FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO EL TESTIGO DECLARA FALSAMENTE AL RESPONDER A PREGUNTAS PROPUESTAS POR EL DEFENSOR DEL INCULPADO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO EL TESTIGO DECLARA FALSAMENTE AL RESPONDER A PREGUNTAS PROPUESTAS POR LAS PARTES, AUNQUE SE TRATE DE PROCESOS CIVILES Y MERCANTILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 87/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a esta denuncia de contradicción de criterios, son las que a continuación se precisan.
1. La fundamentación respectiva emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en síntesis es la siguiente:
Al resolver el amparo en revisión 1436/2001, el catorce de noviembre de dos mil uno, argumentó:
a) En el considerando quinto advirtió que contrario a lo que sostuvo el Juez de amparo, sobre la orden de aprehensión reclamada, sí violaba garantías, en la parte que tuvo por acreditado la existencia de los elementos del cuerpo del delito de falsedad en declaraciones judiciales previsto en el artículo 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en mil novecientos noventa y nueve.
b) Por otra parte, apreció de la diligencia de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que los quejosos no fueron examinados como testigos por la autoridad judicial, sino por la defensa del inculpado, y en virtud de que el tipo penal de falsedad de declaraciones judiciales exigía como requisito para su integración que el testigo fuera examinado precisamente por la autoridad judicial, ya que la fracción II del artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal señalaba textualmente: "Al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar ...", es por lo que estimó que no se acreditaron en su totalidad los elementos del delito de que se trata.
Con base en esas consideraciones el citado tribunal emitió la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
"Fuente: Apéndice 2002
"Tomo: II, Penal, P.R. TCC
"Tesis: 131
"Página: 223
"FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, CASO EN QUE NO SE INTEGRA EL DELITO DE, PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE HASTA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL). La fracción II del artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal, exige como requisito indispensable, entre otros, para la integración del delito de falsedad en declaraciones judiciales, que el testigo o perito sea examinado precisamente por la autoridad judicial, esto es, por un Juez, por lo que no se integra el delito en comento cuando el testigo realiza manifestaciones en respuesta a preguntas que le son hechas por la defensa en el proceso, en virtud de que en este caso no es examinado o interrogado por la autoridad judicial, por la circunstancia de que las preguntas no fueron formuladas por ésta sino por una de las partes en el proceso y, por lo mismo, no se acredita la totalidad de los elementos del delito, porque no se surte la hipótesis de que el activo en calidad de testigo o perito hubiera sido examinado por autoridad judicial.
"Amparo en revisión 1436/2001. 14 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz."
2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la ejecutoria que a continuación se reseña formuló el siguiente criterio:
En la resolución de diez de marzo de dos mil cinco, pronunciada en el juicio de amparo en revisión 78/2005, sostuvo lo siguiente:
En el considerando sexto estimó que los agravios expresados por el recurrente eran infundados; ya que contrariamente a lo argumentado por éste, la orden de aprehensión sí estaba debidamente fundada y motivada.
El citado Tribunal Colegiado de mérito señaló que el artículo 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente hasta dos mil, era casi similar al numeral 254, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, que tipifica el injusto de falsedad en declaraciones judiciales, en la medida que en ambos se establece que incurrirá en el delito, quien falte a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, cuando sea examinado por la autoridad judicial, aunque el quejoso compareció como testigo en un juicio mercantil, para ser examinado conforme a preguntas y repreguntas de las partes.
A pesar de ello, el Tribunal Colegiado de referencia precisó que no compartía el criterio de la tesis reproducida con anterioridad, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en tanto que el director de todo proceso es el Juez, y la cita para que comparezca un testigo es para que rinda atestado ante él, de manera que aun cuando la pregunta la haga o la redacte alguna de las partes, responde y da testimonio al Juez, lo cual tiene como premisa la calificación de legal que hace el Juez a la pregunta, pues al calificarla así la autoridad judicial la hace suya, como si el propio personal judicial la formulara, y si el interrogado miente, ello configura el tipo penal, y se da el supuesto de que el agente del delito sea "examinado por la autoridad judicial".
Concluyó que el delito de falsedad puede tipificarse cuando el testigo comparece ante la autoridad judicial, y expone un hecho falso, con independencia de que haya sido una de las partes la que propuso o redactó la pregunta, dado que, como ya se dijo, en este supuesto el Juez la hace suya, al calificarla de legal; además de que al formularla al interesado, es el Juez quien lo examina.
De esa ejecutoria derivó la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: VI.2o.P.69 P
"Página: 1463
"FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES. SE INTEGRA AUN CUANDO EL TESTIGO FALTE A LA VERDAD AL RESPONDER LA PREGUNTA FORMULADA POR UNA DE LAS PARTES (ARTÍCULO 254, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA). Para interpretar la expresión contenida en el tipo penal descrito en la disposición antes citada, relativa ‘Al que, examinado por la autoridad judicial’, hay que tener presente que el director de todo proceso es el Juez, y la cita para que comparezca un testigo, es para que rinda atestado ante él, de manera que aun cuando la pregunta surja o se redacte por alguna de las partes, como consecuencia de la oportunidad procesal que la ley da a los actores del asunto para que puedan ejercer su facultad de defensa, es el caso que responden y dan testimonio al Juez, a quien rinden prueba de un hecho, pero ello tiene como premisa la calificación que de legal hace el Juez a una pregunta, cuando surge de alguna de las partes, de modo que al hacer ese ejercicio, y ser favorable a la interrogante, la autoridad judicial la hace suya, a grado tal que es el propio personal judicial quien formula la pregunta, y por lo mismo, si el interrogado miente, ello guarda congruencia con la mencionada expresión contenida en el tipo penal, no sólo porque la autoridad judicial hace suya la pregunta de una de las partes, cuando la califica de legal, sino también porque es ella misma la que por sí o a través del secretario formula o hace la pregunta, lo que se traduce, propiamente, en examinarlo.
"Amparo en revisión 78/2005. 10 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretaria: Liliana Alejandrina Martínez Muñoz."
CUARTO. Para constatar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente.
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De esta jurisprudencia se advierte medularmente que para la configuración de una contradicción de tesis, se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas, y adopten posturas divergentes; 2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y, 3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes; lo que implica que deben partir del análisis esencial de semejantes supuestos.
QUINTO. En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados, que condicionan una contradicción de tesis, y para demostrarlo es menester examinar a continuación el contenido de los artículos 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en mil novecientos noventa y nueve, y 254, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en relación con la parte conducente de las ejecutorias de las que derivaron los criterios en conflicto.
Estas disposiciones, respectivamente, dicen lo siguiente:
"Artículo 247. Además de la pena de prisión, se impondrá multa de cien a trescientos días multa:
"...
"II. Al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trate de averiguar, o aspectos, cantidades, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o de dictamen, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de orden técnico o científico que importen para que la autoridad pronuncie resolución sobre materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan. La sanción podrá ser hasta quince años de prisión para el testigo o perito falsos que fueren examinados en un procedimiento penal, cuando al reo se le imponga una pena de más de veinte años de prisión, por haber dado fuerza probatoria al testimonio o peritaje falsos; ..."
"Artículo 254. Se impondrán de dos meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario:
"...
"II. Al que, examinado por la autoridad judicial como testigo, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente su existencia o la de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad; ..."
Para que se actualice la hipótesis del tipo que señala el primero de los artículos antes transcritos (247), es menester que un testigo o un perito sea examinado por una autoridad judicial, y realice manifestaciones que no correspondan a la verdad, relacionadas con los hechos que se traten de esclarecer, o maliciosamente omita expresar algún dato que pueda servir de prueba.
Igualmente, para que se configure la hipótesis del tipo que señala el segundo de los artículos mencionados (254), es menester que un testigo sea examinado por una autoridad judicial, y haga manifestaciones relacionadas con los hechos que se traten de esclarecer, que no correspondan a la verdad, o maliciosamente niega u omite expresar algún dato necesario para ese fin.
Como se aprecia, dichas disposiciones legales contienen un similar tipo penal, es decir, sancionan básicamente la misma conducta, y del examen de las ejecutorias involucradas en esta contradicción de tesis se observa que los Tribunales Colegiados contendientes, en los respectivos casos que resolvieron, se apoyaron en esas disposiciones legales que, se reitera, en la parte que interesa son coincidentes entre sí, y sustentaron posturas divergentes.
Ciertamente, de la ejecutoria pronunciada el catorce de noviembre de dos mil uno por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo en revisión 1436/2001, se desprenden los siguientes datos:
1. El Juez Vigésimo Cuarto Penal del Distrito Federal dictó una orden de aprehensión el treinta de noviembre de dos mil, en contra de varias personas que consideró responsables del delito de falsedad en declaraciones judiciales, previsto en el artículo 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal.
El referido Juez estimó que procedía librar la orden de aprehensión, porque al ser examinados por una autoridad judicial, como testigos, faltaron a la verdad sobre el hecho que se trataba de averiguar, ya que el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve comparecieron ante el Juez Cuadragésimo de Paz Penal en el Distrito Federal, para el desahogo de una audiencia en un proceso penal, en el cual dieron respuestas falsas a unas preguntas de la defensa, que previamente fueron calificadas de legales.
2. En contra de esa determinación los inculpados promovieron juicio de amparo, y al resolverlo el Juez de Distrito negó el amparo solicitado, pues consideró acreditado que los quejosos al ser examinados por una autoridad judicial como testigos faltaron a la verdad sobre el hecho que se trataba de averiguar, al responder falsamente a las preguntas que les formuló la defensa, "previa calificación de legales".
3. Los quejosos interpusieron recurso de revisión, y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo, conforme a las siguientes consideraciones.
En la parte que aquí interesa examinar, en el considerando quinto de la ejecutoria de catorce de noviembre de dos mil uno, el tribunal advirtió que contrario a lo que sostuvo el a quo, la orden de aprehensión reclamada sí violaba garantías, en cuanto se tuvo por acreditada la existencia de los elementos del cuerpo del delito de falsedad en declaraciones judiciales previsto en el artículo 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en mil novecientos noventa y nueve.
Apreció de la diligencia de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que los quejosos no fueron examinados como testigos por la autoridad judicial, sino por la defensa del procesado en la causa penal, y en virtud de que el tipo penal de falsedad de declaraciones judiciales exigía como requisito para su integración que el testigo o perito fuera examinado precisamente por la autoridad judicial, ya que la fracción II del artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal señalaba textualmente: "Al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar ...", es por lo que estimó que no se acreditaron en su totalidad los elementos del delito de que se trata.
Con base en esas consideraciones el citado tribunal emitió la tesis reproducida en el considerando tercero de esta ejecutoria página 6, del siguiente rubro:
"FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, CASO EN QUE NO SE INTEGRA EL DELITO DE, PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE HASTA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL)."
En lo que respecta a la postura del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de la sentencia que pronunció el diez de marzo de dos mil cinco, al resolver el juicio de amparo en revisión 78/2005, se desprenden los siguientes datos:
1. El Juez de Defensa Social con residencia en Huejotzingo, Puebla, pronunció una orden de aprehensión el veintidós de noviembre de dos mil cuatro, por la comisión del delito de falsedad de declaraciones judiciales, previsto en el artículo 254, fracción II, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla.
2. En contra de esa orden de captura el inculpado promovió juicio de garantías, y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Puebla negó el amparo solicitado.
Consideró que estaba acreditado que el promovente faltó a la verdad al ser examinado por un Juez Civil con el carácter de testigo propuesto por la parte demandada de un juicio ejecutivo mercantil.
3. El quejoso interpuso recurso de revisión, y en la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de diez de marzo de dos mil cinco, confirmó la negativa del amparo.
En el considerando sexto estimó que el artículo 254, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, que tipifica el injusto de falsedad en declaraciones judiciales, era casi similar al artículo 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente hasta dos mil, en el que se basó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para emitir su tesis de rubro: "FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES, CASO EN QUE NO SE INTEGRA EL DELITO DE, PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE HASTA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL)."
Precisó que en ambos preceptos se establece que incurrirá en ese delito, quien falte a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, cuando sea examinado por la autoridad judicial.
También precisó que aunque en el caso que examinó, el quejoso compareció como testigo en un juicio mercantil, para ser examinado conforme a preguntas y repreguntas de las partes, el Tribunal Colegiado de referencia puntualizó que no compartía el criterio de la tesis reproducida con anterioridad, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
La esencia de sus razonamientos en los que sustentó su discrepancia con ese criterio, radicó en que el director de todo proceso es el Juez, y la cita para que comparezca un testigo es para que rinda atestado ante él, de manera que aun cuando la pregunta la haga o la redacte alguna de las partes, responde y da testimonio al Juez, lo cual tiene como premisa la calificación de legal que hace el Juez a la pregunta, pues al calificarla así la autoridad judicial la hace suya, como si el propio personal judicial la formulara, y si el interrogado miente, ello configura el tipo penal, y se da el supuesto de que el agente del delito sea "examinado por la autoridad judicial".
Concluyó que el delito de falsedad puede tipificarse cuando el testigo comparece ante la autoridad judicial, y expone un hecho falso, con independencia de que haya sido una de las partes la que propuso o redactó la pregunta, dado que, como ya se dijo, en este supuesto el Juez la hace suya, al calificarla de legal; además de que al formularla al interesado, es el Juez quien lo examina.
De esa ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, derivó la tesis transcrita en el considerando tercero de esta ejecutoria página 9, del siguiente rubro:
"FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES. SE INTEGRA AUN CUANDO EL TESTIGO FALTE A LA VERDAD AL RESPONDER LA PREGUNTA FORMULADA POR UNA DE LAS PARTES (ARTÍCULO 254, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA)."
Según se observa, tal y como se anticipó al principio de este considerando, en este asunto sí se satisfacen los tres supuestos que condicionan la contradicción de tesis:
1. En primer término existe una disparidad de criterios de los tribunales, producto del análisis esencial de iguales cuestiones jurídicas.
Así, ambos tribunales realizaron el examen de dos preceptos legales de contenido similar, que tipifican el delito de falsedad en declaraciones judiciales.
Ambos tribunales también abordaron los casos en los que el inculpado al que se le atribuyó ese delito compareció a declarar con el carácter de testigo, en un procedimiento seguido ante una autoridad jurisdiccional (uno de materia penal y el otro de materia mercantil).
Igualmente ponderaron el aspecto de que en ambos casos no fue el Juez quien directamente examinó al testigo, sino que en el proceso penal fue el defensor del inculpado quien formuló las preguntas al testigo, que previamente fueron calificadas de legales; y en el juicio ejecutivo mercantil se examinó al testigo conforme a preguntas y repreguntas de las partes.
A pesar de ello los tribunales arribaron a conclusiones opuestas, pues el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que no se comete el delito de falsedad en declaraciones judiciales cuando el testigo a quien se le atribuye no es examinado por la autoridad judicial, sino por la defensa del inculpado; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito estimó que sí se comete ese delito cuando el testigo miente, aunque sea examinado conforme a preguntas y repreguntas de las partes del juicio.
2. La diferencia de criterios se presentó en los capítulos considerativos de las sentencias que cada tribunal dictó; y,
3. Los distintos criterios provinieron del examen de los elementos coincidentes ya indicados, entre ellos los artículos 254, fracción II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, y 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en mil novecientos noventa y nueve, que tipifican el delito de falsedad en declaraciones judiciales.
No se opone a la afirmación de que en este caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, el hecho de que el texto del artículo 247, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, desapareció con motivo de la expedición del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de esta capital, de dieciséis de julio de dos mil dos, vigente a los ciento veinte días de su publicación, ya que la figura típica que contemplaba se reprodujo en lo esencial en los artículos 311 y 312 de este nuevo código, que enseguida se transcriben.
"Artículo 311. Quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta, será sancionado con pena de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.
"Si la falsedad en declaración se refiere a las circunstancias o accidentes de los hechos que motivan la intervención de la autoridad, la pena será de uno a tres años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa."
(Reformado primer párrafo, G.O. 4 de junio de 2004)
"Artículo 312. A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal, ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el primer párrafo del artículo 311, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión si el delito materia de la averiguación previa o del proceso no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de cinco a diez años de prisión.
"La pena de prisión se aumentará en una mitad para el testigo falso que fuere examinado en un procedimiento penal, cuando su testimonio se rinda para producir convicción sobre la responsabilidad del inculpado, por un delito no grave. Si se trata de delito grave, la pena de prisión se aumentará en un tanto."
Si conforme a estas normas, para que se configure la conducta delictiva que contemplan, basta con que una persona declare ante una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, y falte a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de la autoridad, o bien que en un procedimiento penal declare falsamente en calidad de testigo con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente; entonces cabe afirmar que en estas figuras típicas encaja la esencia de la hipótesis de aquel artículo 247, consistente en que un testigo sea examinado por una autoridad judicial, y realice manifestaciones que no correspondan a la verdad, relacionadas con los hechos que se traten de esclarecer.
Además, en el artículo cuarto transitorio del decreto del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal se estableció que, a partir de la entrada en vigor de este decreto, para el caso en que este código contemple una descripción legal de una conducta delictiva que en el anterior Código Penal del Distrito Federal se contemplaba como delito, y por virtud de las presentes reformas se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:
I. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte;
II. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el Juez o el tribunal, respectivamente, podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades; y,
III. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.
En ese orden de ideas, el tema de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si se configura o no el delito de falsedad en declaraciones judiciales, cuando en un proceso judicial el testigo declare falsamente sobre los hechos que se traten de esclarecer, al responder a preguntas propuestas por las partes del juicio.
SEXTO. Deben prevalecer con carácter de jurisprudencia, los criterios de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se establecen.
En atención a que el tema de la presente contradicción de tesis consiste en establecer si se configura o no el delito de falsedad en declaraciones judiciales, cuando en un proceso judicial el testigo declare falsamente sobre los hechos que se traten de esclarecer, al responder a preguntas propuestas por las partes del juicio; es menester en primer lugar abordar algunos aspectos de la función jurisdiccional, así como precisar la naturaleza y los fines de los procesos jurisdiccionales más característicos: el proceso penal y el proceso civil.
En el artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Federal, se prohíbe a las personas hacerse justicia por sí mismas, así como a ejercer violencia para reclamar sus derechos; y en el segundo párrafo de esta norma constitucional, se reconoce el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.
La primera parte de esta disposición constitucional tiene como finalidad evitar la venganza privada. Esta prohibición de la autodefensa requiere de una ordenación que salvaguarde, al mismo tiempo, el interés de los particulares y el interés público en el mantenimiento del Estado de derecho, y para que las personas puedan recibir de los tribunales el servicio público de la administración de justicia, el Estado se encarga de designar a los Jueces, les confiere la facultad de decidir litigios, es decir, los faculta para juzgar, y éstos deben realizar esa labor con sujeción a los plazos y términos que fijen las leyes. El sitio donde el Juez administra justicia se llama genéricamente tribunal.
En cuanto al concepto de jurisdicción debe decirse que se integra con la actividad y la potestad del juzgador, a través de las que administra justicia con la aplicación de la norma jurídica al caso concreto debatido.
La jurisdicción es la facultad del Juez de juzgar o decidir una situación jurídica controvertida, sometida a su potestad por los interesados que pretenden se les diga el derecho, y se les imparta justicia en los términos del artículo 17 de la Constitución General de la República.
Ahora bien, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la propia Constitución, ninguna persona puede ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
El tercer párrafo de este precepto se refiere a los juicios del orden criminal, y prohíbe que en ellos se imponga, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
Al derecho penal se le considera que pertenece al derecho público, ya que la relación jurídica criminal, entre el Estado y el acusado, interesa a toda la sociedad.
La comisión del delito establece una relación entre el Estado y el presunto delincuente. El Estado para mantener el orden y restaurar el derecho violado persigue al responsable mediante el proceso penal, en aras de lograr la imposición de la pena que corresponda.
En principio el ius puniendi pertenece a la sociedad, pues nadie desconoce que en la comisión de delitos que trastornan el orden público, la sociedad es la principalmente afectada, y que tiene derecho a prevenir y reprimir aquellos actos que son lesivos para su existencia y conservación.
De ahí que en el proceso penal, con independencia de la promoción de las partes, el órgano jurisdiccional está facultado para ordenar el d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19324-54b65c19/falsedad-en-declaraciones-judiciales-se-configura-ese-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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