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LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA. DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL ARTÍCULO 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE FACULTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA ESTABLECER MEDIANTE REGLAS GENERALES LOS PRECIOS ESTIMADOS QUE SIRVEN DE BASE AL SISTEMA DE DEPÓSITOS EN AQUÉLLAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL ARTÍCULO 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE FACULTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA ESTABLECER MEDIANTE REGLAS GENERALES LOS PRECIOS ESTIMADOS QUE SIRVEN DE BASE AL SISTEMA DE DEPÓSITOS EN AQUÉLLAS, NO CONLLEVA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA CONFERIDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL ARTÍCULO 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE FACULTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA ESTABLECER MEDIANTE REGLAS GENERALES LOS PRECIOS ESTIMADOS QUE SIRVEN DE BASE AL SISTEMA DE DEPÓSITOS EN AQUÉLLAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL ARTÍCULO 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO EN ÉSTAS A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, EN TANTO QUE IMPIDE LA ACTUACIÓN ARBITRARIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL ARTÍCULO 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO EN ÉSTAS A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, YA QUE EN EL CONTEXTO NORMATIVO APLICABLE SE PREVÉN LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN REALIZAR LA CUANTIFICACIÓN DE DICHA CAUCIÓN, ADEMÁS DE QUE ÉSTA SE RELACIONA CON UN CRÉDITO FISCAL CIERTO. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL SISTEMA LEGAL QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO EN ÉSTAS A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA SE RIGE POR LAS GARANTÍAS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL SISTEMA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 84-A Y 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO EN AQUÉLLAS A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL IMPEDIR A ÉSTOS OPTAR POR LOS DIVERSOS MECANISMOS DE CAUCIÓN ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL SISTEMA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 84-A Y 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO EN AQUÉLLAS A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL OTORGAR UN TRATO DESIGUAL A LOS GOBERNADOS QUE IMPORTAN LA MISMA MERCANCÍA. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DEPÓSITOS QUE DEBEN REALIZARSE EN ELLAS, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE TAL OBLIGACIÓN CONSTITUYE UNA LIMITACIÓN A LA ACTIVIDAD IMPORTADORA DERIVADA DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. CUOTAS COMPENSATORIAS. NO SON CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE QUE RESULTAN DE UN PROCEDIMIENTO EN QUE SE OYE A LOS INTERESADOS Y NO SON UNA EXPRESIÓN DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 425/2001. · Registro digital (IUS): 19801
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CIERRES BEST DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 197.

AMPARO EN REVISIÓN 425/2001. CIERRES BEST DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO. La autoridad recurrente expresó los siguientes agravios:

"Primero. Violación a los artículos 77, fracción I, 78 y 79 todos de la Ley de Amparo, toda vez que los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera que regulan el procedimiento para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados, no violan el principio de equidad tributaria en razón de que no trata en forma desigual a los iguales, pues la obligación de exhibir tal garantía se aplica por igual a todos los contribuyentes que se ubiquen en la misma hipótesis normativa. En efecto, las disposiciones tachadas de inconstitucionales no resultan inequitativas, en virtud de que la obligación de garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía a que se refiere el artículo 84-A, de la Ley Aduanera se aplica a todos los contribuyentes por igual, sin hacer distinción alguna entre los sujetos obligados, es decir, no preceptúa de las garantías exigidas por la ley de la materia a algunos importadores y exportadores, lo cual sí resultaría inequitativo. A mayor abundamiento, la obligación de otorgar la garantía a que alude el dispositivo en cuestión es de carácter general, lo cual no implica una transgresión al principio de equidad, pues de la simple lectura de los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera se desprende que todos los contribuyentes se encuentran en la misma situación y, por tanto, en el deber de otorgar garantía cuando realicen actividades de comercio exterior. Como podrá observar este Alto Tribunal, existen motivos de importancia para no permitir a nadie la entrada de mercancías en forma definitiva y que declaren en el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé igual a las contribuciones y en su caso cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado, sin exigir el pago de la garantía en comentario, esto, sin que al prever dicha situación, el legislador violente lo dispuesto por nuestra Constitución. En este orden de ideas, cabe insistir en el hecho de que, al establecerse que las mercancías de importación definitiva y que se declaren en el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas, por un monto igual a las contribuciones y en su caso cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado deban ser garantizadas mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera, se aplican por igual a todos los contribuyentes que se ubiquen en la misma hipótesis normativa, lo cual satisface el requisito constitucional de equidad tributaria. En esta tesitura es necesario hacer patente el hecho que ha sido reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el país, de que el principio de equidad de las contribuciones se satisface cuando la ley tributaria otorga el mismo tratamiento a los contribuyentes iguales, es decir, que estén dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes considerados por la ley, y no se establecen discriminaciones o distinciones a título individual. Los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera no violan el principio de equidad tributaria, pues de su interpretación se desprende que no otorga un tratamiento distinto a situaciones similares. Lo anterior resulta cierto, ya que los artículos impugnados sí cumplen con el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna al determinar el procedimiento para garantizar en cuenta aduanera las contribuciones que se causen cuando se introduzcan al país mercancías a precios inferiores a los estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, en la sentencia que se controvierte se determina que los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, no cumplen con el principio de equidad que rige a los impuestos y que se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es infundado por lo que se requiere definir los citados conceptos. En efecto, el artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal, establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, con la única limitante de que éstos sean equitativos y proporcionales. Al respecto, es necesario hacer referencia al criterio que ha sido reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el país, que determina que el principio de equidad de las contribuciones se satisface cuando la ley tributaria otorga el mismo tratamiento a los contribuyentes iguales, es decir, que estén dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes considerados por la ley, y no se establecen discriminaciones o distinciones a título individual. Lo anterior, atento a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias que textualmente señalan lo siguiente: Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, tesis P./J. 42/97, página 36. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.’ (se citan los precedentes). Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, tesis P./J. 41/97, página 43. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.’ (se citan los precedentes). Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P. CXII/95, página 208. ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa; implicando además, que se establezca que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.’ (se citan precedentes). Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, tesis 2a. LVI/99, página 503. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. EL CUMPLIMIENTO DE ESE PRINCIPIO DEBE ANALIZARSE CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN UNA MISMA ÉPOCA. El principio de equidad tributaria que se consagra en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un tributo, quienes deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones o plazos de pago. Ahora bien, ese principio debe analizarse en un ámbito temporal de validez de las normas tributarias, es decir, durante la vigencia de los preceptos que regulan un impuesto y sus condiciones de pago, pues de otro modo, si se intenta comparar un precepto vigente con otro que ya no lo está, no podría considerarse que los sujetos del impuesto están sometidos a un tratamiento distinto, sino únicamente que la hipótesis en que se ubican tenía atribuida una consecuencia y luego otra, lo cual puede justificarse, entre otras causas, por el cambio de la situación económica y social del país o el estímulo de una rama industrial, comercial o cultural.’ (se cita precedente). De las transcripciones anteriores se desprende que los impuestos deben ser equitativos, en el sentido de que den a los contribuyentes iguales el mismo trato, asimismo cuando dentro de la misma hipótesis de la norma se encuentren contribuyentes desiguales, reciban un trato desigual. En otras palabras, los contribuyentes de un impuesto pueden ser iguales entre sí o desiguales y atendiendo a esa igualdad o desigualdad es como se deberá aplicar el tratamiento fiscal, propio para cada uno de esos grupos, debiéndose, para cumplir con el principio de equidad, aplicar el mismo tratamiento para todos aquellos contribuyentes que presenten las mismas características o condiciones, lo cual en modo alguno se traduciría en que se debe aplicar el mismo tratamiento fiscal a personas distintas. De lo anterior, se desprende que habría una inequidad si dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes se establecen diferencias a título particular, de manera que hubiera cargas fiscales o excepciones sólo para algunos, y no para los demás, que se encuentran en las mismas circunstancias, lo cual no ocurre cuando se distingue a los contribuyentes del mismo impuesto por grupos homogéneos con características propias fijadas de manera general, abstracta y permanente. En este sentido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha resuelto al respecto lo siguiente: ‘... la equidad permite al poder público tomar en consideración ... las posibilidades económicas y sociales de cada causante y de cada grupo de causantes ... pues según la equidad deben tratarse desigualmente las situaciones desiguales, lo que es muy útil y conveniente en un país como el nuestro en que existen deferencias económicas muy notables entre los diferentes sectores y clases socioeconómicas ...’. ‘Informe rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia al terminar el año de 1971, Primera Parte, Pleno, página 263.’. En este orden de ideas, cabe destacar que dicho principio aplicado a los artículos 84-A y 86-A ambos de la Ley Aduanera es considerado para el efecto de que el mismo será equitativo (para todos los sujetos que se encuentren bajo los supuestos que establecen los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera), desde el momento en que se les exija el cumplimiento del pago de garantía a los importadores o exportadores, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, por el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran causarse con motivo de las operaciones de comercio exterior, por la importación definitiva de mercancías y declaración en el pedimento de un valor inferior al precio estimado por aquélla, por un monto igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado. Ahora bien, una vez definido el concepto de equidad que se establece en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como requisito indispensable de todas las contribuciones con que deben contribuir los mexicanos para el gasto público, es necesario señalar que contrariamente a la consideración plasmada por el a quo en la resolución materia del presente recurso, los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera reúnen debidamente el principio señalado anteriormente, como se demuestra a continuación. En efecto, la Ley Aduanera señala las bases, mecanismos o método, para que la referida Secretaría de Hacienda y Crédito Público fije los precios estimados para mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias que se importen, en efecto, basta con ver el contenido de los artículos 64 a 78 de la Ley Aduanera para corroborar que los mismos regulan lo relativo a la base gravable del impuesto general de importación. Por tanto, resulta evidente que si el principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de una misma hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar dicho principio. Además, la equidad contemplada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General se cumple al establecerse en la ley respectiva cuotas, tasas o tarifas progresivas que graven a los contribuyentes en función de su capacidad económica y de la igualdad de los impuestos, otorgando el mismo trato a los sujetos pasivos que se encuentren colocados en la hipótesis normativa correspondiente y en el presente caso lo es, como ya se señaló, a través de la Ley Aduanera en los dispositivos antes referidos siendo entonces que el tratamiento que otorga el legislador a los importadores que se encuentran en el caso de la quejosa es idéntico. En efecto, para que una ley cumpla con el principio de equidad debe procurar la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. En ese sentido uno de los elementos objetivos que permiten delimitar al principio de equidad tributaria consiste en que a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; razón por la cual los preceptos reclamados no son violatorios del principio de referencia, toda vez que los efectos de la misma, surten efectos para todos los obligados al pago del tributo de conformidad con la Ley Aduanera. Ahora bien, el artículo 31, fracción IV, constitucional establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En efecto, como lo señala el a quo el ejercicio de la potestad contributiva se reserva tanto al Congreso de la Unión como a los Congresos Locales de cada una de las entidades que integran la Federación, de lo que se desprende que corresponde a los legisladores federales o locales quienes deben de atender a las garantías contributivas por lo que se debe atender al hecho de que el legislador cuenta con la posibilidad de establecer las contribuciones necesarias a fin de cubrir el presupuesto que al efecto expida, con las limitantes de que no se violenten los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributarios, contenidos en el artículo 31, fracción IV, de nuestro Pacto Federal. Sirve de sustento a lo anterior, diversa jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, misma que a la letra dispone lo siguiente: Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, tesis P./J. 17/90, página 75. ‘CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN. Es inexacto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al otorgar al Estado el poder tributario, establezca que el objeto de las contribuciones quede limitado a los ingresos, utilidades o rendimientos de los contribuyentes, pues tan restringida interpretación no tiene sustento en esa norma constitucional, que otorga plena libertad al legislador para elegir el objeto tributario, con tal de que respete los principios de proporcionalidad, equidad y destino.’. Por todo lo expuesto, deviene ilegal la resolución del a quo en virtud de que no es que se le limite a la quejosa el garantizar mediante depósito en cuentas aduaneras, en aquellos casos en que importe mercancías a territorio nacional, toda vez que como ha quedado asentado anteriormente, las contribuciones causadas en materia de comercio exterior con motivo de la importación de mercancías a territorio nacional se pagarán al presentar el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, es decir, en las cuentas aduaneras que servirán para garantizar mediante depósitos en las instituciones de crédito o casas de bolsa que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido, es erróneo que los artículos impugnados sean violatorios de la garantía de equidad de las contribuciones consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional en tanto que se señala en el artículo 86-A de la Ley Aduanera que los contribuyentes que se encuentren en los supuestos contenidos en dicho artículo deberán garantizar en las cuentas aduaneras el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran causarse con motivo de las operaciones de comercio exterior. En efecto, el a quo establece de forma falaz que los numerales impugnados, dan un tratamiento diferencial a los sujetos que se encuentran en la misma hipótesis, ya que sólo serían inequitativos cuando dentro de la misma categoría de sujetos, se dé un trato diferencial, situación que en el caso concreto no acontece puesto que el mismo será aplicado a todos los sujetos que se encuentren dentro de los supuestos que contiene el artículo 86-A de la Ley Aduanera, aplicación que se realiza de manera genérica y no a título particular, de conformidad con el principio de equidad tributaria. En efecto, el a quo no demuestra fehacientemente que los numerales impugnados, den un tratamiento diferencial a los sujetos que se encuentran en la misma hipótesis, por tanto, no se actualiza la supuesta inequidad dado que todos los contribuyentes que efectúen la importación definitiva de mercancías y declaren en el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé a conocer la Secretaría de Hacienda; así como aquellos que efectúen el tránsito interno o internacional de mercancías, por un monto igual a las contribuciones y cuotas compensatorias que se determinan provisionalmente en el pedimento o las que correspondan tomando en cuenta el valor de transacción de mercancías idénticas o similares. A mayor abundamiento, no puede manifestar válidamente el a quo, que se ha tratado en forma desigual a sus iguales, ni igual a sus desiguales, ya que no aporta elementos de convicción con los que demuestre que se da un trato discriminatorio, pues si bien establece la forma de pago en que se garantizará el pago de las contribuciones o cuotas compensatorias, ello se refiere al procedimiento y control necesario para las autoridades fiscales, para el pago de dichas contribuciones pero ello no introduce modificación alguna en relación con la esencia misma de la tributación, pues no la grava ni la extiende y tampoco crea, a cargo de los contribuyentes causación distinta. Es decir, dicho precepto al establecer esa forma de pago sólo tiene por objeto facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que el ordenamiento impone. Ahora bien, para el análisis del argumento se hace necesario transcribir lo establecido por el a quo, a foja 38: ‘... el principio de equidad tributaria radica medularmente en la igualdad ante la misma norma fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas y formas y plazos de pago.’. Apoya a lo anterior la tesis número 275, visible en la página 256, Séptima Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’. Al respecto, es imperante señalar que la tesis mediante la cual se apoya el a quo, no señala la forma de garantizar el pago como hipótesis concerniente a un tratamiento idéntico entre los causantes, sino que se refiere a presupuestos que determinan una obligación fiscal. Por lo que debe tenerse claro que, lo señalado en los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera, no da origen legalmente a la tributación fiscal, pues no se refiere a la causación del impuesto -hipótesis efectivamente contemplada en la tesis referida-, sino en realidad a la característica general de que se trata de un impuesto que conforme a la ley, tiene que ser garantizado mediante el pago en las cuentas aduaneras. Es decir, lo establecido en los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera no pueden identificarse con las causas generadoras del impuesto, o, en otros términos, con las circunstancias a que da lugar a que se considere a una persona como comprendida en alguna disposición de un ordenamiento fiscal y, por tanto, en la posibilidad de dar un trato distinto a otros contribuyentes, pues los artículos impugnados de inconstitucionalidad se refieren exclusivamente a la forma de garantizar el pago y no a los presupuestos determinados de la obligación fiscal. Esto es, no debe confundirse la forma de garantizar el pago de las contribuciones, con la causación del impuesto, que puede tener lugar en un determinado y único momento, porque el hecho generador del crédito fiscal se realice en una sola ocasión. Por otro lado es importante señalar que, esta forma de garantizar el pago de las contribuciones, no prejuzga sobre actos fraudulentos, toda vez que tiene su base principal en el hecho real de actividades comerciales, de las cuales se pudieran derivar actos fraudulentos, en razón del movimiento del capital empleado en funciones de lucro, es decir, dicha norma no se crea sobre una conjetura, sino sobre expectativas de control, administración eficaz y facilidad, es decir, en razón de un fin extrafiscal, para garantizar el pago de contribuciones o cuotas compensatorias. Sirve a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, tesis P./J. 18/91, página 52, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: ‘CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos.’ (se citan precedentes). Segundo. La sentencia que se recurre viola lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo en virtud de que el Juez de Distrito del conocimiento, consideró ilegalmente que los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera, son contrarios a la garantía de equidad contenida en el diverso 31, fracción IV, de la Constitución, lo anterior se puede corroborar con la transcripción del considerando quinto de la resolución en comento que establece: (se transcribió en el considerando cuarto de esta ejecutoria). Del considerando quinto de la resolución recurrida se aprecia que el a quo ilegalmente señaló que los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera al determinar la forma de garantizar el pago de contribuciones y cuotas compensatorias que se causen por operaciones de comercio exterior a través de depósitos en las cuentas aduanales de garantía violan el principio de equidad, dado que en los mismos se establecen diferencias a título particular, ya que no se toman en cuenta las situaciones económicas de cada causante para el pago de contribuciones, puesto que afecta a la quejosa en su generalidad frente a todos aquellos sujetos de que deben enterar el pago de contribuciones. En efecto de la lectura de la sentencia recurrida, claramente se desprende que el juzgador omitió hacer un estudio detallado de la constitucionalidad de los artículos 36, fracción I, inciso e), 43, 84-A, 86-A, 144, fracción XIII y 158 de la Ley Aduanera impugnados por la quejosa, limitándose a señalar que dichos numerales son inconstitucionales por establecer la forma en que se debe garantizar a través de cuentas aduaneras el pago de contribuciones y cuotas compensatorias por la importación definitiva de mercancías a que se refiere la fracción I del artículo 86-A del ordenamiento aludido, da un trato desigual a todos aquellos que garantizan contribuciones fiscales, puesto que los contribuyentes tienen a su alcance otros medios para garantizar créditos o contribuciones fiscales, sin que de la naturaleza fiscal de la Ley Aduanera se advierta que el pago de esas contribuciones no puedan realizarse a través de diversos mecanismos, esto es, mediante depósito en dinero u otras formas de garantía financiera, prenda o hipoteca, fianza otorgada por institución autorizada, obligación solidaria asumida por un tercero, embargo, títulos valor a cartera de créditos del propio contribuyente. Igualmente, porque los tributos no pueden depender de manera esencial de las circunstancias personales de cada contribuyente y de que no existe una razón de orden extrafiscal que justifique dicha medida. En consecuencia, consideró ilegalmente ese juzgador que los dispositivos son inequitativos al dar un trato desigual a los contribuyentes de impuestos ya que en dicha resolución fiscal se está haciendo una distinción injustificada por causas que no dependen de los contribuyentes, sino de la autoridad administrativa lo que ocasiona un trato desigual a iguales, pues mientras a unos se les permite garantizar el pago de contribuciones a través de otro mecanismo, a otros no, aunque también realizan operaciones de comercio exterior, siendo, por tanto, inequitativas las disposiciones de mérito, aunque las mismas no establezcan diversas categorías de contribuyentes, pues tal diferenciación es, en sí misma inequitativa al ocasionar un trato desigual a los igu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19801-8693d105/legalidad-tributaria-su-alcance-cuando-el-legislador-faculta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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