LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO NO ES NECESARIO QUE EL INCULPADO SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL QUINTO Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PROPIO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a esta denuncia de contradicción, son las siguientes:
a) El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis, el amparo en revisión 687/95, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
Consideró que resultaba ilegal e ilógico requerir al procesado que no está privado de su libertad, en contra del que se dicte un auto de formal prisión, que exhibiera una determinada cantidad para poder gozar de su libertad caucional, ya que no puede otorgarse la libertad bajo caución a una persona que se encuentra en libertad; por lo que antes de que el Juez determine sobre su libertad provisional bajo caución debe ser reaprehendida, si no se encuentra pendiente de resolver algún juicio de amparo promovido en contra de dicho auto. De ese criterio derivó la tesis que enseguida se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito
"Fuente: Apéndice 2000
"Tomo: II, Penal, P.R. TCC
"Tesis: 4806
"Página: 2422
"LIBERTAD BAJO CAUCIÓN, SÓLO OPERA EN FAVOR DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN PRIVADAS DE SU LIBERTAD. Si al dictarse auto de formal prisión en contra de una persona como presunta responsable de un delito castigado con pena privativa de la libertad, la misma no se encuentra sujeta a prisión preventiva, y en caso de que no esté sub judice un juicio de garantías promovido contra tal auto, en el que se le haya concedido al procesado la suspensión para que no sea privado de su libertad, o una vez que cause ejecutoria la sentencia en la que se sobresea en el juicio o se niegue al quejoso el amparo solicitado, el Juez de la causa debe ordenar la reaprehensión del procesado, y una vez ejecutada tal orden, si lo solicita esta persona y procede legalmente, podrá concedérsele su libertad bajo caución; de no ser así, resulta ilegal e ilógico requerir al procesado que no está privado de su libertad, exhiba una determinada cantidad para poder gozar de su libertad caucional, ya que no puede otorgarse la libertad bajo caución a una persona que se encuentra en libertad.
"Amparo en revisión 687/95. José Manuel Soto Tlapa. 18 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores."
b) El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 57/99, el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la parte conducente, argumentó lo siguiente:
Que conforme al artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, si el inculpado no ha estado a disposición del Juez de la causa, por lo que se refiere a su libertad personal, en ningún momento, y goza de su libertad personal, el Juez natural no puede legalmente concederle el beneficio de la libertad provisional bajo caución, ya que en concepto de este tribunal para otorgar la citada libertad es presupuesto indispensable que el Juez tenga a su disposición al inculpado, por lo que se refiere a su libertad personal, es decir, que se encuentre detenido.
Con base en esas consideraciones, el citado tribunal emitió la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, junio de 1999
"Tesis: VI.2o.227 P
"Página: 955
"LIBERTAD CAUCIONAL, NEGATIVA DE LA, CUANDO EL INCULPADO NO ESTÁ DETENIDO NI A DISPOSICIÓN DEL JUEZ RESPONSABLE. Si en un proceso penal el inculpado no ha estado a disposición del Juez responsable por lo que se refiere a su libertad personal, por haberse presentado a rendir su declaración preparatoria bajo los efectos de la suspensión otorgada en un juicio de garantías, resulta evidente que el Juez del proceso no puede legalmente concederle el beneficio de su libertad caucional; sin que para así estimarlo obste que el artículo 20 constitucional establezca que: ‘inmediatamente que lo solicite’ el inculpado, el Juez debe otorgarle la libertad provisional bajo caución, pues hay que entender que el Juez podrá proveer al respecto si el inculpado se encuentra a su disposición por lo que se refiere a su libertad personal, bien sea porque el mismo se ponga voluntariamente, o bien porque sea en cumplimiento a una orden de aprehensión o reaprehensión.
"Amparo en revisión 57/99. Renato Castillo Vargas. 6 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo."
c) Por otra parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el cinco de julio de dos mil dos el amparo en revisión 738/2002, estimó, en esencia, lo siguiente:
Que el beneficio de la libertad provisional bajo caución, tutelado en el artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, solamente puede concederse en favor del inculpado que se encuentre privado de su libertad mediante prisión preventiva.
d) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la sentencia de treinta de enero de dos mil cuatro, pronunciada en el amparo en revisión 1884/2003, determinó, en la parte que es materia de la presente contradicción de criterios, lo siguiente:
Que es improcedente exigir que el inculpado se interne voluntariamente en el reclusorio respectivo a efecto de acordar lo conducente, sobre la libertad provisional bajo caución que solicite, ya que ese requisito no está previsto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni su correlativo 399 y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales.
Que cuando el inculpado comparece ante el Juez del proceso a rendir su declaración preparatoria, bajo los efectos de la suspensión concedida en un juicio de amparo promovido contra una orden de aprehensión y, por ende, se encuentra a disposición del Juez de amparo por lo que hace a su libertad personal; y con posterioridad deja de surtir efectos esa medida suspensional, el Juez natural queda en posibilidad de proveer lo que corresponda para el efecto de asegurar que el inculpado no se evada de la acción de la justicia, pues queda nuevamente a su disposición por lo que hace a su libertad personal.
Por esos motivos, estimó que el Juez responsable estaba en aptitud de proveer sobre la concesión o la negativa del citado beneficio, sin necesidad de que se interne voluntariamente en el reclusorio.
e) Finalmente, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de febrero de dos mil cuatro el amparo en revisión 75/2004, emitió el siguiente criterio.
Que a fin de que el Juez pueda resolver sobre la solicitud de la libertad provisional bajo caución es menester que el procesado se encuentre privado de su libertad, a disposición del Juez del proceso, en cuanto a su libertad personal.
Agregó que de no estimarse así, resultaría ilógico requerir al inculpado la exhibición de una garantía determinada "para gozar de su libertad caucional si no estaba privado de ella"; y que resultaría incongruente el otorgamiento de la libertad al "indiciado" que materialmente goza de ella.
CUARTO. Para constatar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De esta jurisprudencia se advierte que para la configuración de una contradicción de tesis se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas y adopten posturas divergentes; 2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y, 3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes; lo que implica que deben partir del análisis esencial de semejantes supuestos.
QUINTO. En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados, que condicionan una contradicción de tesis, y para demostrarlo es menester examinar a continuación la parte conducente de las ejecutorias, de donde derivaron los criterios en conflicto:
1. De la síntesis considerativa correspondiente al Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se advierte, en esencia, que en su concepto resulta improcedente otorgar al procesado no privado de su libertad, la libertad bajo caución; por lo que es necesario que el interesado se encuentre privado de su libertad a disposición del Juez del proceso, en cuanto a su libertad personal, para que éste pueda proveer sobre ese particular, si no se encuentra pendiente de resolver algún juicio de amparo promovido contra el auto restrictivo de su libertad.
2. Por otro lado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito considera que a efecto de acordar lo conducente sobre la solicitud de la libertad provisional bajo caución, es improcedente exigir que el inculpado se interne voluntariamente en el reclusorio respectivo, ya que cuando deja de surtir efectos la suspensión concedida a éste por un Juez de amparo queda nuevamente a disposición del Juez natural, por lo que hace a su libertad personal, y por ello está en aptitud de proveer sobre la concesión o la negativa del citado beneficio, aunque no se encuentre privado de su libertad.
SEXTO. Como se aprecia del análisis de las ejecutorias que anteceden, sí se configura la contradicción de tesis denunciada, pues los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron, en esencia, iguales cuestiones jurídicas y adoptaron posturas divergentes.
Esto obedece a que los cinco Tribunales Colegiados de Circuito se ocuparon de la cuestión jurídica relativa a si el Juez de la causa penal puede resolver y, en su caso, conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, a pesar de que el inculpado no se encuentra privado de su libertad, y los cuatro tribunales mencionados en el apartado primero del considerando que antecede adoptaron una postura opuesta a la del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Además, es evidente, como quedó reseñado en el tercer considerando, que la diferencia de criterios en examen se presentó en las consideraciones e interpretaciones jurídicas que los tribunales realizaron en la sentencia que cada uno dictó.
Por último, se ha puesto de relieve que los distintos criterios en oposición provienen del examen de elementos coincidentes, dado que los tribunales que los emitieron examinaron, cada uno por su parte, la libertad provisional bajo caución prevista en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República Mexicana.
En ese orden de ideas, el tema de la presente contradicción de tesis versa sobre la determinación de si es o no indispensable que en el procedimiento penal el inculpado se encuentre privado de su libertad a disposición del Juez de la causa, para que éste pueda resolver sobre la solicitud de la libertad provisional bajo caución de aquél.
SÉPTIMO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se precisa.
La libertad personal es un derecho sustantivo fundamental propio e inherente a todo ser humano y tiene existencia desde que nace la persona. En cambio, la libertad provisional bajo caución, como más adelante se detallará, es un beneficio tutelado a través de una garantía individual, que la Constitución otorga mediante las condiciones que la propia Constitución impone, únicamente a quien se encuentre sujeto a un procedimiento penal acusado de cometer un delito sancionado con pena de prisión.
Es por ello que en la solución de la presente contradicción de tesis no se debe atender exclusivamente al significado e implicación gramatical del concepto de libertad individual, ni únicamente considerarla como situación opuesta al cautiverio, ya que la libertad provisional bajo caución es un concepto jurídico que no se agota con la delimitación de los alcances de la libertad física personal, por lo que dicha contradicción de tesis tampoco se puede resolver con el simple razonamiento de que la libertad no se puede conceder a quien se encuentra en libertad, y que no la necesita porque ya disfruta de ella, sino que debe tenerse en consideración muy especialmente la finalidad y la naturaleza jurídica del beneficio constitucional de que se trata.
Por consiguiente, dado que el tema de la presente contradicción de tesis consiste en establecer si para que el Juez de la causa penal pueda resolver sobre la solicitud del inculpado de su libertad provisional bajo caución, es o no indispensable que se encuentre privado de su libertad a disposición del propio Juez, se estima necesario examinar el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, que consagra como garantía del inculpado la concesión de la libertad provisional bajo caución, cuando se cumplan determinados requisitos:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado:
"I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
"El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.
"La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revocar la libertad provisional."
Del texto de esta norma constitucional se aprecian varios requisitos que se deben satisfacer para que el Juez pueda otorgar al inculpado el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Entre ellos se encuentran los siguientes:
a) Que el inculpado lo solicite al Juez de la causa.
b) El delito que se le impute no debe tratarse de aquellos que por su gravedad la ley prohíba expresamente conceder ese beneficio.
c) En caso de delitos no graves, es menester que no exista solicitud fundada del Ministerio Público en el sentido de que se niegue la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley.
d) Que el Ministerio Público no aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
e) Se debe cubrir la caución conforme al monto y la forma que el Juez fije, que deberán ser asequibles para el inculpado, y para resolver sobre la forma y el monto de la caución el Juez debe tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse a aquél.
f) En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución.
Conviene subrayar que el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución no debe representar un obstáculo para el buen desarrollo del proceso, y que desde ese momento procesal debe estar garantizada la eventual condena pecuniaria que, de ser procedente, en su momento pudiera llegar a imponerse al inculpado.
Del texto de la norma constitucional transcrita también se aprecia que no indica expresamente si para que el Juez pueda resolver sobre la solicitud del inculpado de su libertad provisional bajo caución, es o no indispensable que se encuentre privado de su libertad a disposición del propio Juez.
Por ello, y por las demás razones que se expresan a continuación, esta Primera Sala estima que a falta de disposición expresa en la Constitución Federal, para que el Juez pueda decidir si es procedente o no conceder al procesado la citada libertad provisional bajo caución, no es indispensable que se encuentre privado de su libertad a disposición del propio Juez, ni que si se encuentra libre, se interne en algún reclusorio y se ponga a disposición del juzgador en cuanto a su libertad personal.
Si bien la sociedad tiene interés en que se persiga a los responsables de un delito, y en adoptar las medidas que juzgue convenientes para su propia conservación, el individuo por su parte (como integrante de la sociedad) debe gozar de la protección de las leyes, principalmente en los actos que afecten a su libertad personal.
La libertad es un derecho sustantivo fundamental de la persona, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en cualquiera de sus manifestaciones es un derecho inherente a la naturaleza del ser humano y, después de la vida, es uno de los derechos sustantivos que mayor valor posee, en especial su libertad personal, que es la que se tutela a través de las garantías en materia penal.
Entonces, existe un conflicto de intereses que la ley no puede soslayar, a saber, el de la sociedad que favorece la persecución del delincuente y busca que se le sancione, y el del inculpado que, como sujeto procesal, merece disfrutar de las garantías que la propia ley le otorga, sobre todo si se parte del hecho de que tal sujeto no ha sido declarado penalmente responsable de la comisión de ningún ilícito, y mientras ello no suceda, existe la presunción de inocencia en su favor.
Por ello, no debe perderse de vista que la detención de la persona en quien recaen fundadas sospechas de que ha cometido un delito tiene lugar, por lo general, en el procedimiento penal, a partir de la etapa de preinstrucción, con la consignación del detenido ante el Juez, como una medida de necesidad extrema para mantenerlo en prisión preventiva y conseguir la marcha regular del proceso que se le siga.
A ese respecto, el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal previene que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
De este precepto se desprende que la orden de aprehensión es un acto de la autoridad que por sí solo afecta a la persona, ya que tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, una vez ejecutada la orden de aprehensión.
Sobre ese punto, el artículo 16, tercer párrafo, de la propia Constitución, ordena que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad.
A su vez, el artículo 19 de esa legislación suprema previene que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
De esa suerte, tanto la orden de aprehensión como el auto de formal prisión son actos de la autoridad judicial que por sí solos afectan a la persona en contra de quien se pronuncian, ya que esta última resolución tiene como base la orden de aprehensión y ambas tienen por efecto restringir de alguna manera la libertad personal del indiciado con el objeto de sujetarlo a un proceso penal.
Ahora bien, existen delitos que por su impacto en el bien jurídico protegido, y en la sociedad, requieren de un tratamiento que en el artículo 18, primer párrafo, de la Constitución se denomina prisión preventiva. Conforme a este precepto constitucional, sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva.
Esta medida tiene como finalidad preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad, en caso de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
La prisión preventiva es una medida provisional o cautelar, instituida por la Constitución Federal, que va más allá de las medidas de seguridad (como el confinamiento, prohibición de ir a lugar determinado, vigilancia de la autoridad, tratamiento de inimputables, amonestación, etc.), porque con esa actuación se afecta un bien de alta jerarquía humana, como lo es la libertad.
Esta detención precautoria de la persona se justifica, cuando se trata de delitos considerados en la ley como graves, ante la presunción de que la generalidad de las personas que tienen conocimiento de la existencia de una averiguación criminal en su contra, propendan a ocultarse o a huir para que no se les detenga. Por tanto, con el fin de impedir las demoras y posibles contingencias en el curso del proceso, al procesado, presunto responsable, se le restringe provisionalmente de su libertad personal, con carácter preventivo, con motivo del proceso penal y hasta el pronunciamiento del fallo.
Como contrapartida, para evitar al individuo las molestias que trae consigo la prisión preventiva, se ha establecido, en las hipótesis correspondientes, como garantía del inculpado, que inmediatamente que lo solicite debe ser puesto en libertad provisional, si se reúnen las condiciones ya mencionadas.
No está de más expresar que en el último párrafo del artículo 20, apartado A, de la Constitución se precisa que las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX de esa disposición constitucional también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan.
En ese contexto, se puede afirmar que la libertad provisional bajo caución constituye una medida cautelar de orden constitucional y procesal, con la cual el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en sus respectivos casos, conceden eventualmente al imputado, generalmente detenido, la libertad bajo determinadas condiciones, con el aseguramiento de la subordinación de éste a la justicia mediante el otorgamiento de una garantía con valor material, a efecto de que sin perjuicio de que el procedimiento continúe, el inculpado pueda disfrutar de libertad, aunque sujeto a determinadas restricciones, y se encuentre en mejores condiciones para atender a su defensa.
Si bien debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 18 de la Carta Magna sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva, y que entre los fines de ésta se encuentran los de preservar el proceso, garantizar la ejecución de la pena, asegurar la integridad del ofendido y la tranquilidad social; tampoco debe pasarse por alto que cuando el Poder Constituyente estableció la garantía de libertad provisional bajo caución, en el texto original del artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, precisó que se debería otorgar al acusado "inmediatamente que lo solicite ... bajo de fianza hasta de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla".
Este antecedente confirma que la libertad provisional bajo caución a favor del indiciado, en los casos que sea procedente decretarla, constituye un derecho tutelado mediante una garantía individual y un beneficio que la Constitución le reconoce desde que se promulgó.
La regulación de la protección de la garantía de libertad provisional del inculpado, prevista actualmente en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, ha sido motivo de diversas reformas, entre las que destacan:
La reforma publicada el catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, encaminada a equilibrar el derecho individual del inculpado a su libertad provisional y la necesidad de garantizar la seguridad pública, en bien de la víctima y de la sociedad, ya que estableció que para el otorgamiento de ese beneficio debería tomarse en cuenta el delito efectivamente cometido, según resultare de las constancias del procedimiento, no sólo el llamado tipo básico o fundamental; y respecto de la caución, que quedó establecida en múltiplos de salario mínimo, se permitió su incremento cuando lo justificaran las circunstancias del caso; asimismo, se estableció que para determinar su monto cuando se tratase de delitos con ciertas consecuencias patrimoniales, debía tomarse en cuenta las formas de culpabilidad reconocidas por los Códigos Penales y se autorizó que la garantía fuera cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los daños y perjuicios causados, tratándose de delitos intencionales. De esa manera, al fijar la garantía, el juzgador debía de manera equitativa conciliar intereses particulares y sociales.
Por otra parte, de la reforma al artículo 20, fracción I, constitucional, publicada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se puede destacar que estableció que la libertad provisional procede con independencia de la sanción aplicable al delito, a no ser que se trate de los llamados delitos graves que la ley secundaria precisa, en cuyo caso el Juez carece de atribuciones para conceder la excarcelación provisional, así el Juez se limitaba a otorgar o negar la libertad en función de la naturaleza grave o no del delito, sin valorar las características del hecho o del probable infractor para desprender de esa valoración la conveniencia o inconveniencia de liberar al sujeto.
En relación con el monto de la caución, el juzgador sólo tomaría en cuenta el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias y, con la finalidad de favorecer la excarcelación de personas con escasos recursos económicos, en el segundo párrafo de la fracción I se agregó que el monto y la forma de caución "deberán ser asequibles para el inculpado".
Posteriormente, mediante decreto del tres de julio de mil novecientos noventa y seis, el mencionado precepto constitucional se volvió a reformar, para establecer que se otorgará el beneficio de la libertad provisional bajo caución a todo inculpado, siempre y cuando no se trate de delito grave; que en caso de delitos no graves, ese beneficio se restringirá cuando el Ministerio Público así lo solicite en razón de los antecedentes penales del inculpado, si aporta pruebas con el objeto de evidenciar que su libertad representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad; que para fijar la forma y monto de la caución el juzgador deberá tomar en consideración la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, las características del inculpado, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria, que en su caso pueda imponerse al inculpado; y que se podrá m
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18833-0e5fc696/libertad-provisional-bajo-caucion-para-decidir-sobre-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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