DEMANDA AGRARIA. SI EL TRIBUNAL AGRARIO ADVIERTE IMPRECISIÓN O IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO INICIAL, DEBERÁ PREVENIR AL ACTOR A FIN DE QUE LA SUBSANE EN EL TÉRMINO DE LEY.
AMPARO DIRECTO 160/2005. CALIXTO SANTIAGO FLORES.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Resulta innecesario el análisis del concepto de violación expresado por la quejosa, toda vez que este Tribunal Colegiado suplirá la deficiencia de la queja en términos de los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 37, Volumen 24 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:
"AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE EN BENEFICIO DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL, EJIDATARIOS O COMUNEROS, O DE ASPIRANTES A ESAS CUALIDADES. La interpretación sistemática de los artículos 107, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal, adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre de 1962, y 2o., último párrafo, 76, párrafo final y 78, párrafo último, de la Ley de Amparo adicionados por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de febrero de 1963 (por reforma, corresponden a los 2o., párrafo primero, 227 y 225), así como el examen de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que propuso la referida adición a la Constitución, hacen llegar a la conclusión de que la suplencia de la queja deficiente en materia agraria sólo procede en favor de los núcleos de población ejidal o comunal, de ejidatarios o comuneros, o de aspirantes a esas cualidades, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar a dichos sujetos de la propiedad, posesión, derechos o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes. Por tanto, la suplencia de la queja es improcedente en beneficio de cualquier otra parte diversa de las ya mencionadas."
Así como la jurisprudencia número 2a./J. 87/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 204, Tomo X, julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. LOS ASPIRANTES A AVECINDADOS QUEDAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL AMPARO AGRARIO, CUANDO LA MATERIA DE LA RECLAMACIÓN CONSTITUCIONAL VERSE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE ESE CARÁCTER. Los avecindados, como sujetos reconocidos y protegidos dentro del núcleo de población por la nueva Ley Agraria, son miembros de la clase campesina a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo, que se encuentran dentro del ámbito protector de las disposiciones del amparo agrario, entre otras, la tocante al beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja a que también se refiere el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo, ámbito en el que deben considerarse incluidos también los aspirantes a avecindados cuando la materia de la reclamación constitucional verse, precisamente, sobre el reconocimiento del carácter de avecindados, lo que se desprende de la interpretación extensiva de lo establecido en la fracción III de ese artículo 212, que se refiere a los aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues los aspirantes a avecindados son, en realidad, aspirantes a ejidatarios y comuneros."
También se invoca la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 56, Volúmenes 217-228 Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:
"AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA SI LAS PARTES EN EL JUICIO SON PRESUNTOS EJIDATARIOS. Si tanto la quejosa como el tercero perjudicado pretenden adquirir derechos agrarios, cuestión sometida a la decisión de la autoridad responsable, encontrándose en igualdad de condiciones, tal circunstancia no impide al Juez de Distrito observar lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley de Amparo, y suplir la deficiencia de la queja cuando advierta una violación manifiesta de la ley que hubiere trascendido al resultado del fallo, e implique que la controversia planteada ante la potestad común no se hubiere resuelto conforme a derecho; es preciso señalar que en tales casos, la suplencia de la queja ha de hacerse en forma prudente y con sana lógica, de manera que no se rompa el equilibrio procesal de las partes, esto es, que el juzgador de amparo debe procurar al hacer valer en beneficio de cualquiera de ellas la suplencia, que no se produzca o deje en estado de indefensión a la contraria, atendiendo desde luego al caso jurídico concreto que se plantea, para una vez analizado determinar si existe la posibilidad de obrar en ese sentido, sin que a la otra parte se le coloque en condiciones de inferioridad o en el ya dicho estado de indefensión. En esa virtud, si al analizar la resolución reclamada de la Comisión Agraria Mixta, dictada en un juicio en el que tanto la quejosa como el tercero perjudicado intervinieron con pretensión de reconocimiento de derechos agrarios y adjudicación en su favor de la parcela ejidal en conflicto, el Juez de Distrito advierte que no se ha dirimido la controversia conforme a derecho, ante la omisión de la autoridad responsable de tomar en consideración todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, otorgando el valor que legalmente les correspondiere, es indudable que esa circunstancia constituye una violación manifiesta de la ley que debe hacerse valer para otorgar el amparo, con independencia de que se hubiere alegado o no en los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su demanda de garantías; y ese actuar no puede considerarse que rompa el equilibrio procesal ni produzca estado de indefensión en contra de quien interviene como tercero perjudicado, pues por el contrario, si la resolución que dirimió la controversia agraria no se apega a la ley, al establecerlo así y otorgar el amparo, obligando a la autoridad responsable que nuevamente lo pronuncie, pero debidamente fundada y motivada, resolviendo en definitiva la situación legal que habrá de observarse respecto a los derechos agrarios controvertidos y la parcela en conflicto, implica mayor seguridad jurídica y pleno cumplimiento a la ley en beneficio de ambos contendientes, pues la autoridad responsable deberá analizar todas y cada una de las pruebas que hubieren aportado, para una vez valoradas resolver lo que proceda en derecho."
Ahora bien, este Tribunal Colegiado advierte que la sentencia reclamada se dictó en contravención al artículo 189 de la Ley Agraria que establece que las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida, en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, así como apreciando los hechos y los documentos; lo que implica que se viola en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para así estimarlo, es necesario relatar los antecedentes de la sentencia combatida:
1. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil cuatro ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, Calixto Santiago Flores, demandó la nulidad del acta de Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de San Lucas el Viejo, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, de tres de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en la que se destinó para tierra de uso común la superficie que dice se encuentra en el área donde se ubican las parcelas que legalmente le corresponden, consistentes en ocho hectáreas divididas en dos fracciones; así como demandó que se declarara que es el legítimo titular de las referidas parcelas y, en consecuencia, se ordene al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, realice las anotaciones correspondientes y expida a su favor el respectivo certificado parcelario.
2. En dicho escrito de demanda, en lo que interesa, alegó:
"... 3. Es el caso que durante la celebración de dicha asamblea los ejidatarios acordaron dejar mis parcelas como tierras de uso común, reservándose el derecho de asignar a cada uno de ellos el porcentaje que sobre dichas tierras les corresponde, situación de la que me enteré cuando acudí con los integrantes del Comisariado Ejidal de esa época para verificar si me habían tomado en consideración como posesionario de las parcelas en cuestión, ya que en mi carácter de posesionario no tengo derecho a asistir a la asamblea de delimitación; quienes me manifestaron que con posterioridad podíamos realizar los trámites para poder obtener los certificados que me acrediten como titular de las parcelas objeto de este asunto.
"4. Por otra parte, debo manifestar que he realizado diversas gestiones con la finalidad de obtener los documentos que me acrediten como legítimo titular de mis parcelas, sin obtener respuesta favorable a pesar de tener la anuencia de los ejidatarios para obtener los mismos tal y como lo acreditaré en el momento procesal oportuno.
"5. Toda vez que han transcurrido varios años desde la fecha en que se certificó nuestro ejido en términos del artículo 56 de la Ley Agraria, y al no tener información respecto de los motivos por los cuales no se midieron mis parcelas, ni se elaboraron los documentos que me acrediten legalmente como titular de las parcelas materia de este asunto, los avecindados que enfrentamos el mismo problema nombramos una comisión de manera informal, a la que se le encomendó se trasladara a las oficinas del Registro Agrario Nacional en el Estado, con el propósito de conocer los trámites o documentación que hacían falta para que se generaran los correspondientes certificados parcelarios.
"Es el caso que con fecha siete de enero del año en curso, la comisión mencionada en el punto que antecede, se presentó en las oficinas del Registro Agrario Nacional en el Estado, donde se les informó que las parcelas sobre las cuales pedían los certificados parcelarios, tomando en consideración la información que proporcionaron, se estableció que la superficie donde se ubican las parcelas objeto de nuestra atención, fue destinada y delimitada como área de uso común, razón por la cual no era posible atender nuestra petición ...".
3. Admitida la demanda por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, se radicó con el número 145/04 y, se corrió traslado con la misma a la demandada para que produjera su contestación.
4. El dos de junio de dos mil cuatro, se inició la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la que una vez abierta la diligencia compareció el actor Calixto Santiago Flores, por conducto de su asesor jurídico, quien ratificó su escrito inicial de demanda, ofreció pruebas de su parte y aclaró el punto tres del capítulo de hechos de la misma, manifestando que la fecha en que se enteró que sus parcelas se habían asignado como tierras de uso común fue el siete de enero de dos mil cuatro, ya que fue esa la fecha en la que se le informó por parte del Registro Agrario Nacional tal situación.
5. Una vez realizada la comparecencia del actor, compareció la parte demandada por conducto de su asesor jurídico, quien dio contestación por escrito a la demanda y, entre otras cuestiones, opuso la excepción de prescripción que hizo consistir en que el actor no impugnó la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de San Lucas el Viejo, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, de tres de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, dentro del término que establece el segundo párrafo del artículo 61 de la Ley Agraria.
6. Con la comparecencia de las partes, el Tribunal Unitario Agrario emitió acuerdo en el que tuvo al actor ratificando sus pretensiones en términos del escrito de demanda, por realizadas las manifestaciones que expresó en la audiencia y, por hecha la aclaración de su escrito inicial de demanda, asimismo tuvo a la parte demandada formulando su contestación de demanda y por opuestas sus excepciones y defensas, procediendo a la fijación de la litis.
7. El treinta de marzo de dos mil cinco, se emitió la sentencia correspondiente al juicio agrario en la que se resolvió:
"PRIMERO. Se declara procedente la excepción de prescripción de la acción opuesta por los demandados integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado de ‘San Lucas El Viejo’, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla, acorde a lo establecido en el considerando tercero del cuerpo de esta sentencia.
"SEGUNDO. Notifíquese ...".
Dicha sentencia constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.
Cabe precisar, que para declarar fundada la excepción de prescripción de la acción, el tribunal responsable sustancialmente consideró:
a) Que carece de sustento lo aseverado por el actor en el sentido de que el siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se enteró de que la superficie que reclama quedó inmersa en las tierras de uso común del ejido, pues previo a la celebración de la asamblea impugnada se expidieron convocatorias en las que se fijaron claramente los puntos a tratar dentro de la orden del día y, debe tomarse en cuenta la publicidad de dichas convocatorias.
b) Que del punto quinto de la demanda se desprende que el actor tuvo conocimiento de que las parcelas que reclama quedaron comprendidas dentro de las tierras de uso común del ejido, desde hace ya varios años, pues señaló que han transcurrido varios años desde que se certificó el ejido sin tener información del porqué no se midieron sus parcelas; lo que implica que el actor admite en varias ocasiones haberse enterado de tal situación desde hace varios años.
c) Que el actor confesó expresamente, que desde hace muchos años se hizo sabedor de que las parcelas que reclama quedaron comprendidas dentro del área de uso común; confesión que tiene valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Agraria según su artículo 167.
d) Que dicha confesión se obtiene de su demanda inicial en la que adujo: "Es el caso que durante la celebración de dicha asamblea los ejidatarios acordaron dejar mis parcelas como tierras de uso común, reservándose el derecho de asignar a cada uno de ellos el porcentaje que sobre dichas tierras les corresponde, situación de la que me enteré cuando acudí con los integrantes del Comisariado Ejidal de esa época para verificar si me habían tomado en consideración como posesionario de las parcelas en cuestión, ya que en mi carácter de posesionario no tengo derecho a asistir a la asamblea de delimitación; quienes me manifestaron que con posterioridad podíamos realizar los trámites para poder obtener los certificados que me acrediten como titular de las parcelas objeto de este asunto. ... 4. Que ha realizado diversas gestiones con la finalidad de obtener los documentos que lo acrediten como legítimo titular de sus parcelas, sin obtener respuesta favorable a pesar de tener la anuencia de los ejidatarios ...".
e) Que el actor confiesa que ha realizado diversas gestiones para obtener los documentos que lo acrediten como titular, lo que implica, que previo a la presentación de la demanda, ya tenía conocimiento de lo que reclama.
f) Que aun cuando en la audiencia de ley el actor haya aclarado que tuvo conocimiento del acto impugnado el siete de enero de dos mil cuatro, de sus propias manifestaciones se advierte que estuvo enterado de que la superficie que reclama quedó comprendida dentro de las tierras de uso común años antes de la presentación de la demanda, ya que manifestó que acudió con los integrantes del comisariado ejidal de esa época quienes le manifestaron que con posterioridad podían realizar los trámites para obtener los certificados que lo acreditaran como titular de las parcelas.
g) Que el actor se hizo sabedor de que las parcelas reclamadas no fueron delimitadas en lo individual sino que quedaron incluidas dentro del área destinada al uso común, cuando menos desde mil novecientos noventa y ocho, puesto que adujo que ese hecho lo supo cuando acudió con los integrantes del comisariado ejidal de esa época, por lo que suponiendo sin conceder que el periodo para el cual fue electo el comisariado ejidal haya comenzado en mil novecientos noventa y cinco (año en el que se celebró la asamblea cuya nulidad se exige) y, el mismo concluyó en mil novecientos noventa y ocho, es evidente que dentro de dicho periodo debió comparecer el actor ante ellos, dado que no señala fecha cierta, pero sí permite comprender que fue dentro de ese periodo, lo que implica que para la fecha en que se presentó la demanda, ya habían transcurrido cuando menos cinco años.
h) Que es ilógico que después de casi nueve años de que se celebró la asamblea, el actor dejara pasar tantos años sin impugnarla, a pesar de ser sabedor de que las parcelas que dice le pertenecen quedaron dentro de la superficie de uso común del ejido.
De los antecedentes antes relatados se desprende que la responsable declaró fundada la excepción de prescripción opuesta por la demandada, al considerar que a la fecha en que la actora presentó su demanda, ya había transcurrido en exceso el término de noventa días previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria, para impugnar los acuerdos y resoluciones que fueron adoptados en la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de San Lucas el Viejo, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, de tres de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Cabe ponderar, que dicha consideración se apoyó principalmente en lo que narró el actor en los puntos tres, cuatro y cinco del capítulo de hechos de su demanda inicial, en el sentido de que tuvo conocimiento de que en la asamblea impugnada se acordó dejar sus parcelas como tierras de uso común, cuando acudió con los integrantes del comisariado ejidal de la época de la celebración de la asamblea; que ha realizado diversas gestiones para obtener los documentos que lo acrediten como titular y, que han transcurrido varios años desde que se certificó el ejido sin tener información del porqué no se midieron sus parcelas.
Sin embargo, tal consideración es ilegal, porque para concluir en ese sentido, el tribunal responsable dejó de analizar en su integridad el escrito inicial de demanda, en el que en el punto cinco del capítulo de hechos, el actor alegó que tuvo conocimiento de que en la asamblea impugnada se acordó dejar sus parcelas como tierras de uso común el siete de enero de dos mil cuatro, fecha en que así se le informó por parte del Registro Agrario Nacional en el Estado.
De lo anterior, se advierte que al formular su demanda el actor fue impreciso al señalar la fecha en que tuvo conocimiento de los acuerdos tomados en la asamblea impugnada, ya que en el punto tres del capítulo de hechos señaló una fecha (que como se verá más adelante no puede tenerse como cierta) y, en el punto cinco de dicho capítulo señaló otra.
Por tanto, si del análisis integral de la demanda inicial se advierte imprecisión por parte del actor en la fecha en que tuvo conocimiento de que en la asamblea impugnada se destinaron para tierras de uso común las parcelas que reclama, es evidente que el tribunal responsable a efecto de que se subsanara dicha irregularidad en la demanda, debió estar a lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley Agraria, que establece que cuando exista irregularidad en la demanda se prevendrá al promovente para que la subsane dentro del término de ocho días.
Siendo que de los autos que integran el juicio generador se desprende que el tribunal responsable no realizó prevención alguna al actor en tal sentido, por tanto, al no haber realizado dicha prevención, debió tener por cierta la manifestada por el actor en el punto cinco del capítulo de hechos de su demanda y, por ende, tener por presentada en tiempo la misma.
Máxime que, si bien es cierto que el actor manifestó que supo que en la asamblea impugnada se acordó dejar sus parcelas como tierras de uso común, cuando acudió con los integrantes del comisariado ejidal de la época de la celebración de la asamblea, también lo es que como lo consideró el tribunal responsable, de dicha manifestación no se desprende la fecha cierta en que acudió ante los integrantes del comisariado ejidal, pues la manifestación del actor en tal sentido resulta genérica.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 59, Volúmenes 157-162, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA DE AMPARO. EXTEMPORANEIDAD EN SU PRESENTACIÓN. DUPLICIDAD EN LA MANIFESTACIÓN DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. Resulta incorrecta la actuación del Juez de origen, al desechar, por extemporánea, la demanda de garantías presentada por la quejosa el 20 de mayo de 1981, con fundamento en los artículos 145 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que si bien es cierto que en la demanda de amparo de que se trata, la quejosa manifestó como fecha de notificación de la resolución reclamada, la de 24 de abril de 1979, es indebido que por esa sola circunstancia haya desechado el escrito relativo, por extemporáneo, considerando que había transcurrido con exceso el término de 15 días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo; porque a pesar de que efectivamente la fecha aludida fue señalada por la quejosa, también es cierto que la demanda de garantías, por ser un todo, debe ser considerada o tomada en cuenta en su integridad y si en la propia demanda, la agraviada también señaló como fecha de notificación del acto reclamado el 24 de abril de 1981, es incuestionable que el a quo no atendió a la interpretación integral que se señala, y puede concluirse que su actuación correcta debió ser, bien la de admitirla, como presentada en tiempo, o requerir a la citada quejosa (si existía duda respecto a la validez y certeza de alguna de las dos fechas cuestionadas) la aclaración correspondiente, en los términos de la propia Ley de Amparo, ante la irregularidad observada y motivada por la duplicidad de fechas aludida."
Por tanto, si bien es cierto que el tribunal responsable no acató lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley Agraria, también lo es que al iniciar la audiencia a que se refiere el artículo 185 de dicho ordenamiento, al momento en que el actor expuso oralmente sus pretensiones, aclaró el punto tres del capítulo de hechos de su demanda inicial, manifestando que la fecha en que se enteró que sus parcelas se habían asignado como tierras de uso común fue el siete de enero de dos mil cuatro; siendo que dicha aclaración se tuvo por hecha por parte de la responsable al proveer sobre la misma y, por ende, forma parte integrante de la acción ejercida por el actor, ya que tuvo su origen en una irregularidad del escrito inicial de demanda cuyo propósito fue subsanar el vicio que contenía la misma, lo que implica que ésta (la aclaración) no pueda desvincularse y analizarse por separado, pues ambos actos procesales (escrito inicial de demanda y aclaración), integran uno mismo.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 35/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento."
Además, la referida aclaración, debe prevalecer sobre lo expuesto en el punto tres del capítulo de hechos de la demanda inicial, porque cuando el actor aclara su demanda, los hechos que precisa sustituyen a lo narrado en la inicial, máxime cuando no se cambian hechos sustanciales y, en el caso, no se puede considerar que al haber aclarado el punto tres del capítulo de hechos el actor hubiese modificado sustancialmente su demanda, pues como se vio, lo que aclaró en la audiencia de ley, ya había sido narrado en el mismo escrito inicial de demanda.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número VI.2o.72 L del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 455, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA LABORAL, LA ACLARACIÓN DE LA CATEGORÍA DESEMPEÑADA POR EL ACTOR NO CONSTITUYE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA. Es inexacto estimar que la aclaración de la categoría laboral desempeñada por el actor, cuando es realizada en el momento de la presentación de la demanda, constituya una modificación sustancial de la misma y que justifique la suspensión de la audiencia prevista en el artículo 877 de la Ley Federal del Trabajo, pues dicha aclaración no causa indefensión al patrón demandado para producir su contestación y ofrecer las pruebas que estime pertinentes, máxime si el actor reclamó el despido injustificado, precedido de una investigación administrativa, por lo que resulta intrascendente para la litis planteada la aludida categoría del trabajador."
Cabe precisar, que la aclaración de una demanda puede hacerse antes de que el demandado dé contestación a la misma y antes de fijarse la litis, pues ésta debe fijarse de acuerdo al hecho modificado respecto del cual el demandado tiene la oportunidad de contestarlo.
Por tanto, si la aclaración del actor fue planteada en el momento procesal oportuno, es decir, en la etapa de demanda de la audiencia de ley, esto es, antes de que su contraparte diera contestación a la demanda y exhibiera el escrito respectivo, es evidente que la aclaración formulada por el actor debió de tenerse como cierta, sin que ello implicara alterar el equilibrio procesal que debe imperar en el juicio, pues la demandada tuvo oportunidad de contestar el hecho aclarado y, ofrecer pruebas respecto del mismo, sin que lo hubiese hecho.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis número XXI.1o.67 L del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1085, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA LABORAL, ACLARACIÓN DE LA. ES PROCEDENTE ANTES DE SU CONTESTACIÓN POR LA CONTRAPARTE. La aclaración de la demanda laboral que haya sido planteada por la parte actora en el momento procesal oportuno, es decir, antes de que su contraparte dé contestación a aquélla y exhiba el escrito respectivo, es procedente en términos de lo establecido por el artículo 878, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, pues lo faculta para exponer su demanda, ratificarla o modificarla, precisando los puntos petitorios, sin que ello en modo alguno altere el equilibrio procesal que debe imperar en el juicio."
Así como, también por analogía, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 202, Tomo XIII, enero de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA LABORAL. AMPLIACIÓN DE LA, EN LA AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES. De una adecuada interpretación de la fracción II, del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, se determina claramente que dentro de la etapa de demanda y excepciones el actor podrá ratificar o modificar la demanda laboral, y al decirse podrá modificar o ratificar, se está refiriendo a que puede hacerlo dentro de la etapa o periodo de demanda y excepciones, que si bien se desarrolla con la intervención de las partes a quienes se les concede el uso de la voz en dos ocasiones, también lo es que válidamente la demanda puede modificarse en la primera o segunda intervención, siempre y cuando se esté en esa etapa, porque, la audiencia de arbitraje (demanda y excepciones) es la fase en donde se fijan los puntos a que debe referirse la controversia, estando en consecuencia el actor hasta el momento de celebrarse la audiencia, en aptitud no tan sólo de modificar y ratificar la demanda, sino ampliarla. Pues esta etapa constituye un todo jurídico de manera que la demanda aparte de los antecedentes o hechos en que se funda, se integra tanto con las manifestaciones hechas por el actor, como las que hace cuando aclara, modifica o amplía, hasta en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia relativa."
También se invoca, por analogía, la jurisprudencia número 4a./J. 35/94, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, tomo 81, septiembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA. NO PUEDE AMPLIARSE NI MODIFICARSE CON POSTERIORIDAD A SU CONTESTACIÓN. El artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo establece el orden lógico en que deberá desarrollarse la etapa de demanda y excepciones, al establecer inicialmente el dar la palabra a la parte actora para la exposición de su demanda ratificándola o modificándola e inmediatamente después, la parte demandada procederá a dar contestación a la demanda oponiendo sus excepciones y defensas. Posteriormente se autoriza a que las partes puedan por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, advirtiéndose que la ley no permite alteración alguna de ese orden lógico, de manera que una vez agotada la oportunidad que a cada una de las partes le corresponde para los efectos mencionados, precluye su derecho par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19075-1b7f61e3/demanda-agraria-si-el-tribunal-agrario-advierte-imprecision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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