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LEY ADUANERA. LA OBLIGACIÓN DE COMPUTAR EN DÍAS HÁBILES LOS PLAZOS DE ALMACENAMIENTO GRATUITO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN QUINTA DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ADUANERA, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS, VIOLA LA LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1445/2003. · Registro digital (IUS): 18504
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TRANSPORTACIÓN MÉXICO EXPRESS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 251.

AMPARO EN REVISIÓN 1445/2003. TRANSPORTACIÓN MÉXICO EXPRESS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los agravios hechos valer por la autoridad recurrente resultan infundados.

En efecto, la autoridad recurrente esgrime, en primer término, medularmente que resultan apresuradas y carentes de consistencia jurídica las conclusiones de la Juez Federal en cuanto a la violación a la garantía consagrada en el artículo 5o. constitucional, en relación con la reforma de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera, por cuanto establece la obligación de únicamente cobrar por los servicios de manejo y maniobras para el reconocimiento previo de las mercancías durante el almacenamiento gratuito, toda vez que el que no se establezca el pago por concepto de custodia de las mercancías durante el plazo de tal almacenamiento, no significa que se coarte la libertad de trabajo de la parte quejosa, ya que no se le priva en ningún momento de ejercer su labor, dado que con la excepción de pago del concepto de custodia el Estado no impide que dicha parte se dedique a la actividad que desarrolla, ni se le priva del producto de su trabajo y mucho menos se le obliga a prestar ese servicio, además de que la única limitante a que atiende la garantía consagrada en el citado numeral consiste en que debe prevalecer el interés general sobre el particular y, en la especie, el precepto impugnado obedece a causas económicas y de comercio internacional que inciden en el aumento de la economía del país y redunda en efectos positivos para la colectividad.

Como una adición a lo anterior, señala que el precepto en estudio sólo atiende a ciertos supuestos y por un periodo breve, en que se llevan a cabo operaciones de carácter oficial o comercial que atienden a causas de índole económica nacional, de tal forma que fuera de esos supuestos se cobra por concepto de custodia, servicios de manejo y maniobras para el reconocimiento previo, en tanto que la limitante atiende a causas económicas que redundan en un efecto positivo para el país, ante la particular concesión que disfruta la parte quejosa, ya que la misma es un área clave para el crecimiento económico de nuestro país.

Sobre ese aspecto en particular, cabe señalar que esta Primera Sala, al resolver en sesión de veintidós de octubre de dos mil tres el amparo en revisión 288/2003, quejosa Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, en contra del voto del Ministro Juventino V. Castro y Castro, estando ausente el Ministro Humberto Román Palacios, sostuvo literalmente lo siguiente:

"Una vez establecido el marco jurídico al que se encuentra sujeta la empresa quejosa en su calidad de autorizada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, se procede a realizar el estudio del concepto de violación hecho valer en contra del párrafo tercero de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera, en el que se aduce su transgresión a la garantía de libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. constitucional, ya que al no establecer la posibilidad de que en el caso del almacenamiento gratuito el autorizado pueda cobrar por el servicio de custodia, dicho servicio tendrá que prestarlo también de manera gratuita, lo que impide que cobre la justa retribución de los trabajos relativos a la custodia de mercancías al comercio exterior. Sostiene que el precepto impugnado solamente establece que durante el tiempo que se permita el almacenamiento gratuito se pagarán, además de los servicios de manejo de mercancías, las maniobras para el reconocimiento previo, eliminándose el cobro por los servicios de custodia anteriormente previsto en el mismo precepto impugnado. Así, además de prestar de manera gratuita el almacenamiento de mercancías de comercio exterior, se encuentra obligado a prestar los servicios de manejo y custodia de mercancías, de los cuales solamente podrá cobrar el de manejo de mercancías, no así el de custodia; que al ser excluido del tercer párrafo de la fracción V del artículo 15 impugnado, el autorizado ya no tiene posibilidad de cobrar por la prestación del mismo. Como ya se anticipó, en el caso es fundado el concepto de estudio en virtud de que como lo sostiene la parte quejosa, el párrafo tercero de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera, transgrede en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 5o. constitucional, precepto que en la parte que interesa es del tenor siguiente: ‘Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.’. Así, tenemos que como seguridades constitucionales relativas a la libertad de trabajo se comprenden todas aquellas prevenciones que establece la Ley Fundamental para tutelar, bien al trabajo en sí mismo considerado como prestación o desarrollo de energías humanas con determinada finalidad, o bien el producto de éstas, que se traduce en un salario o sueldo. De esta manera la garantía consistente en que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial consiste en la declaración general de que la autoridad no puede despojar a un individuo de la retribución que le corresponde como contraprestación a sus servicios, previendo como única excepción, el caso de que la privación será por resolución judicial. Como complemento de la anterior, se encuentra la garantía consistente en que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, la que proscribe todo trabajo gratuito, o sea, toda prestación de servicios que se realice sin la remuneración correspondiente. Así, en acatamiento de esta garantía el Estado no puede imponer al individuo ninguna labor que no le sea retribuida, salvo cuando se trate de las funciones electorales y censales, las cuales deben desempeñarse en forma gratuita. Además de exigir el precepto constitucional en cuestión que todo trabajo personal sea remunerado, salvo la excepción indicada, se establece que al individuo que lo desempeñe debe otorgársele una justa retribución; por la que se entiende toda remuneración que esté de acuerdo y en proporción con la naturaleza misma del servicio que se preste, así como en consonancia con las dificultades de su ejercicio. Ahora bien, en el caso en estudio y como ya quedó precisado anteriormente, la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera establece como obligación a cargo de los particulares que obtengan la concesión para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior el permitir el almacenamiento gratuito de las mercancías por dos o cinco días en mercancías de importación y de quince o treinta días en mercancías de exportación, y a partir de la reforma impugnada (publicada el primero de enero de dos mil dos), durante dicho plazo solamente podrá cobrar el servicio de manejo y las maniobras para el reconocimiento previo, excluyendo el pago de la custodia; lo que implica que el autorizado que presta los servicios indicados no podrá cobrar por el servicio de custodia que preste mientras dure el almacenaje gratuito. Efectivamente, la fracción V del precepto impugnado establece de manera precisa que será el almacenamiento el que se preste gratuitamente, mientras que tratándose del servicio de custodia la ley es omisa en cuanto a su cobro, sin embargo, al establecer que solamente se pagará el servicio de manejo de mercancías y el de maniobras de reconocimiento previo, constituye un impedimento para que de acuerdo con la facultad otorgada a las partes en el artículo 14-B, segundo párrafo, de la Ley Aduanera pueda fijar la remuneración por la prestación de este servicio, aun cuando dicho servicio finalmente tendrá que prestarlo el concesionario o autorizado porque al ser responsable de las mercancías de comercio exterior, que tiene en almacenaje, en términos de la base sexta de su autorización antes transcrita, así como del artículo 15, fracción I, de la Ley Aduanera, es finalmente el que tendrá que asumir el costo del servicio de custodia. En efecto, atendiendo al sentido literal de la palabra custodia, el Diccionario de la Lengua Española la define como: ‘Acción y efecto de custodiar y esta última la define como (de custodia) tr. Guardar con cuidado y vigilancia’; de esta manera el servicio de custodia tendrá que prestarlo forzosamente el autorizado cuando la mercancía esté almacenada en su recinto fiscalizado, es decir, tendrá que vigilarla mientras se encuentre almacenada en los recintos fiscalizados en los que presta el servicio de almacenaje, porque es el responsable de la mercancía de comercio exterior. Ahora bien, conviene precisar que el servicio de custodia es distinto al de almacenaje y al de manejo de mercancías, tan es así que el propio artículo 14 de la Ley Aduanera, establece que el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior compete originalmente a las aduanas; esto es, se trata de tres servicios diversos los que presta en este caso el autorizado. Luego entonces, el particular que cuenta con la autorización, como es el caso de la quejosa, además de prestar el almacenamiento de manera gratuita, tendrá que prestar el servicio de custodia de las mismas también de manera gratuita en términos del tercer párrafo de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera, impugnado; por tal motivo, dicho precepto lo obliga a prestar el servicio de custodia por el cual no recibirá remuneración alguna, lo que resulta violatorio del artículo 5o. constitucional. A mayor abundamiento, en principio, de conformidad con el artículo 14-B los particulares que como la quejosa presten el servicio de manejo, almacenamiento y custodia de mercancías de comercio exterior tienen derecho a percibir la remuneración que corresponde por la prestación de dichos servicios; por otra parte, se encuentran constreñidas a cumplir con las obligaciones que el artículo 15 de la propia ley consigna, entre las que se encuentra la prestación del servicio de almacenamiento de manera gratuita; sin embargo, al establecer dentro de la propia fracción V únicamente la posibilidad de cobrar por el servicio de manejo y el de maniobras de reconocimiento, excluye el cobro del servicio de custodia el que forzosamente tendrá que prestar el autorizado al ser el responsable de la mercancía que tiene en almacenamiento, que constituye un impedimento a su derecho de cobrar una justa remuneración por la prestación de dicho servicio y, en consecuencia, cuando cumpla con su obligación de prestar el servicio de almacenaje de manera gratuita, finalmente también tendrá que prestar el servicio de custodia sin recibir a cambio la remuneración que corresponda, lo que se traduce en una violación a la garantía contenida en el artículo 5o. constitucional, como lo aduce la parte quejosa en el concepto de violación que se analiza. En las relatadas condiciones al ser fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa procede conceder el amparo solicitado en contra del tercer párrafo de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, siendo innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación ya que su estudio a nada práctico conlleva."

Consecuentemente, procede desestimar por infundado el agravio hecho valer por la autoridad recurrente al quedar de manifiesto que esta Primera Sala ha sostenido que al establecer la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera únicamente la posibilidad de que la sociedad concesionaria cobre por el servicio de manejo y el de maniobras de reconocimiento, excluyendo el cobro del servicio de custodia el que forzosamente tendrá que prestar el autorizado al ser el responsable de la mercancía que tiene en almacenamiento, constituye un impedimento a su derecho a cobrar una justa remuneración por la prestación de dicho servicio y, en consecuencia, cuando cumpla con su obligación de prestar el servicio de almacenaje de manera gratuita, finalmente también tendrá que prestar el servicio de custodia sin recibir a cambio la remuneración que corresponda, lo que se traduce en una violación a la garantía contenida en el artículo 5o. constitucional.

En ese mismo sentido, esta Primera Sala considera que por las mismas razones antes apuntadas procede desestimar por infundado el agravio en el que la autoridad recurrente sostiene, en síntesis:

a) Que la concesión otorgada a la parte quejosa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obliga a lo expresamente pactado entre las partes y a las consecuencias que según la naturaleza sean conforme a lo establecido en la ley, atendiendo las necesidades del país para su impulso en el ámbito económico, el que se encuentra por encima del interés particular;

b) Que la concesión no puede ser contraria a la libertad de trabajo, puesto que al obligarse los concesionarios a cumplir con los requisitos que les imponga la ley, implícitamente se obligan a cumplir con las obligaciones y reglas de operación que el Estado les imponga para el otorgamiento de la concesión;

c) Que el hecho de que en el artículo 15, fracción V, de la Ley Aduanera se determine que el periodo de almacenamiento gratuito se computará tomando en cuenta los días hábiles, no implica una violación a la libertad de trabajo, pues ello es sólo un requisito prescrito por el Estado para las personas que tengan ese tipo de concesión;

d) Que si el concesionario estima que no puede o que no le conviene cumplir con esos requisitos, puede optar por no continuar con la operación otorgada con la concesión, pues al no ser obligatoria tiene derecho de alegar la rescisión del contrato público y no instrumentar la vía constitucional para manifestar su desacuerdo con las reglas y procedimientos implementados por el Estado para operar una concesión; y,

e) Que el supuesto en que descansaba la resolución administrativa que consideró que el cómputo se podía realizar en días naturales, es diferente al que ahora prevalece, pues en la reforma del artículo relativo se establece con claridad que se trata de días hábiles, por lo que la ley ha dejado de ser omisa y en aplicación del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación la interpretación debe ser estricta, por lo que el artículo reclamado únicamente regula un aspecto específico en que la autoridad establece los términos del cómputo del periodo de almacenamiento gratuito en días hábiles, sin que ello signifique una violación a la garantía de trabajo, sino la necesidad de que el término de almacenamiento gratuito sea eficaz, lo cual deviene de la necesidad del servicio y de la importancia para el Estado, el cual es el titular originario del servicio.

En efecto, al haber sostenido esta Primera Sala que la garantía de trabajo comprende, entre otros aspectos, el producto del desarrollo de las energías humanas, que se traduce en un salario o un sueldo, de tal forma que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial, quiere decir que al disponer el precepto reclamado que para la prestación del servicio gratuito de manejo, almacenaje y custodia de mercancía de comercio exterior, los plazos se computarán en días hábiles, prácticamente está privando a la parte quejosa del producto del trabajo que realice los días festivos y los no laborables, pues con ello se aumenta el número de días en que se tengan que prestar sus servicios, sin que se puedan cobrar los mismos.

Lo anterior se explica con mayor claridad en los términos expuestos por la Juez Federal, en el sentido de que la naturaleza intrínseca de los servicios de almacenamiento y custodia, implica que los mismos se presten de manera continua, sin la posibilidad de interrumpirse o suspenderse, ya que también en los días inhábiles las mercancías de comercio exterior depositadas en los recintos fiscalizados deben mantenerse, guardarse y vigilarse, a fin de que se puedan devolver en idéntico estado al depositante, lo que implica un costo para los concesionarios obligados a prestar el servicio; empero, con la reforma al artículo reclamado no es factible que dichos concesionarios recuperen los recursos erogados en la prestación del servicio, toda vez que la disposición legal autoriza el cobro respectivo únicamente por los días hábiles.

En ese orden de ideas, es evidente que se obliga a los concesionarios a prestar trabajos sin la justa retribución en los días inhábiles, no obstante que la obligación de mantener en perfecto estado las mercancías almacenadas tiene que observarse todos los días del año, con la consigna que de no hacerlo así incurrirán en responsabilidad por el importe de los créditos fiscales que correspondan de las mercancías extraviadas y por su valor ante los consignatarios en los términos del artículo 28 de la Ley Aduanera.

En consecuencia, se considera que no asiste razón a la autoridad recurrente en cuanto afirma que los concesionarios se encuentran obligados a respetar todas las consecuencias que según la naturaleza de la concesión sean conforme con la ley, toda vez que tienen el deber de cumplir con las reglas de operación impuestas por el Estado para el impulso del país en el ámbito económico.

Ello es así, porque opuestamente a lo esgrimido, el gobernado no se encuentra obligado a tolerar la violación de garantías constitucionales en su perjuicio, pues aun cuando las disposiciones legales tiendan a procurar un impulso económico a favor del país (situación que en la especie no demostró la recurrente), ello no debe ser en detrimento de las garantías individuales que la Carta Magna confiere a los ciudadanos.

Por otra parte, no puede estimarse como un argumento válido el sostenido por la inconforme en el sentido de que si el concesionario no puede o no le conviene cumplir con los requisitos exigidos por la ley, puede alegar la rescisión del contrato y no instrumentar la vía constitucional para manifestar su desacuerdo. Se concluye así porque justamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el juicio de garantías como el medio idóneo para que el justiciable acuda ante los órganos jurisdiccionales federales a defender sus garantías individuales frente a los actos de la autoridad, tal como sucede en la especie.

Luego, ese derecho no puede ser coartado con el pretexto de que por el hecho de haber obtenido una concesión para operar como recinto fiscalizado, la sociedad o empresa concesionaria tiene la obligación de tolerar los abusos y excesos de la autoridad que se implementen por la vía legislativa o por cualquiera otra, sino que en aras de un sano equilibrio entre gobernantes y gobernados debe respetarse el texto de la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, de tal forma que cuando se rompa el equilibrio que dicho ordenamiento establece pueda la parte que se sienta agraviada acudir a las instituciones oficiales a dirimir la controversia que corresponda.

Consecuentemente, por las razones antes expuestas esta Primera Sala considera que la sentencia recurrida se encuentra apegada a derecho, al haber concedido a la parte quejosa la protección constitucional solicitada al determinar la Juez de Distrito que el artículo 15, fracción V, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, es violatorio de la libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. constitucional.

Luego, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Transportaciones México Express, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de las autoridades y por los actos que se precisan en el resolutivo único de la resolución impugnada.

Notifíquese; con testimonio de este fallo vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18504-f876d140/ley-aduanera-la-obligacion-de-computar-en-dias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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