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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN AL CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A SUS REFORMAS DEL 24 DE MAYO DE 1996).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 506/2004. · Registro digital (IUS): 18968
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALEJANDRO TREVIÑO SANTOS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1622.

AMPARO EN REVISIÓN 506/2004. ALEJANDRO TREVIÑO SANTOS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son sustancialmente fundados, en la medida que se analizan, los agravios expuestos.

Antes de entrar al estudio de los agravios propuestos por el recurrente, conviene puntualizar algunos aspectos jurídicos que resultan trascendentes para dirimir el emplazamiento cuestionado.

En primer lugar, debe precisarse que la normatividad aplicable al caso concreto, en términos del transitorio primero, lo es el Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, específicamente el título segundo denominado "De los juicios ordinarios", en donde el artículo 1377 establecía: "Artículo. 1377. Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario."; en razón de que el crédito cuyo cumplimiento dio origen al procedimiento del que provienen los actos reclamados fue signado el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Asimismo, cabe destacar que el diverso numeral 1054 del ordenamiento en cita, preceptuaba: "Artículo 1054. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva."

De la lectura del anterior precepto, se colige que cuando se trata de juicios mercantiles ordinarios, el Código de Comercio, no establecía la forma en que se debía realizar el emplazamiento, por tanto, ante esa laguna, en los casos en que se suscite un conflicto relacionado al emplazamiento a juicio, deben ser aplicadas las normas del derecho común local, en los términos del artículo enunciado.

Se aplica la jurisprudencia doscientos cuarenta y seis, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en la página ciento sesenta y ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo IV, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMÚN. En la contradicción planteada ante los Tribunales Colegiados del Quinto y Octavo Circuitos, en virtud de que el primero de dichos tribunales sostiene que tratándose de la diligencia de emplazamiento y embargo en un juicio ejecutivo mercantil, su práctica y formalidades no admiten supletoriedad de la ley común, toda vez que esa diligencia está regulada en los artículos 1393 y 1396 del Código de Comercio, en tanto que el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sustenta la tesis contraria relativa a que en la práctica de un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, debe realizarse con apego a lo que sobre el particular disponga el Código de Procedimientos Civiles local aplicado supletoriamente, de conformidad con el artículo 1051 del Código de Comercio, porque este ordenamiento en sus artículos 1393 y 1396 omite establecer las formalidades que la legislación común determina para la práctica justa del emplazamiento, debe prevalecer el siguiente criterio: la comparación de las normas de derecho común con las del Código de Comercio demuestra que, en tratándose de notificación de la demanda en los juicios ejecutivos mercantiles, deben aplicarse las del derecho local común, por ser omiso el Código de Comercio en las formalidades que deben observarse en materia de notificación de la demanda. En efecto, estas formalidades es necesario observarlas en los juicios ejecutivos mercantiles, a fin de que el demandado tenga pleno conocimiento de quién lo demanda, qué se le demanda y qué tribunal ordenó el emplazamiento, para que no se le viole la garantía de audiencia que señala el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo, que dice: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho’."

Es preciso hacer énfasis en que si bien la tesis jurisprudencial invocada se refiere a los juicios ejecutivos mercantiles, cobra aplicabilidad al caso -juicio ordinario mercantil- al existir la misma razón tratándose de los juicios ordinarios; ante la ausencia de normas en el Código de Comercio que regulen la forma de como se ha de practicar el emplazamiento a juicio.

Por todo lo expuesto, es de concluirse que en lo relativo al procedimiento aplicable en la práctica del emplazamiento, se impone su estudio conforme lo determinado en las reglas contenidas en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, reformado según el decreto número cuatrocientos setenta y siete, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, ello en atención a que el juicio de origen fue instaurado el trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del citado decreto.

Ahora bien, el quejoso y recurrente aduce que la determinación del Juez de Distrito, en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, bajo la consideración toral de que la diligencia de emplazamiento al juicio ordinario mercantil número 733/98, practicada por el actuario adscrito al Juzgado Menor de San Pedro Garza García, Nuevo León, reúne los requisitos establecidos en los numerales 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, resulta contraria a derecho.

Sobre el particular, el recurrente sostiene (en esencia) que el Juez de primer grado valoró incorrectamente las constancias existentes en el juicio de amparo, porque de lo contrario habría advertido que la actuaria que pretendió llevar a cabo la diligencia de emplazamiento no se cercioró de que efectivamente se había constituido en el domicilio correcto en el momento en que presuntamente se realizó el emplazamiento, siendo incorrecto que el Juez de Distrito diera por hecho el cercioramiento de ley, por la circunstancia de que se observara en las constancias que se dejó una cita de espera un día previo en el cual sí se efectuó el cercioramiento, cuando la cita no es necesaria por no ordenarlo la ley de la materia ni la supletoria.

Lo expuesto es fundado en esencia. En efecto, atento a lo reseñado, el actuario responsable estaba obligado a realizar el emplazamiento a juicio, en los términos indicados en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles, el cual sería el vigente a partir de las reformas publicadas en el Periódico Oficial de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y siete, las cuales entraron en vigor el veintiuno de agosto de ese año, que dice:

"Artículo 69. El emplazamiento del demandado, y salvo los casos determinados en la ley, deberá hacérsele personalmente en el domicilio designado al efecto, por el actuario o por el secretario. También se hará personalmente la primera notificación en el procedimiento de actos prejudiciales o de jurisdicción voluntaria en que se deba hacer saber de los mismos a las partes. Si no se encontrare presente la persona interesada y después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiendo el acta los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo; la notificación se llevará a efecto por medio de un instructivo en el que se hará constar el número de expediente, el nombre y apellidos del promovente, el objeto y naturaleza de la promoción, el del Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, copia íntegra de la determinación que se mande notificar, la fecha y hora en que se entregue el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega."

Obra en autos a fojas ciento ochenta del juicio de amparo, la diligencia de emplazamiento cuestionado en el que la actuario estableció: "En la ciudad de San Pedro Garza García Nuevo León, siendo las 10:00 diez horas del día 20-veinte de agosto de 1998-mil novecientos noventa y ocho, la suscrita actuario adscrita al Juzgado Menor Letrado con sede en esta ciudad, me constituí nuevamente en compañía de la parte actora, en el domicilio señalado en autos como el del demandado Alejandro Treviño Santos, sito en la calle Francisco Pizarro número 115 en el Fraccionamiento Mirasierra en San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior con el fin de notificarle los autos de fechas 15-quince de mayo y 06-seis de julio, ambos del año de 1998-mil novecientos noventa y ocho, dictados por el Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado y el de fecha 13-trece de agosto de 1998-mil novecientos noventa y ocho, dictado por el juzgado de mi adscripción, relativo al despacho número 657/98, deducido del juicio ordinario mercantil promovido por Guadalupe Javier Elizondo Orozco en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Bancomer, S.A., en contra de Alejandro Treviño Santos; es por lo que una vez encontrándome en el domicilio en que se actúa, procedí a requerir la presencia del demandado Alejandro Treviño Santos y no encontrándolo presente, previa la cita de espera dejada con anterioridad para este día y hora, es por lo que procedí a entender la presente diligencia judicial con la persona que me atiende, la cual responde al nombre de Magda Alicia Félix de Treviño, quien dijo ser esposa del demandado, notificándole a éste por conducto de la persona con quien entiendo la presente diligencia judicial, los autos antes referidos por medio de la lectura íntegra del instructivo de ley. Es por lo que en este mismo acto, por medio de las copias simples de la demanda y documentos adjuntos a la misma, debidamente selladas y requisitadas por la secretaría del juzgado despachante le corro traslado de ley a la parte demandada a través de la persona que me atiende y lo emplazo para que dentro del término legal de 09-nueve días ocurra ante el local del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, a contestar lo que a su derecho convenga, si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer. Asimismo le prevengo al demandado Alejandro Treviño Santos por el mismo conducto, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, apercibido de que en caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones de carácter personal se le harán en la forma prevista por el artículo 1069 del Código de Comercio en vigor. Firmándome de recibido para constancia legal la persona con quien entiendo la presente diligencia judicial, comprometiéndose a entregarle la notificación recibida con su respectiva documentación al interesado en su primera oportunidad. Con lo anterior doy por concluida la presente diligencia judicial, firmando al calce para constancia legal, los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. Doy fe. Una firma rúbrica."

Así, este tribunal estima que asiste razón al recurrente en el motivo de inconformidad expuesto, porque en la diligencia de emplazamiento, no se advierte que la actuaria encargada de practicarla, se haya cerciorado por el dicho de dos vecinos, que el domicilio ubicado en la finca marcada con el número ciento quince de la calle Francisco Pizarro en el Fraccionamiento Mirasierra en San Pedro Garza García, Nuevo León, fuera del demandado y ahora quejoso Alejandro Treviño Santos.

Es decir, para este órgano colegiado la actuaria encargada de practicarla fue omisa en satisfacer los lineamientos y formalidades establecidas por el artículo 69 para la práctica de la diligencia, el cual establece que el emplazamiento del demandado, y salvo los casos determinados en la ley, deberá hacérsele personalmente en el domicilio designado al efecto y si no se encontrare presente la persona interesada y después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiendo el acta los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo, la notificación se llevará a efecto por medio de un instructivo en el que se hará constar el número de expediente, el nombre y apellidos del promovente, el objeto y naturaleza de la promoción, el del Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, copia íntegra de la determinación que se mande notificar, la fecha y hora en que se entregue el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega; requisitos que, en el caso, la actuaria omitió cumplir en términos de ley, por lo cual es de considerarse que el emplazamiento fue ilegalmente practicado.

Tiene aplicación al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 14/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y uno, del Tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTÍAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Se incumple con las formalidades exigidas por los artículos 68, 69 y 70 de la legislación procesal civil de la entidad, cuando el actuario al constituirse en el domicilio de la parte demandada, no se cerciora mediante razón pormenorizada de que el demandado viviera en el lugar donde se había constituido pues el hecho de que se mencione en la diligencia ‘... En virtud de no encontrarse presente el demandado, procedí a entender la diligencia con una persona que se negó a dar su nombre y dijo que el domicilio del demandado era éste lo que confirmé con el dicho de los vecinos encontrados’. Tales afirmaciones no constituyen la razón pormenorizada requerida por el numeral 69, del ordenamiento legal en cita, puesto que sólo evidencian el desacato al numeral señalado y convierten en irregular la diligencia de notificación, al ser inconcuso que el actuario omitió precisar cómo fue que llegó a la convicción de que en el domicilio donde se había constituido vivía el demandado, pues no especificó las características físicas de la persona con quien entendió el irregular emplazamiento, ni la identidad de los vecinos, deficiencias que conducen a estimar defectuosa la diligencia de citación a juicio al no ajustarse a las normas que rigen el procedimiento y traer en consecuencia la imposibilidad del demandado de contestar las reclamaciones hechas en su contra, de oponer excepciones, de ofrecer pruebas y de alegar en el juicio, en contravención a las garantías de legalidad y audiencia del gobernado."

No es óbice para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que en autos se advierta la existencia de una diligencia previa en la cual se dejó cita de espera porque, si se aceptara que tal actuación tiene sustento en el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, ello sería ilegal, pues el precepto de este ordenamiento que establecía tal hipótesis, es el artículo 69 anterior a las reformas de mil novecientos noventa y siete, y que ya no se encontraba vigente, en la fecha en que se practicó el emplazamiento reclamado y, por tanto, el estudio de la legalidad del llamamiento a juicio, debe ser efectuado con abstracción total del contenido de la diligencia practicada el día anterior para dejar cita de espera, porque esa diligencia no tiene valor legal alguno y los lineamientos establecidos en el artículo 69 se deben cumplir al momento mismo de realizar el emplazamiento.

De esa forma, aun cuando el Juez de Distrito, para negar el amparo solicitado haya considerado que la circunstancia de haberse dejado cita de espera al quejoso, le otorgó mayor oportunidad de defensa, se itera, la entrega de cita de espera, no es un requisito establecido en la ley cuando se trata de juicios ordinarios mercantiles, sino este requisito es necesario -por virtud del requerimiento de pago y en su caso de embargo de bienes- tratándose de los ejecutivos al así preverlo expresamente el artículo 1393 del Código de Comercio.

Por lo expuesto, resulta irrelevante que la diligencia practicada un día antes sí pudiera satisfacer los requisitos del artículo 69 del código adjetivo civil al ser, para el caso de los juicios ordinarios mercantiles, esa cita innecesaria y esta diligencia no puede sustituir el cumplimiento de las formalidades y lineamientos de ley los cuales deben ser cumplidos en los términos de la disposición legal porque su exacta observancia por parte de los actuarios, es lo que garantiza el respeto a las garantías de audiencia y seguridad jurídicas que se pretenden salvaguardar con el debido llamamiento a juicio.

En esa tesitura, en la especie, es de concluirse que la diligencia de emplazamiento es ilegal por la falta de cercioramiento de la actuaria encargada de practicarla, sin que sea dable estimar que tal vicio se convalide por el hecho de existir un previo cercioramiento, en una diligencia que no es exigida por la ley -para los juicios ordinarios mercantiles- ya que el emplazamiento se trata de un acto formal en el que deben cumplirse estrictamente los requisitos previstos por la ley de la materia, en este caso las disposiciones relativas al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.

Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial sostenido por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento veinticuatro, del tomo 151-156, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO, NO SE CONVALIDA TÁCITAMENTE EL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia."

Por las razones expuestas, este tribunal debe concluir, que para que el llamamiento a juicio se tenga como legal, la actuaria debió cumplir con los requisitos de cercioramiento previo y hacer una relación pormenorizada de cómo llegó al convencimiento de que se trata del domicilio del demandado, en la diligencia misma en la cual se efectuó el emplazamiento, con independencia de que hubiera concurrido o no un día antes al domicilio para dejar cita pues esa diligencia es innecesaria en juicios ordinarios mercantiles.

En las relatadas condiciones, visto el resultado al que se arribó con el estudio del anterior agravio, lo procedente es revocar el fallo que se revisa y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a Alejandro Treviño Santos, para el efecto de que la responsable deje insubsistente lo actuado en el juicio ordinario mercantil número 733/98, a partir de la diligencia de emplazamiento, conforme a las razones expuestas en este considerando.

Resulta innecesario el análisis de los demás motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, pues cualquiera que fuera el resultado, en nada se variaría el sentido del presente fallo.

Tiene aplicación la tesis que con el número quinientos setenta y cinco, aparece publicada en la página trescientos ochenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si se revoca la sentencia dictada por el Juez de Distrito a quo, fallándose favorablemente a los intereses del recurrente por uno de los capítulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en la revisión, pues ello a nada práctico conduciría."

Similar criterio fue adoptado por este tribunal al resolver los diversos recursos de revisión números 428/2003, 73/2004, 436/2004 y 352/2004, de sesiones doce de marzo y dos de abril, veintidós de octubre y doce de noviembre del año dos mil cuatro. Considerando que este órgano colegiado ha resuelto, en votación unánime, sobre este tema en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, en términos de lo establecido en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se considera que este criterio es suficiente para sustentar jurisprudencia en los términos expuestos en la ejecutoria; por tanto gírese instrucciones a la secretaría de tesis de este órgano colegiado a efectos de que se remita a la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su publicación correspondiente en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Queda firme el sobreseimiento decretado, respecto de los actos atribuidos al tercer actuario adscrito al Juzgado Tercero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, así como el tercer actuario adscrito al Juzgado Menor Letrado de San Pedro Garza García, Nuevo León.

SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se revoca la resolución constitucional recurrida.

TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Treviño Santos, contra los actos que reclama del Juez Octavo de lo Civil, ahora Juez Tercero de Jurisdicción Concurrente, así como del Juez Menor Letrado de San Pedro Garza García, y dos actuarios adscritos a esos órganos judiciales, para los efectos indicados en la parte final del considerando quinto de la presente ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como totalmente concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Lucio Antonio Castillo González, Alfredo Sánchez Castelán y Arturo Ramírez Pérez. Fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18968-a7cc7944/emplazamiento-en-el-juicio-ordinario-mercantil-aplicacion-supletoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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