables dejaran insubsistente el decreto del titular del Ejecutivo Federal, de catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veinte siguiente, que por causa de utilidad pública, expropió a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra una superficie de 236-77-46.69 hectáreas, perteneciente al poblado de Santa Úrsula Coapa, únicamente respecto de la extensión de 33-32-68 hectáreas, correspondiente a la propiedad de los quejosos, indebidamente afectada por dicho decreto, y los actos de ejecución de tal acuerdo presidencial.

Abundando sobre el particular, debe decirse que estos efectos fueron establecidos por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el primero de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el incidente de inejecución de sentencia 237/96, que en la parte conducente establece:

"El amparo se concedió para el efecto de que las autoridades responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, dejaran insubsistente el decreto presidencial de fecha catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente (sic), mediante el cual se expropió por causa de utilidad pública al ejido ‘Santa Úrsula Coapa’, Delegación de Coyoacán, Distrito Federal, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, así como para que dejaran insubsistentes todos los actos de ejecución que hubieran sido su consecuencia, únicamente en lo que se refería a la inclusión que indebidamente se hizo de los terrenos propiedad de los quejosos."

En cumplimiento a la ejecutoria de garantías, el coordinador agrario en el Distrito Federal, mediante acuerdo de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis, dejó insubsistente el decreto reclamado, en términos de la copia certificada que obra en autos, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

"PRIMERO. En lo que corresponde a esta responsable, se tiene por insubsistente el decreto expropiatorio de catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinte del mismo mes y año. SEGUNDO. Se deja sin efectos el acto de ejecución llevado a cabo el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cinco, únicamente por lo que corresponde a la superficie de 33-62-68 hectáreas que reclamaron los quejosos en el juicio de garantías como de su propiedad. TERCERO. No ha lugar a la restitución de la posesión de la superficie indicada, en razón de que la ejecución llevada a cabo por la hoy Coordinación Agraria en el Distrito Federal, no implica desposesión material de la misma, pues ésta, ya se encontraba ocupada con asentamientos humanos irregulares, los que fueron el objeto específico del decreto expropiatorio para su regularización por la tercero perjudicada, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett)."

En la resolución pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 237/96 al que se hizo referencia precedentemente, la mencionada Segunda Sala de esta Suprema Corte relacionó esta actuación de la autoridad responsable, en los términos siguientes:

"c) El secretario de la Reforma Agraria, en cumplimiento al fallo protector, dictó un acuerdo de fecha diez de junio de mil novecientos noventa y seis, por medio del cual se dejó insubsistente el decreto expropiatorio de mérito. Dicho acuerdo, en lo conducente, es del tenor siguiente: ‘Se tiene por insubsistente el decreto presidencial emitido el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte del mismo mes y año, por el que se expropia por causa de utilidad pública al ejido «Santa Úrsula Coapa», Delegación de Coyoacán, Distrito Federal ... únicamente en lo que respecta a los predios propiedad de Armando Bernal Estrada y la sucesión a bienes de Gabriel Ramos Millán, se tiene por insubsistente la ejecución materia del propio decreto y los actos de ejecución que del mismo se hayan derivado.’."

Asimismo, en dicha resolución incidental, la Segunda Sala estableció que las autoridades responsables adujeron imposibilidad material para acatar la ejecutoria de garantías, porque podía generarse un conflicto social, pues en cumplimiento al decreto expropiatorio, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra lotificó el inmueble afectado, del cual resultaron terrenos de extensión entre doscientos y doscientos cincuenta metros cuadrados; se habían otorgado las escrituras correspondientes y el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cinco se ejecutó el decreto expropiatorio, asentándose en el acta relativa el caminamiento y deslinde de los terrenos expropiados, resultando que la afectación se debió a los asentamientos humanos irregulares ya existentes en los predios.

También la Segunda Sala estableció que la copia certificada de la relación de escrituras y el plano manzanero expedidos por la Unidad Jurídica de la Coordinación Agraria en el Distrito Federal, demostraban fehacientemente la imposibilidad aducida por las autoridades responsables.

Para corroborar estas afirmaciones, es pertinente transcribir, en lo atinente, la resolución incidental referida:

"La imposibilidad a la que las autoridades hacen alusión, se encuentra cimentada en la nota informativa que obra en autos, suscrita por el titular de la Unidad Jurídica de la Coordinación Agraria en el Distrito Federal, que en lo conducente dice: ‘La Coordinación Agraria en el Distrito Federal tiene la obligación jurídica de dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el juicio de amparo indicado en el párrafo anterior. Esta postura lleva primordialmente la pretensión de evitar se genere algún conflicto social en el poblado de Santa Úrsula, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, pues en cumplimiento al decreto expropiatorio, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, ha escriturado los inmuebles que se encontraban ya establecidos en la zona expropiada previamente a la afectación, inmuebles que oscilan entre 200 y 250 metros ... con fecha veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cinco, se ejecutó el decreto expropiatorio, en cuya acta se asentó el caminamiento y deslinde de los terrenos expropiados. De todo lo anterior, se sigue que, la superficie materia de la afectación de los terrenos ejidales, se dio en razón de los asentamientos humanos irregulares ya existentes, en dichos terrenos, lo que implica que en su ejecución no se desposeyó al recurrente de garantías, pues éste no tenía la posesión material de la superficie reclamada, por lo que se estima, que en un exacto cumplimiento de la sentencia ejecutoria, la Coordinación Agraria simplemente debe concretarse a dejar insubsistente la ejecución del decreto, sin que implique la necesidad jurídica de restituir en la posesión a los quejosos de la superficie de su propiedad, pues ésta, se insiste, ya estaba ocupada con los asentamientos humanos irregulares y, por ende, no detentaban la posesión material los recurrentes de garantías’. Por otro lado, en autos obra también copia certificada de la relación de escrituras y plano manzanero expedidos por la Unidad Jurídica de la Coordinación Agraria en el Distrito Federal, documentos que demuestran de manera fehaciente la imposibilidad que existe de restituir a los quejosos en el pleno goce de sus garantías violadas."

Una vez que la Segunda Sala decretó existentes los impedimentos para el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, aducidos por la autoridad responsable, ordenó la devolución de los autos del juicio de amparo indirecto 46/87 del que deriva este incidente de inejecución de sentencia, al Juzgado de Distrito de su origen, a fin de que requiriera a los quejosos para que manifestaran si era su voluntad que la ejecutoria se acatara a través de la vía sustituta, a lo cual se plegaron, por conducto de Armando Bernal García, quien se ostentó como representante legal de los quejosos mediante ocurso de catorce de enero de mil novecientos noventa y siete, presentado el dieciocho de febrero siguiente ante el Juzgado de Distrito del conocimiento.

Como resultado de la opción de los quejosos, se tramitó el incidente de cumplimiento sustituto, en el cual, se cambió la obligación originaria de hacer, por la de dar una suma de dinero equivalente al deber primigenio. Por su orden cronológico se emitieron tres distintas interlocutorias de daños y perjuicios, que se sucedieron una a otra, a saber:

1. La primera, el día cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, engrosada el catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, por el monto de $319'454,600.00 (trescientos diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos).

2. La segunda, el primero de julio del año dos mil dos, engrosada el cuatro de septiembre siguiente, por la suma de $472'346,320.00 (cuatrocientos setenta y dos millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos veinte pesos).

3. La tercera y última, de fecha primero de marzo de dos mil uno, engrosada el siete siguiente, cuya cuantía asciende a $1,214’174,040.00 (mil doscientos catorce millones ciento setenta y cuatro mil cuarenta pesos).

No obstante, por tratarse de una cuestión obvia, resulta pertinente aclarar que estas resoluciones no coexisten, sino que la primera fue sustituida por la segunda y ésta a su vez por la tercera y última, por cuyo incumplimiento se formó el incidente de inejecución de sentencia 53/2002 que guarda conexidad con este recurso de revisión.

Efectivamente, ante la falta de cumplimiento a la interlocutoria últimamente referida, el a quo envió los autos del juicio de garantías al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se tramitó el incidente de inejecución de sentencia 8/2001 y en el que mediante dictamen de fecha nueve de mayo del año dos mil dos, los Magistrados que lo integran determinaron en forma unánime, que debían aplicarse a la entonces Secretaria de la Reforma Agraria, las medidas previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la separación del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en turno, para que la sancionara por el desacato cometido.

Para ese fin, el citado Tribunal Colegiado envió el asunto a este Alto Tribunal, en el que se formó el incidente de inejecución de sentencia 53/2002.

Durante el trámite de ese incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable efectuó diversas consignaciones cuyo monto, en conjunto asciende a $60'000,000.00 (sesenta millones de pesos), a título de cumplimiento parcial.

Es también, durante la tramitación del procedimiento incidental referido, que se gestó la litis a la que se refiere este expediente, pues Octavio Castañedo Cervantes, en su carácter de apoderado general de Raquel García Durán albacea definitiva de las sucesiones a bienes de Vicente García Ferrer y Catalina Durán Castañedo de García y de Ernesto, Gloria Laura y Raúl Sergio, todos de apellidos García Durán, interpuso este recurso de revisión, que ha sido atraído por el Máximo Tribunal del País, en contra de la sentencia constitucional emitida en el juicio de amparo indirecto 46/87 promovido por Armando Bernal Estrada, por su propio derecho y Gabriel Ramos Fernández, como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Gabriel Ramos Millán.

La causa de pedir, con relación a la revocación de la sentencia constitucional aducida por los recurrentes, se hace consistir, esencialmente, en que son los legítimos propietarios del inmueble que fue materia del litigio constitucional, denominado "Rancho Monserrat" o "Rancho Monserrate"; por esa razón -sostienen-, les resulta el carácter de terceros perjudicados en términos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo y, sin embargo, no se les emplazó al juicio de garantías, a pesar de que se afectan sus derechos, posesiones y propiedades con motivo de que se otorgó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal y, asimismo, se les ocasionaría un perjuicio irreparable si el pago sustituto se hace a los quejosos, pues ello implicaría la consumación irreparable del hecho.

También aducen tener el carácter de terceros extraños al juicio de garantías, el cual -afirman- se siguió a sus espaldas.

Asimismo, solicitan que se supla la deficiencia de la queja, porque consideran que existió en su contra una violación manifiesta de la ley que los dejó sin defensa, en los términos de la fracción VI del artículo 76 de la Ley de Amparo.

Bajo estos argumentos esenciales, los recurrentes pretenden la revocación de la sentencia constitucional recurrida y la reposición del procedimiento, para que se les emplace al juicio de garantías.

SEXTO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18798-b75de56f/revision-es-improcedente-contra-ejecutorias-dictadas-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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