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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI NO PRECISAN EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PRUEBAS CUYA OMISIÓN DE VALORACIÓN SE ALEGA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 96/2005. · Registro digital (IUS): 18812
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANDRÉS GUDIÑO SANDOVAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 1223.

AMPARO EN REVISIÓN 96/2005. ANDRÉS GUDIÑO SANDOVAL.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son inoperantes los agravios transcritos.

Previo a sustentar la determinación que antecede, resulta pertinente señalar que de las constancias que integran el juicio de garantías 1510/2004, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, se desprenden los siguientes antecedentes, mismos que a continuación se precisan:

a) Que mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, el hoy recurrente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del director de la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad en el Estado, así como del presidente municipal, director de Ecología y Protección al Ambiente, secretario de Protección y Vialidad, delegado de Transportes y Vialidad, jefe de inspectores adscrito a la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente, director de la Policía Preventiva dependiente de la Secretaría de Protección y Vialidad, y director de Tránsito Municipal dependiente de la Secretaría de Protección y Vialidad, autoridades estas últimas dependientes del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; consistentes en la orden de desposesión y decomiso de diversos aparatos de sonido, instalados en el autobús del servicio público con número económico 1369, y placas de circulación 831369-E, vehículo con el que el inconforme presta el servicio público de transporte urbano en esta ciudad.

b) Que por acuerdo de trece de diciembre de dos mil cuatro, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, radicó la demanda de mérito, bajo el número 1510/2004, fijándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiséis de enero del año en curso, en la que inmediatamente se pronunció sentencia, que decretó el sobreseimiento en el juicio, dado que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados y la parte quejosa no desvirtuó tales negativas con las constancias que adjuntó al sumario durante su sustanciación.

En este orden de ideas, es menester señalar que el recurrente sostiene medularmente en sus motivos de disentimiento, que le causa agravios la sentencia impugnada, porque contrario a lo que sostiene la Jueza a quo, sí acreditó la existencia de los actos reclamados en el juicio de garantías biinstancial, tomando en consideración que diariamente las autoridades responsables realizan operativos en distintas partes de la ciudad con el objeto de desposeer a todos los concesionarios del servicio público urbano, de los aparatos eléctricos y de sonido que tienen instalados en sus camiones de transporte público urbano, a quienes incluso han estado intimidando y extorsionando para no desapoderarlos de sus aparatos; asimismo, señala que en la sentencia recurrida, el órgano resolutor no valoró las constancias que integran el expediente 1510/2004, pues de ellas se desprende la existencia de los actos reclamados y su interés jurídico para comparecer a juicio, por lo que se violan sus garantías individuales.

Conviene tener presente que, atendiendo a la naturaleza eminentemente administrativa del juicio de amparo en que fue pronunciada la determinación materia del presente recurso, opera en la especie el principio de estricto derecho, lo que implica considerar que el análisis de la resolución recurrida se efectuará a la luz de los motivos de disentimiento esgrimidos por el inconforme, sin que le esté permitido a este cuerpo colegiado ampliarlos o suplirlos en su deficiencia.

Precisado lo anterior, debe decirse que resulta inoperante la afirmación de que la Jueza a quo, al emitir la sentencia recurrida, viola en perjuicio de la parte recurrente garantías individuales, ya que el control constitucional que se encomienda al Poder Judicial de la Federación, se refiere a los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables a través del juicio de garantías, pero no a la actuación de los Jueces de Distrito dentro de la tramitación del juicio de amparo o del cumplimiento del fallo protector.

Las determinaciones y resoluciones de los Jueces Federales se encuentran basadas en los preceptos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, disposiciones legales a las cuales debe ceñirse la actuación de los Jueces de Distrito y, por ende, son las violaciones a la legislación de amparo las que deben invocarse como agravios en la inconformidad de mérito, y no transgresiones a los derechos subjetivos públicos de los gobernados, aun cuando en contra de sus decisiones pronunciadas en la audiencia constitucional, procede el recurso de revisión, pues éste no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia donde se estudia de nueva cuenta lo resuelto por el Juez a quo, mediante el cual el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para resolver en la forma en que lo hizo.

En consecuencia, a través del recurso de revisión no deben analizarse los agravios formulados en el sentido de que la Jueza de Distrito transgredió garantías individuales al resolver un amparo indirecto, dada la naturaleza del medio de defensa y por la propia función de control constitucional que la a quo desempeña, ya que si así se considerara, se trataría a la Jueza del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, como lo es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro de la misma naturaleza.

Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, que es del tenor literal siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, son inoperantes por insuficientes los restantes agravios vertidos por la parte recurrente en el medio de defensa que se resuelve, pues de su análisis se advierte que se limitó a establecer genéricamente que de las constancias que integran el juicio de amparo 1510/2004, se desprende la existencia de los actos reclamados -ya que diariamente las autoridades responsables realizan operativos con el objeto de desposeer a los concesionarios del servicio público urbano de sus aparatos de sonido-, al igual que su interés jurídico para comparecer a juicio.

Este Tribunal Colegiado arriba a la determinación que antecede, pues el accionante de esta vía no aportó ningún medio de convicción con el que acredite la existencia de los referidos operativos, además de que tampoco indica de cuáles constancias de autos, específicamente de qué pruebas, se desprende la existencia de los mismos, en qué consisten y cómo debió valorarse el material probatorio, omitiendo incluso, especificar cuál es su alcance demostrativo, pues sólo bajo esa perspectiva este órgano jurisdiccional podría analizar si los mismos trascienden al resultado del fallo en su beneficio; sin embargo, como el inconforme no planteó sus agravios en forma debida, resulta evidente la imposibilidad para este tribunal de emprender el análisis oficioso de las constancias que conforman el amparo indirecto de origen, a fin de determinar si son o no correctas sus aseveraciones, pues como ya se hizo notar en párrafo precedente, en la especie opera el principio de estricto derecho, lo que de suyo motiva que no pueda suplirse la deficiencia de los puntos de disentimiento.

Al respecto, resulta pertinente citar la tesis I.11o.C.15 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este similar comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1671, del rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.-Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes."

Igualmente, cobra aplicación en el caso concreto, la tesis integrada por este Tribunal Colegiado, publicada con el número XXI.3o.6 K, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 1731, cuyos rubro y texto a la letra establecen:

"-Los agravios en revisión, consistentes en la falta de valoración de probanzas ofrecidas en el juicio de amparo, deben expresar no sólo las pruebas que se dejaron de valorar, sino deben también precisar el alcance probatorio de tales probanzas, así como la forma en que éstas trascenderían al fallo en beneficio del quejoso, pues sólo en esta hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicio al mismo y, en tal virtud, determinar si la sentencia recurrida es ilegal o no; de tal suerte que los agravios expresados, que no reúnan los mencionados requisitos, deben estimarse inoperantes por deficientes."

Ante tales circunstancias, al resultar inoperantes los motivos de disentimiento propuestos por el recurrente, lo que procede es confirmar en sus términos la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV; 85, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo número 1510/2004, promovido por Andrés Gudiño Sandoval en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados Xóchitl Guido Guzmán, Guillermo Esparza Alfaro y Jorge Carreón Hurtado, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18812-8793c221/agravios-en-la-revision-son-inoperantes-por-deficientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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