CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (ABROGADO). ARTÍCULO 386, FRACCIÓN III. QUANTUM DEL LÍMITE MÍNIMO DE LA MULTA. DEBE TENERSE COMO TAL UN DÍA MULTA. CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (ABROGADO). ARTÍCULO 29. REGLAS QUE CONTIENE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y POR, LA OTRA, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y SEXTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si en este asunto existe o no la contradicción de tesis denunciada.
I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo número 1165/2003, el tres de marzo de dos mil cuatro, promovido por ... sustentó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Sin embargo, por lo que se refiere a la pena pecuniaria, la Sala responsable incurrió en error, que se estima razón suficiente para concederle el amparo al quejoso, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Para justificar la anterior afirmación, es necesario transcribir el artículo 386 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 386.’ (se transcribe). Asimismo, se considera oportuno citar el criterio que es útil para interpretar el numeral antes transcrito, en cuanto a la omisión del legislador de determinar el límite mínimo del parámetro para la sanción pecuniaria por lo que se refiere a su fracción III, el cual se comparte, sustentado en la tesis XX.1o.126 P, visible en la página 1562, Tomo XIX, enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: ‘MULTA. EL MÍNIMO A IMPONER POR EL DELITO DE FRAUDE PREVISTO POR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO DE OTRAS FIGURAS DELICTIVAS DEL MISMO ORDENAMIENTO EN LAS QUE NO SE SEÑALA EXPRESAMENTE SU LÍMITE INFERIOR ES DE UN DÍA.’ (se transcribe). En efecto, la responsable ordenadora al determinar la pena de multa, estableció como límite mínimo de su parámetro de punibilidad, el máximo previsto en la fracción II del artículo 386 del Código Penal en cita (cien veces el salario), y como límite máximo, el previsto en la fracción III del mismo numeral (ciento veinte veces el salario). El tribunal de apelación justificó esa postura con el argumento de que el límite mínimo del parámetro de punibilidad de la fracción III, no puede ser inferior al quantum máximo de la fracción II, porque aquella fracción prevé sanciones para fraudes de mayor cuantía que esta última, considerando en tal virtud que el límite mínimo de la fracción III debe partir del máximo que fijó el legislador para la fracción II (cien días). En otras palabras, el razonamiento que subyace al actuar de la Sala responsable, partió del supuesto de que las palabras ‘... y multa hasta de ...’ que contiene la fracción III del numeral invocado, debían interpretarse en el sentido de que existe una omisión en el mínimo de la sanción de multa que debía ser llenada por el juzgador. Para ello, la responsable ordenadora determinó que el parámetro mínimo debía ser el máximo de la fracción anterior, pues si el fraude sancionado por su cuantía, en la fracción II, merecía una sanción máxima de cien días multa, era ilógico que el fraude de mayor cuantía sancionado en la fracción III, se sancionara tomando como límite un día multa, puesto que en algunos grados de culpabilidad más cercanos a la mínima, se sancionaría en forma más benéfica al delincuente que había cometido un fraude de mayor cuantía. Sin embargo, tal actuación de la Sala responsable es violatoria de las garantías individuales del impetrante del amparo, por tres aspectos: en primer lugar, el Código Penal vigente al cometerse el delito materia de la sentencia estudiada, establece en el párrafo segundo del artículo 29, que: ‘Para los efectos de este código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito ...’. En tal virtud, si en el caso la fracción III del artículo 386 en análisis no contiene el límite mínimo de la sanción económica, ésta debió considerarse de un día de salario, conforme lo prescribe la norma general transcrita, de lo que se demuestra que no existe tal omisión o imprecisión en el ordenamiento jurídico. En segundo término, si bien el artículo 386 en comento precisa en sus dos primeras fracciones los límites mínimos y máximos de la multa a imponer por la comisión del delito de fraude en proporción a su cuantía, la fracción III no señala el quantum mínimo a considerar, pues únicamente establece que la multa será ‘hasta de ciento veinte veces el salario’. Al respecto, debe decirse que si el legislador en la aludida fracción III, no determinó el mínimo de la multa a imponer y sólo se refirió al límite máximo, sería contrario a la garantía de exacta aplicación de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional, que el órgano jurisdiccional construya un parámetro de punibilidad que aquél no consideró, máxime cuando en el código de la materia se establece que el límite inferior del día multa será el que señala el párrafo segundo del artículo 29 antes transcrito. Por último, debe señalarse que en los parámetros de punibilidad para la sanción pecuniaria que el legislador determinó en el artículo 386 del Código Penal en cita, no puede actualizarse la supuesta intención racional del legislador que invoca la Sala responsable en el sentido de que el límite máximo de cada fracción corresponda al mínimo de la fracción siguiente, pues si se comparan los marcos de punibilidad de la multa, en esas fracciones, se pone en evidencia que entre la fracción I y la II no existe esa supuesta correspondencia, dado que la fracción I prevé un parámetro de treinta a ciento ochenta días multa y la fracción II un parámetro de diez a cien veces el salario. En tal virtud, tampoco sería acertado considerar que el legislador en el caso de la fracción III del artículo 386 en comento, no determinó el quantum mínimo de la pena pecuniaria, para que como tal se tuviera el límite máximo de la fracción que le precede; por el contrario, si se permitiera tener como límite mínimo el máximo señalado en la fracción anterior sin que precepto alguno lo autorice, con el argumento de que ‘de lo contrario, se impondría una sanción pecuniaria menor a un fraude cuyo monto es superior a las quinientas veces el salario’, implicaría juzgar por mayoría de razón, o bien, analógicamente, en contravención de la garantía de exacta aplicación que prevé el artículo 14 constitucional. En efecto, el argumento de mayoría de razón (a fortiori), empleado por la responsable ordenadora, se fundamentó en que los motivos que inspiraron determinada disposición legal también se dieron indiscutible y claramente en un supuesto de hecho que el legislador no previó; por tanto, esta forma de argumentación partió de las siguientes condiciones previas: la actualización del supuesto no previsto por el legislador al que se le quiso dar una regulación jurídica; el silencio u omisión del legislador al respecto; existencia de otra hipótesis prevista por el legislador en un artículo determinado; al supuesto de hecho (no previsto) se le dio con mayor razón la solución legal prevista, dado que la finalidad de la norma fue prohibir un estándar de la conducta y el comportamiento no previsto ocasionó efectos mayores que el prohibido. Así, este tribunal deduce que la Sala responsable trató de justificar un silencio del legislador con las palabras ‘... y multa hasta de ...’ y al llenarlas de significado tomó como parámetro mínimo la sanción máxima así determinada por el legislador, de la fracción II, justificando su razonamiento con el hecho de que el fraude de la fracción III, de mayor cuantía, merece al menos como sanción mínima, la máxima prevista en la fracción II, prevista para un fraude de menor cuantía. Consecuentemente, aplicó una pena por mayoría de razón, lo que prohíbe el artículo 14 constitucional y, por ello, no se comparte la postura de la Sala responsable ni la tesis de jurisprudencia J/9, visible en la página 35, agosto de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: ‘FRAUDE. MULTA A IMPONER POR EL DE MAYOR CUANTÍA.’ (se transcribe). ..." (fojas 161 a 167 de la contradicción de tesis 55/2004-PS).
II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el treinta de marzo de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de votos, dictó resolución en el amparo directo número 2495/92, promovido por ... bajo las consideraciones siguientes:
"... la multa de quince días es inferior al mínimo de cien que legalmente le correspondía, pues el mínimo de la fracción III del artículo 386 del Código Penal es el máximo de la fracción II del precepto aludido, además, es claro el desacato de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 29 del Código Penal, pues aplicó el salario mínimo, siendo que el procesado dijo percibir al momento de los hechos cinco millones de pesos mensuales, lo que equivale a ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos diarios; sin embargo, no obstante tan graves errores, como resultaron en beneficio del sentenciado, deben subsistir pues el juicio de amparo no puede perjudicar a quien lo promueve; así, dicho lo anterior, debe concluirse que al no violar garantías el acto reclamado, procede negar al quejoso ... el amparo y protección que solicitó de la Justicia Federal. ..." (foja 243 del cuaderno de contradicción de tesis 55/2004-PS).
En la misma fecha y por unanimidad de votos, ese órgano colegiado dictó resolución en el amparo directo número DP. 373/93, promovido por ... bajo las consideraciones siguientes:
"... la Décima Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, señalada como autoridad responsable, hizo un uso prudente del arbitrio judicial que le confieren los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal y después de tener por acreditada la existencia del delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 386, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, así como la responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, le apreció legalmente una peligrosidad ‘cercana a la mínima’, y que confirmó la apreciada por el Juez ‘entre la mínima y la media más cercana a la primera’, y con base en ello legalmente impuso cuatro años diez meses de prisión, habiendo beneficiado al ahora quejoso al imponer veintiséis días multa, siendo que la fracción III del artículo 386 dispone que se impondrán hasta ciento veinte veces el salario, pero la fracción II, dispone que se impondrán de diez a cien veces el salario, entendiéndose entonces que la multa que debe imponerse de acuerdo con el tercer párrafo es de cien a ciento veces el salario, pues el mínimo de la multa en la fracción II es el máximo de la fracción anterior, con base en la hermenéutica jurídica que debe observarse, además de que es un delito cuyas penas se gradúan en proporción a la cuantía del daño patrimonial causado, por lo que al imponer únicamente veintiséis días multa lo benefició, lo mismo que al señalar ocho mil pesos de salario mínimo, siendo que el acusado dijo percibir entre treinta y cincuenta mil pesos diarios, debiendo haber tomado como base el de treinta mil pesos, por ser lo que más beneficia al acusado, pues de acuerdo con lo ordenado en el párrafo segundo, parte segunda, del artículo 29 del Código Penal, ‘el día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos’. Por lo que en este aspecto debe quedar en sus términos la sentencia reclamada, pues el juicio de amparo no puede perjudicar a quien lo solicita." (foja 277 del cuaderno de contradicción de tesis 55/2004-PS).
El mismo órgano colegiado, por unanimidad de votos, en sesión de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y tres, resolvió el amparo directo penal número 2350/92, promovido por ... y expresó las consideraciones siguientes:
"... la Sala responsable al ocuparse de las (sic) de las penas privativa de libertad y pecuniaria impuestas al aquí quejoso, hizo uso correcto de su arbitrio judicial, porque además de que citó los preceptos legales que en la especie lo regulan, analizó las condiciones personales de aquél y las circunstancias de ejecución del delito de fraude que le imputó la representación social, especificando la manera en que influyeron en su ánimo, asignándole al acusado una peligrosidad superior a la mínima sin llegar a la media, pero más cercana a la primera y aplicó el contenido del artículo 386, fracción III, en relación con el 387, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, por lo que la pena de 3 (tres) años 6 (seis) meses de prisión y la multa impuesta de 15 (quince) días de salario mínimo vigente en la época en que se perpetró el delito, le es benéfica, toda vez que si bien es cierto que la fracción III del artículo primeramente invocado, señala que se impondrá multa hasta de 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario; también lo es que la fracción II del mismo dispositivo, establece que se impondrán de 10 (diez) a 100 (cien) veces el salario, entendiéndose entonces que la multa que debe imponerse de acuerdo con la fracción III, es de 100 (cien) a 120 (ciento veinte) veces el salario, pues el mínimo de la multa en la fracción II, es el máximo de la fracción anterior, con base en la hermenéutica jurídica que debe observarse y, además, porque se trata de un delito cuyas penas se gradúan en proporción a la cuantía del daño patrimonial causado, por lo que al imponerle únicamente al sentenciado 15 (quince) días de multa, lo benefició, empero, como no es dable agravar la situación jurídica del quejoso atendiendo a los principios reguladores del juicio de amparo, dicho aspecto debe quedar intocado. ..." (fojas 228 v. a 229 del cuaderno de contradicción de tesis 55/2004-PS).
Dicho órgano colegiado, el catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de votos, resolvió el amparo directo 573/93, promovido por ... considerando lo siguiente:
"... la multa impuesta de cincuenta y cinco días, favoreció notablemente al inconforme, ya que de la interpretación correcta del artículo 386 en sus fracciones II y III, se desprende que la multa mínima debe ser de cien veces el salario y la máxima hasta ciento veinte veces el salario, ello en atención a que la citada fracción II establece como máxima multa cien veces el salario, cantidad que debe figurar para la siguiente fracción III como la mínima." (foja 260 del cuaderno de contradicción de tesis 55/2004-PS).
El mismo órgano colegiado al resolver por unanimidad de votos, en sesión de quince de junio de mil novecientos noventa y tres, el amparo directo número 2312/92, promovido por ... sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"... la sanción pecuniaria impuesta no es acorde con el grado de peligrosidad del quejoso, ni con el texto de la fracción III del artículo 386 del código sustantivo de la materia, ya que para imponerla debió tomar en cuenta que la mínima es de cien veces el salario mínimo, aun cuando expresamente no se señale en dicha fracción, pues debe entenderse así, al desprenderse de la fracción II del numeral aludido, que la máxima de sanción pecuniaria es la citada cantidad; sin embargo, como dicha sanción lo beneficia y, además, debido a la técnica que rige el juicio de garantías, no es procedente agravar la situación jurídica del quejoso, tal aspecto de la sentencia que se reclama debe quedar intocado, lo anterior sin perjuicio de que en lo sucesivo la Sala señalada como responsable, deberá ajustar sus resoluciones a las disposiciones legales del caso concreto, para que ello redunde en una adecuada administración de justicia. Tiene aplicación en la especie, la tesis sustentada por este propio tribunal, al resolver el amparo número 373/93, promovido por ... criterio que a la letra dice: ‘FRAUDE, MULTA A IMPONER POR EL DE MAYOR CUANTÍA.’ (se transcribe)." (foja 209 de la contradicción de tesis 55/2004-PS).
Las resoluciones anteriormente referidas, dieron origen a la siguiente jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 68, agosto de 1993
"Tesis: I.3o.P. J/9
"Página: 35
"FRAUDE. MULTA A IMPONER POR EL DE MAYOR CUANTÍA. El artículo 386 del Código Penal para el Distrito Federal establece en tres fracciones las sanciones de prisión y multa que deben imponerse por el delito de fraude, en proporción al daño patrimonial causado, precisando los límites mínimos y máximos, en cuanto a la multa en las dos primeras fracciones; sin embargo, es omiso en la fracción III al no señalar el mínimo que debe observarse, pues únicamente establece que será hasta 120 veces el salario, por lo que con base en la hermenéutica jurídica, debe calcularse la multa mínima a imponer, partiendo del máximo señalado en la fracción anterior, que es hasta 100 veces de salario, o sea que los límites de la fracción III aludida deben ser de 100 a 120 veces el salario, para los efectos de la multa que procede imponer, siendo antijurídico sostener que el mínimo sea de tres días multa, en atención a que tal fracción sanciona el fraude de mayor cuantía."
III. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil uno, el amparo directo número DP. 5656/2000, promovido por ... se apoyó en las siguientes consideraciones:
"... este tribunal observa que se hizo correcto uso del arbitrio judicial concedido por los artículos 51 y 52 del Código Penal, toda vez que el Tercer Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito, señalado como autoridad responsable, justipreció las circunstancias exteriores de ejecución del delito y las peculiares de ... al considerar que era de cuarenta y dos años de edad, divorciado, cirujano dentista, con lo que percibía cinco mil pesos mensuales, con instrucción profesional, que no cuenta con antecedentes penales; todo lo cual llevó a la responsable a confirmar el grado de culpabilidad del encausado como mínima y de acuerdo a ésta, le impuso la pena de tres años de prisión, sin embargo, en lo referente a la multa lo benefició, pues tomando en cuenta que la fracción III del artículo en cita es omisa respecto al mínimo que debía observarse, toda vez que sólo señala el máximo de ciento veinte veces el salario, resulta necesario calcularse la mínima a imponer, partiendo del máximo señalado en la fracción anterior que era hasta cien veces el salario, esto es, que los límites de la aludida fracción II, debían ser de cien a ciento veinte el aludido salario y tomando en cuenta que el grado de culpabilidad apreciado es mínimo, debió imponerse cien días multa, ahora bien, al no existir inconformidad al respecto por parte del Ministerio Público, la responsable debió hacer notar tal circunstancia la que se señala para casos futuros. ..." (foja 422 del cuaderno de contradicción de tesis 55/2004-PS).
El mismo órgano colegiado al resolver por unanimidad de votos, en sesión de quince de mayo de dos mil uno, el amparo directo número DP. 5456/2000, promovido por ... sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"... en relación con la multa impuesta consistente en treinta días multa a razón de treinta pesos con veinte centavos que dijo percibir el quejoso, resulta incorrecto el criterio de la responsable al tomar como mínima un día de prisión, pues si bien es cierto la fracción III del artículo 386 solamente establece la máxima de ciento veinte veces el salario mínimo vigente en la época del evento y no fija el mínimo de dicha sanción, por lógica jurídica debe tenerse como éste el máximo de la misma prevista en la fracción segunda de tal precepto, que es el de cien veces el salario mínimo; sin embargo, no se puede modificar tal circunstancia que le beneficia al quejoso para no violar en este caso garantías individuales y solamente se menciona para casos futuros. ..." (fojas 396 v. a 397 de la contradicción de tesis 55/2004-PS).
IV. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve, el amparo directo número DP. 967/88, promovido por ... sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"... por lo que respecta al delito fraude (sic), la multa impuesta y las jornadas de trabajo que como sustitutiva de la misma fijó al ahora quejoso en número de cincuenta, si bien no es acorde con el grado de peligrosidad estimado en el ahora quejoso, tampoco le causa violación a sus garantías individuales, en principio, porque al tomarse en cuenta para esos efectos un salario inferior al que legalmente le correspondía, la cuantía de la misma resultó en beneficio del ahora quejoso en el aspecto económico, pero además y fundamentalmente porque dicha cuantía es inferior al mínimo que implícitamente se establece en el artículo 386 del Código Penal Federal el cual establece en la fracción III, multa hasta de ciento veinte veces el salario mínimo, y aun cuando en la misma fracción no se fija un mínimo de sanción pecuniaria, tomando en consideración que el fraude es un delito cuyas penas se gradúan en proporción a la cuantía del daño causado, en el caso de la fracción III del mencionado precepto, el mínimo que debe considerarse para efectos de sanción pecuniaria es el máximo señalado en la fracción II, que es de cien veces el salario mínimo vigente en la fecha de comisión del ilícito, y en la misma proporción, debe imponerse la sustitutiva de esta sanción que son las jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, y en la misma proporción debe graduarse la sustitutiva, por lo que en tales condiciones las cincuenta veces el salario mínimo que se fijó como sanción pecuniaria y las jornadas de trabajo impuestas como sustitutiva, son notoriamente inferiores a los que legalmente le correspondían al quejoso de acuerdo con el grado de peligrosidad considerado en él como ligeramente superior a la mínima, con lo que resultó beneficiado. ..." (fojas 490 v. a 491 de la contradicción de tesis 55/2004-PS).
V. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de once de noviembre de dos mil tres, el amparo directo número 456/2003, promovido por ... sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"... Por cuanto hace a la multa impuesta a la sentenciada no obstante que la quejosa no expuso inconformidad alguna al respecto, este Primer Tribunal Colegiado, en suplencia de queja, conforme lo dispone la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, advierte que la sanción pecuniaria impuesta consistente en tres días de multa, no es acorde con el grado de culpabilidad determinado como mínimo a la quejosa, ni con el texto del artículo 164 del Código Penal del Estado, ya que para imponerla la responsable debió tomar en cuenta que al no contener el numeral en cita límite mínimo de la sanción económica relativa a la multa, debió aplicar como tal el establecido en el precepto 21 del propio ordenamiento legal en mención, consistente en un día de salario, pues debe entenderse así al desprenderse del numeral aludido, que sólo establece que se impondrá multa ‘hasta de setenta y cinco días de salario’, es decir, que sólo señala el tope máximo de dicha sanción y omite precisar el mínimo. En efecto, el artículo 164 del Código Penal del Estado, al especificar la sanción a imponer para el delito de difamación, expresamente señala: ‘Artículo 164.’ (se transcribe). Ahora bien, como el numeral en estudio (al igual que otros de ese mismo ordenamiento legal) no determina el mínimo de la multa a imponer, refiriéndose exclusivamente a la máxima, debe llenarse tal laguna jurídica atendiendo a lo más benéfico para el sentenciado, que en el caso sería a partir de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Penal del Estado que establece que el día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado, de lo que se puede colegir, que en el caso, la multa mínima a imponer corresponde a un día. Así, se considera que si el Juez natural estimó a la quejosa con un grado de culpabilidad mínimo y le impuso como sanción el importe de tres días multa, determinación que fue confirmada por la Sala responsable, es incuestionable que tal proceder resulta violatorio de las garantías individuales que en su favor consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lo correcto debió ser imponerle un día multa como sanción. ..." (fojas 571 y 572 de la contradicción de tesis 55/2004-PS).
QUINTO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Efectuada la anterior precisión, debe establecerse si los criterios, cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita y para ello es necesario hacer las siguientes precisiones:
I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para resolver el amparo directo número 1165/2003, promovido por ... tomó en cuenta los siguientes antecedentes:
A) ... defensor particular de ... el agente del Ministerio Público, y ... representante legal de la coadyuvancia, recurrieron en apelación la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil dos, por el Juez Trigésimo Segundo Penal del Distrito Federal, en la causa 195/2000.
B) En los autos del toca 320/2003 respectivo, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictó sentencia el veintitrés de abril de dos mil tres, en la que modificó la resolución anterior, en el sentido de reducir el número de jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad, de ciento diez días que había fijado el Juez, a cincuenta y cinco; y modificar el monto de la reparación del daño en relación con los ofendidos.
C) Inconforme contra esa sentencia ... defensor particular de ... promovió amparo directo.
En la resolución en análisis, el mencionado Tribunal Colegiado se apoyó en las siguientes consideraciones:
A) Que si la fracción III del artículo 386 del Código Penal para el Distrito Federal no contiene el límite mínimo de la sanción económica, debe considerarse de un día de salario, conforme lo dispone el artículo 29 del mismo ordenamiento, lo que demuestra que no existe tal omisión o imprecisión en el ordenamiento jurídico.
B) Que si bien el artículo 386 en comento, precisa en sus dos primeras fracciones los límites mínimos y máximos de la multa a imponer por la comisión del delito de fraude en proporción a su cuantía, y la fracción III no se señala el quantum mínimo a considerar, refiriéndose sólo el límite máximo, sería contrario a la garantía de exacta aplicación de la ley, consagrada en el artículo 14 constitucional, que el órgano jurisdiccional construya un parámetro de punibilidad que el legislador no consideró, máxime cuando en el código de la materia se establec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18705-e4237d92/codigo-penal-para-el-distrito-federal-abrogado-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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