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Modo: Corpus Pro

SOCIEDAD CONYUGAL. MOMENTO EN QUE EL CÓNYUGE EXTRANJERO DEBE ACREDITAR EL COMPROMISO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA PODER OBTENER EL DOMINIO DIRECTO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL CÓNYUGE DE NACIONALIDAD MEXICANA CON POSTERIORIDAD AL MATRIMONIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2002-PS. · Registro digital (IUS): 18873
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 122.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada en el amparo directo civil 217/90, promovido por la nacional de este país Cecilia Martínez García, resuelto el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito son los siguientes:

1. Cecilia Martínez viuda de Granval, demandó a Rebeca Granval Rovero la nulidad de las operaciones de inventario y avalúo, partición y adjudicación, y de las resoluciones que las aprobaron a su favor, así como los actos que de ellas se derivan, particularmente la cancelación de las inscripciones correspondientes en el Registro Público de la Propiedad, derivadas esas actuaciones del juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Granval, nacional de Argentina, que estuvo unido en matrimonio con la demandante bajo el régimen de sociedad legal.

2. La acción fue declarada improcedente por el Juez de primera instancia.

3. La Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al resolver la apelación en el toca número 796/89, el diez de febrero de mil novecientos noventa, en respuesta a los agravios de la apelante Cecilia Martínez viuda de Granval, en lo que al caso interesa estableció lo siguiente:

a) Que se probó plenamente la calidad de extranjero de Francisco Granval, entre otros con el acta de matrimonio que celebró con la apelante.

b) Que también se probó que la demandada Rebeca Granval Rovero ingresó a territorio mexicano en compañía de sus padres, según su expediente migratorio, pero que también se prueba con el acta de nacimiento del Registro Civil que fue registrada extemporáneamente y dicho documento conserva su valor hasta en tanto no se demuestre lo contrario mediante el juicio correspondiente.

c) Que con independencia de lo anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 1261 y 1262 del Código Civil del Estado de Jalisco, un extranjero no está impedido para heredar, ya sea por testamento o por intestado, con los requisitos de la fracción I del artículo 27 constitucional, en relación con el 6o. de la ley orgánica de dicho precepto constitucional, salvo el caso de falta de reciprocidad internacional, sin que la apelante demostrara la incapacidad de la demandada para heredar por esa circunstancia.

d) Que en la especie no se trataba de modificar o restringir los derechos de Francisco Granval, sino dilucidar la existencia del régimen económico sobre el cual se fincó su matrimonio; que por tratarse de un matrimonio celebrado en el Estado de Jalisco, donde los artículos 169 y 207 del Código Civil, contemplan el régimen de sociedad legal, como aparece pactado en la copia certificada del acta de matrimonio, debe prevalecer en sus términos esa declaración de voluntad, pues el señor Granval no estaba impedido para ello por el hecho de ser extranjero, en tanto que los extranjeros casados residentes en el país, o que en lo sucesivo vinieren a radicarse a él, o que en él contrajeren matrimonio legítimo, quedan sujetos a las disposiciones del referido código, por lo que toca a los bienes que posean en la República y a los efectos que en ésta deba producir su matrimonio, lo que apoyó entre otros en el artículo 13 del Código Civil de dicho Estado, que en esa época establecía: "Los actos jurídicos en todo lo relativo a su forma se regirán por las leyes del lugar donde pasen; pero los interesados residentes fuera del Estado quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este código cuando el acto haya de tener ejecución dentro del territorio del mismo", disposición que fue trasladada a la fracción IV del artículo 15 del vigente Código Civil de ese Estado.

e) Que es claro que la sociedad legal de dicho matrimonio existe y debe surtir los efectos legales en los términos del Código Civil, y al ser el matrimonio un acto jurídico mediante el cual los cónyuges adquieren derechos y obligaciones respecto a la persona y sus bienes, los adquiridos durante la sociedad pertenecen a ambos, si no se demostró que fueran adquiridos exclusivamente por la demandante.

f) Que para lo anterior no resultaba obstáculo que Francisco Granval, al tiempo de celebrar el matrimonio bajo sociedad legal no haya obtenido el permiso del Gobierno Mexicano, porque no estaba adquiriendo el dominio directo de los bienes, momento en que cobra vigencia la fracción I del artículo 27 constitucional.

g) Que al ser la herencia, la sucesión en todos los bienes del difunto, y en todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte conforme al artículo 1215 del Código Civil para el Estado de Jalisco, Francisco Granval, titular de los derechos que adquirió en el matrimonio estaba facultado para transmitirlos por disposición testamentaria.

4. En la sentencia dictada en el juicio de amparo el Tribunal Colegiado en lo que interesa sostuvo en síntesis lo siguiente:

a) Que fuera de las restricciones que el artículo 27, fracción I, de la Constitución Federal, impone a los extranjeros para adquirir tierras y aguas en una franja de cien kilómetros a lo largo de la frontera y cincuenta en las playas, gozan de los mismos derechos (garantías) que los ciudadanos mexicanos según se desprende de los artículos 1o. y 33 constitucionales y 30 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización.

b) Que dado el régimen de sociedad legal bajo el que celebraron matrimonio, la quejosa con Francisco Granval, se presume que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, pertenecen al fundo social y gananciales de los cónyuges, sin que obste la inscripción sólo a nombre de la quejosa Cecilia Martínez García, si no acreditó que los adquirió con recursos propios y no de la sociedad.

c) Que la condición prevista en la fracción I del artículo 27 constitucional, para que un extranjero pueda adquirir bienes inmuebles, debe acreditarse hasta el tiempo de otorgarse la escritura respectiva, y Francisco Granval no estaba obligado a cumplir con ese requisito, en tanto que él no adquirió los bienes cuestionados, sino que lo hizo directamente la quejosa.

d) Que en virtud al régimen de sociedad legal, el autor de la sucesión adquirió el derecho ganancial sobre los bienes, al tenor de los artículos 220 en relación con el 223 de la ley sustantiva civil del Estado de Jalisco, por lo que válidamente se incluyeron esos gananciales dentro de la sucesión testamentaria denunciada por Rebeca Granval, pues a partir del fallecimiento de Francisco Granval entraron en estado de indivisión poscomunitaria.

e) Que el artículo 66 de la Ley General de Población, se refiere a cuando el extranjero interviene directamente en el acto, o actos tendentes a adquirir bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, etcétera, hipótesis que no se surte en el caso al ser la quejosa quien celebró las operaciones relativas a los bienes controvertidos.

De la anterior ejecutoria se obtuvo la tesis aislada que se identifica y lee como sigue:

"Octava Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990

"Página: 161

"EXTRANJEROS, ADQUISICIÓN DIRECTA DE INMUEBLES Y NO POR SOCIEDAD CONYUGAL, POR LOS. El artículo 27, fracción I, de la Constitución General de la República establece, fundamentalmente, que el Estado podrá conceder a los extranjeros el derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. Por su parte, el numeral 66 de la Ley General de Población (equivalente al 71 de la vigente en 1947), prescribe que los extranjeros, por sí o mediante apoderado, sólo podrán celebrar actos relativos a la adquisición de bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, acciones o partes sociales de empresas dedicadas en cualquier forma al comercio o tenencia de dichos bienes, previo permiso de la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de las autorizaciones que deban recabar conforme a otras disposiciones legales. Pues bien, la interpretación lógica de ambas normas conduce inevitablemente a la conclusión, de que las exigencias que consignan deben satisfacerse única y exclusivamente en el caso en que el extranjero celebra directamente un acto de la naturaleza señalada, lo que no ocurre, verbigracia, en el evento en que el extranjero contrae nupcias bajo el régimen económico de sociedad legal, en la que, con posterioridad, ingresan bienes inmuebles.

"Amparo directo 217/90. Cecilia Martínez García. 17 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguilar."

QUINTO. Los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada en el recurso de revisión 253/2002, resuelto el ocho de agosto de dos mil dos, por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivado del juicio de amparo indirecto 29/2002, promovido por Betty Mizrahi Dayan de nacionalidad venezolana, son los siguientes:

1. Con fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, los apoderados de Banpaís, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Mexival-Banpaís, demandaron en la vía especial hipotecaria a Sunsel de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, como deudora principal, Isidoro Zapan Cababie, en su carácter de garante hipotecario y aval y Abraham Azkenazi Sutton, en su carácter de aval; radicándose el juicio en el Juzgado Cuadragésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal, bajo el expediente 1456/94, ordenándose la expedición, fijación y registro de las cédulas hipotecarias respectivas, girándose para ello exhorto a los Jueces competentes de Acapulco, Guerrero y Tlalnepantla, Estado de México, quedando inscritas en el Registro Público de aquellas localidades; habiendo producido su contestación el codemandado Isidoro Zapan Cababie, según escrito de doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y por otro diverso ocurso reconvino el cumplimiento del contrato base de la acción, sin que se aprecie que ese juicio haya concluido.

2. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil, Betty Mizrahi Dayán, promovió juicio de amparo indirecto, contra actos del Juez Cuadragésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal, registrador auxiliar de la Propiedad y del Comercio del Distrito de Tlalnepantla, adscrito a los Municipios de Naucalpan y Huixquilucan, Estado de México y delegado en Acapulco del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, señalando como actos reclamados básicamente, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio especial hipotecario 1456/94, y las inscripciones inherentes a este tipo de juicios, en tanto que adujo que de los inmuebles dados en garantía le corresponde el cincuenta por ciento, en virtud del régimen de sociedad conyugal pactado con el garante hipotecario Isidoro Zapan Cababie, y toda vez que ella no dio su consentimiento para la constitución de dicha hipoteca, ni mucho menos fue llamada al juicio especial hipotecario, iniciado con el propósito de desposeerle de su propiedad.

3. El asunto se radicó en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, donde se registró bajo el número 29/2002-I; con fecha veintiséis de abril del año dos mil dos, su titular dictó sentencia, decretando el sobreseimiento en el juicio de garantías, por razón de estimar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.

4. En la sentencia dictada en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, el Tribunal Colegiado para confirmar el sobreseimiento en el juicio, sostuvo en lo que al caso interesa lo siguiente:

a) Que el artículo 27 constitucional que regula lo relativo a la propiedad, establece diversas prevenciones y limitaciones a la propiedad privada, cuyo dominio original corresponde a la nación, reservándose la propiedad y el dominio directo de determinados bienes, mismos que forman parte de la propiedad pública. Que cada una de estas formas de propiedad tiene su regulación ordinaria específica y sus características propias. Que la propiedad privada está regulada en los párrafos 2o. y 3o. y las fracciones I, II, III, IV, V, VI y XV del referido precepto constitucional, y el régimen legal ordinario está contenido en el Código Civil para el Distrito Federal y en los de cada uno de los Estados. Que las modalidades y limitaciones de la propiedad privada, son medidas legales de carácter general, que restringen el derecho de usar, disfrutar y disponer de una cosa, son prohibiciones impuestas por el legislador respecto de determinada facultad del propietario. Que de la fracción I del artículo 27 constitucional, se obtiene que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras y aguas; agregando que el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos, so pena, en caso de faltar a dicho convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.

b) Que de las constancias que obran en el expediente se advierte que la quejosa Betty Mizrahi Dayán es extranjera, de nacionalidad venezolana, según se desprende de la copia certificada del acta de matrimonio celebrado por la quejosa e Isidoro Zapan Cababie; nacionalidad extranjera que se corrobora con la anotación marginal realizada al reverso de la propia copia certificada del acta matrimonial, que alude al permiso expedido por la Dirección General de Población de la Secretaría de Gobernación para que contrajera matrimonio civil con Isidoro Zapan Cababie de nacionalidad mexicana, sin que demostrara la celebración oportuna ante la Secretaría de Relaciones Exteriores del convenio a que se refiere la fracción I del artículo 27 constitucional, para estar así en aptitud de adquirir la propiedad de algún inmueble en el país, como también lo exige el artículo 9o. de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, obligación que se reitera por el diverso artículo 773 del Código Civil Federal.

c) Que en la escritura pública, donde se hizo constar el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria base de la acción en el juicio natural, cuyo cumplimiento fue garantizado por el cónyuge de la quejosa Isidoro Zapan Cababie, con los inmuebles que dicha impetrante aduce le pertenecen en un cincuenta por ciento por virtud de la sociedad conyugal, se asentó: "... IV. Declara don Isidoro Zapan Cababie, bajo protesta de decir verdad y advertido por mí de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, lo siguiente: a) Que los relacionados inmuebles son de su exclusiva propiedad y en tal consideración otorga la presente escritura, toda vez que aunque don Isidoro Zapan Cababie, los adquirió estando casado bajo el régimen de sociedad conyugal con doña Betty Mizrahi Dayán, matrimonio que celebraron en la ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el día siete de junio de mil novecientos setenta y ocho, como se desprende de la copia certificada de su acta de matrimonio, número quinientos ochenta y dos, misma que obra asentada a la foja doscientos ochenta y dos, libro segundo, correspondiente al año de mil novecientos setenta y ocho, expedida el diecisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, por el oficial del Registro Civil, licenciado Eduardo Franco Martínez, doña Betty Mizrahi Dayán no solicitó el permiso correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para adquirir dichos inmuebles, por lo que no adquirió (sic) ningún derecho sobre ellos por ser de nacionalidad venezolana, considerándose como único propietario de dichos inmuebles al señor Isidoro Zapan Cababie."

d) Que conforme a lo anterior, deviene infundado lo alegado por la recurrente en el sentido de que la sociedad conyugal que estableció, en virtud del matrimonio civil celebrado con Isidoro Zapan Cababie, le otorgara interés jurídico para acudir al juicio, a defender el porcentaje que le corresponde sobre los inmuebles adquiridos por su cónyuge, y embargados en el juicio al que dijo ser extraña; habida cuenta que el hecho de ser extranjera la obligaba a demostrar que suscribió ante la Secretaría de Relaciones el convenio relativo para adquirir el dominio de esos inmuebles, conforme a la fracción I del artículo 27 constitucional, sin que la sociedad conyugal aludida le otorgue esa capacidad, porque ese concierto de voluntades no puede participar de la validez que al contrato de matrimonio otorga la legislación civil imperante en nuestro país, a favor de los contrayentes mexicanos por nacimiento o por naturalización, cuando como en el caso uno de ellos es de nacionalidad extranjera, supuesto en el cual el sujeto en cuestión está limitado en su capacidad jurídica para incluso contraer matrimonio.

e) Que por consiguiente, el simple concierto de voluntades en cuanto al régimen sobre el cual se celebra el matrimonio, en forma alguna puede anteponerse a lo expresamente determinado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a las limitaciones que establece para los derechos de los extranjeros, por lo que el hecho de que la persona extranjera contraiga matrimonio bajo el régimen económico de sociedad conyugal, en la que con posterioridad ingresen inmuebles ubicados dentro del territorio nacional, no exime al cónyuge extranjero de cumplir con la prevención establecida en la fracción I del artículo 27 constitucional, para estar así en aptitud de ser titular de los derechos de propiedad de dichos bienes, en la parte que legalmente le corresponda.

f) Que ese órgano colegiado no comparte el criterio que fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la tesis de rubro: "EXTRANJEROS, ADQUISICIÓN DIRECTA DE INMUEBLES Y NO POR SOCIEDAD CONYUGAL, POR LOS.", en virtud de que la intención del legislador al imponer esa limitación a los extranjeros, fue precisamente para salvaguardar el patrimonio de la nación mexicana, destacando incluso, dentro de las consideraciones de debate, que se hizo alusión a los casos que en torno a los bienes raíces se suscitan con motivo del matrimonio contraído por un nacional con una persona extranjera; es decir, la limitación de mérito se estableció tomando en cuenta los conflictos que pudieran derivarse; empero ello se estableció no sólo en el caso de que el extranjero celebre directamente un acto jurídico tendente a la adquisición de bienes inmuebles, sino también en el supuesto del matrimonio.

g) Que además, la fracción I del artículo 27 constitucional, no establece la distinción a que alude el criterio que no se comparte, ya que nada expresa en el sentido de que los cónyuges extranjeros no necesitan recabar el permiso a que se refiere la fracción en cita, a efecto de que puedan participar sobre los bienes de la sociedad conyugal; de modo tal que donde la ley no distingue no cabe hacer distinción alguna. A todo lo cual debe agregarse que frente a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe ninguna otra legislación que exima la observancia tajante de aquélla, tal como en el caso lo es la Ley General de Población, que se refiere al caso específico en que los extranjeros celebran un acto jurídico a fin de adquirir bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, acciones o partes sociales de empresas dedicadas al comercio o tenencia de dichos bienes, pero no contempla los casos generales que también tuvo en cuenta el legislador, en torno a los conflictos sobre los bienes habidos en el matrimonio entre un nacional y un extranjero.

De la ejecutoria de mérito se obtuvo la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, diciembre de 2002

"Tesis: I.14o.C.3 C

"Página: 791

"EXTRANJEROS. EL HECHO DE QUE CONTRAIGAN MATRIMONIO CON UN NACIONAL BAJO EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE SOCIEDAD CONYUGAL, NO LOS EXIME DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE PREVÉ LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA ADQUIRIR LA TITULARIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD DE BIENES UBICADOS EN TERRITORIO NACIONAL Y QUE INGRESEN CON POSTERIORIDAD A DICHA SOCIEDAD. El artículo 27 constitucional, base fundamental para la regulación de la propiedad privada en el país, establece diversas prevenciones, limitaciones y aun prohibiciones en la capacidad para ser titular de derechos de propiedad sobre tierras y aguas cuyo dominio original corresponde a la nación. Así, por mandato expreso de la Constitución, existe una limitación para los extranjeros en cuanto a su capacidad para adquirir la propiedad de tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, quienes sólo podrán hacerlo bajo la prevención de la llamada Cláusula Calvo, que se traduce, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en la suscripción de un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el cual el extranjero interesado debe considerarse como nacional respecto de todos los bienes que adquiera y renunciar a invocar la protección de su gobierno, en relación con dichos bienes, bajo la sanción de perderlos en beneficio de la nación mexicana, en caso de faltar al citado convenio promoviendo cualquier reclamación diplomática en contra de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en acatamiento a este mandato constitucional, el hecho de que una persona extranjera contraiga matrimonio con un nacional bajo el régimen de sociedad conyugal, en la que con posterioridad ingresen inmuebles ubicados dentro del territorio nacional, no exime al cónyuge extranjero de cumplir con la prevención establecida en la fracción I del artículo 27 constitucional, para estar así en aptitud de ser titular de los derechos de propiedad de dichos bienes en la parte que legalmente le corresponda. Para arribar a la conclusión anterior, conviene mencionar que de las consideraciones torales que fueron esgrimidas por los diputados que integraron la asamblea encargada de los debates que se hicieron en torno a la fracción I del artículo 27 constitucional, se advierte que las razones que tuvo en cuenta el legislador para reformar dicha fracción, en cuanto a la limitación impuesta a los extranjeros para adquirir tierras y aguas de la nación, básica y fundamentalmente consistieron en la defensa de la propiedad nacional, imponiéndose determinadas medidas restrictivas tendientes a preservar el patrimonio de la nación, a efecto de evitar o disminuir, en lo posible, los innumerables conflictos internacionales que en torno a ese aspecto ha tenido nuestro país en su expediente histórico con otras naciones en relación con los bienes adquiridos por un matrimonio conformado por una persona extranjera y un nacional, con base en lo cual los bienes raíces de la sociedad ya quedan bajo el amparo de una bandera extranjera, pues al suscitarse alguna contienda sobre esos bienes los extranjeros acudían a sus respectivos gobiernos a presentar sus reclamaciones, siendo esa la razón por la cual se limitó a dichos extranjeros la capacidad para adquirir el dominio de los bienes que están en el territorio nacional. Otra circunstancia que robustece la anterior consideración, deriva del hecho de que la fracción I del artículo 27 constitucional nada expresa en el sentido de que los cónyuges extranjeros no deban recabar el permiso relativo a que se refiere la fracción en cita, a efecto de que puedan participar sobre los bienes de la sociedad conyugal. A todo lo cual debe agregarse que frente a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe ninguna otra legislación que exima la observancia tajante de aquélla, tal como lo es la Ley General de Población, la cual, a juicio de este tribunal, en su artículo 66 se refiere al caso específico en que el extranjero celebra un acto jurídico a fin de adquirir bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, acciones o partes sociales de empresas dedicadas al comercio o tenencia de dichos bienes, pero no contempla los casos generales que también tuvo en cuenta el legislador en torno a los conflictos sobre los bienes habidos en matrimonio entre un nacional y un extranjero, que es lo que precisamente trata de evitar el artículo 27 constitucional, imponiendo limitaciones que constituyen una de las excepciones que restringen para los extranjeros el goce irrestricto de las garantías individuales que la Constitución establece, en razón de la preservación del orden y la seguridad nacional.

"Amparo en revisión 253/2002. Betty Mizrahi Dayán. 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno."

SEXTO. De la reseña anterior se arriba a la conclusión de que ambos Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y arribaron a conclusiones diferentes, partiendo del examen de los mismos elementos principales, como resulta la interpretación de la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el acto reclamado es la sentencia definitiva, dictada en apelación en un juicio seguido ante órgano jurisdiccional del fuero común, en que se pretendió por la quejosa de nacionalidad mexicana, la invalidez de la disposición testamentaria de su cónyuge extranjero a favor de un tercero, respecto de los gananciales derivados de la sociedad legal habida en el matrimonio, por lo que hace a los bienes inmuebles adquiridos por la quejosa durante la vigencia de la sociedad legal. Esto es, la cónyuge supérstite de nacionalidad mexicana que durante la vigencia de la sociedad legal adquirió bienes inmuebles, pretendía la nulidad de la disposición testamentaria de su esposo extranjero, respecto del cincuenta por ciento de los gananciales que le pertenecían por efecto de la sociedad legal, bajo el argumento de que aquél, el extranjero que falleció, al tiempo de contraer nupcias, no suscribió el convenio a que se refiere la fracción I del artículo 27 constitucional.

En el juicio natural se declaró la improcedencia de la acción, y el amparo se negó por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por considerar entre otros, que el extranjero autor de la disposición testamentaria no pudo haber otorgado convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de considerarse como nacional respecto de dichos bienes, y de no invocar por lo mismo la protección de su gobierno por lo que hace a aquéllos, convenio a que se refiere la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los bienes respecto de los que realizó la disposición testamentaria sobre el cincuenta por ciento de sus gananciales, no los adquirió él sino su cónyuge, y el compromiso de referencia sólo debe acreditarse al tiempo de otorgarse la correspondiente escritura pública de propiedad.

Mientras que en el caso resuelto por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se ejerció la acción de amparo por violación a la garantía de audiencia, al ostentarse la quejosa de nacionalidad extranjera, tercera extraña al juicio civil hipotecario seguido en contra de su cónyuge mexicano, en que se embargaron bienes adquiridos por éste, mismos que aquélla considera de su propiedad en un cincuenta por ciento, en virtud del régimen de sociedad conyugal bajo el que contrajeron nupcias, habiéndose sobreseído en el juicio por falta de interés jurídico, al no acreditar la titularidad del derecho que aduce, por falta del convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que alude la referida fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El referido órgano colegiado confirmó el sobreseimiento, al considerar en lo medular que la fracción I del artículo 27 constitucional, no establece la distinción a que alude el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, criterio que no se comparte, pues la necesidad del compromiso se estableció no sólo en el caso de que el extranjero celebre directamente un acto jurídico tendente a la adquisición de bienes inmuebles, sino también en el supuesto del matrimonio; que el precepto constitucional nada expresa en el sentido de que los cónyuges extranjeros no necesitan recabar el permiso a que se refiere la fracción en cita, a efecto de que puedan participar sobre los bienes de la sociedad conyugal; de modo tal que donde la ley no distingue no cabe hacer distinción alguna; que frente a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe ninguna otra legislación que exima la observancia tajante de aquélla.

A efecto de delimitar el punto de contradicción, es oportuno transcribir el aspecto medular de la denuncia que originó la formación de este expediente:

"Cabe aclarar que mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostiene que la interpretación lógica tanto de la fra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18873-84fdfc22/sociedad-conyugal-momento-en-que-el-conyuge-extranjero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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