AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY Y PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE SI ANTES DE SU DENUNCIA UNO DE ELLOS SE APARTA DE SU CRITERIO Y ADECUA SU POSTURA A LA DEL OTRO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, resolvió el amparo en revisión 372/2004, promovido por ... en contra de la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, en el amparo indirecto número 784/2004, el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, que sobreseyó en el juicio de garantías respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la resolución que niega la libertad del procesado al no haberse desvanecido plenamente los datos que sirvieron de base para pronunciar en su contra el auto de formal prisión, dentro de la causa penal 43/2004, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio.
Dicho órgano colegiado con fecha dos de marzo de dos mil cinco, dictó sentencia en la que, en relación al tema materia de contradicción, esencialmente sostuvo:
"Consta en autos que ... promovió demanda de garantías, en donde señaló como acto reclamado la resolución dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, dentro del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en la que se negó decretar la libertad a favor del procesado, al no haberse desvanecido plenamente los datos que sirvieron de base para pronunciar en su contra el auto de formal prisión respectivo, como probable responsable del delito de homicidio cometido en agravio de ... derivado de la causa penal 43/2004, ya que el quejoso estimó que se transgredieron las garantías contenidas en los preceptos constitucionales 14 y 16. En efecto, contrario a lo argumentado por el Juez Federal, la causal prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que contempla el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, no se actualiza en la especie, de acuerdo con las siguientes razones: en la precitada hipótesis se establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, con excepción de aquellos casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como los actos que afecten la libertad personal por disposición jurisprudencial, como se expuso en la sentencia impugnada, supuestos últimos contra los cuales, a contrario sensu, procede el juicio de amparo de manera directa; por otra parte, el numeral 107, fracción XII (antes 107, fracción IX), de la Constitución Federal, dispone que las violaciones a las garantías contenidas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 constitucionales, se reclamarán ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito, o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que lleguen a pronunciarse. Ahora bien, en primer orden debe dilucidarse si la resolución que negó la libertad por desvanecimiento de datos al impetrante, es o no un acto conculcador de su libertad, es decir, si constituye un caso de excepción al principio de definitividad antes comentado; al respecto, este Tribunal Colegiado estima que dicha resolución sí se encuentra vinculada con la garantía de la libertad personal del acusado, porque precisamente a través de la interlocutoria aludida, se sigue sosteniendo el problema de comprobación del cuerpo del delito de que se trata, así como de los datos que hacen probable la responsabilidad penal del recurrente en su comisión, situación que hace continuar los efectos restrictivos de la libertad personal que derivan del auto de formal prisión decretado en su contra, por lo que de ningún modo puede atribuirse a tal negativa un mero carácter procesal como lo indica el Juez Federal, pues no debe perderse de vista que la materia esencial del amparo, no lo es el instrumento protector (incidente), sino el bien jurídico que se tutela con aquél, esto es, la libertad personal, misma que se ve afectada con la resolución negativa reclamada, puesto que de proceder ese medio de defensa, la consecuencia principal es dejar sin validez alguna el auto de bien preso, concediéndose en su caso, la inmediata soltura del reo, derecho que se encuentra resguardado en los artículos 16, 19 y 20 de la Carta Magna; máxime que de los términos en que se encuentra redactado el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Federal aludido con antelación, que también protege al gobernado de las precitadas violaciones, se advierte que dicho supuesto normativo no establece un catálogo limitativo de las mismas, por lo que no es factible sostener que únicamente cuando se reclama una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, la negativa de la libertad provisional bajo caución, como lo señala en forma restringida el Juez de amparo, sea prescindible en relación con esas hipótesis que previamente al amparo, se acuda al recurso de apelación; de lo que se colige, que la negativa a decretar la libertad por desvanecimiento de datos, cuyos efectos hacen persistir la restricción de la libertad del acusado, sí se sitúa en el caso de excepción al principio de definitividad en los términos ya señalados, lo que hace innecesario que el accionante interponga el medio de defensa respectivo; circunstancia que interpretada en sentido contrario, le permite a aquél instar directamente la protección de la Justicia Federal. Criterio el anterior que adquiere mayor firmeza, dado que parte de los diversos argumentos sostenidos en ese sentido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como puede verse en la tesis consultable en la página cinco mil doscientos sesenta y seis, Tomo LXI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ‘LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA AUN CUANDO ANTES NO SE HAYA HECHO VALER RECURSO ORDINARIO.’ (se transcribe), en la diversa tesis que aparece publicada en la página ochenta y cinco, Tomo CVI, de la época y compilación citados con antelación, que dice: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS (PROCEDENCIA DEL AMPARO).’ (se transcribe), así como en la tesis localizada en la página mil cuatrocientos cinco, Tomo L, de la época y Semanario previamente citados, del tenor literal siguiente: ‘AMPARO PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES EN QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 CONSTITUCIONALES, AUN CUANDO NO SE HAYAN AGOTADO LOS RECURSOS QUE LA LEY CONCEDE.’ (se transcribe); lo que significa a su vez, que no se comparten las tesis que invocó el Juez Federal, provenientes de otros tribunales de similar categoría, lo que conlleva a que deba denunciarse la contradicción que se suscita entre los aludidos criterios y la postura de quienes esto resuelven, de conformidad con lo que establece el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Congruente con lo anterior, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia de sobreseimiento impugnada, y enseguida entrar al fondo del asunto jurídico planteado, analizando los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías ... ."
El criterio sostenido en la ejecutoria que antecede originó la tesis aislada cuyos datos de identificación, texto y precedentes son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, abril de 2005
"Tesis: VII.2o.P.37 P
"Página: 1413
"INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE ATENDER EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Tomando en consideración que a virtud de la resolución que niega la libertad por desvanecimiento de datos, continúan los efectos restrictivos de la libertad personal derivados del auto de formal prisión decretado, es evidente que dicha resolución afecta ese bien jurídico, ya que el procesado continuará privado de su libertad como consecuencia de esa negativa, derecho que se encuentra resguardado en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, así como por el diverso numeral 107, fracción XII, del propio ordenamiento legal, el cual establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos atentatorios de aquellos artículos, sin establecer un catálogo limitativo para tal efecto; de ahí que resulte innecesario hacer uso del recurso ordinario establecido por la ley para que proceda el juicio de garantías.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 372/2004. 2 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Arellano Pita. Secretaria: Eyra del Carmen Zúñiga Ahuet."
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 188/87, en sesión celebrada el siete de julio de mil novecientos ochenta y siete, promovido por ... en contra de la sentencia dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 256/87, el catorce de mayo de mil novecientos ochenta y siete, mediante la cual sobreseyó en el juicio de garantías; en relación con la improcedencia del juicio de amparo indirecto respecto de la resolución que declara infundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, sostuvo:
"En efecto, debe decirse que el Juez de amparo, debidamente no entró al estudio de los conceptos de violación que planteaban en la demanda de garantías, ni resolvió el fondo del asunto, pues tal como lo hizo notar, de oficio examinó las causales de improcedencia, por ser éstas una cuestión de orden público, como lo ha sostenido nuestro Máximo Tribunal, en la tesis jurisprudencial número 158, visible a foja 262 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Parte, Común al Pleno y a las Salas de los años de 1917 a 1985, que dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe), toda vez que el acto reclamado es la sentencia interlocutoria dictada el catorce de abril del presente año, en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos deducido de la causa penal 233/86 que les instruye la responsable por el ilícito de disparo de arma de fuego, resolución de la que la ley, les concede el recurso de apelación como lo dispone el artículo 549 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el que tiene por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo cual, los peticionarios de garantías debieron agotarlo antes de ocurrir al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que lo rige; lo anterior, en virtud de que en este caso no opera el principio de que no es necesario que previamente se acuda al recurso de apelación, antes de promover la instancia constitucional, puesto que el acto no limita en su libertad a los gobernados, ya que la prisión preventiva a que están sujetos deriva del auto de formal prisión en el que se les tuvo como presuntos responsables del delito antes mencionado y no de la sentencia interlocutoria que se reclama, luego entonces, tal como lo consideró dicho Juez, el juicio de garantías, hecho valer por los amparistas resulta improcedente, por surgir en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que impone a los quejosos la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa dentro del procedimiento, antes de promover la instancia constitucional y si no lo hacen así, se incumple con el principio de definitividad que rige el acto, toda vez que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que establece la ley que rige el acto reclamado para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente, debiendo sobreseer el juicio de garantías, con apoyo en la fracción III del numeral 74 de la ley de la materia. Insisten en señalar que las tesis que invocó el Juez a quo, no se apegan al caso concreto, porque son contrarias a lo que disponen los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, sino que debió de citar las que mencionan en sus agravios; a ello debe decirse que en la especie, sí se aplican las tesis que señaló el Juez en su resolución, ya que si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 43, Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que refieren los quejosos, establece que cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 de la Carta Magna, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación; sin embargo, ésta no es aplicable, ni mucho menos lo dispuesto por los artículos 17 y 37 de la Ley de Amparo, porque el multirreferido acto, no restringe directamente la libertad de los gobernados, ni importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el precepto 22 constitucional y ni queda comprendido dentro de las garantías que consagran los indicados numerales 16, en materia penal, 19 y 20 de nuestra Máxima Ley, lo que sí sucedería en los casos de orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que les niegue el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, contemplados en esas garantías y en los que no opera el principio de definitividad que establece el artículo 107, fracción XII constitucional, sin que en esa salvedad esté comprendida la sentencia interlocutoria que se dicte en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, porque, se repite, no restringe la libertad de los procesados, sino que ésta les fue limitada como consecuencia inmediata de la prisión preventiva a que están sujetos; a más de que, la resolución que declaró improcedente tal incidente, sólo tiene el carácter procesal y no constitucional, por lo que no se puede conculcar en forma alguna en su perjuicio las indicadas garantías y por ello debieron agotar el recurso ordinario de apelación antes de intentar el amparo; este criterio encuentra apoyo en los precedentes que han sustentado los Tribunales Colegiados del Cuarto y Noveno Circuitos, y que son: ‘DESVANECIMIENTO DE DATOS, LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE, NO CAMBIA LA SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’ (se transcribe), Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Amparo en revisión 327/77. Sergio Antonio Flores González. 30 de septiembre de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro, página 83, Séptima Época, Volúmenes 103-108; ‘DESVANECIMIENTO DE DATOS, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE INFUNDADO EL INCIDENTE DE, SI EN SU CONTRA PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN.’ (se transcribe), Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Amparo en revisión 28/79. Félix Salazar Rivera. 22 de febrero de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Chan Vargas. Séptima Época. Volúmenes 103-108, Séptima Parte, página 82; ‘DESVANECIMIENTO DE DATOS, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE.’ (se transcribe), Informe de Tribunales Colegiados de Circuito de 1985, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Parte. Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. Recurso de revisión 5/84. Amadeo Benavides Cortinas. 11 de enero de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González."
Dicho criterio fue sustentado también en los amparos en revisión 232/90, 475/90, 118/94 y 178/94, este último resuelto por analogía, derivando de los mismos la tesis jurisprudencial que es del tenor literal siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 79, julio de 1994
"Tesis: I.2o.P. J/55
"Página: 33
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE INFUNDADO EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, SI EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN. Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 64, Novena Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, establece que cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 de la Carta Magna, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación, sin embargo, ésta no es aplicable, en tratándose de la interlocutoria dictada en el incidente de desvanecimiento de datos, ni mucho menos lo dispuesto por los artículos 17 y 37 de la Ley de Amparo, porque esa resolución, no restringe directamente la libertad de los gobernados, ni importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el precepto 22 constitucional y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los indicados numerales 16, en materia penal, 19 y 20 de nuestra máxima ley, lo que sí sucedería en los casos de orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que les niegue el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, contemplados en tales garantías y en los que no opera el principio de definitividad, que establece el artículo 107, fracción XII constitucional, sin que en esa salvedad esté comprendida la sentencia interlocutoria que se dicte en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, porque, se repite, no restringe la libertad de los procesados, sino que ésta les fue limitada como consecuencia inmediata de la prisión preventiva a que están sujetos, a más de que, la resolución que declaró improcedente tal incidente, sólo tiene carácter procesal y no constitucional, por lo tanto no se conculcan en forma alguna en su perjuicio las indicadas garantías y por ello debe agotarse el recurso ordinario de apelación antes de intentar el amparo.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 188/87. Edmundo Peláez Muñiz y otros. 7 de julio de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretaria: Martha García Gutiérrez.
"Amparo en revisión 232/90. Aída Granados Peláez. 15 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: Juvenal Hernández Rivera.
"Amparo en revisión 475/90. Reyes Pacheco Pozos. 16 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretaria: Martha García Gutiérrez.
"Amparo en revisión 118/94. Alfonso Herrera García. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: Enrique Escobar Ángeles.
"Amparo en revisión 178/94. Jorge José Giannetto Fernández y otro. 28 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: Juvenal Hernández Rivera."
SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, en sesión celebrada el cinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, resolvió el amparo en revisión 349/94, promovido por ... en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1303/94, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, que sobreseyó en el juicio, por considerarlo improcedente respecto de la resolución que declara infundado un incidente de libertad por desvanecimiento de datos; en dicho fallo, en la parte que interesa se sostuvo:
"En efecto, tal y como lo determinó el a quo, si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 64, Novena Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, establece que cuando se trata las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 de la Carta Magna, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación; si embargo, ésta no es aplicable, en tratándose de la interlocutoria dictada en el incidente de desvanecimiento de datos, ni mucho menos lo dispuesto por los artículos 17 y 37 de la Ley de Amparo, porque esa resolución, no restringe directamente la libertad de los gobernados, ni importa peligro de la vida, ataques a la libertad fuera del procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el precepto 22 constitucional y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los indicados numerales 16, en materia penal, 19 y 20 de nuestra Máxima Ley, lo que sí sucedería en los casos de orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que niegue el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, contemplados en tales garantías y en los que no opera el principio de definitividad, que establece el artículo 107, fracción XII, constitucional, sin que en esa salvedad esté comprendida la sentencia interlocutoria que se dicte en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, porque, se repite, no restringe la libertad de los procesados, sino que ésta les fue limitada como consecuencia inmediata de la prisión preventiva a que están sujetos, a más de que, la resolución que declaró improcedente tal incidente, sólo tiene carácter procesal y no constitucional, por tanto no se conculcan en forma alguna en su perjuicio las indicadas garantías y, por ello debe agotar el recurso ordinario de apelación antes de intentar el amparo."
Del criterio asentado con anterioridad deriva la tesis que es del tenor literal siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XV-1, febrero de 1995
"Tesis: XVII.2o.26 P
"Página: 356
"INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA INTENTAR EL AMPARO DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada bajo el número 64, en la página 99 de la IX Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que establece que cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, (en materia penal), 19 y 20 de la Carta Magna, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación, debe entenderse que es aplicable en casos como lo son la orden de aprehensión, auto de formal prisión y proveído en el que se niegue el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, que están comprendidos en esas garantías, mas no lo es en tratándose de la interlocutoria dictada en el incidente de desvanecimiento de datos, dado que dicha resolución no restringe directamente la libertad de los gobernados, sino que ésta les fue limitada como consecuencia inmediata de la prisión preventiva a que están sujetos, ni importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el precepto 22 constitucional, y tampoco queda comprendida dentro de las garantías constitucionales inicialmente señaladas, a más de que sólo tiene carácter procesal y no constitucional, por lo tanto no se conculcan en forma alguna ni en perjuicio de persona alguna las indicadas garantías y por ello, debe agotarse el recurso ordinario de apelación antes de intentar el amparo.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 349/94. Miguel Medrano Cabrera. 5 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretaria: Olga Cano Moya."
SÉPTIMO. El Primer Tribunal Colegiado (actualmente en Materia Penal) del Segundo Circuito, resolvió los amparos en revisión 11/91 y 43/2005, en relación con la improcedencia del juicio de amparo indirecto respecto de la resolución que declara infundado el incidente de desvanecimiento de datos.
En efecto, al resolver el amparo en revisión 11/91, en sesión celebrada el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, promovido por Juan Dorantes García, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 1034/89, por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, mediante la cual sobreseyó en el juicio de garantías respecto a la resolución que niega la libertad por desvanecimiento de datos; en la parte que interesa sostuvo:
"La sentencia del Juez de Distrito se apegó a derecho, en el considerando único determinó que las responsables dijeron ser cierto el acto reclamado, pues el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, se negó al inconforme la libertad por desvanecimiento de datos, y al no existir constancia, dentro del expediente de amparo, de que se interpusiera apelación, se actualizó la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo y, por tanto, sobreseyó el juicio invocando el criterio consultable a foja 282, Tercera Parte, Informe de 1975, de la voz: ‘LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, AUTO DENEGATORIO DE LA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ÉL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO.’. Ahora bien, es cierto que el principio de definitividad en el juicio de garantías en materia penal, tiene excepciones consignadas legal y jurisprudencialmente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de orden de aprehensión, auto de formal prisión o resolución que niega la libertad bajo fianza, no existe la necesidad de agotar previamente ningún recurso ordinario, porque aquellos autos pueden ser violatorios de los artículos 16, 19 y 20 constitucionales; empero, en el presente caso, como acertadamente consideró la Juez a quo, el acto combatido no se encuentra comprendido dentro de las excepciones, al tratarse de una resolución dictada en incidente de desvanecimiento de datos, porque no conculca directamente las garantías en comento; además, esa interlocutoria no es un acto restrictivo de la libertad, toda vez que ésta fue afectada desde el auto de formal prisión. Es decir, el incidente de libertad tiene el carácter de actuación procesal y no es una determinación constitucional que atente directamente contra las garantías individuales; por ende, está sujeta a la regla general de la definitividad, conforme a la cual deben agotarse los recursos ordinarios previamente a la interposición del amparo. Luego, se actualizó la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XIII y se sobreseyó el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, sin que se violaran garantías en perjuicio del recurrente. Sirve de apoyo, entre otros, el criterio del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito emitido al resolver el amparo en revisión número 715/75, consultable a foja 46, Volumen 83, Séptima Época, Colegiados, de la voz: ‘LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, AUTO DENEGATORIO DE LA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ÉL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO.’ (se transcribe)."
Del criterio asentado con anterioridad deriva la tesis que es del tenor literal siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, mayo de 1991
"Tesis: II.1o.65 P
"Página: 316
"LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, INCIDENTE DE. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN. La resolución dictada en un incidente de desvanecimiento de datos, no se encuentra comprendida en las excepciones al principio de definitividad, porque no conculca directamente garantías individuales. Además, esa interlocutoria no es un acto restrictivo de libertad, que ya fue afectada desde la formal prisión. Por ende, rige la regla general de la definitividad, conforme a la cual deben agotarse los recursos ordinarios previamente a la promoción del amparo.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 11/91. Juan Dorantes García. 31 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: Blanca Isabel González Medrano."
OCTAVO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 372/2004, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 188/87, 232/90, 475/90, 118/94 y 178/94; con el Primer Tribunal Colegiado (actualmente en Materia Penal) del Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión 11/91 y 43/2005; y con el actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 249/1994; cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto del criterio que debe prevalecer, debe darse, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
Para el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19066-59feda5b/amparo-indirecto-procede-en-contra-de-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- SENTENCIA PENAL. EL JUEZ PUEDE VALORAR PRUEBAS NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE CONCLUSIONES MINISTERIALES. (s/clave)
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