Corpus
Modo: Corpus Pro

CONCEPTO DE VIOLACIÓN. NO LO CONSTITUYE LA SOLA CITA DE TESIS O JURISPRUDENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 327/2005. · Registro digital (IUS): 18963
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA TERESA VELÁZQUEZ DE CÁSAREZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1566.

AMPARO DIRECTO 327/2005. MARÍA TERESA VELÁZQUEZ DE CÁSAREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son inoperantes los conceptos de violación que por esta vía constitucional aduce el solicitante de amparo.

Así es, expresa en esencia el quejoso que la autoridad responsable aplicó inexactamente el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, pues omitió valorar en su conjunto los medios de prueba que aportó en el proceso de origen para demostrar los hechos constitutivos de sus excepciones, y con posterioridad procede a realizar una síntesis de lo resuelto por dicha autoridad; luego, concluye que ello es inexacto, ya que: "... si bien es cierto que en el contrato privado de compraventa referido, no aparece asentado el número de la finca, también lo es que de su contenido se aprecia que es el mismo inmueble motivo de la controversia, se aprecia que la fecha en que lo celebré fue el 29 de noviembre de 1989; y, si al contrario de lo sostenido por la responsable, dicha prueba documental sí fue adminiculada con otros medios de prueba aportados al sumario, como lo fueron las que obran en autos del principal de fojas 103 a 124, y de cuyo contenido se aprecia que la suscrita efectué el pago y la contratación de los servicios a que dichos documentos se refiere, sin que sea óbice para estimar lo contrario lo aducido por la responsable, en el sentido de que con dichos documentos se acreditara que mi posesión del bien inmueble fuera anterior a la del título de propiedad exhibido por la actora, siendo falso, como lo sostiene la responsable ‘ninguna de ellas es de fecha anterior a la del título de propiedad exhibido por la actor’, afirmación contraria a dichas constancias, pues de una simple lectura de dichas documentales se aprecia lo contrario a lo afirmado por la responsable, es decir, que la contratación de los servicios a que se refieren fueron todas celebradas con fecha anterior a la del referido título de propiedad ..."

Asimismo, agrega que si se adminiculan tales documentos con la testimonial a cargo de Rosa Leticia Perea Varela y Guadalupe Hernández Murillo y con la "inspección judicial u ocular", es de estimarse que, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, las documentales que ofreció son idóneas para demostrar los hechos base de sus excepciones, sin que sea obstáculo lo resuelto por dicha autoridad en cuanto a que en dichas pruebas no se precisa con exactitud la fecha de celebración del contrato de compraventa celebrado con Olga Juárez, respecto del bien cuya posesión se le pretende privar, esto, ya que: "... no es exigible y humanamente posible que una persona recuerde con precisión hechos sucedidos en el pasado, en el que han transcurrido 15 a 20 años de sucedidos al momento de su narración ...", y cita la tesis del rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL, SU APRECIACIÓN."

Por último, expresa que en virtud de lo anterior es de concluirse que la autoridad responsable debió haber valorado las pruebas en su conjunto, es decir, adminiculadas unas con otras, para estar en posibilidad de llegar a la verdad legal, lo que no sucedió en la especie y, en consecuencia, la resolución reclamada transgrede en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica consistente en que en los juicios civiles las sentencias deben ser conforme a la ley y su correcta interpretación, y cita la tesis: "ACCIÓN REIVINDICATORIA Y PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PREVALECE ÉSTA SOBRE AQUÉLLA. CUANDO LA POSESIÓN ES ANTERIOR AL TÍTULO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)."

Como se refirió, tales motivos de inconformidad, a juicio de este Tribunal Colegiado, resultan inoperantes, dado que en ellos el quejoso se duele de la indebida valoración que la autoridad responsable efectuó de los diversos medios de convicción que ofreció en el proceso civil de origen, pues en su concepto, ellos no fueron analizados en forma adminiculada para llegar a la verdad legal; sin embargo, no precisa el alcance probatorio de dichos medios de convicción y la forma en que trascenderían en su beneficio al resultado final del fallo. Esto es así, pues únicamente se limita a manifestar que con la valoración adminiculada de ellos se acreditan los elementos de sus excepciones, y hace referencia a las pruebas documentales, la testimonial y la inspección judicial, las que a su juicio demuestran que su posesión es anterior al título de propiedad exhibido por la parte actora, pero, se insiste, no expresa qué se desprende de cada una de ellas o cómo es que sí acreditan los extremos a que alude y cómo trascienden al resultado final del fallo, de ahí la inoperancia de los motivos de inconformidad que se estudian, pues el quejoso no proporciona a este órgano de control constitucional los elementos necesarios a fin de estar en aptitud de analizar si la sentencia reclamada es o no violatoria de garantías individuales, máxime que en el caso particular no opera la suplencia de la queja deficiente en su favor.

Similar criterio es el contenido en la jurisprudencia VI.2o. J/102, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 509, con el rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI OMITEN PRECISAR EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PROBANZAS CUYA VALORACIÓN ILEGAL SE ALEGA.-Los conceptos de violación que se hacen consistir en falta de valoración de pruebas rendidas en el juicio generador del acto reclamado deben expresar no sólo las probanzas cuya estimación se considera ilegal, sino también deben precisar el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en beneficio del quejoso, pues únicamente en dicha hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicios al mismo y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales, de suerte tal que los conceptos de violación que no reúnan los requisitos mencionados deben estimarse inoperantes por deficientes."

Por otra parte, en relación con lo que manifiesta la solicitante del amparo en cuanto a las documentales que obran de las fojas 103 a la 124 del juicio civil de origen, de las cuales, a su decir, se desprende que efectuó el pago de los servicios a que dichos documentos se refieren y que, por lo tanto, demuestran que su posesión es anterior al título de propiedad exhibido por la parte actora, manifestaciones anteriores con las que pretende precisar el alcance probatorio de tales medios de convicción; al respecto, debe decirse que ello no es un obstáculo para declarar la inoperancia del concepto de violación que se analiza. Esto es así, pues tales argumentos constituyen en esencia una repetición de lo que adujo ante el tribunal de alzada, sin que con ellos controvierta los argumentos que emitió la autoridad responsable en cuanto al punto en cuestión.

Así es, en vía de agravios y en relación con dichos documentos, la entonces apelante adujo:

"... Me causa agravio la sentencia recurrida porque con ella se violaron en mi perjuicio los principios reguladores de la prueba, al desconocerles valor probatorio a las documentales que ofrecí y desahogué como pruebas de mi parte, al hacer una inexacta valoración de las mismas diciendo que estos documentos no son aptas (sic) para acreditar la posesión del inmueble que se me reclamó en el juicio de origen, ya que esta valoración la hace en forma genérica y aislada de las demás probanzas desahogadas por la suscrita en el juicio natural, a las que hago mérito anteriormente, pues (sic) los contratos y los recibos de los servicios de agua y drenaje, luz, gas y teléfono, pagué la pavimentación de la calle que da al frente de mi casa, di de alta la construcción a mi nombre en el Departamento de Catastro, y todos aquellos documentos que aporté al juicio con este mismo fin, los que demuestran que la suscrita poseo el inmueble en concepto de propietaria y de manera continua y pública, frente a todas las autoridades y empresas de servicios, públicas y privadas ..."

Dicho agravio fue desestimado por la autoridad responsable en atención a las siguientes consideraciones:

"... En primer término, resultan insuficientes los agravios, pues la apelante no precisa de qué manera estima que se violaron los principios reguladores de la prueba, ni establece en qué forma debieron ser valoradas las pruebas a las que hace referencia para llegar a las conclusiones pretendidas por la apelante, pues si bien es cierto que de las documentales a que hace referencia la recurrente, se demuestra que la misma efectuó el pago y la contratación de los servicios a los que dichas documentales se refieren, ello de ninguna forma es suficiente para tener por acreditado que la posesión que la demandada ejerce sobre el inmueble de referencia, sea en concepto de propietaria del mismo, ya que no se requiere ser propietario de un inmueble para efectuar gastos de servicios que han de llevarse a cabo en dicho inmueble, menos si se acredita que quien cubre esos gastos habita ese inmueble, sea por la causa que sea, por lo que carece de razón la recurrente al señalar que mediante dichas documentales debió tenerse por demostrada su calidad de dueña del bien inmueble objeto de la controversia, y menos aún que su posesión respecto del mismo sea anterior a la del título de propiedad exhibido por la actora, pues según se aprecia del análisis de las aludidas documentales (fojas 102 a la 124), ninguna de ellas es de fecha anterior a la del título de propiedad exhibido por la parte actora, por lo que las alegaciones de la recurrente en este sentido resultan inoperantes por insuficientes."

En este orden de ideas, es dable concluir que lo expresado por la quejosa en relación con el alcance probatorio de las documentales a que hace referencia, es insuficiente para que este Tribunal Colegiado analice si la valoración que de ellas hizo la autoridad responsable es o no violatoria de sus garantías individuales (y, en consecuencia, que los conceptos de violación que se estudian son inoperantes), pues como se refirió, no precisó cómo trascienden en su favor al resultado final de la sentencia reclamada, y si bien pretendió señalar su alcance probatorio, al expresar que dichas documentales demostraban el pago de diversos servicios, como se advierte de las transcripciones que anteceden, ello sólo constituye una repetición en esencia de lo que adujo vía agravios, sin que controvierta lo resuelto por la responsable en cuanto a que: no se requiere ser propietario de un inmueble para efectuar gastos de los servicios "que han de llevarse a cabo en dicho inmueble", por lo que contrariamente a lo manifestado por la entonces recurrente, las documentales en cuestión no demostraban su calidad de dueña, ni que su posesión, respecto del bien materia de la controversia, sea anterior al título de propiedad exhibido por la parte actora, ya que ninguna de aquéllas tiene fecha anterior a éste.

En relación a los conceptos de violación que constituyen una repetición de lo que en esencia se adujo en los agravios sin controvertir lo resuelto por la autoridad responsable, cabe precisar que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el número 105, Tomo VI, Materia Común, página 83, emitió el siguiente criterio:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.-Si el quejoso, sustancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama."

Por último, este Tribunal de Circuito considera pertinente mencionar que la cita que hace la quejosa de las tesis con los rubros: "PRUEBA TESTIMONIAL, SU APRECIACIÓN." y "ACCIÓN REIVINDICATORIA Y PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PREVALECE ÉSTA SOBRE AQUÉLLA. CUANDO LA POSESIÓN ES ANTERIOR AL TÍTULO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)." no puede ser considerada como un verdadero concepto de violación, pues para que ello fuera así, era menester que precisara los razonamientos que evidenciaran que el criterio en ellas contenido cobra aplicación al caso concreto, y que por ello deben ser tomadas en consideración para resolver en la manera en que lo pretende, hipótesis que no sucede en la especie, de ahí que no puedan estimarse como un verdadero motivo de inconformidad.

Similar criterio es el sostenido por este órgano de control constitucional con anterior denominación, en la tesis XVII.1o.8 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 1309, que dice:

"-Si la parte quejosa se limita a invocar o transcribir tesis o jurisprudencia, ello hace que esa sola cita no pueda considerarse como verdadero concepto de violación, pues para que ello fuera así, es menester expresar el razonamiento que permita establecer que el criterio que las mismas contienen cobra plena aplicación en el caso concreto y que, por ello, deben ser tomadas en consideración para resolver en la manera en que lo pretende aquélla; de ahí que su sola invocación o transcripción no constituye propiamente un concepto de violación."

En las relatadas consideraciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación materia de la presente resolución, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional solicitados.

Negativa que debe hacerse extensiva por lo que se refiere al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, autoridad que fue señalada como responsable con el carácter de ejecutora, ya que los actos atribuidos a la misma en modo alguno son atacados por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la que a su vez se atribuye a los actos que se reclaman de la autoridad señalada como ordenadora.

Apoya esta consideración la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 72, que dice:

"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Teresa Velázquez de Cásarez, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, licenciados Manuel Armando Juárez Morales, Roberto Rodríguez Soto y Luis Ignacio Rosas González, siendo ponente el segundo de los mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18963-71c4e3c8/concepto-de-violacion-no-lo-constituye-la-sola · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.