TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE. EL ARTÍCULO 15-B DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE DEBERÁ CALCULARSE EL TRIBUTO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).
AMPARO EN REVISIÓN 484/98. SERVICIOS DEDICADOS DE TRANSPORTACIÓN, S.A. DE C.V. Y OTRA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Antes de entrar al análisis de los agravios hechos valer, es menester hacer las siguientes precisiones:
El Juez de Distrito resolvió en lo que es materia de la revisión, básicamente, por las siguientes consideraciones:
a) Sobreseyó con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en los decretos promulgatorios de la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales en diversos artículos, respecto a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicados en los años de mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos noventa y cinco. Lo anterior, en virtud de que la quejosa Servicios Dedicados de Transportación, S.A. de C.V., sólo demostró el pago del impuesto de la tenencia reclamada, correspondiente a los años de mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete, y por lo que hace a la diversa empresa quejosa Comercializadora Internacional de Carga, S.A. de C.V., sólo acreditó el pago de dicho impuesto de los años de mil novecientos noventa y dos a mil novecientos noventa y siete; por lo que al no acreditarse el acto de aplicación, en perjuicio de las quejosas, con fundamento en los referidos decretos, y como no se puede desvincular el estudio de estos últimos de los actos que conciernen a su aplicación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
b) Que las pruebas ofrecidas por las quejosas, consistentes en facturas de diversos vehículos y el contrato de arrendamiento de equipo de transporte, no acreditan el primer acto de aplicación de las leyes reclamadas, pues las mismas sólo son aptas para demostrar la propiedad de aquéllos y la celebración del acuerdo de voluntades, pero no para demostrar el primer acto de aplicación de dichas leyes, lo cual es indispensable tomando en cuenta que se combaten en su carácter de heteroaplicativas.
c) Que el artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, tal y como estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, no es violatorio del principio de legalidad, pues éste queda satisfecho cuando en la norma se dan las bases generales para la cuantificación del tributo, y aun cuando del análisis del precepto aludido no se advierte que el legislador haya establecido la tarifa exacta que debe cubrirse por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, de ello no se sigue su inconstitucionalidad, ni que su determinación se haya dejado al arbitrio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
d) Que la base del tributo se encuentra plenamente señalada por el legislador (precio total del vehículo), el cual debe ser calculado conforme a los lineamientos generales establecidos por el propio legislador, pues si bien remite a la información que sobre el precio promedio de enajenación proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cual se deben adicionar otros impuestos, como el de adquisición o importación y el relativo al valor agregado, ello no implica una incertidumbre para el contribuyente ni margen de arbitrariedad de las autoridades exactoras, porque los impuestos derivados de estos dos últimos están determinados en leyes expedidas por el Congreso de la Unión.
e) Que el legislador no dejó al arbitrio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la determinación del precio promedio de los vehículos, sino que estableció en forma clara y precisa el procedimiento al cual aquélla debía sujetarse para realizar la determinación del precio promedio de los vehículos, por lo que no existe violación al principio de legalidad tributaria.
f) Que no acreditaron tener vehículos de más de treinta y cinco toneladas de peso bruto, por lo que su argumento a ese respecto es inatendible.
g) Que al adquirir un automóvil, la cantidad que en forma global paga el contribuyente incluye las contribuciones correspondientes a la enajenación, cantidad que en total es indicativa de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, razón por la cual el valor total del vehículo para efectos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos incluye también dicha contribución, sin que ello implique que este último sea desproporcional.
h) Que la mecánica que se sigue para determinar el impuesto impugnado, sí atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues toma en cuenta los efectos que la inflación ha producido sobre los costos de los vehículos y, consiguientemente, sobre la capacidad contributiva que los mismos revelan respecto de sus propietarios o poseedores, lo que de ninguna manera resulta desproporcional.
i) Que la ley impugnada no es violatoria del principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues no se puede hablar de inequidad por el hecho de que un sujeto esté obligado al pago de un impuesto y otro no, cuando ambos se encuentran en situaciones jurídicas diferentes, pues ha de tenerse presente que están obligados al pago de impuestos todos los sujetos que se encuentren dentro de las hipótesis de causación establecidas en la ley, de manera que si determinada persona se ubica en un supuesto de causación de un impuesto, es indudable que se encuentra obligada a su pago, independientemente del objeto que persiga al ubicarse en dicha hipótesis; por el contrario, si un sujeto no se ubica en el supuesto jurídico correspondiente, es indudable que no se ubica en dicha hipótesis, de manera que no tendrá obligación de pagar el impuesto respectivo.
j) Considera el Juez de amparo que es infundado el argumento de la quejosa al pretender equipararse con sujetos distintos, como son aquellos que se dedican al transporte mercante por medio de embarcaciones y al aerotransporte público en general mediante aeronaves con capacidad de más de veinte pasajeros, los que conforme al artículo 15 de la ley impugnada no pagarán el impuesto respectivo, en virtud de que las quejosas se dedican al arrendamiento de vehículos automotores, remolques, semiremolques terrestres y al transporte terrestre de carga, por lo cual deben pagar impuestos; de ahí que, atendiendo al principio de equidad tributaria, el legislador haya determinado dar un tratamiento desigual a los sujetos que se encuentran en situaciones desiguales.
k) Además, no demuestran que la ley que combaten y que opera para ellas, establezca un trato discriminatorio para sujetos que poseen vehículos como los que tienen, esto es, que se encuentran en igual supuesto, pues de acuerdo con la ley impugnada todas aquellas personas físicas o morales que posean o usen vehículos de cierto año, estarán obligadas a efectuar el pago del impuesto en los mismos términos, es decir, tratándose de dos tributos distintos cuyo objeto y finalidad es diversa, además no pueden equipararse ni confundirse.
l) Se estima inatendible el argumento de las quejosas, en el que señalan que al ser inconstitucional la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de igual manera lo deben de ser los actos reclamados consistentes en el procedimiento legislativo de dicho ordenamiento, ello en virtud de que se declaró infundado e inatendible el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad de la ley.
Contra tales consideraciones, la parte recurrente expresa como agravios, sustancialmente, los siguientes:
a) Que sí se acreditó su interés jurídico para impugnar la constitucionalidad de los decretos por los que se reformaron diversos artículos de la ley combatida, efectuados de mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos noventa y dos, toda vez que para quedar redactada en el texto, en los años por los cuales las quejosas realizaron el pago del impuesto correspondiente, las legitima para poder impugnar el contenido de dichas reformas, pues a través de ellas se dio forma al texto legislativo reclamado por inconstitucional, lo que hizo que las ahora recurrentes la autoaplicaran; que no obsta a lo anterior, el que exhibieran el pago del impuesto posterior al ejercicio de mil novecientos noventa y dos; además, señalan las recurrentes, si bien no presentaron prueba alguna que acreditara el pago del impuesto por cuanto hace a los ejercicios de 1980 a 1992 y de 1980 a 1995, respectivamente, es porque no habían nacido a la vida jurídica, por lo que no se les puede obligar al pago del impuesto.
b) Que ilegalmente se sostiene en la sentencia que los pagos efectuados el cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete (correspondientes al ejercicio de 1992 a 1997), no constituyen el primer acto de aplicación en su perjuicio, pues en esa fecha fue cuando se autoaplicaron las disposiciones que se tildan de inconstitucionales.
c) Que contrario a lo determinado por el Juez de Distrito, la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, como estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, sí es violatoria del artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, en virtud de que deja en manos de las autoridades fiscales la determinación de la base del tributo, sin que el particular quede en posibilidad de constatar si la misma se efectuó de manera apegada a la ley o no, dando margen a las actuaciones arbitrarias por parte del fisco federal; que para determinar el valor total del vehículo y, en consecuencia, la base del impuesto hasta 1995, debían de tomarse en cuenta las enajenaciones realizadas por el fabricante o sus distribuidores autorizados a los consumidores, en el ejercicio.
d) El que la determinación de la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, quedara en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sí resultaba violatoria de la fracción IV del artículo 31 constitucional, por lo que la consideración del Juez de Distrito, en el sentido de que no es violatorio de tal dispositivo, en virtud de que el legislador estableció en la ley el procedimiento que debe aplicarse para la determinación de la base del gravamen, es incorrecta e ilegal, ya que la base para la determinación del impuesto está constituida por un precio promedio de venta de vehículos, el cual necesitaba considerar circunstancias ajenas al contribuyente, como lo es el valor de enajenación promedio de todos los vehículos a nivel nacional, lo que no permite al contribuyente efectuar la determinación del impuesto, ya que le falta uno de los elementos para tal efecto: la base del impuesto.
e) Que el a quo realiza una indebida apreciación y valoración de la garantía de proporcionalidad tributaria, al señalar que el hecho de que se incluyan en la base para la determinación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, factores como el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que se hubieran cobrado al adquirente por la adquisición, los mismos ayudan a determinar con mayor precisión y exactitud la capacidad del contribuyente, pues denotan su auténtica riqueza. Ello es así, toda vez que el impuesto al valor agregado o el de sobre automóviles nuevos, son gravámenes que causan los enajenantes y no los adquirentes, por lo que nada tiene que ver con su valor de adquisición, de hecho, las cantidades cobradas por aquéllos, respecto a dichos conceptos, no se consideran parte del precio, sino que van directamente a la Federación, en virtud del cumplimiento de una obligación de derecho público, por lo que no afectan el valor en el que se adquiere un bien; por tanto, si como lo reconoce el a quo, la base para determinar el impuesto que se tilda de inconstitucional lo constituye el valor real de los vehículos, es claro que el mismo no puede comprender un impuesto, como lo es el relativo al valor agregado, que de suyo lo que grava es el valor de los actos o actividades, pues se estaría justificando que en el caso del impuesto al valor agregado el valor de un bien es uno, en tanto que en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es otro, lo que no es acorde con el principio de proporcionalidad tributaria.
f) Insiste en señalar que la base del impuesto debe tomar en cuenta exclusivamente el valor intrínseco de los vehículos, que es el que representa la auténtica capacidad contributiva de los sujetos que, como las quejosas, se encuentran obligados a su pago.
g) Que el impuesto contenido en las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, contrariamente a lo señalado por el Juez de Distrito, incide sobre los elementos que resultan totalmente ajenos a la auténtica capacidad contributiva de los sujetos, que no están vinculados con el valor intrínseco del bien que constituye su objeto, como son los impuestos y demás gravámenes que se hayan cubierto con motivo de la adquisición del vehículo, del que el contribuyente es propietario.
h) Que contrariamente a lo señalado por el Juez de amparo, el impuesto que se establece a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, también es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, en virtud de que grava con mayor impacto impositivo a los propietarios de vehículos idénticos de años 1995 o 1996, respecto de los propietarios de vehículos idénticos de año de 1997, lo que refleja que dicho gravamen no atiende a la capacidad contributiva, pues deberían contribuir en mayor medida los propietarios de los vehículos de años más recientes, pues éstos tienen un mayor costo.
i) Que ilegalmente se sostiene, en la sentencia recurrida, que la quejosa debió de demostrar que las disposiciones impugnadas le generaban trato desigual, cuando para demostrar la desproporcionalidad combatida bastaba que se efectuara un simple análisis lógico-jurídico de las disposiciones que regulan el gravamen, para evidenciar que se está en presencia de un impuesto que grava en mayor medida a los propietarios de vehículos idénticos de años 1995 o 1996, respecto de los propietarios de vehículos de 1997.
j) Que no obstante lo señalado por el a quo, el impuesto reclamado es violatorio del principio de equidad tributaria, pues implica un trato distinto a aquellos contribuyentes que, como la parte quejosa, requieren de contar con vehículos automotores para el desarrollo de sus actividades empresariales, respecto del que reciben otros contribuyentes que no cuentan con este tipo de activos para el cumplimiento de su objeto social.
k) En oposición a lo argumentado por el a quo en la sentencia que se recurre, el solo hecho de que los activos que utiliza un contribuyente para el desarrollo de sus actividades sean vehículos y no computadoras, maquinaria, o cualquier otro tipo de bienes, no le otorga mayor capacidad contributiva, ni lo coloca en una situación distinta que justifique que éste deba contribuir en mayor medida para los gastos públicos.
l) La ley cuya inconstitucionalidad se reclama, al gravar no sólo a los vehículos destinados a uso particular, sino también a aquellos que se utilizan para el desarrollo de actividades empresariales, resulta totalmente violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
m) Que es evidente el desigual trato que reciben los contribuyentes que cuentan con vehículos que se destinan a la prestación del servicio público de transporte, pues mientras quienes lo realizan con vehículos automotores están obligados al pago del gravamen cuya inconstitucionalidad se reclama, aquellos que lo realizan con aeronaves o embarcaciones se encuentran exentos del tributo, todo lo cual viola la garantía de equidad tributaria por tratarse de diferentes tipos de contribuyentes; que el hecho de que el servicio público de transporte se preste con vehículos automotores y, en otros, con embarcaciones o aeronaves, de ningún modo puede constituir una razón que válidamente justifique que, en el primer supuesto, se esté obligado al pago del impuesto y, en los demás, los contribuyentes se encuentren exentos.
QUINTO. Precisado lo anterior, procede el estudio de los agravios hechos valer.
Es infundado lo manifestado por el recurrente en vía de agravio, de cuya sinopsis se ocupan los incisos a) y b).
En efecto, contrario a lo manifestado por el recurrente, tal y como lo consideró el Juez de amparo, el quejoso no acreditó su interés jurídico para impugnar los decretos promulgatorios de la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales respecto a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondientes a los años de mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos noventa y cinco, por cuanto hace a la quejosa Servicios Dedicados de Transportación, S.A. de C.V. y respecto a la peticionaria de amparo Comercializadora Internacional de Carga, S.A de C.V., tampoco demostró su interés jurídico para reclamar dichos decretos, de los años de mil novecientos ochenta uno a mil novecientos noventa y uno.
Lo anterior es así, en virtud de que dicha ley se impugnó con motivo del primer acto de aplicación, por lo que si del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo, se desprende que para acreditar su interés jurídico la quejosa mencionada en primer término, exhibió únicamente copia certificada del pago del impuesto de tenencia correspondiente a los ejercicios fiscales de 1996 y 1997, de tres tractocamiones, marca Famsa, modelo 1989, con placas de circulación 05137; modelo 1990, placas de circulación 07972; y modelo 1990, placas de circulación 07977 (fojas 206 a 211 del juicio de amparo); y por su parte, la segunda quejosa en cita exhibió copia certificada de los pagos del referido impuesto correspondiente a los ejercicios fiscales de 1992 a 1997, respecto a tres tractocamiones de la marca Dina, modelos 1992, placas 060667, 060668 y 060669 (fojas 143 a 160 del juicio de amparo), luego, es evidente que Servicios Dedicados de Transportación, S.A. de C.V., no demostró su interés jurídico por cuanto hace a los decretos de mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos noventa y cinco, y Comercializadora Internacional de Carga, S.A. de C.V., respecto a los decretos de mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos noventa y uno, de ahí que se considere correcto el sobreseimiento decretado en el juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 73, fracción V, de dicho ordenamiento legal.
El motivo que dio origen a decretar la falta de interés jurídico, se corrobora con el propio dicho de las quejosas, hoy recurrentes, al señalar en vía de agravio, que no tenían por qué acreditar aquél, si en los años por los que se les pide acrediten los pagos del impuesto (de los ejercicios fiscales de 1981 a 1995), no habían nacido a la vida jurídica, manifestación que evidencia la falta de interés jurídico por parte de las peticionarias de amparo para reclamar los decretos en cita.
Los restantes motivos de inconformidad se estudian en su conjunto, dado su estrecho contenido de agravio.
Tales manifestaciones son sustancialmente fundadas y, por tanto, suficientes para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.
En efecto, el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia 275, lo siguiente:
"Séptima Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: I, Parte SCJN
"Tesis: 275
"Página: 256
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.
"Séptima Época:
"Amparo en revisión 5554/83. Compañía Cerillera ‘La Central’, S.A. 12 de junio de 1984. Mayoría de catorce votos.
"Amparo en revisión 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, S. C. 25 de septiembre de 1984. Mayoría de dieciséis votos.
"Amparo en revisión 3449/83. Fundidora de Aceros Tepeyac, S.A. 10 de octubre de 1984. Mayoría de catorce votos.
"Amparo en revisión 5413/83. Fábrica de Loza ‘El Ánfora’, S.A. 10 de octubre de 1984. Mayoría de quince votos.
"Amparo en revisión 441/83. Cerillos y Fósforos ‘La Imperial’, S.A. 6 de noviembre de 1984. Mayoría de catorce votos."
Según el criterio jurisprudencial anterior, la proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica. Para que el principio de proporcionalidad permita que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, los tributos deben fijarse de tal manera que las personas que obtengan ingresos (posean patrimonio o consuman bienes, se agregaría) elevados, tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos (patrimonio o consumos).
Expresado en otros términos, concluye la jurisprudencia del Tribunal Pleno transcrita, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad sino también en lo tocante a mayor o menor sacrificio, reflejado cuantitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y en proporción a los ingresos obtenidos (tenencia de patrimonio o consumo realizado).
Incluso, el criterio que precede ya había sido adoptado por la Sala Auxiliar de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende de las tesis jurisprudenciales siguientes:
"Séptima Época
"Instancia: Sala Auxiliar
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: I, Parte HO
"Tesis: 388
"Página: 361
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. TARIFAS PROGRESIVAS. En mérito de su debida función en la doctrina fiscal, habrá que contestar que lo arbitrario de una tarifa progresiva es que quede a juicio de la autoridad fiscal determinar la razón por la cual la escala impositiva deberá ser proporcionalmente establecida por la ley, en relación con las funciones que solventa el impuesto en la sociedad actual y que ha llegado a comprender, dentro del gasto público, las prestaciones de carácter social a cargo del Estado, registradas y contabilizadas en el presupuesto de egresos de una nación. La cuota progresiva, como la contenida en los artículos 24, reformado, y 55 de la referida ley de 1953, cumplen mejor la adaptación de la carga del impuesto a la capacidad contributiva del deudor de éste, pues el punto de partida de toda progresión fiscal parte del principio de la capacidad contributiva del obligado, lo que motiva que el impuesto sea en proporción a esa capacidad contributiva y que los que tienen mayores bienes económicos paguen mayores impuestos, sin que ello signifique romper con el principio de igualdad, dado que éste sólo opera con respecto a las personas que tienen igual situación económica. El ideal de justicia que debe cumplir la legislación fiscal, es acercarse, lo más que pueda, a la capacidad contributiva personal del deudor del impuesto o a la capacidad contributiva real, si el tributo se decreta, por caso, en razón directa de la propiedad o posesión de un bien inmueble rural o urbano, fuente del impuesto predial.
"Séptima Época:
"Amparo en revisión 2526/56. Bienes Inmuebles Riozaba, S.A. 17 de octubre de 1969. Cinco votos.
"Amparo en revisión 40/57. La Inmobiliaria, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos.
"Amparo en revisión 3444/57. Isabel, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos.
"Amparo en revisión 6051/57. Inmobiliaria Zafiro, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos.
"Amparo en revisión 668/57. Compañía Inmobiliaria Fare, S.A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos.
"Nota: Informe 1969, pág. 51."
"Séptima Época
"Instancia: Sala Auxiliar
"Fuente
"Volumen: Informe 1969
"Página: 52
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Es del caso insistir en que el impuesto es un fenómeno histórico del actual Estado constitucional, quien lo decreta mediante un acto legislativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la transmisión de valores económicos, en servicio de los intereses sociales que le toca cumplir. El Estado, de consiguiente, es el único titular de la soberanía fiscal, acreedor por antonomasia, del impuesto, al través del pago de una prestación incondicionada. Todo impuesto afecta directa o indirectamente, la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal, mas para que el impuesto no sea un acto indebido, ni esté sujeto, por supuesto, a arbitrariedades, es indispensable que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. La fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro. El límite constitucional, a la facultad del legislador, para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir, la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un Estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de sus gastos públicos, estimados dentro de éstos, los sociales, y para su cabal desarrollo económico. Corresponde apreciar ya, en cuanto a la función económica que cumple el impuesto en el seno de una sociedad, que si mayor es el potencial económico del contribuyente, mayor tendrá que ser el impuesto, aunque, invariablemente, en proporción a una capacidad contributiva personal o real, pues la teoría del interés público en bien de la misma sociedad y esa capacidad contributiva, son las dos bases fundamentales para fijar el impuesto que encuentra, en el escalonamiento de la cuota tributaria, una proporción cuyos resultados deberán repercutir en la necesidad de una redistribución de la renta nacional; en el quehacer de procurar el desarrollo económico y constante del país; en la estabilidad de su moneda y en el empleo de sus miembros, única forma de lograr, para éstos, un mejor equilibrio social y un bienestar económico.
"Amparo en revisión 6051/57. Inmobiliaria Zafiro, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 3444/57. Isabel, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 2526/56. Bienes Inmuebles Riozaba, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 40/57. La Inmobiliaria, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 668/57. Compañía Inmobiliaria Fare, S.A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 3160/57. Bajío, S.A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 2835/57. Edificios Kodak, S.A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 5397/59. Ascamil, S.A. 5 de noviembre de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas.
"Amparo en revisión 7584/57. Negociadora e Inmobiliaria Metropolitana, S.A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas."
Esto quiere decir, que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de forma que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos, se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los sujetos pasivos al realizar el hecho imponible (nivel de renta, ca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7157-36b15b0b/tenencia-o-uso-de-vehiculos-impuesto-sobre-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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