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Modo: Corpus Pro

LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1379/2004. · Registro digital (IUS): 18974
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CERVECERA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 311.

AMPARO EN REVISIÓN 1379/2004. CERVECERA MEXICANA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En los agravios preinsertos, esencialmente, se argumenta lo siguiente:

a) La Juez de Distrito al pronunciar el fallo recurrido violó lo preceptuado en el artículo 79 de la Ley de Amparo, porque no resolvió lo efectivamente planteado, pues en el considerando sexto dividió los argumentos expuestos en el primero de los conceptos de violación, ya que primeramente señaló que no existe incertidumbre respecto a lo que debe entenderse por "G.L.", pero en las consideraciones expuestas para sustentar esta determinación no identifica a cuál norma oficial mexicana se refiere a pesar de que de éstas existen más de seis mil, máxime que la norma oficial actual aplicable al caso, número NOM-142-SSAI-1995 (bienes y servicios, bebidas alcohólicas, especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial) nunca hace alusión a grados Gay Lussac, luego, la a quo aplicó una norma oficial mexicana no vigente.

Además, la norma oficial citada (cuyo cumplimiento es obligatorio) ordena que las bebidas alcohólicas se refieran en cuanto a su contenido alcohólico al sistema volumétrico, o sea, aquel donde se establece el por ciento de alcohol en volumen a 20º C, debiendo usarse para ello la siguiente abreviatura % Alc. Vol., este sistema ha sido adoptado en las convenciones internacionales de las cuales nuestro país es miembro.

Dice la recurrente que lo anterior, pone de relieve que el sistema de medición Gay Lussac ya está en desuso, motivo por el cual sí existe incertidumbre respecto a éste, la cual se acentúa si se toma en cuenta que la norma oficial mexicana precitada y los preceptos impugnados establecen diversos parámetros para producir, embotellar y etiquetar los productos respectivos, es decir, se está ante dos sistemas contradictorios.

b) La a quo al pronunciar el fallo impugnado, no tomó en cuenta que un laboratorio oficial haya señalado la inexistencia de instrumentos de medición referidos al sistema Gay Lussac (lo cual consta en las pruebas aportadas por la quejosa), menos tuvo en consideración el sistema establecido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-030-SCFI-1993 y NOM-142-SSAI-1995, las cuales aluden a parámetros distintos a los considerados por el físico Gay Lussac.

c) Por otra parte, aduce la recurrente que son incorrectas las consideraciones expuestas para dar respuesta al segundo de los conceptos de violación; en primer lugar, porque la a quo al transcribir la exposición de motivos de la ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta ignoró que las leyes fiscales del país cambian cada año; luego, no tomó en cuenta la ley vigente en el presente año.

En segundo término, agrega la recurrente, es incorrecta la consideración relativa a que el objeto del impuesto especial sobre producción y servicios se circunscribe a la primera etapa de comercialización o venta de primera mano, dado que con tal impuesto actualmente se gravan todas las enajenaciones.

d) Aduce la disconforme que es incorrecta la consideración consistente en que si la venta la realiza un intermediario o un detallista no se pagará el impuesto, porque el mismo ya fue cubierto. Esto porque quienes enajenan bebidas alcohólicas, como detallistas o intermediarios, adquieren el producto de otro sujeto del impuesto, como pueden ser el productor o importador, pero la venta hecha por éstos a aquéllos está gravada, siendo sujetos del impuesto relativo los productores o importadores, quienes en este caso trasladan el impuesto al comerciante, detallista o mayorista; sin embargo, cuando el detallista vende al público en general, contrario a lo razonado por la Juez de Distrito, sí se produce una enajenación gravada. En cambio, cuando el dueño de un bar o restaurante vende al copeo o en botella abierta al público en general, se encuentra en el mismo plano cualitativo que los mayoristas o detallistas, pero en este caso la ley impugnada no grava la enajenación por estimar que ésta no se considera como tal y, por tanto, en ese supuesto se obtiene un privilegio, sea que el impuesto respectivo esté pagado por el hecho de que haya sido trasladado por parte de quien enajenó el producto (intermediario o productor).

Por tanto, los dueños de bares y restaurantes obtienen una ventaja frente a otros que sí cubren el impuesto, como son aquellos que venden a los consumidores finales en vinaterías o en tiendas de autoservicios o los mismos productores cuando enajenan al público en general, sin que para el trato desigual derivado de las circunstancias anteriores exista una causa justificada ni un fin extrafiscal, pues no hay motivo alguno para precisar que tal beneficio esté encaminado a proteger o ayudar a las clases débiles o a la consecución de un fin especial de auxilio; luego, no se justifica el trato inequitativo cuestionado.

e) Finalmente, arguye la recurrente, que en el caso a estudio no es aplicable la tesis titulada: "PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 8o., FRACCIÓN I, INCISO E), Y 19, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRESPONDIENTE, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL OTORGAR LA EXENCIÓN ÚNICAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES QUE AL ENAJENAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL COPEO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE ENERO DE 2002)."

Lo anterior, dice la recurrente, en primer lugar, porque dicha tesis se refiere a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente en el año dos mil dos y, en segundo término, porque al ya no existir la obligación de romper la botella para gozar de la "ingravación", el supuesto fin extrafiscal invocado (combatir el clandestinaje y la reutilización de envases) ya no se puede considerar válida, esto es, actualmente existe la obligación de romper la botella pero no para gozar de la exención, condición que se imponía en la ley citada vigente en el año de dos mil dos, lo cual dio lugar a la tesis en cuestión.

CUARTO. En principio, es conveniente aclarar que debe tenerse firme, por no esgrimirse agravio alguno en su contra, el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo del fallo recurrido, en relación con el acto reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público a que se refiere el considerando segundo de dicha sentencia.

QUINTO. En este apartado se analizará el agravio inserto en síntesis en el inciso a) del considerando tercero de esta ejecutoria, en el cual se aduce que la a quo violó lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, porque analizó en forma dividida el primero de los conceptos de violación. Además, para precisar la inexistencia de la inseguridad jurídica respecto a qué debe entenderse por "°G.L.", no precisó a qué norma oficial mexicana se refiere e incluso la que invocó no está vigente, máxime que la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSAI-1995 aplicable, ordena que las bebidas alcohólicas se refieran en cuanto a su contenido alcohólico al sistema volumétrico en el cual se establece el por ciento de alcohol en volumen a 20° C, debiendo usarse para ello la siguiente abreviatura % Alc. Vol., este sistema ha sido adoptado por las convenciones internacionales de las cuales nuestro país es miembro.

Así, de acuerdo a lo anterior, el sistema de medición Gay Lussac ya está en desuso, motivo por el cual sí existe incertidumbre respecto de éste, lo cual se acentúa si se toma en cuenta que la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSAI-1995 y los preceptos impugnados, establecen diversos parámetros para producir, embotellar y etiquetar los productos respectivos.

Para dar respuesta al agravio en comento, es necesario precisar que la accionante del amparo en el primero de los conceptos de violación, esencialmente adujo lo siguiente:

a) El artículo 2o., fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente en el presente año, viola la garantía de legalidad tributaria, porque no establece qué debe entenderse por "°G.L.", lo cual provoca un estado de incertidumbre jurídica, pues hace imposible determinar con exactitud la base aplicable para el cálculo del gravamen, dado que el uso del término "°G.L.", no señala ni se refiere a una medida de volumen, cantidad, calidad o algún otro parámetro empleado en los productos respectivos.

b) La quejosa, a mayor abundamiento, agregó, existe tal incertidumbre que para poder pagar la contribución el causante debe calcular la graduación alcohólica de conformidad con la ley de Gay Lussac a una temperatura de 15° centígrados; sin embargo, el etiquetado con el cual se puede vender toda bebida alcohólica hace alusión a un cálculo diverso del contenido alcohólico al presumiblemente impuesto por el legislador.

Lo anterior aduce la hoy quejosa, porque de conformidad con la tabla segunda de la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993, de carácter obligatorio, la cual contiene "información comercial de la declaración de cantidad en etiqueta de especificaciones", los líquidos se deben medir de acuerdo a su volumen; luego, el grado alcohólico volumétrico se toma en cuenta en función del líquido contenido en los envases etiquetados y no en función de la ley física Gay Lussac, la cual presumiblemente toma como referencia el Congreso de la Unión. Por tanto, ante esta circunstancia la quejosa no puede tomar para efectos del porcentaje respectivo los parámetros del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y como consecuencia de ello el cálculo del impuesto relativo es inconstitucional.

Agregó la entonces quejosa, que lo precisado en la parte final del párrafo precedente es así, porque atendiendo a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993 y al artículo 2o. impugnado, se pone de relieve que existe una disparidad en el cálculo del contenido alcohólico de las bebidas y como consecuencia de ello existe incertidumbre en la base del impuesto en relación con la enajenación de bebidas alcohólicas, motivo por el cual se viola el principio de legalidad tributaria, pues no es posible que el contribuyente esté obligado a vender con unos parámetros de medición de contenidos y se paguen impuestos con otros que ni siquiera estén consignados en la ley.

Por su parte, la Juez de Distrito analizó los argumentos acabados de precisar por separado, en los términos siguientes:

a’) En el considerando sexto del fallo recurrido, se abordó el análisis del argumento inserto en el inciso a) y se declaró infundado porque la a quo consideró que el artículo 2o., fracción I, inciso a), impugnado no viola la garantía de equidad tributaria, pues si bien es cierto que en él no se define el concepto "°G.L.", también lo es que el mismo es de uso común en el medio en el cual se desempeña la quejosa.

b’) Por otra parte, la Juez de Distrito en el séptimo considerando de la sentencia impugnada, estudió el argumento transcrito en el inciso b) y lo declaró inoperante porque la quejosa para demostrar que el artículo 2o., fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios impugnado, viola la garantía de legalidad, adujo que la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993, hace alusión a un cálculo diverso para determinar el contenido alcohólico; luego, no confronta tal precepto 2o., fracción I, inciso a), con la Carta Magna, sino con la norma citada.

Ahora bien, del análisis del agravio inserto en síntesis al inicio de este considerando con vista a lo antes precisado, se advierte que es infundado, pues la Juez de Distrito procedió acertadamente al analizar por separado los argumentos precisados en los incisos a) y b), en virtud de que son independientes entre sí, aun cuando tienen como finalidad común evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 2o., fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente en el año dos mil cuatro, dado que los argumentos contenidos en el inciso a) están enfocados a demostrar que el precepto citado viola la garantía de legalidad tributaria porque en él el legislador omitió definir lo que debe entenderse por "°G.L.". En cambio, los argumentos insertos en el inciso b), la hoy recurrente sólo los expresó a mayor abundamiento y su finalidad es evidenciar que el precepto cuestionado viola la garantía de mérito porque su aplicación provoca incertidumbre, ya que conforme a sus disposiciones, para poder pagar la contribución relativa el contribuyente debe calcular la graduación alcohólica de conformidad con la ley de Gay Lussac, sin embargo, el etiquetado con el cual se debe vender toda bebida alcohólica debe calcularse en forma diversa del contenido alcohólico, es decir, tal cálculo se debe hacer en términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993.

En esta tesitura, se colige que la a quo al pronunciar el fallo recurrido no violó lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto que éste a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, faculta al juzgador de amparo para analizar en forma conjunta los conceptos de violación, también lo es que no siempre debe proceder así, sino únicamente cuando los conceptos de violación guarden estrecha vinculación que no permita su análisis por separado, lo cual no ocurre en el caso a estudio, pues en éste válidamente puede determinarse que el artículo 2o., fracción I, inciso a), cuestionado, no viola la garantía de legalidad aun cuando el legislador no haya definido el concepto o siglas "°G.L.", sin que para ello sea necesario determinar si le asiste la razón a la quejosa cuando afirma que existe inseguridad jurídica, porque para pagar la contribución respectiva debe calcular la graduación alcohólica de conformidad con la ley de Gay Lussac, esto en observancia del precepto 2o., fracción I, inciso a), cuestionado; en cambio, el etiquetado con el cual se puede vender toda bebida alcohólica hace alusión a un cálculo diverso del contenido alcohólico, previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993. Esto se considera así, porque los argumentos acabados de precisar no impiden declarar infundados los diversos, en los cuales se aduce que el precepto cuestionado viola la garantía de legalidad porque en él no se define lo que debe entenderse por el concepto "°G.L."

Además, cabe advertir que la Juez de Distrito acertadamente declaró infundados los conceptos de violación insertos en los incisos a) y b) precedentes, motivo por el cual se declara infundado el agravio en estudio en el cual se asevera lo contrario, acorde a lo siguiente:

En efecto, del estudio del precepto 2o., fracción I, inciso a), tildado de inconstitucional, se advierte que en él no se define el concepto "G.L.", pero esta omisión no lo torna en violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues este Alto Tribunal ha establecido que el hecho de que el legislador deba definir con precisión todos los conceptos esenciales del tributo, no implica que se llegue al absurdo de exigirle que defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras utilizadas en la ley, si las elegidas son de uso común o de clara comprensión para sus destinatarios. Por tanto, el hecho de que el legislador federal no haya definido el concepto "°G.L.", no le causa perjuicio jurídico alguno a la hoy recurrente, y tampoco es un motivo eficiente para declarar inconstitucional tal precepto, dado que ningún artículo de la Carta Magna exige que el legislador defina los vocablos, términos o locuciones utilizadas en las leyes, pues tal exigencia haría imposible su función, porque implicaría una labor interminable y a nada práctico conduciría e, incluso, impediría el cumplimiento oportuno de la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas.

Este criterio tiene apoyo en la tesis, cuyos texto y datos de localización son:

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, ninguno de los artículos constitucionales exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en las leyes, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional sólo por incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su redacción, pues la contravención a ésta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, tesis 2a. LXIV/2002, página 160).

Por otra parte, resulta irrelevante que la a quo al emitir el fallo recurrido haya omitido precisar los datos de identificación de la norma oficial mexicana en la cual se apoyó para establecer que el concepto "°G.L." está definido y hubiere citado inexactamente en el cual está contenida la definición de tal numeral, dado que con ello no se causa ningún perjuicio a la recurrente, pues la disposición en la cual consta la definición del concepto de mérito es la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSAI-1993, que establece los requisitos sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico), en cuyos puntos 4.6 y 5 de los apartados titulados "Definiciones y abreviaturas", y "Signos", respectivamente, se establece lo siguiente:

406 grados Gay Lussac: Medida del contenido de alcohol, en volumen.

Su abreviatura y signos.

°G.L. Grados Gay Lussac.

En esta tesitura, sí existe una referencia normativa en donde el quejoso puede consultar lo que significa la abreviatura "°G.L.", y cuál es la significación de la locución grados Gay Lussac, circunstancias por las cuales la falta de definición de esos conceptos en el texto del artículo 2o., fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios impugnado, no priva la incertidumbre alegada por la hoy recurrente, pues tal precepto no debe analizarse en forma aislada e independiente, sino en forma armónica y sistemática con todas aquellas disposiciones que de una manera u otra estén vinculadas con él, como sucede con la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSAI-1993 precitada, la cual estuvo en vigor hasta el nueve de agosto de dos mil cuatro, pues fue modificada para quedar como NOM-076-SSAI-2002, modificación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de nueve de febrero del año citado, la cual entrará en vigor ciento ochenta días naturales contados a partir de esta última fecha; luego, si el fallo recurrido se pronunció y autorizó el once de mayo y once de junio, ambos meses del año indicado, respectivamente, obviamente que ello sucedió durante la vigencia de la norma oficial mexicana citada en primer término; luego, se declara infundado el agravio en el cual la recurrente arguye que la a quo al emitir el fallo impugnado se fundó en una norma oficial mexicana no vigente.

Finalmente, con base en las consideraciones precedentes se declaran también infundados los agravios en los cuales, esencialmente, se aduce que la medición en grados Gay Lussac está en desuso, porque actualmente el sistema aplicable es aquel donde se establece el por ciento de alcohol en volumen a 20° C, y que la abreviatura utilizada es % Alc., previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSAI-1995; luego, se está ante dos sistemas contradictorios.

Lo anterior, porque el sistema de medida en grados Gay Lussac cuando se emitió el fallo recurrido estaba vigente y aún lo está, tal como consta en los puntos 4.1 y 5 de los apartados, "Definiciones y abreviaturas", y "Signos" de la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSAI-1993, vigente hasta el nueve de agosto del presente año, transcritos con antelación y en los puntos 4, 3 y 5 de los apartados "Definiciones y abreviaturas", y "Signos" (en los cuales se reitera la definición de la locución grados Gay Lussac y lo que debe entenderse por "°G.L.") de la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSAI-2002 vigente a partir del diez de agosto de dos mil cuatro. Además, la contradicción aducida por la quejosa, entre los sistemas de medición previstos en el artículo 2o., fracción I, inciso a), impugnado y en la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSAI-1995, no es motivo eficiente para declarar inconstitucional tal precepto, pues ello sólo podría ocurrir en el caso de que éste contraviniera un artículo de la Carta Magna, máxime que la contradicción que pudiera existir en la aplicación de los sistemas de medición de mérito, sólo podrá producir un problema de legalidad, pero no de inconstitucionalidad.

En el aspecto analizado es aplicable, en lo conducente, la tesis cuyos texto y datos de localización son:

"LEGALIDAD, PROBLEMA DE. EL CONFLICTO POSIBLE ENTRE UN PRECEPTO COMBATIDO DE UNA LEY SECUNDARIA, DECLARADO JURISPRUDENCIALMENTE CONSTITUCIONAL, Y OTRO U OTROS PRECEPTOS NO IMPUGNADOS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, SÓLO PODRÁ PRODUCIR UN PROBLEMA DE DICHA NATURALEZA. Cuando en un juicio de garantías se impugna un determinado precepto de alguna ley secundaria, respecto del cual el Tribunal Pleno integró jurisprudencia declarándolo constitucional, el argumento relativo al posible conflicto que pudiera surgir entre dicho precepto y otro u otros de diversas leyes secundarias no reclamados en el referido juicio constitucional, esgrimido por la quejosa como concepto de violación en primera instancia y como agravio en la revisión, sólo podrá producir un problema de legalidad, por lo que ningún pronunciamiento puede hacerse respecto de los preceptos no combatidos." (Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, tesis CXXXIII/90, página 163).

Con base en las consideraciones expuestas en el antepenúltimo párrafo precedente, se declara fundado pero inoperante el agravio inserto en el inciso b) del considerando tercero de esta ejecutoria; lo primero, porque es cierto que la a quo al pronunciar el fallo recurrido omitió tomar en cuenta el señalamiento de un laboratorio oficial, en el sentido de que no existen instrumentos de medición referidos al sistema Gay Lussac, así como las Normas Oficiales Mexicanas NOM-030-SCFI-1993 y NOM-143-SSAI-1995. La inoperancia del agravio de mérito deriva del hecho de que no es suficiente para modificar el fallo impugnado y, por ende, resolver el asunto favorablemente a los intereses de la recurrente, porque aun cuando fuera cierta la inexistencia de los instrumentos de medición citados y que las normas oficiales mexicanas indicadas contemplen parámetros distintos a los considerados en el artículo 2o., fracción II, inciso a), cuestionado, ello no torna en inconstitucional a éste, pues no pone de relieve que contravenga un precepto de la Carta Magna.

SEXTO. Aquí se abordará el estudio conjunto de los agravios insertos en los incisos c) y d ) del considerando tercero de esta ejecutoria, en los cuales se argumenta que son incorrectas las consideraciones expuestas en el fallo recurrido para dar respuesta al segundo de los conceptos de violación, en el cual se planteo la inconstitucionalidad del artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente en el año dos mil cuatro; en primer lugar, porque la a quo al invocar la exposición de motivos de la ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta, ignoró que las leyes fiscales cambian cada año, luego, no tomó en cuenta la ley vigente en el presente año. En segundo término, porque es incorrecta la determinación consistente en que el objeto del impuesto especial sobre producción y servicios se circunscribe a la primera etapa de comercialización o venta de primera mano. En tercer término, porque es incorrecta la consideración relativa a que si la realiza un intermediario o detallista no se pagará el impuesto, porque el mismo ya fue cubierto.

Los agravios preinsertos son infundados, pues esta Sala al resolver el amparo en revisión 296/2004, analizó similares argumentos y los declaró infundados y, por ende, determinó que el artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente en el año dos mil tres, no viola el principio de equidad tributaria, tal como consta en la inserción siguiente:

"A fin de acreditar lo anterior, se estima necesario, en primer lugar, transcribir el inciso d) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual en la parte que interesa, textualmente establece: ‘Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley: I. Por las enajenaciones siguientes: ... d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y tabacos labrados, así como las de los bienes a que se refieren los incisos g) y h) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no formen parte del público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.’. Conforme a la norma transcrita no existe obligación de cubrir el impuesto reclamado por las enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso g) de la fracción I del artículo 2o. reclamado, que se efectúen con el público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de esos bienes, aclarándose que no se consideran enajenaciones efectuadas con el público en general cuando por ellas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que en la exposición de motivos para la creación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta, se expresó, entre otras cosas, lo siguiente: ‘De los rasgos principales que configuran la iniciativa, cabe destacar que el impuesto que se propone grava las enajenaciones e importaciones de ciertos bienes, así como la prestación de determinados servicios. En el capítulo de disposiciones generales el primer artículo establece en forma sucinta los elementos principales de este impuesto, que grava la primera enajenación o en su caso, la importación, así como la prestación de servicios, siendo conveniente resaltar que este impuesto grava la primera etapa de comercialización de los bienes o bien la importación, es decir, que una vez importados los bienes, por la primera enajenación que de éstos se realice en el país ya no se pagará el impuesto. En el precepto siguiente se detallan los bienes y servicios por los que se tiene que pagar el impuesto y establecen las tasas correspondientes. A continuación se definen algunos bienes y servicios cuyo concepto pudiera prestarse a diferentes interpretaciones.’. De lo anterior se desprende que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fue creada con el objeto de sustituir a toda una gama de impuestos especiales que gravaban de forma independiente diversos productos y servicios, simplificando el sistema tributario, ya que a través de esta contribución se homologó el tratamiento fiscal respecto de diversos bienes y servicios que con anterioridad se sujetaban a lo dispuesto en las respectivas leyes especiales. De ahí que, en principio, el tratamiento que se otorga a este impuesto atienda fundamentalmente al tipo de bienes y servicios gravados y a las características que éstos revisten. De esta forma, el sujeto del impuesto será el productor e importador de los bienes y, en su caso, el prestador de servicios, en atención a que este impuesto grava únicamente la primera enajenación o, en su caso, la importación así como la prestación de servicios; esto es, el gravamen se genera únicamente en la primera etapa de comercialización de los bienes, en la importación de éstos o bien en la prestación de servicios. Igualmente, por lo que hace a la enajenación de bienes, se recogen esencialmente los conceptos que en torno a tal actividad se contienen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reiterándose que el objeto del impuesto se circunscribe exclusivamente a la primera etapa de comercialización de bienes y servicios. Atento a lo anterior y tomando en consideración que el objeto de creación del tributo es el evitar el traslado del impuesto en cascada, como se hacía con la anterior Ley de Ingresos Mercantiles, gravándose por ello la venta de primera mano, puede estimarse que la exención establecida en el artículo 8o. antes mencionada, se refiere más bien a una hipótes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18974-320d5a7c/leyes-su-inconstitucionalidad-no-depende-de-los-vicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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