CADUCIDAD. LA PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY GENERAL DE SALUD.
REVISIÓN FISCAL 340/2003. SUBDIRECTOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DE ESA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO FEDERAL EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS MISMAS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Es infundado el único agravio que hace valer la recurrente en los términos de las siguientes consideraciones:
Sustancialmente refiere en su único agravio la autoridad recurrente, que la Sala suple la deficiencia de la demanda, no obstante que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación lo prohíbe, suplencia que hace sin fundar ni motivar su determinación, se concreta a declarar la nulidad de la resolución impugnada al considerar que el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que según la autoridad introdujo la Sala ilegalmente, establece la aplicación de la misma y, por tanto, la caducidad prevista en su artículo 60 operó a favor del actor, sin justificar que para dar por terminado un procedimiento de verificación sanitaria regulado por la Ley General de Salud, ésta deba ser suplida por dicha Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El argumento que propone la autoridad recurrente, relacionado con la pretendida suplencia de la deficiencia de la demanda es infundado, porque es inexacto que la Sala ejerciera un derecho que no le asiste, ya que la entonces actora adujo que el procedimiento seguido en su contra había caducado, al haber excedido el término previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Sala, sin cambiar los hechos, resolvió que contrario a lo manifestado por la autoridad sí operó la caducidad del procedimiento administrativo que culminó con la imposición de una multa.
Por otra parte, la Sala Fiscal considera que de ninguna manera se puede entender que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo sea de aplicación supletoria ya que es de aplicación estricta en los términos de su artículo 1o., y segundo transitorio, y en esa medida, opera la caducidad prevista en el artículo 60 aludido, al darse los supuestos en él previstos.
Es importante precisar que, el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo regula la supletoriedad en los términos del artículo segundo, y en otros casos, atendiendo a su finalidad y estructura así como a las cláusulas derogatorias de la ley y de sus reformas, regula una sustitución del régimen de los procedimientos administrativos que señala buscando una regulación uniforme integradora aplicable a todos los actos administrativos.
Al respecto, en el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, inmerso en el título primero relativo a "Del ámbito de aplicación y principios generales", se regula lo siguiente:
"Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. (Adicionado, D.O.F. 19 de abril de 2000). El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. (Reformado, D.O.F. 19 de abril de 2000). Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."
De lo anterior se advierte que en su artículo 1o., la ley regula lo relativo al ámbito de aplicación, mencionando que es aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal, así como a los actos de autoridad de los organismos descentralizados, excepción hecha de las materias expresamente excluidas de la aplicación de la ley.
Por su parte, el artículo 2o., regula el régimen de supletoriedad especial de la ley, de acuerdo con el contenido siguiente:
"Artículo 2o. Esta ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta ley, en lo conducente."
No obstante lo anterior, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debe interpretarse de acuerdo con la naturaleza de su supletoriedad y con el alcance de los diversos artículos transitorios que determinan su vigencia, pues en algunos casos no existe supletoriedad, sino una sustitución legislativa.
En efecto, el régimen de supletoriedad que la ley procedimental federal regula y opera en forma distinta al sistema clásico, pues si bien el artículo 2o. de la propia ley destaca que la misma es aplicable supletoriamente a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma, este régimen de supletoriedad es singular, pues no es la norma especial la que prevé la norma supletoria que a ella debe aplicarse, sino que es una norma general que, por disposición expresa del legislador, es supletoria a las demás leyes administrativas federales; además, se trata de una norma de carácter general e integradora, por lo que para su interpretación y aplicación debe tomarse en cuenta la finalidad de su expedición, así como las disposiciones transitorias relativas a su creación y a sus reformas.
La ley únicamente establece las bases y las reglas a las que se sujetará la autoridad en el desarrollo del procedimiento administrativo para la emisión de los actos de la misma naturaleza.
Lo anterior se entiende con facilidad si acudimos a la finalidad de la ley que es la de ordenar, con base en principios generales y unitarios, los procedimientos administrativos que se siguen ante la administración pública federal centralizada y paraestatal, desde la reforma antes referida, incluyendo en la unidad del procedimiento la reducción a uno solo para el dictado de actos administrativos, lo cual no es una cuestión supletoria, sino integradora y centralizada que se desprende del texto expreso de la propia ley, así como de sus artículos transitorios y de sus reformas.
Ahora bien, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 60 establece:
"Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley. La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución."
Por su parte la Ley General de Salud, que es la ley del acto reclamado, no contempla la figura de la caducidad en los procedimientos administrativos de verificación que regula, por lo que si se atiende a la finalidad unificadora de esa ley federal que intenta terminar con la diversidad de procedimientos en materia administrativa, válidamente puede concluirse que procede su aplicación supletoria en el aspecto que nos ocupa; lo que se constata, atendiendo a la exposición de motivos de la misma, de la que destaca lo siguiente.
"Todo Estado democrático que se precie de serlo, tiene la obligación ineludible de dar certeza y seguridad jurídica a sus relaciones con los particulares. ... Consideramos que cualquier reforma administrativa, por muy profunda que sea, sería insuficiente y no lograría una auténtica justicia administrativa, si no es consolidada mediante la incorporación a nuestro sistema jurídico de una Ley Federal de Procedimiento Administrativo para lograr, desde el punto de vista jurídico, una actuación unitaria, congruente, sistemática de administración pública federal. ... Es menester, en consecuencia, un ordenamiento legal que unifique lo que se encuentra disperso en algunas leyes en lo que se refiere a los principios fundamentales atinentes a definir, principios de competencia, elementos del acto administrativo, que constituye la forma como se expresa la voluntad del Estado en su función administrativa para aplicar y concretar la ley a casos particulares, afectos por la ausencia de uno o más elementos del acto administrativo y principios relativos al procedimiento administrativo. Salvo la fiscal, hoy en día existe una anarquía legislativa en el ámbito administrativo respecto a tales principios, de suerte que cada ley administrativa, con su procedimiento especial, fija sus propios principios, muchas veces contradictorios con otras leyes, dando lugar con ello a una inseguridad jurídica. Es también innegable que por la pluralidad de actividades que puede y debe desarrollar la administración pública, es a veces necesario tener procedimientos especiales. No obstante ello, también es cierto que es necesario contar con un ordenamiento legal que instituya un solo procedimiento que regule la actuación de la administración pública, mediante principios aplicables a todos los órganos que la integran, en un marco de un procedimiento general tipo, para asegurar un mínimo de unidad de principios y lograr así la justicia administrativa. Hablar de justicia administrativa es concretar, en su especie, una rama de la justicia en general. No puede significar más que una clase de justicia que queda individualizada o concretada por su relación con la actividad pública. ... Fundamento, principios y criterios que orientan la presente iniciativa. ... b) Denominación de la ley y su ámbito de aplicación. El título de la ley fue denominado Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no Código Federal Administrativo, porque esta última denominación es más amplia que la primera, y si bien contiene la iniciativa principios rectores de la actuación de la administración pública, no menos lo que no incluye y comprende toda la parte sustantiva que una ley tendría que regular para merecer tal denominación. Por ello, se optó por la denominación propuesta, sin que ello obste para que en el título segundo de la iniciativa, principalmente, se desarrollen principios rectores del acto administrativo que constituye la forma en que se expresa la voluntad de la administración pública en el ejercicio de su función administrativa. Se hace especial énfasis al procedimiento administrativo que es el conjunto de normas que regulan la serie de actos que realiza la administración pública, para la realización de los fines que las leyes atribuye competencia. A la luz de la teoría general del proceso, de la cual no está ajena el procedimiento administrativo, como especie de otros procedimientos (legislativo y judicial), constituye el camino, condicionado jurídicamente, a través del cual una manifestación jurídica de un plano superior produce una manifestación del plano inferior. Caminos de producción jurídica los hay tantos como formas perceptivas que sirven como reglas de producción de otras manifestaciones jurídicas. El motivo político-legislativo que en todo caso justifica la elaboración de un derecho procesal administrativo es el empeño de proporcionar a los hombres que obtienen su derecho en cada caso particular, a través de las autoridades administrativas, las mismas garantías de juridicidad, o lo que es lo mismo, la aplicación del derecho administrativo, material o sustantivo. La necesidad de observar ciertas formas se considera con razón una garantía al debido proceso legal, esto es, que el contenido se adapte a la forma. Un procedimiento administrativo es una manera adecuada y eficaz de instrumentar, en el ámbito administrativo, el debido proceso legal consagrado en el artículo 14 constitucional. En el párrafo anterior se dijo que esta iniciativa de ley no sólo se concreta a establecer el procedimiento administrativo para la producción del acto administrativo final, sino también, debe contener principios rectores de la actuación administrativa. La falta de una ley uniforme en materia administrativa y la carencia, como se indicó con antelación, de una unidad integral de las diversas leyes administrativas, ha dado lugar a que el Poder Judicial integre principios jurisprudenciales para suplir las deficiencias de algunos de nuestros ordenamientos legales administrativos, a fin de procurar la realización y vigencia de los principios de legalidad y del debido proceso legal."
Asimismo, respecto de la última reforma que ha sufrido esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de mayo de dos mil, del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la que fue turnada para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentada el día 4 de abril de 2000 por el titular del Ejecutivo Federal, se desprende lo siguiente:
"A. Resulta pertinente poner de relieve, en primer término, que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de agosto de 1994, tiene como propósito fundamental regular los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada. B. A fin de reconocer la existencia de actos de autoridad que llevan a cabo los organismos descentralizados, así como la necesidad de establecer los mecanismos necesarios para impulsar en el gobierno federal políticas de mejora regulatoria, este H. Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de abril del presente año."
También resulta necesario acudir a los diversos artículos transitorios para comprender el alcance de la ley.
Así, el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo indica:
"Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta ley, se resolverán conforme a la ley de la materia."
Por su parte, los transitorios de la reforma de diecinueve de abril de dos mil, indican:
"Primero. El presente decreto entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo: I. Lo previsto en los artículos 69-B, primer párrafo, 69-O y 69-Q, que entrarán en vigor al día hábil siguiente en que la dependencia u organismo descentralizado correspondiente publique en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el que informe que está operando el registro de personas acreditadas o que están inscritos en el registro todos los trámites que les corresponde aplicar, según corresponda; dicha publicación deberá hacerse en un plazo máximo de tres años a partir del mes siguiente a que se publique este decreto; II. Lo previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo, que entrará en vigor al día hábil siguiente en que el titular del Ejecutivo Federal publique en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el que informe que están operando de manera interconectada todos los registros de personas acreditadas; dicha publicación deberá hacerse en un plazo máximo de tres años a partir del mes siguiente a que se publique este decreto, y III. Lo previsto en el artículo 15-A, fracción I, que entrará en vigor a los seis meses siguientes a la publicación de este decreto."
De los fragmentos de las exposiciones de motivos y del dictamen transcritos, así como de los artículos transitorios podemos establecer las siguientes conclusiones:
1) La Ley Federal de Procedimiento Administrativo tiene como finalidad unificar los procedimientos que se siguen ante la administración pública federal, creando para ello un procedimiento administrativo tipo e implementando, coetáneamente, principios generales que rijan el actuar de la administración para lograr en la medida de lo posible la finalidad de la ley, por lo anterior, en su texto se albergan disposiciones que tienden a dar congruencia y uniformidad a las diversas leyes y ordenamientos administrativos federales, justificando la existencia de este procedimiento administrativo común y por razón de legalidad, eficacia de la administración, garantía y participación del ciudadano.
2) La finalidad de un procedimiento administrativo común es la determinación de los principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento.
En ese tenor, en el caso resulta aplicable supletoriamente el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque si bien, la caducidad no se encuentra prevista en la Ley General de Salud, es una forma de dar por concluido el procedimiento administrativo, atendiendo a la actitud pasiva de la autoridad que omite emitir la resolución que corresponde, en el tiempo que fija la ley para el caso; por lo que atendiendo a la naturaleza unificadora de la ley, este tribunal advierte que le asiste la razón a la Sala cuando señala que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable al procedimiento que nos ocupa, por lo que procede aplicar en el caso la figura de la caducidad prevista en su artículo 60 al no encontrarse prevista en la Ley General de Salud.
Tienen aplicación al caso las siguientes tesis, sustentadas por este Tribunal Colegiado, cuyo rubro y texto dicen:
"Novena Época
"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, marzo de 2003
"Tesis: I.4o.A.377 A
"Página: 1698
" De la exposición de motivos, dictamen y artículos transitorios de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte que ésta tiene como finalidad unificar los procedimientos administrativos que se siguen ante la administración pública federal, para lo cual crea un procedimiento administrativo tipo y establece principios generales que rigen la actuación de la administración, y dicho procedimiento común prevé los principios y normas que definen su estructura general y prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo las garantías procesales de los particulares. Ahora bien, en atención a la naturaleza unificadora de la ley que nos ocupa, se debe concluir que la caducidad que prevé es aplicable supletoriamente a los procedimientos que establece la Ley General de Salud, pues aunque ésta no la contempla, es una forma de dar por concluido el procedimiento administrativo, atendiendo a la actitud pasiva de la autoridad que es omisa en dictar la resolución que corresponda en el tiempo que fija la ley para cada caso y, por otra parte, la suplencia opera para aclarar o subsanar alguna omisión, oscuridad o deficiencia que exista en la ley especial y que sea indispensable para su mejor observancia."
"Novena Época
"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, abril de 2003
"Tesis: I.4o.A.376 A
"Página: 1142
"SUPLETORIEDAD. RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-El régimen de supletoriedad que establece el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es singular, pues, a diferencia del clásico, no es la norma especial la que prevé la aplicación de la norma supletoria, sino que una norma general e integradora, como la que nos ocupa, es la que, por disposición expresa del legislador, prevé la aplicación supletoria del ordenamiento al que pertenece, a las diversas leyes administrativas federales."
Así es, la caducidad como una figura procesal que consiste en la extinción del proceso por inactividad de las partes dentro del procedimiento en el término que al efecto establece la ley, en este caso la ley federal mencionada, es aplicable en la especie, porque dicha figura no se encuentra contemplada en la ley especial y la suplencia opera para aclarar o subsanar alguna omisión, obscuridad o deficiencia que exista en la ley de la materia y que sea indispensable para mejor observancia de la misma.
En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de revisión fiscal.
La Sala responsable estuvo en lo correcto al resolver en el sentido que lo hizo, por lo que no hay variación de la litis ni mejoró la fundamentación y motivación, no hubo violación al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, como lo asevera el recurrente, de ahí lo infundado del agravio propuesto por el mismo; cabe aclarar que la suplencia de la queja sólo se produce cuando la juzgadora, al emitir su sentencia, introduce elementos ajenos a la litis planteados por el actor en su demanda, por lo que la introducción del artículo 1o., de Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es ajeno a la litis planteada por la quejosa, la autoridad responsable al invocar dicho artículo lo que hizo fue constatar que fue aplicable dicha ley al caso.
Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver por unanimidad de votos los recursos de revisión fiscal R.F. 278/2002 y R.F. 296/2002, interpuestos ambos por el subdirector de Recursos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, en sesiones de dieciséis y treinta de octubre de dos mil dos, respectivamente, siendo ponente en ambos asuntos el Magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución y 248 del Código Fiscal de la Federación; 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el subdirector de Recursos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas de esa dependencia del Ejecutivo Federal en nombre y representación de las mismas, en contra de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil tres, dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente 3598/03-17-07-3.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a la Sala de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Hilario Bárcenas Chávez; Jesús Antonio Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18959-61ee6afc/caducidad-la-prevista-en-la-ley-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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