PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, REFORMADOS Y ADICIONADOS POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2004, SON NORMAS DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 424/2004. AUTOMÓVILES AVENIDA, S.A DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios expresados por la persona moral recurrente son, en parte inoperantes e infundados en otra, y sustancialmente fundados en los restantes, en virtud de las siguientes consideraciones.
En efecto, de la demanda de garantías promovida por la persona moral aquí recurrente se desprende que reclamó ante el Juez de Distrito la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, particularmente los artículos 19, 86 y 87, e impugnó esa reforma como ley autoaplicativa, porque a su criterio:
"... La violación al artículo 17 constitucional es evidente en virtud de que en el artículo 86 del decreto impugnado, de reformas y adiciones a la LFPC (sic), transgrede la garantía de la justicia pronta y expedita, pues obliga a mi mandante a incluir una cláusula en los contratos de adhesión que celebre con los consumidores o clientes, relacionados con su actividad comercial, ya sea por la venta de vehículos nuevos o usados, o por la reparación y mantenimiento de los mismos, de sometimiento forzoso y expreso a la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, para resolver en un procedimiento administrativo ante ésta cualquier controversia que se derive de dichos contratos, sin que sea opcional para mi mandante o por consentimiento de éste o de las partes, el sujetarse a esa jurisdicción.
"Por tanto, si en los términos de lo dispuesto por dicho precepto (86) y por el artículo 87 del mismo decreto, se obliga a mi mandante a incluir en los contratos de adhesión que deba registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ya sean obligatorios o voluntarios, pues el citado precepto impugnado no distingue, esa cláusula de sometimiento forzoso a la competencia de esa autoridad administrativa para resolver cualquier controversia que se derive de los mismos, so pena de que no surtan efectos en contra del consumidor (87), es indudable que el obligarlo de esa forma, sin que sea opcional para mi mandante o por consentimiento de éste o de las partes, el sujetarse a esa jurisdicción, sin duda que viola el artículo 17 constitucional.
"...
"VI. En tal virtud, el citado artículo 19 del decreto impugnado, viola la libertad de comercio del artículo 5o. constitucional, dado que le concede a la Secretaría de Economía, la atribución de legislar, mediante "normas oficiales mexicanas y normas mexicanas", respecto de diversas cuestiones que limitan y hacen nugatoria esta garantía constitucional, como son (fr. V) los requisitos que deban cumplir los sistemas de comercialización de bienes y (VII) los términos y condiciones a que deben ajustarse los contratos de adhesión que requieran de inscripción, entre los cuales se encuentra mi mandante, pues obliga a que en los contratos de adhesión que requieran registrarse, ya sean obligatorios o voluntarios, porque la ley no distingue, ante la Procuraduría del Consumidor (85), se incluya una cláusula de sometimiento de mi mandante a la competencia de esa Procuraduría Federal del Consumidor, para resolver cualquier controversia derivada de dichos contratos (86), so pena de que no surtan efectos en contra del consumidor (87), y por ende estos preceptos también vulneran en perjuicio de mi mandante, la garantía de la libertad de comercio y contractual establecida en el artículo 5o. constitucional."
"VII. Y más grave aún, es la inconstitucionalidad del referido artículo 19, pues de ninguna manera, el Congreso de la Unión puede otorgarle a una autoridad administrativa (Secretaría de Economía) facultades para reglamentar una ley, así sea bajo la figura de "normas oficiales mexicanas", y mucho menos darle atribuciones para imponer limitaciones a la garantía del artículo 5o. constitucional, al establecer en su último párrafo que dicha Secretaría de Economía, en los casos en que se requiera, emitirá criterios y lineamientos para la interpretación de las normas a que se refiere este precepto, contraviniendo el Pacto Federal y la división de poderes que ordena el artículo 49 de la Carta Suprema; el principio de la división de poderes de este precepto (49) no admite más excepciones, salvo los casos en que el presidente de la República es dotado de facultades extraordinarias para legislar en la suspensión de garantías, en términos del artículo 29 de la Constitución, o por la autorización que le dé el Congreso de la Unión para regular el comercio exterior, en términos del artículo 131, párrafo segundo de la misma.
"VIII. Por lo tanto (sic), es inconstitucional el artículo 19 impugnado, pues el Congreso de la Unión otorga a la Secretaría de Economía la facultad de legislar mediante "normas oficiales", respecto de los requisitos que deban cumplir los sistemas de comercialización de bienes (fr. V), y los términos y condiciones de los contratos de adhesión que deban inscribirse ante la Procuraduría del Consumidor (fr. VII), ya que dota a esa secretaría de atribuciones para imponer limitaciones a la garantía de la libertad de comercio del artículo 5o. constitucional, y máxime que la faculta para que, en los casos en que se requiera, emita criterios para la interpretación de las normas a que se refiere el precepto impugnado, en violación al principio de la división de poderes del artículo 49 de la Constitución, y viola en perjuicio de la quejosa las garantías de igualdad, de legalidad y seguridad jurídica, y de acceso a la justicia, consagradas en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución de la República."
Ahora bien, el Juez Federal, de forma previa al desechamiento de la demanda de amparo de la hoy parte recurrente, hizo la distinción de qué debía entenderse por ley heteroaplicativa y qué por autoaplicativa, luego de precisar la diferencia entre una y otra ley, sostuvo que en la especie el problema de inconstitucionalidad planteado por la parte quejosa respecto de los diversos numerales de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la legislación de referencia resultaba heteroaplicativa, por ende, estimó que la sola vigencia de los preceptos legales de la misma no causaban ningún perjuicio en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, ya que aun cuando en los mismos se señalan obligaciones, por su sola entrada en vigor, "no los obliga", ya que no es sino hasta que la Procuraduría del Consumidor determine cuáles serán los contratos de adhesión sujetos a registro previo; ante ello estimó que en el caso, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo.
Bajo ese contexto, resultan inoperantes los argumentos formulados por la recurrente, en los que refiere que sin fundamento y de forma dogmática el a quo concluyó que: "expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI, del artículo 73, de la Ley de Amparo, que obliga a desechar la presente demanda, conforme a lo establecido en el numeral 145 de la ley de la materia", asimismo, que en apoyo a lo anterior citó los criterios identificados con los siguientes rubros: "DEMANDA DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS EMANADOS DE DIVERSOS JUICIOS, NO DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.", para finalmente concluir que "en ese orden de ideas, queda claro que para que puedan ser aplicadas las disposiciones antes referidas, relativas a la inscripción de los contratos de adhesión que celebra la quejosa con los consumidores, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, es necesario que surja un acto de aplicación a partir de dicha reforma que se tilda de inconstitucional, pues la sola entrada en vigor de la ley no afecta su esfera jurídica."
Lo anteriormente descrito es inoperante, toda vez que como ya se vio en el considerando tercero de la presente ejecutoria, dichos argumentos no fueron objeto de pronunciamiento por el a quo al momento de desechar la demanda de garantías instada por la persona moral recurrente, como tampoco se aprecia que en apoyo a las consideraciones sustentadas en la resolución impugnada, se hubieran citado los criterios cuyos rubros refiere la inconforme, de ahí que este órgano de control constitucional tampoco puede hacer pronunciamiento alguno en relación con ellos, toda vez que, tratándose de agravios formulados para impugnar las consideraciones de la resolución recurrida, éstos deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en aquélla, por lo que, forzosamente deberán contener, aparte de las citas de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su respectivos conceptos, también deberá existir concordancia entre éstas con aquéllas, pues adoptar lo contrario, implicaría introducir nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, pues atendiendo a la naturaleza jurídica de dicho recurso, ésta únicamente se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidades que planteen los inconformes; lo anterior, desde luego, sin pasar por alto que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no exige determinado formalismo para plantear los agravios al interponer el recurso respectivo, sin embargo, esta circunstancia, no releva al inconforme de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la determinación recurrida, de ahí que los anteriores motivos de inconformidades devengan inoperantes por tratarse de afirmaciones dogmáticas.
Cobra aplicación por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia número P./J. 69/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR."
Por otra parte, previo al análisis de los restantes motivos de inconformidad, es importante destacar que, tratándose del juicio de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: El relativo a leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas.
Para considerar una ley autoaplicativa, deben reunirse las siguientes condiciones:
a) Que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé a hacer o dejar de hacer; y,
b) Que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad.
Como contrapartida, es heteroaplicativa una ley cuando es necesario un acto de aplicación que se funde en preceptos de la ley de que se trata y que cause un perjuicio o agravio jurídico al quejoso.
La anterior distinción adquiere relevancia dado que de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesita un acto posterior de aplicación para que origine tal perjuicio.
De acuerdo con lo anterior, cuando en la demanda de amparo se impugne una ley por considerar que desde su entrada en vigor afecta al particular, y el Juez al analizar la legislación impugnada advierte que para que la misma cause perjuicio al particular, se necesita un acto posterior de aplicación, es decir, una condición para que se actualicen los supuestos de la norma; entonces, no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito, con la sola lectura de la demanda, emita auto desechatorio de la misma, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de plano de la demanda procede cuando la causa de improcedencia del juicio es manifiesta e indudable y se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito relativo.
En esa medida, es infundado lo alegado en el sentido de que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley, se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluso los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, porque se iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en casos de desechamientos de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna.
Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia XVI.2o. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que este órgano de control constitucional comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 438, cuyo rubro y texto establecen: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna."
Establecida la premisa anterior, en el caso concreto, nos encontramos ante los dos supuestos comentados, a la luz de la lectura del decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, que entró en vigor a los noventa días siguientes, en la parte relativa al artículo 19 tildado de inconstitucional.
Ello es así, pues contrario a lo sostenido por la recurrente, el artículo 19 del decreto en mención, tiene naturaleza heteroaplicativa, como bien lo consideró el juzgador de amparo, pues de su lectura se advierte que por sí solo no causa perjuicio a la promovente del amparo, ya que para ello es necesario un acto posterior de autoridad para que trascienda en su esfera jurídica.
Para ello, es importante describir lo que literalmente prevé dicha disposición:
"Artículo 19. La secretaría determinará la política de protección al consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país.
"Dicha secretaría está facultada para expedir norma oficiales mexicanas y normas mexicanas respecto de:
"I. Productos que deban expresar los elementos, sustancias o ingredientes de que estén elaborados o integrados así como sus propiedades, características, fecha de caducidad, contenido neto y peso o masa drenados, y demás datos relevantes en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario y conservación;
"II. La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envases o empaques, así como lo relativo a distribución y manejo de gas L.P.;
"III. La forma y términos en que deberá incorporarse la información obligatoria correspondiente en los productos a que se refieren las fracciones anteriores;
"IV. Los requisitos de información a que se someterán las garantías de los productos y servicios, salvo que estén sujetos a la inspección o vigilancia de otra dependencia de la administración pública federal, en cuyo caso ésta ejercerá la presente atribución;
"V. Los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas de comercialización de bienes;
"VI. Los productos que deberán observar requisitos especiales para ostentar el precio de venta al público de los productos, cualesquiera que éstos sean, en sus envases, empaques o envolturas o mediante letreros colocados en el lugar donde se encuentren para su expendio, donde se anuncien u ofrezcan al público, así como la forma en que deberán ostentarse;
"VII. Los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de contratos de adhesión que requieran de inscripción en los términos de esta ley;
"VIII. Características de productos, procesos, métodos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios que requieran ser normalizados de conformidad con otras disposiciones; y
"IX. Los demás que establezcan esta ley y otros ordenamientos.
"La secretaría, en los casos en que se requiera, emitirá criterios y lineamientos para la interpretación de las normas a que se refiere este precepto."
Como se ve, el artículo tildado de inconstitucional dispone que la Secretaría de Economía determinará la política de protección al consumidor a fin de favorecer sus intereses y derechos; que para tal fin, adoptará las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país, a través de la expedición de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, respecto de las áreas mencionadas en sus respectivas fracciones; por tanto, es claro que para que la reforma indicada pueda causar afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa ahora recurrente, y, en su caso, la obligue, es necesario que exista un acto posterior de aplicación, esto es, que en uso de la facultad conferida a la Secretaría de Economía expida normas oficiales mexicanas, o bien, normas mexicanas en donde establezca la política de protección al consumidor respecto de la naturaleza de las actividades a que se dedica la sociedad quejosa o de los servicios que presta, y será hasta entonces en que pueda determinarse si la norma cuestionada le causa algún agravio, pues por su sola entrada en vigor es claro que no le produce ninguna afectación a sus intereses.
En esa tesitura, también es infundado el motivo de agravio tendente a demostrar que el artículo 19 del decreto antes indicado, tiene naturaleza autoaplicativa.
Por su parte, contrario a lo que el a quo sostuvo en el auto impugnado, los artículos 86 y 87 del decreto por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, son de índole autoaplicativa, pues de la sola lectura de tales disposiciones se desprende que, por sí solas, causan un perjuicio al promovente, y no requieren un acto posterior de autoridad para que trascienda a la afectación de su esfera jurídica; por tanto, es sustancialmente fundada la inconformidad enderezada a que, en el caso concreto, no se surte una causa notoria e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo.
En efecto, los artículos a que se hizo referencia, establecen determinadas obligaciones, entre otras, a quienes suscriban contrato de adhesión de prestación de servicios, relativas a lo siguiente:
"Artículo 86. La secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.
"Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio.
"Los contratos de adhesión sujetos a registro deberá contener una cláusula en la que se determine que la procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la procuraduría."
"Artículo 87. En caso de que los contratos de adhesión requieran de registro previo ante la procuraduría, los proveedores deberán presentarlos ante la misma antes de su utilización y ésta se limitará a verificar que los modelos se ajusten a lo que disponga la norma correspondiente y a las disposiciones de esta ley, y emitirá su resolución dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de registro. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido la resolución correspondiente, los modelos se entenderán aprobados y será obligación de la procuraduría registrarlos, quedando en su caso como prueba de inscripción la solicitud de registro. Para la modificación de las obligaciones o condiciones de los contratos que requieran de registro previo será indispensable solicitar la modificación del registro ante la Procuraduría, la cual se tramitará en los términos antes señalados.
"Los contratos que deban registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y no se registren, así como aquéllos cuyo registro sea negado por la procuraduría, no producirán efectos contra el consumidor."
Del artículo 86 antes transcrito, se desprende que a los contratos de adhesión sujetos a registro previo deberá incluírseles una cláusula en la que se determine la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la vía administrativa, para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de esos contratos y deberá señalarse el número de registro otorgado por la procuraduría.
Por su parte, el artículo 87 señala el procedimiento para aprobar los contratos de adhesión que deban registrarse conforme a la ley, así como que éstos y las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, que no se registren, no producirán efectos contra el consumidor.
Aquí es importante señalar que, conforme con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Secretaría de Economía, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la procuraduría cuando impliquen o bien puedan involucrar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.
Ahora, en el caso que nos ocupa, la promovente de la acción constitucional se dedica a la comercialización y distribución de vehículos automotores, nuevos o usados, a través de la compraventa al público, además de que, presta el servicio de talleres para el mantenimiento y reparación de esos vehículos, para lo cual, como lo sostiene la parte recurrente, existen normas oficiales mexicanas que regulan las actividades antes descritas.
Esto es, en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-122-SCFI-1997, prácticas comerciales-requisitos de información en la compraventa y consignación de vehículos usados; que entró en vigor sesenta días naturales después de su publicación, a excepción del inciso 4.3., exclusivamente por lo que se refiere a la obligación de los proveedores de registrar sus contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual entró en vigor noventa días después de su publicación.
Del contenido de la norma oficial mexicana indicada, se advierte que establece los requisitos de información comercial que deben cubrir todas las personas físicas o morales dedicadas a la compraventa y/o a la prestación del servicio de consignación de vehículos usados; además de que, en su inciso 4.2., relativo a elementos informativos dispone:
"4.2. De los contratos de adhesión para la compraventa. Los contratos de adhesión que utilicen los proveedores ante los consumidores en territorio nacional deben estar escritos en idioma español y ser legibles a simple vista, sin perjuicio de que también puedan estar escritos en otro idioma. Asimismo, deben estar registrados ante la Profeco y contener, cuando menos ..."
Asimismo, en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de enero de dos mil uno, se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCFI-2000, prácticas comerciales-requisitos de información para la prestación de servicios de reparación y/o mantenimiento de vehículos; que entró en vigor sesenta días naturales después de su publicación, y que canceló a la norma oficial mexicana NOM-068-SCFI-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Del contenido de la norma oficial indicada, se advierte que establece los requisitos de información comercial y de contenido en los contratos de adhesión que deben cumplir los prestadores de servicios de reparación y/o mantenimiento de vehículos, a fin de que, los consumidores cuenten con información clara y suficiente para tomar la decisión más adecuada a sus necesidades; además, en su inciso 7.1., relativo a la orden de servicio y/o contrato de adhesión dispone:
"7.1. Toda operación comercial relacionada con la prestación de servicios de reparación y/o mantenimiento de vehículos debe hacerse constar en una orden de servicio y/o contrato de adhesión, el cual para su validez debe:
"7.1.1 Registrarse en la Procuraduría."
Por último, en el Diario Oficial de la Federación de veinte de octubre de dos mil tres, se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2003, prácticas comerciales-elementos normativos para la comercialización de vehículos nuevos; que entró en vigor sesenta días naturales después de su publicación.
Del contenido de la anterior norma, se advierte que establece los elementos normativos que los proveedores deben cumplir en la comercialización de vehículos nuevos dentro de la República mexicana, a fin de que los consumidores decidan la adquisición que más convenga a sus intereses; al mismo tiempo, en sus incisos 5.1. y 5.2., relativos al contrato de adhesión disponen:
"5.1. La comercialización al consumidor de los vehículos nuevos debe formalizarse a través de un contrato de adhesión.
"5.2 El modelo de contrato de adhesión debe estar registrado ante la procuraduría."
Como se observa del contenido de las normas oficiales reseñadas, para la comercialización de autos nuevos o usados, así como para la prestación de servicios de reparación o mantenimiento de vehículos, se requiere la celebración de un contrato de adhesión -en tratándose de los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos, también puede hacerse a través de una orden de servicio-; contrato que debe estar registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor; es decir, se trata de contratos de adhesión sujetos a registro previo, como lo establece el primer párrafo del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; por tanto, como las normas oficiales de referencia fueron emitidas antes del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley mencionada, es claro que la empresa moral quejosa se encuentra en obligación de acatarla y regular su actuación a través de las mismas.
De ahí que se pueda afirmar que los artículos 86 y 87 del ordenamiento invocado tildados de inconstitucionales establecen obligaciones de hacer, mismas que fueron precisadas en párrafos precedentes relativas a los contratos de adhesión de registro previo; luego, si como en el caso, la solicitante de la protección constitucional se encuentra inmersa dentro de las hipótesis que establecen las normas oficiales mexicanas aludidas, debido a su actividad comercial, no es necesario que exista un acto posterior de autoridad para que los preceptos cuestionados puedan causar perjuicio al interés de la quejosa; ya que basta con que la actividad del gobernado se encuentre regulada a través de las normas oficiales mexicanas que establecen la elaboración de un contrato de adhesión que debe ser registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor para que la ley le afecte en su esfera jurídica por su sola entrada en vigor, como en el caso que nos ocupa, en que la ahora recurrente es una empresa automotriz que se dedica a la comercialización y distribución de vehículos automotores, nuevos o usados, a través de la compraventa al público, además, presta el servicio de talleres para el mantenimiento y reparación de esos vehículos.
Luego, contrario a lo sostenido por el Juez Federal, no se requiere que la parte quejosa celebre previamente los contratos de adhesión con part
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18840-e16cba11/proteccion-al-consumidor-los-articulos-86-y-87 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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