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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 66/2004. · Registro digital (IUS): 20132
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CERTEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 362.

AMPARO EN REVISIÓN 66/2004. CERTEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en atención a que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamaron diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; en este tenor, si bien subsiste en el recurso el problema de inconstitucionalidad planteado, su resolución no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, toda vez que los planteamientos hechos valer se consideran notoriamente ineficaces, por lo cual, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en la resolución de este asunto. Por otra parte, resulta conveniente destacar que si bien la Primera Sala de este Alto Tribunal se especializa en las materias civil y penal, también lo es que el Tribunal Pleno estableció en el Acuerdo General 7/2003 que los amparos en revisión en materia administrativa se repartirían equitativamente entre ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia.

En apoyo a lo anterior se cita la tesis aislada número 2a. LX/2001, de la Segunda Sala, que esta Primera comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 445, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE. SE SURTE RESPECTO DE TODOS LOS ASUNTOS QUE CORRESPONDA CONOCER A ESE ALTO TRIBUNAL SI EL PLENO LO DETERMINA EN ACUERDOS GENERALES. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acuerdos generales podrá distribuir entre sus Salas ‘asuntos que competa conocer a la Suprema Corte’, debe concluirse que dichas Salas pueden constitucionalmente conocer de los mismos, siempre y cuando exista el acuerdo general del Pleno que lo decida y éste tenga por objeto su adecuada distribución."

SEGUNDO. Es importante reiterar que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en principio conoció del presente asunto, en la materia de su competencia, analizó los agravios expuestos por la recurrente, desestimando el primero y suplido en su deficiencia el segundo, lo declaró fundado. De ahí que haya levantado el sobreseimiento decretado en el juicio y ocupado de las causales de improcedencia que plantearon las autoridades responsables en su informe justificado, declarándolas infundadas.

Así pues, teniendo en cuenta que lo decidido por el citado tribunal constituye una decisión firme e inmutable de conformidad con la tesis aislada del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribirá, procede que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiendo su competencia originaria, atento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, lleve a cabo el estudio de los conceptos de violación expuestos en el escrito inicial de demanda, respecto de la inconstitucionalidad del decreto que contiene la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil dos, específicamente las fracciones arancelarias 0207.11.01, 0207.12.01, 0207.13.01, 0207.13.02, 207.13.99, 0207.14.01, 0207.14.03 y 207.14.99, en las que se clasifica a la carne y despojos comestibles de aves de gallo o gallina, frescos o congelados; así como las fracciones arancelarias 0207.26.01, 0207.26.02, 0207.26.99, 0207.27.01, 0207.27.03 y 0207.27.99, en las que se clasifica a la carne y despojos comestibles de pavo (gallipavo) frescos o congelados, y en las que, además, se establece una tasa del 240% ad valorem sobre el valor en aduana de la mercancía, independientemente de su país de origen; y las fracciones arancelarias 0207.24.01 y 0207.25.01, en las que se clasifica la carne y despojos comestibles de pavo (gallipavo), sin trocear fresco o congelado, y en las que se establece una tasa del 123% ad valorem sobre el valor en aduana de la mercancía.

La tesis arriba referida, se publicó con el número P. XVII/2003, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 18, con el rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN INMUTABLE E INATACABLE. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, décimo, décimo primero y décimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisión en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposición del procedimiento, así como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal, y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hipótesis, dejarán a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirán los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere características de inatacabilidad e inmutabilidad, de manera que ni siquiera el Máximo Tribunal de la República está jurídicamente facultado para modificarla."

TERCERO. En los conceptos de violación, sustancialmente, se hizo valer lo siguiente:

a) Que las fracciones arancelarias reclamadas violan las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación que consagra el artículo 14 constitucional, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición general anterior, por lo cual no acatan lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la propia Constitución; que lo contrario a dicho precepto, es decir, la arbitrariedad y la imprevisibilidad en las cargas tributarias que no tienen un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritas en el régimen constitucional mexicano.

b) Que las fracciones arancelarias reclamadas también violan el artículo 16 de la Constitución, porque no se funda ni motiva la causa legal del procedimiento, para llevar a cabo la aprobación de un impuesto ad valorem del 240% y 123% sobre el valor de las mercancías en aduana, contraviniendo así el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Que dichas fracciones arancelarias violan este último precepto, ya que la variación ad valorem que la contienen, evidencia la transgresión a los principios de proporcionalidad y equidad que prevé dicho precepto, en tanto que no existe igualdad en la aplicación de la ley, pues para las mismas fracciones arancelarias existe un sinnúmero de impuestos ad valorem, que van desde el 240% hasta 0% sobre el valor de las mercancías en aduana, dependiendo de su país de origen, produciéndose así una carga tributaria imprevisible, ya que, para poder cumplir con el principio de equidad, el legislador no sólo tiene la facultad, sino la obligación de no imponer aranceles caprichosos, ya que las leyes deben tener bases objetivas.

d) Que resulta indiscutible que para determinar la constitucionalidad de un impuesto no basta que esté previsto en una ley, sino que es necesario, además, que en ella se consignen de manera clara y precisa los caracteres esenciales del impuesto, así como su forma, contenido y alcance pues, de lo contrario, la autoridad estaría implementando un tributo imprevisible, mediante el cual los contribuyentes no pueden conocer la forma de contribuir al gasto público, como sucede en el presente caso, en virtud de que el impuesto ad valorem que ilegalmente se cobró a la quejosa no es claro, en tanto que varía del 240% y 123% sobre las importaciones, lo cual genera incertidumbre jurídica.

e) Que el impuesto ad valorem aplicado a las fracciones arancelarias de que se trata, esto es, la tasa del 240% y 123% sobre el valor de la mercancía en aduana es aberrante, desproporcional e inequitativo, y en virtud de que si bien es cierto que cada país se rige por sus propias reglas económicas, también lo es que la quejosa se encuentra en desventaja en el mercado nacional, por las condiciones fiscales adversas que unilateralmente fueron decretadas por el Congreso de la Unión. Que, además, dichas fracciones arancelarias son desproporcionadas por lo contrastante de los impuestos que porcentualmente se aplican a la carne de aves, dependiendo del país de origen, ya que fluctúan entre 0% y hasta 240%, contraviniendo la hipótesis establecida por el legislador plasmada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ahí que concluya la quejosa en el sentido de que, no obstante que el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en materia de comercio exterior, es inconcuso que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación no pueden estar en contra de lo que establezca la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 31, fracción IV.

Agrega la quejosa que independientemente de que el impuesto ad valorem del 240% y 123% fue establecido unilateralmente, se encuentra fuera de toda proporcionalidad y equidad con respecto a los demás impuestos establecidos, esto es, según el origen de las mercancías (a efecto de demostrar lo anterior la quejosa cita diversas fracciones arancelarias, así como el impuesto ad valorem de mercancías originarias de diversos países y que son de la misma clase de las que aquí se trata, el cual quedó establecido en el decreto por el que se determinó la tasa aplicable para el 2002 del impuesto general de importación para las mercancías originarias de diversos países, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001).

f) Que se viola el artículo 126 constitucional, que establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior, dado que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos señala en su artículo 1o., fracción I, "9o. Impuestos al Comercio Exterior A. A la importación 28.899.8 millones de pesos", sin que se encuentre debidamente fundada la forma en que la quejosa debe contribuir para los gastos del Estado.

g) De lo hasta aquí relatado, la quejosa estima que el amparo debe concederse para el efecto de que se le aplique una tasa del 0%.

CUARTO. Son infundados los conceptos de violación en que se sostiene que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, específicamente las fracciones arancelarias 0207.11.01, 0207.12.01, 0207.13.01, 0207.13.02, 207.13.99, 0207.14.01, 0207.14.03, 207.14.99, relativas a las carnes y despojos comestibles de aves de gallo o gallina, y 0207.26.01, 0207.26.02, 0207.26.99, 0207.27.01, 0207.27.03, 0207.27.99, 0207.24.01 y 0207.25.01, relativas a las carnes y despojos comestibles de gallipavo, son inconstitucionales, en virtud de que violan la garantía de legalidad que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no tienen un apoyo legal.

Se llega a la anterior consideración de conformidad con las siguientes consideraciones:

El principio de legalidad que en materia de contribuciones consagra el artículo constitucional citado consiste en que los tributos se establezcan mediante un acto legislativo, es decir, que provengan del órgano que tiene la función de crear leyes (aspecto formal), y que sus elementos esenciales, tales como sujeto, objeto base, tasa o tarifa y época de pago, también se encuentren consignados en la ley (aspecto material); todo ello con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica al contribuyente en el momento de cumplir con sus obligaciones y evitar cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades hacendarias en la determinación y cobro del tributo.

Sirve de apoyo a la consideración que antecede la tesis de jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96, Primera Parte, página 173, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."

Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo I, materia constitucional, página 165, cuyos rubro y texto son del siguiente contenido:

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."

En este orden de ideas, es evidente que las fracciones arancelarias reclamadas no violan el principio de legalidad, por las razones que aduce la quejosa, puesto que, contrariamente a lo considerado por ésta, sí tienen un apoyo legal, en tanto que se encuentran consignadas en una ley, sin que sea materia de discusión la función legislativa del órgano que la emitió.

Por otra parte, la sola circunstancia de que el impuesto ad valorem que fija las fracciones arancelarias relativas a las aves gallo o gallina y algunas de gallipavo tengan una tasa de 240%, y otras de gallipavo una tasa de 123%, no significa que carezcan de sustento legal porque, al decir de la quejosa, no sea claro dicho impuesto, máxime que el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá ser facultado por el Congreso de la Unión, entre otras cosas, "para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras", lo cual, desde luego, debe atender a la naturaleza de las mercaderías. De ahí que ello implique diferencias en los tributos.

Así, pues, es evidente que las fracciones arancelarias reclamadas de inconstitucionales no generan inseguridad jurídica, puesto que no son imprevisibles, ya que precisan el impuesto ad valorem que el contribuyente debe pagar, dependiendo de las condiciones en que se importen los productos y, por ende, no violan el principio de legalidad previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional.

En otro concepto de violación se dice que las fracciones arancelarias que se vienen comentando son violatorias del artículo 16 constitucional, en virtud de que carecen de una debida fundamentación y motivación respecto de la causa legal del procedimiento que llevó a las autoridades responsables a aprobar un impuesto ad valorem del 240% y 123% sobre el valor de las mercancías en aduana, con la consecuente violación también al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El concepto de violación así expresado es infundado.

En efecto, aun cuando es cierto que la exigencia de fundamentación y motivación de los actos de autoridad en que consiste la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional debe entenderse que abarca a todo acto de autoridad, sea ésta legislativa, ejecutiva o judicial, en la medida en que todas ellas deben actuar por igual, dentro de un marco jurídico de legalidad; debe, sin embargo, establecerse que tratándose de actos de autoridades legislativas (leyes), dichos requisitos se cumplen siempre que las citadas autoridades actúen dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución les confiera (fundamentación) y que las leyes respectivas que emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que ello implique en modo alguno que todas y cada una de las disposiciones que den cuerpo a esas leyes deban ser materia de una motivación específica, como lo pretende la quejosa, concretamente respecto a la causa que llevó a las autoridades legislativas a aprobar las multirreferidas fracciones arancelarias.

Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, página 239, cuyos rubro y texto son del siguiente contenido:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.-Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica."

También apoya la consideración anterior la tesis aislada número 1a. LXVIII/2002, de esta Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 255, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-Aun cuando es cierto que ni el Congreso de la Unión ni el presidente de la República en el ejercicio de la función que a cada uno de ellos compete en el proceso de formación de las leyes y, específicamente, este último al emitir un decreto en términos del artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen obligación de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan aquéllas, también lo es que esa función sólo requiere el respaldo de la Ley Suprema, pues basta que la autoridad correspondiente esté constitucionalmente facultada para expedirla. Lo anterior se corrobora con lo que establece la tesis de jurisprudencia número 146, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, página 149, con el rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’, en el sentido de que estas garantías, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación)."

También es infundado el concepto de violación en que se argumenta que las fracciones arancelarias que se vienen comentando infringen el principio de equidad que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no existe igualdad en la aplicación de la ley, ya que para las mismas fracciones arancelarias, esto es, para las mismas mercancías, existen diversos impuestos ad valorem, que van del 240% hasta el 0%, sobre el valor de las mercancías en aduana, dependiendo de su país de origen.

Se llega a la anterior decisión porque, contrariamente a lo que argumenta la quejosa, en las fracciones arancelarias reclamadas no se prevén diversos impuestos ad valorem sobre las mismas mercancías, que varíen del 240% al 0% sobre el valor de la mercancía en aduana, dependiendo del país de origen, puesto que a todas las relativas a las aves gallo o gallina se les aplica un impuesto ad valorem del 240%, y a las de gallipavo 240% y 123%, según sus características, sin hacer distinción respecto del país de origen alguno.

Para corroborar lo anterior, basta transcribir la parte conducente de la ley reclamada, cuyo texto literal es el siguiente:

"Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación

"Texto original.

"Ley publicada de la Segunda a Quinta Sección del Diario Oficial de la Federación el viernes 18 de enero de 2002.

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

"Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

"Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

"Decreto

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

"Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación

"Artículo 1o. Los impuestos generales de importación y de exportación se causarán, según corresponda, de conformidad con la siguiente:

"Tarifa

"Sección I

"Animales vivos y productos del reino animal

"Notas.

"1. En esta sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie.

"2. Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados.

"Capítulo 01

" ...

"Capítulo 02

"Carne y despojos comestibles

"Nota.

"1. Este capítulo no comprende:

"a) respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para la alimentación humana;

"b) las tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04), ni la sangre animal (partidas 05.11 o 30.02);

"c) las grasas animales, excepto los productos de la partida 02.09 (capítulo 15).

Ver tabla

..."

Luego, es evidente que, por las razones que aduce la quejosa, las fracciones arancelarias de mérito no transgreden el principio de equidad y, por ende, no pueden considerarse como una carga tributaria imprevisible ni caprichosa.

No obsta a la anterior decisión el argumento de la quejosa en el sentido de que el impuesto ad valorem aplicado a las fracciones arancelarias en comento sean aberrantes, desproporcionales e inequitativas, en virtud de que se encuentra en desventaja en el mercado nacional, pues tal aserto no conduce por sí solo a estimar inconstitucionales dichas fracciones, dado que su confrontación con el mercado nacional no constituye un planteamiento de inconstitucionalidad, en el que se ponga de manifiesto su oposición con un precepto constitucional.

Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 25/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 38, cuyo texto es el siguiente:

"LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.-La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias."

Tampoco es óbice a la anterior consideración el alegato de la quejosa en el sentido de que las tantas veces citadas fracciones arancelarias son desproporcionadas por lo contrastante de los impuestos que porcentualmente se aplican a la carne de aves, dependiendo del país de origen, ya que fluctúan entre el 0% y hasta el 240%, con lo cual contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así porque, como ya quedó esclarecido en esta ejecutoria, no es cierto que en las aludidas fracciones arancelarias se establezcan diversos impuestos ad valorem sobre las mismas mercancías, ni que ello sea en razón de su país de origen.

También debe desestimarse el argumento de la quejosa en el que sostiene que el impuesto ad valorem establecido en las fracciones arancelarias es desproporcional e inequitativo respecto de los demás impuestos establecidos, esto es, según el origen de las mercancías, concretamente en el decreto por el que se determinó la tasa aplicable para el dos mil dos del impuesto general de importación, para las mercancías originarias de diversos países, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, puesto que la variación atiende a los diferentes efectos que provoca a la producción nacional y, en general, a la economía del país, la introducción de mercancías, que se producen y distribuyen bajo diversas circunstancias, en tanto que provienen de diversos países y en momentos determinados.

La consideración anterior se apoya, en lo que resulta aplicable, en la tesis 1a. LXVII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 251, cuyo texto es el siguiente:

"COMERCIO EXTERIOR. LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LEGISLAR OTORGADAS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, INCLUYEN NO SÓLO LAS RELATIVAS A LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR, DISMINUIR O SUPRIMIR LAS CUOTAS DE LAS TARIFAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, Y DE CREAR OTRAS, SINO TAMBIÉN LA FACULTAD PARA DEROGARLAS.-Cuando la Ley Fundamental otorga ciertas facultades al presidente de la República para alcanzar una finalidad determinada, esas facultades incluyen el uso de medios adecuados para alcanzar ese fin, siempre y cuando éstos no estén legalmente prohibidos, sino que se adapten al espíritu de la propia Constitución y de las leyes. En congruencia con lo anterior, es indudable que el hecho de que el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señale que el Congreso de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20132-725928af/fundamentacion-y-motivacion-de-los-decretos-expedidos-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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