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Modo: Corpus Pro

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1317/2004. · Registro digital (IUS): 18312
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 1601.

AMPARO EN REVISIÓN 1317/2004.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados, inatendibles e inoperantes los agravios hechos valer por el quejoso, ahora recurrente.

En efecto, es inoperante lo manifestado por el recurrente en el primer agravio sintetizado en el considerando anterior, en el sentido de que el a quo violó flagrantemente su garantía de audiencia al sobreseer el juicio de garantías; lo anterior es así, toda vez que los Jueces de amparo, como órganos de control constitucional, ante quien se solicita la protección de la Justicia Federal, en sus resoluciones no pueden violar garantías individuales, ya que precisamente su función es la de analizar la constitucionalidad del acto de autoridad reclamado, con la finalidad de apreciar si del mismo se originaron violaciones a las garantías individuales del gobernado, por lo que de ser su actuar equívoco en la resolución de los juicios de amparo sometidos a su jurisdicción, esto sólo se traduce en infracción a las normas que rigen el juicio de amparo, pero no en violación de garantías.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 2/97, visible en la página cinco del Tomo V, enero de 1997, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que es del tenor siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por el quejoso, ahora recurrente, en el primer agravio sintetizado en el considerando anterior, el Juez Cuarto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, estuvo en lo correcto al decretar el sobreseimiento dictado en el auto recurrido, al estimar que, en la especie, se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual establece:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica."

Lo anterior es así, pues como se indicó, el hoy recurrente acudió al juicio de garantías y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Militar adscrito a la Primer Región Militar y otras autoridades, los cuales se hicieron consistir en la orden de aprehensión y su ejecución, dictada en la causa penal 849/2004; y por oficio 4293 de nueve de junio de dos mil cuatro, la autoridad judicial militar responsable informó al Juez de amparo que el ocho de junio de dos mil cuatro se resolvió la situación jurídica del quejoso y se dictó en su contra auto de formal prisión por el delito de insubordinación de palabra fuera de actos del servicio, previsto en el artículo 283 y sancionado por los artículos 285, fracción I y 286, en relación con los artículos 101, fracción I y 109, fracciones I y IV, todos del Código de Justicia Militar.

Al respecto, debe recordarse que la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra ese status jurídico anterior; de ahí que claramente se desprenda que existió un cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del quejoso, ya que inicialmente la afectación a la libertad personal era el motivo de la orden de aprehensión y en la actualidad su libertad se constriñe por la formal prisión decretada en contra del ahora reclamante, lo que imposibilita el examen constitucional del acto reclamado.

Por lo anterior, al quedar debidamente acreditada la casual de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal.

Cabe citar, por compartir este órgano jurisdiccional el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia J/11, visible en la página seiscientos sesenta y seis del Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente:

"ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999. La modificación del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada, pone de manifiesto la existencia de una excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal relacionadas únicamente con los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se limite la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; modificación que excluyó lo relativo a la orden de aprehensión regulada por el artículo 16 constitucional; por tanto, el auto de formal prisión sí da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se hubiera hecho valer en contra de la orden de aprehensión, al existir cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del quejoso, ya que inicialmente la afectación a la libertad, era el motivo de la orden de aprehensión y en la actualidad es por la formal prisión decretada en contra del quejoso, lo que trae como consecuencia también la cesación de efectos del mandato de captura; por consiguiente la orden de aprehensión deja de tener vida jurídica al haber sido sustituida jurídica y procesalmente por el auto de plazo constitucional, lo que conlleva a la inaplicación, en este caso, de las jurisprudencias números 55/96 y 56/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO).’ y ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994.’."

Ahora bien, en relación con la tesis invocada por el recurrente en el agravio que se analiza, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. NO DEBE DECRETARSE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.", la misma no resulta aplicable en su beneficio por las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que en la temporalidad en que el Juez de garantías emitió el proveído materia de inconformidad (catorce de junio de dos mil cuatro), por el cual decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, aún no tenía verificativo la audiencia constitucional programada para el veintitrés de ese propio mes y año, ello no irroga perjuicio alguno al quejoso, toda vez que no es privado del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia que en ese momento ya era notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece por el cambio de situación jurídica, de tal suerte que ni aun con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, ordenar en este fallo reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis del Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente:

"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

Asimismo, cabe citar la tesis I.7o.P.25 P, sustentada por este órgano jurisdiccional, visible en la página 1017 del Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente:

" No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y, durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional."

Así las cosas, fue correcta la determinación del a quo al hacer extensivo el sobreseimiento por lo que hace al acto de ejecución, al no impugnarse por vicios propios, conforme a la jurisprudencia 1812, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dos mil novecientos doce, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor siguiente:

"SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllas, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios."

Por otra parte, en atención a los agravios segundo, tercero, cuarto y quinto sintetizados en el considerando anterior, debe decirse que resultan inatendibles para los efectos que pretende el inconforme, habida cuenta que se trata de cuestiones de fondo, relativas a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, mismas que tanto el a quo como este Tribunal Colegiado no pueden analizar por el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías, toda vez que dicha determinación, como ya se expuso en párrafos precedentes, fue apegada a las normas que rigen el procedimiento de amparo, por existir una causal notoria e indudable de improcedencia.

Al respecto, cabe aplicar la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 335 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, la cual es del tenor siguiente:

"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento en el juicio."

Por otra parte, el quejoso, ahora recurrente, señala en el sexto agravio sintetizado en el considerando anterior, que el a quo fue omiso en estudiar el auto de término constitucional.

Lo anterior es inoperante.

En efecto, el peticionario de garantías señaló como acto reclamado en la demanda de amparo la orden de aprehensión y su ejecución, dictada en la causa penal 849/2004, del índice del Juzgado Segundo Militar adscrito a la Primera Zona Militar, lo cual constituye la litis en el presente juicio constitucional, y los tribunales de amparo no están facultados para cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado que, en el caso, como ya se dijo, es la orden de aprehensión y su ejecución ya que, en la especie, no estamos en presencia del supuesto referido en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la suplencia de la queja opera únicamente respecto de los razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado.

Al respecto se cita, por compartirlo este órgano jurisdiccional, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis de jurisprudencia J/1, visible en la página quinientos sesenta y siete del Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable."

Por tanto, al resultar los agravios infundados, inatendibles e inoperantes, y no advertirse deficiencia en los mismos que deba ser suplida por este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar la resolución que se revisa y sobreseer en el juicio de garantías 1115/2004, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción III y 85, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida, dictada por el Juez Cuarto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1115/2004.

SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ... en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cumplimiento del punto segundo del Acuerdo General 87/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Hugo Luna Ramos (presidente), Ricardo Ojeda Bohórquez y Alfredo Murguía Cámara, siendo ponente el segundo de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18312-d2d20cf2/cambio-de-situacion-juridica-constituye-causa-notoria-manifiesta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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