SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL AMPARO INDIRECTO. SE INTERRUMPE SI DURANTE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EL JUEZ DE DISTRITO ACTÚA DE OFICIO CON EL PROPÓSITO DE DESAHOGAR UNA PERICIAL AUN CUANDO EL QUEJOSO NO HAYA IMPULSADO EL PROCEDIMIENTO.
AMPARO EN REVISIÓN 7/2007. AUTOTRANSPORTES MÉXICO-TEXCOCO, CALPULALPAN, APIZACO, HUAMANTLA Y ANEXAS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios esgrimidos son esencialmente fundados.
Entre otras cosas, en sus motivos de inconformidad, la parte quejosa se duele de que el auto recurrido, por virtud del cual la a quo determinó sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, al considerar que en el juicio de garantías de origen se incurrió en inactividad procesal por más de trescientos días, es incorrecto, porque, en el supuesto de que no hubiera habido promoción de su parte que instara el procedimiento, lo cierto es que nunca dejó de haber actividad jurisdiccional, ya que en diversos autos, la propia juzgadora emitió acuerdos por virtud de los cuales pretendió continuar con el trámite respectivo, de tal suerte que no se reunieron los requisitos para que realizara dicha declaratoria.
El anterior razonamiento resulta fundado y suficiente para revocar el auto impugnado.
En efecto, previo a analizar las constancias existentes en autos, es menester precisar que la figura del sobreseimiento por inactividad procesal, que es la figura que se encuentra regulada en la mencionada fracción V de la Ley de Amparo, la cual, en su texto vigente dispone:
"Artículo 74. Procede el sobreseimiento:
"...
"V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.
"En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.
"En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.
"Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia."
En su primer párrafo, hipótesis que aquí interesa, dicha disposición establece tal figura, para lo cual determina que procede sobreseer en el juicio, tanto en el juicio de amparo directo como indirecto, cuando se reúnan los siguientes requisitos:
a) Que se encuentren en trámite;
b) Que el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, aunque, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo tercero, procede tal figura cuando se trate de asuntos en materia de trabajo, cuando se trate el quejoso o recurrente, según sea el caso, del patrón;
c) Que se cumplan trescientos días, incluyendo los inhábiles, sin que:
i) No se haya efectuado ningún acto procesal;
ii) Ni el quejoso haya promovido para impulsar el procedimiento.
d) Importa destacar, además, que una vez celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto, no procederá ni el sobreseimiento en el juicio ni la caducidad del procedimiento.
Ahora bien, en relación con el punto señalado en el inciso c), anterior, es menester precisar que la redacción del primer párrafo, al establecer los supuestos de la norma, refleja que deben coincidir dos hipótesis para que se actualice la figura de sobreseimiento en cuestión, esto es, la falta de actividad procesal y la falta de promoción por parte del quejoso que impulse el procedimiento.
Ello se refleja del hecho de que el texto en estudio establece, en primer lugar, la conjunción "si" de manera condicional, referida a que procederá el sobreseimiento en el juicio, en "cualquiera que sea el estado del juicio", cuando "no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles"; sin embargo, ello no es un requisito único, ya que la conjunción copulativa "ni" revela la idea de otro requisito concomitante a esa figura, a saber, que "ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso."
Así, es evidente que para que se actualice el sobreseimiento por inactividad procesal, es menester que se presenten ambos, es decir, que no haya actividad procesal y tampoco el quejoso promueva, instando el procedimiento, en el lapso mencionado en párrafos anteriores.
La idea de que deben reunirse ambos requisitos, ha sido plasmada en diversas tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la caducidad de la instancia, que se estiman aplicables por analogía a la figura del sobreseimiento por inactividad procesal, las cuales se transcriben a continuación.
"CADUCIDAD, TÉRMINO PARA LA. TRANSCURRIDO, NO LA INTERRUMPEN PROMOCIONES O ACTUACIONES JUDICIALES POSTERIORES. Aun cuando después del lapso en que operó la caducidad se hubieren presentado promociones con objeto de interrumpirla o se hubieren realizado actos procesales, ello no es suficiente para desvirtuar la existencia de dicha caducidad, pues el texto del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, es de tal manera claro, que no permite otra interpretación. En efecto, habiendo transcurrido un término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, sin promoción del quejoso, que impulse el procedimiento y sin actuación judicial, es procedente decretar la caducidad sin tomar en cuenta lo sucedido en autos, después de transcurrido dicho término."
(Tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número CXCI/89, en la página 214 del Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación)
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. PROCEDE DECRETARLA POR INACTIVIDAD PROCESAL Y FALTA DE PROMOCIÓN POSTERIORES A UNA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO). La actual integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no comparte la tesis (visible en la página 16, Primera Parte, Tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación), acerca de que, una vez listado un asunto para audiencia, no procede declarar la caducidad de la instancia, independientemente del sentido del proyecto listado o de si el mismo se listó para resolver una cuestión previa o el fondo del asunto, y con independencia, también, de que se haya listado para fallarse en Sala o en Pleno; pues aun cuando los términos gramaticales del párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, no permitan en apariencia hacer distinciones, el examen íntegro de la norma y el de las razones que determinaron su contenido, en consonancia con la naturaleza de la institución que regula, llevan a la conclusión de que dicho precepto se refiere a la audiencia final y de que, por tanto, debe excluirse los casos en que el asunto ha sido listado para decidir una cuestión previa, como la de competencia, ya que una vez resuelto este punto, todavía es necesario llevar a cabo un cúmulo de actos que habrán de permitir que el proceso avance hasta colocarlo en su etapa final, y en tanto no se haya actualizado el deber del órgano jurisdiccional de pronunciar la sentencia final, no puede considerarse a las partes liberadas definitivamente de la carga de promover. Por el contrario, en congruencia con el motivo de la norma y con el fundamento y propósitos de la caducidad, debe estimarse que luego de fallada dicha cuestión de competencia o la de carácter previo de que se trate, resurge para las partes aquella carga, con la posibilidad de que la instancia caduque, en caso de falta de promoción sumada a inactividad procesal. De ahí que, si un asunto fue listado, pero para el efecto y con el resultado de que otro órgano judicial se pronunciara sobre su competencia, debe concluirse que la parte recurrente no quedó eximida de la carga de manifestar su interés en la continuación del recurso y que, por consiguiente, ante la posterior ausencia de promoción y de actividad procesal, es procedente decretar la caducidad de la instancia."
(Tesis de jurisprudencia del Pleno de ese mismo Alto Tribunal, publicada con el número P./J. 36/92, en la página 11, del tomo 58, octubre de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación)
Por otro lado, ejemplo de que las actuaciones judiciales realizadas por el órgano jurisdiccional, por sí mismas, son susceptibles de interrumpir la figura jurídica en comento y, por ende, reflejan la certeza de que, además de la falta de promoción por parte de la quejosa, debe existir inactividad procesal; son los criterios siguientes:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS ACTUACIONES JUDICIALES TENDIENTES A QUE SE DECRETE, NO LA INTERRUMPEN. Si ninguna de las partes recurrentes presentó promoción alguna durante el lapso de trescientos días, y si bien es cierto que durante este periodo se practicaron diversos actos judiciales tendientes a que se levantaran las certificaciones relativas a la falta de promoción de algunas de las citadas recurrentes en un diverso periodo, no menos es verdad que ninguna de esas actuaciones tendió a impulsar el procedimiento sino precisamente a que se decretara la propia caducidad de la instancia, debe concluirse que en el caso se surten los presupuestos establecidos en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo y que ha operado en la especie la caducidad de la instancia."
(Tesis de la Segunda Sala del propio Tribunal, publicada en la página 55, del tomo 217-228, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación)
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, QUE ORDENA PASAR LOS AUTOS A LA SALA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESTA SE ABOQUE AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO, INTERRUMPE EL PLAZO RELATIVO. El auto del presidente de este Alto Tribunal, recaído al dictamen formulado por el Ministro relator, por virtud del cual y a petición de dicho Ministro, se ordena pasar los autos a la Sala respectiva para que ésta se aboque al conocimiento del asunto, es una actuación judicial por su propia naturaleza que, aunque propia de la autoridad jurisdiccional, tiende a impulsar el procedimiento, pues tiene como fin el de situar el expediente ante el órgano jurisdiccional que debe decidir la controversia, toda vez que sin dicho proveído habría una imposibilidad jurídica para que se dictase la resolución del caso. En consecuencia, dicho acuerdo interrumpe el término de caducidad al tenor de lo dispuesto en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo."
(Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número LIV/92, en la página 33, del tomo 53, mayo de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación)
"SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, LLEGADO EL MOMENTO DE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN HABERSE DIFERIDO, OMITIÓ LEVANTAR EL ACTA RESPECTIVA. Aunque no conste en los autos del juicio de amparo el acta que debió levantarse llegado el momento de celebrar la audiencia constitucional, que refleje su contenido, debe estimarse que se interrumpió el lapso de inactividad procesal a que alude el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la omisión de levantar el acta relativa sólo es imputable al Juez de Distrito y no puede ocasionar perjuicio a la parte quejosa, pues si dicha audiencia no se difirió por algún motivo y, además, el quejoso compareció a la misma, por escrito, ofreciendo pruebas y formulando alegatos, al Juez Federal sólo le quedaba llevarla a cabo, por así disponerlo los artículos 147, 151, 154 y 155 de la Ley de Amparo, ya que, incluso, el último numeral citado establece que en la propia audiencia constitucional se dictará el fallo que corresponda, conformando ambos actos, audiencia y resolución, una sola unidad, con lo que concluye la tramitación del juicio; además, el primer párrafo del artículo 157 del citado ordenamiento, dispone que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios de amparo no queden paralizados, y el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, prevé que los Jueces, Magistrados y Ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la sustanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento; de ahí que al Juez Federal corresponda proveer lo conducente para el levantamiento del acta de audiencia respectiva y a la parte quejosa tan sólo esperar el dictado del fallo, sin estar obligada a impulsar el procedimiento, pues el impulso procesal debe darse durante el trámite del juicio, desde la admisión de la demanda hasta que tenga verificativo la audiencia, y no puede exigírsele a esa parte quejosa una conducta tendiente a darle mayor impulso, si sólo resta el dictado de la sentencia, por lo que resulta improcedente sobreseer en el juicio de garantías conforme al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, pues a pesar de haberse omitido levantar el acta de la audiencia constitucional, debe estimarse que se interrumpió el lapso de inactividad procesal, sin que pueda tampoco correr dicho lapso a partir de la fecha en que debió celebrarse tal audiencia."
(Tesis de jurisprudencia de la misma instancia, publicada con el número 419, en la página 359 del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, compilación 1917-2000)
Sentado lo anterior, para dilucidar lo fundado del agravio en estudio, es menester analizar el propio procedimiento de origen, para así advertir si, en el caso concreto, ha habido actuaciones judiciales que impulsen el procedimiento y que, por tanto, se haya interrumpido el plazo de sobreseimiento por inactividad procesal.
Así, en el auto recurrido, la a quo sostuvo que el plazo de sobreseimiento por inactividad procesal comenzó a partir del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución de la queja 787/2004, del índice de este Tribunal Colegiado (foja 1736 a 1738), para concluir el trece de octubre de dos mil cinco.
Ahora bien, dictados en ese periodo obran los siguientes autos:
1. De uno de marzo de dos mil cinco, mediante el cual se requirió al Colegio de Ingenieros Civiles de México, Sociedad Civil, para que proporcionara el nombre de uno o varios profesionistas que pudieran fungir como peritos oficiales en reconocimiento de rutas (1759);
2. De treinta de marzo siguiente, en el que se determinó que dicha institución no había desahogado dicho requerimiento y, por tanto, se difería la audiencia constitucional señalada para tal fecha, fijándose, para tales efectos, las nueve horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil cinco (1763);
3. De ocho de abril de esa misma anualidad en la que se acordó el oficio de tal institución, en la que informó que ya no contaba con más peritos; por lo que el juzgador requirió a la Secretaría de Educación Pública para que informara las instituciones públicas o privadas que tienen la carrera en transporte y tránsito terrestre (reconocimiento de rutas) a efecto de solicitarles perito (foja 1771);
4. De once de mayo de dos mil cinco, por virtud del cual, se precisó la falta de constancia relacionada con la anterior disposición, motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional para el diez de junio siguiente (1775);
5. De diez de junio de dos mil cinco, en la que se requirió nuevamente a la Secretaría de Educación Pública para que brindara la información señalada y, con motivo de ello, se señaló nueva fecha para la audiencia constitucional, esto es, el uno de julio del mismo año (1780);
6. Auto de uno de julio de dos mil cinco, en el que se anotó la negativa de la secretaría de mérito, en relación con la información pedida, por lo cual, se requirió al director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativa del Instituto Politécnico Nacional para que proporcionara una lista de profesionistas que tuvieran conocimiento en el tema, materia de la prueba pericial pendiente de desahogar, es decir, transporte terrestre (reconocimiento de rutas); además, difirió la audiencia constitucional para el uno de agosto inmediato (foja 1788);
7. Proveído de uno de agosto de dos mil cinco, en el que se anotó el estado que guardan los autos, del que se desprendía que no había sido desahogada la señalada prueba pericial, al no contar con perito oficial; que de una lista anterior de profesionistas proporcionada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, sólo se había notificado al primero de ellos; el juzgador decidió requerir a los restantes a efecto de que comparecieran para expresar si existía algún impedimento para fungir como tales; por ello, a efecto de dar tiempo a que se integrara la prueba, se difirió la audiencia constitucional y se reservó de señalar nueva fecha hasta en tanto se desahogara dicho medio de convicción (1793);
8. Auto de dos de septiembre de dos mil cinco, en el que se hizo notar todas las instituciones a las que se les solicitó profesionista que tuviera conocimiento en la materia de la prueba pericial, por lo que determinó el juzgador solicitar al secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para que proporcionara los nombres de los profesionistas que pudieran ocupar tal cargo (1812);
9. Proveído de veintiséis de septiembre de dos mil seis, en el que se tuvo por recibido el oficio mediante el cual, aquél, proporcionó el nombre del perito David Troncoso González, por lo que se ordenó su notificación para que aceptara el cargo referido (1816);
10. Auto de tres de marzo de dos mil seis, en el que se dio contestación a la solicitud de información requerida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y se formuló nuevo requerimiento al profesionista designado (1821);
11. Proveído de catorce de julio siguiente, en el que se acordó favorablemente la solicitud de fotocopias solicitadas por la parte quejosa y, además, se requirió, en los mismos términos al profesionista de mérito (1826);
12. Auto de veinticinco de septiembre de dos mil cinco, en el que se hizo constar el cambio de titular del juzgado (1830) y
13. El auto de sobreseimiento recurrido (1831 a 1836).
Como puede advertirse de la anterior narrativa, tal como lo sostiene el quejoso, en el procedimiento de origen, no han transcurrido los trescientos días naturales sin que haya habido inactividad procesal, puesto que los mencionados proveídos tendieron a excitar el procedimiento, buscando en todo momento, lograr el desahogo de la prueba pericial en materia de transporte y tránsito terrestre (reconocimiento de rutas).
En mérito de lo expresado, es evidente que no se surtieron los requisitos establecidos por el artículo 74, fracción V, primer párrafo, de la Ley de Amparo y, por ende, que fue incorrecto el sobreseimiento del juicio por inactividad procesal; de ahí que sea fundado el agravio en estudio y, por tanto, que se imponga revocar el auto recurrido y ordenar a la Jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, continuar el trámite de dicho juicio como en derecho corresponda.
Así, se hace innecesario el estudio de los restantes agravios esgrimidos por la recurrente, atento a lo dispuesto por la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 72, del tomo 175-180, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, aplicable por analogía, que indica:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción III, y 85, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el auto de veintiuno de noviembre de dos mil seis, dictado en el juicio de amparo indirecto número 601/2000, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
SEGUNDO.-Se ordena continuar con el trámite de dicho juicio de amparo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por mayoría de votos de los Magistrados, presidente Alberto Pérez Dayán y Adela Domínguez Salazar, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contra del voto particular del Magistrado F. Javier Mijangos Navarro, siendo ponente la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20030-ad18817a/sobreseimiento-por-inactividad-procesal-en-el-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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