PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL REGULAR LA FORMA DE CALCULAR SU MONTO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 1129/2005. ROSA MARÍA SÁNCHEZ MONROY.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En primer lugar esta Segunda Sala se ocupará del estudio de los agravios expuestos por la parte quejosa.
El Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del recurso de revisión, reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para resolver sobre los artículos 15, párrafo quinto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 4o. del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del citado instituto, ya que del contexto del agravio la recurrente estima que la Juez actuó incorrectamente al negarles el amparo por estimar constitucionales los preceptos citados.
Tales expresiones se consideran suficientes para que este órgano revisor proceda al análisis de los aspectos de inconstitucionalidad materia de este recurso, en suplencia de la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser la recurrente la parte trabajadora, aunque no controvierta el total de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, que llevó a la conclusión de que los preceptos impugnados son constitucionales.
Ahora bien, en lo relativo al problema de constitucionalidad, resultan infundados los aludidos agravios, en cuanto impugna la recurrente de ilegal la negativa del amparo, respecto de los preceptos legales reclamados, sin que se advierta queja que suplir, como se verá a continuación.
Contrario a lo considerado por la recurrente, son constitucionales los artículos 15, quinto párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 4o. del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que no vulneran el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al fijar la base para determinar el monto de la pensión por jubilación por años de servicios de los trabajadores al servicio del Estado.
Para acreditar la anterior afirmación se hace necesario tener en cuenta las consideraciones emitidas por esta Segunda Sala al resolver en similares términos los amparos directos en revisión 1257/2003 y 366/2004, fallados el veintisiete de febrero y siete de mayo de dos mil cuatro, respectivamente, bajo la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel; para lo cual únicamente se transcribirán las consideraciones del asunto citado en primer término:
"Son fundados los agravios expuestos, mismos que para mayor claridad se analizarán en orden distinto del planteado.
"En efecto, asiste razón a la parte recurrente en todos y cada uno de los argumentos sintetizados, pues el Tribunal Colegiado si bien correctamente determinó que la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado deriva de las disposiciones contenidas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorrectamente determinó que la forma de otorgamiento y pago de la misma se encuentre igualmente regulado en la propia Constitución.
"Es cierto, como sostiene el recurrente, que ninguna de las fracciones del apartado B del indicado artículo 123, determina la forma de calcular el monto de las pensiones, por lo cual deja a la ley secundaria su regulación, es decir, la Constitución no establece limitación o forma alguna y, en esa virtud, lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no puede transgredir alguna cuestión si ésta no está regulada por la Constitución.
"El indicado precepto constitucional, en lo referente al punto jurídico que se trata, dispone:
"‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"‘...
"‘B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"‘...
"‘V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;
"‘VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes;
"‘...
"‘XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
"‘a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. ...’
"Esto es, se pone de manifiesto que la Constitución Federal solamente estableció como una de las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, la jubilación, pero no determinó en forma alguna sus bases, presupuestos o cualquier otra cuestión inherente a la misma, por lo que, como se dice en el agravio en estudio, deja a la ley secundaria el establecer las precisiones correspondientes.
"Igualmente, asiste razón al recurrente, en cuanto aduce que la igualdad de salarios prevista en la fracción V ya mencionada, está dirigida a los trabajadores en activo, en tanto que la norma impugnada y tachada de inconstitucional, se dirige a regular el procedimiento para el cálculo de las pensiones respectivas pero no al salario de los trabajadores, lo que se corrobora con el texto mismo del precepto constitucional, que efectivamente dispone que a trabajo igual, corresponderá salario igual, lo cual no puede trasladarse a las pensiones jubilatorias, dado que la Constitución no hace específicamente esa referencia, de ahí que el principio de igualdad tomado en consideración por el Tribunal Colegiado para resolver la inconstitucionalidad del precepto reclamado es incorrecto, pues es obvio que el salario se refiere a los trabajadores en activo y no a los pensionados, sin que exista ninguna razón que permita suponer que por el contrario, una igualdad regulada en la ley secundaria pueda ser inconstitucional, en tanto tampoco está prohibida por la Constitución.
"También asiste razón a la parte recurrente al aducir que la consideración sostenida en la sentencia en el sentido de que una disposición que reduzca o limite los derechos adquiridos y derivados de la jubilación es inconstitucional, resulta infundada e inmotivada, pues el propio Tribunal Colegiado no explicó en forma alguna qué considera como derechos adquiridos, además de que no invocó ningún fundamento legal o constitucional para fundar su razonamiento.
"En efecto, las aludidas consideraciones resultan dogmáticas y carentes de sustento jurídico, pues de la sentencia que se revisa no aparece que el tribunal hubiere realizado un razonamiento lógico jurídico por el cual pueda determinarse que fueron limitados los derechos adquiridos por el quejoso derivados de su jubilación, aun cuando se pudiera tomar en cuenta que el derecho a la pensión por jubilación que corresponde al quejoso está reconocido por la secretaría de Estado donde prestó sus servicios.
"Como sostiene la parte recurrente, el derecho adquirido a la pensión y la forma de calcular su monto deriva de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo cual el derecho del quejoso se encuentra tutelado por las disposiciones en dicha ley contenidas, es decir, el artículo 15 impugnado, no sólo no desconoce los derechos adquiridos por el trabajador, sino que regula el salario como uno de los aspectos para calcular su monto, en relación con los diversos 57, 60 y 64 de la propia ley.
"Dichos preceptos disponen:
"‘Artículo 15. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo.
"‘Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.
"‘«Sobresueldo» es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios.
"‘«Compensación» es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada «Compensaciones adicionales por servicios especiales.»
"‘Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley.
"‘El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo.’
"‘Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la Junta Directiva del instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aun en el caso de la aplicación de otras leyes.
"‘Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión, será fijada por la Junta Directiva del instituto, pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta ley.
"‘La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año.
"‘En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos.
"‘De no ser posible la identificación del puesto, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor como criterio de incremento.
"‘Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.’
"‘Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos porcentajes de la tabla del artículo 63.
"‘La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el artículo 64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja.’
"‘Artículo 64. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento.’
"Del contenido de los preceptos legales mencionados, se advierte que el artículo 60 determina el derecho que tienen los trabajadores con treinta años o más de antigüedad; el artículo 64 establece que para determinar el monto de la pensión por jubilación, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, con la limitación establecida en el artículo 57 que dispone que el monto máximo no podrá exceder de la suma cotizable en términos del artículo 15, el cual a su vez dispone que las cotizaciones correspondientes serán hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general, y que el sueldo básico hasta por la suma cotizable, se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, subsidios, pensiones y préstamos que la ley otorgue, de lo que deriva que es precisamente en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en donde se encuentra regulado el derecho a la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado así como las modalidades de la misma.
"Finalmente, resulta fundada la afirmación consistente en que la contradicción que pudiera existir entre el artículo 64 y el 15 de la ley en comento, no da lugar a estimar la inconstitucionalidad del segundo de los mencionados, ni resulta relevante que las disposiciones relativas se encuentren en distintos títulos y capítulos de la ley, pues para determinar la inconstitucionalidad de un precepto legal, éste debe estar en contravención con alguno de la Carta Magna, lo cual no ocurre y se está en presencia, en su caso, de oposición entre normas del mismo rango.
"Apoya la consideración previa, la jurisprudencia que enseguida se cita:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XI, marzo de 2000
"‘Tesis: P./J. 25/2000
"‘Página: 38
"‘LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias.’
"En virtud de lo anterior, y al resultar fundados los agravios estudiados, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y declarar infundado el concepto de violación en el que el quejoso hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"SÉPTIMO. En completa vinculación con el pronunciamiento de inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en relación con las consideraciones que realizó a efecto de declarar la inconstitucionalidad apuntada, se aprecia que el Tribunal Colegiado determinó la inaplicabilidad del aludido precepto, con fundamento en las mismas consideraciones que han sido modificadas en el considerando previo.
"Lo anterior hace operantes los agravios que tienden a combatir las consideraciones respectivas, pues como se dijo en el considerando quinto de este mismo fallo, la vinculación es tal que afecta la congruencia de la sentencia y en esa virtud deben ser analizados por esta Segunda Sala, siendo aplicables las jurisprudencias que a continuación se citan, en tanto dichos agravios no refieren aspectos de mera legalidad sino que constituyen aspectos propiamente constitucionales:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: VIII, agosto de 1998
"‘Tesis: 2a./J. 53/98
"‘Página: 326
"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES. Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes.’
"‘Novena Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: II, diciembre de 1995
"‘Tesis: P./J. 46/95
"‘Página: 174
"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA. De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante.’
"Así, asiste razón a la parte recurrente cuando aduce que las razones de inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, indebidamente consideradas; afectaron a diversas consideraciones del resto de la sentencia, por haberlas vinculado y haber hecho depender su validez jurídica de la diversa estimación de inconstitucionalidad.
"En efecto, señala el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida, que no puede aplicarse en perjuicio del quejoso el citado artículo 15 porque tal precepto resulta contrario a lo mandado en el artículo 123, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder el amparo solicitado en contra de la resolución que constituye el acto reclamado.
"Sin embargo, al determinar la inaplicabilidad del precepto legal en mención, exactamente por las mismas razones por las que había declarado la inconstitucionalidad del mismo, es decir, porque resulta violada la garantía de igualdad; porque el artículo 15 viola el diverso artículo 64; y porque viola derechos adquiridos, cuando todas esas consideraciones han sido analizadas y desestimadas por esta Segunda Sala, tal cuestión no puede subsistir, si en el considerando previo ya se determinó que es constitucional el precepto legal e incorrectas las consideraciones sustentadas y, en esa virtud, el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debe ser aplicado al quejoso y en consecuencia, para dar a la sentencia la congruencia que legalmente le corresponde, deben establecerse los efectos para la concesión del amparo, en relación con las cuestiones de legalidad que no son materia de la presente revisión y que deben subsistir.
"Por todo lo expuesto y fundado, procede la modificación de la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia de trece de junio de dos mil dos, así como la de catorce de agosto de dos mil tres, emitida en pretendido cumplimiento de la sentencia de amparo, por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 17600/01-17-03-9 y dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos dados en la sentencia del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conceda valor probatorio a la constancia de percepciones, respecto del concepto (44) Asig. por Rad. en el Ext. apta para justificar los conceptos y el monto de los ingresos percibidos como sueldos y salarios obtenidos en el desempeño de sus funciones y que deben tomarse en cuenta para efectos de la jubilación, resolviendo lo que corresponda."
Por otra parte, esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 178/2004 de la que derivó el criterio jurisprudencial bajo el rubro: "ISSSTE. PENSIÓN JUBILATORIA. PARA CUANTIFICAR LA CUOTA DIARIA DEBE ATENDERSE A LOS ARTÍCULOS 15 Y 57 DE LA LEY RELATIVA.", que fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, con número de tesis 2a./J. 10/2005 en la página 316, Novena Época, sostuvo las siguientes consideraciones:
"Ahora bien, el sistema de cuantificación del monto de la pensión por jubilación mencionado responde a la necesidad jurídica de reglamentar la prestación de la jubilación consagrada en la fracción XI, inciso a), del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone:
"...
"En efecto, el precepto constitucional transcrito prevé la jubilación como una de las bases mínimas que deben observarse en materia de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado; pero no precisa sus presupuestos ni la forma de calcular el monto de la misma, por lo que es incuestionable que deja al legislador ordinario la regulación de tales aspectos; de aquí la razón de ser de la existencia de los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo fin primordial es establecer las reglas que hagan posible la materialización de la garantía sustentada por la Constitución Federal, concretamente respecto de la cuantificación de la cuota mínima y máxima de las pensiones.
"En este sentido, se entiende que el primer párrafo del artículo 1o. de la propia ley en comento establezca que sus contenidos constituyen disposiciones de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, puesto que, según se ha dicho, su finalidad es establecer los elementos indispensables para cuantificar los montos de la pensión por jubilación y así hacer efectiva la garantía a la jubilación, consagrada en la fracción XI inciso a) del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
En efecto, tal como esta Segunda Sala lo ha venido reiterando, ninguna de las fracciones del apartado B del indicado artículo 123, determina la forma para calcular el monto de las pensiones, por lo cual dejó al legislador ordinario su regulación, es decir, la Constitución no establece ningún parámetro o forma alguna para su cálculo y, en esa virtud, lo establecido por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 15 no transgrede alguna cuestión si ésta no se encuentra regulada por la Constitución.
Esto es, la Constitución Federal solamente establece como una de las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, la jubilación, pero no determinó en forma alguna los presupuestos o cualquier otra cuestión inherente a la misma, por lo que deja a la ley secundaria el establecer las precisiones correspondientes.
De lo anterior deriva que es precisamente en los artículos 15, 57, 60 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyas disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, donde se encuentra regulada la forma de cuantificar la pensión jubilatoria.
Así, el artículo 60 determina el derecho que tienen los trabajadores con treinta años o más de antigüedad; el artículo 64 establece que para determinar el monto de la pensión por jubilación, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, con la limitación establecida en el artículo 57 que dispone que el monto máximo no podrá exceder de la suma cotizable en términos del artículo 15, el cual a su vez dispone que las cotizaciones correspondientes serán hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general, y que el sueldo básico hasta por la suma cotizable, se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, subsidios, pensiones y préstamos que la ley otorgue, de lo que deriva que es precisamente en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en dónde se encuentra regulado el derecho a la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado así como las modalidades de la misma.
En esa proporción, es preciso destacar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 195/2004 realizó un análisis armónico del artículo 15, quinto párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con los diversos 16, 21, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la citada ley, que se encuentran vinculados con el tema de la pensión por jubilación respecto de los trabajadores al servicio del Estado, y consideró, que la pensión que debe pagarse a dichos trabajadores, deberá ajustarse a los lineamientos contenidos en los artículos 15 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que se deberá tomar en cuenta el promedio del sueldo básico del trabajo disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja, hasta por la cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Las consideraciones que sostuvo la Sala fueron las que en lo conducente se transcriben:
"Para tal efecto, se hace necesaria la transcripción de los preceptos que se encuentran vinculados con el problema en conflicto, es decir, los artículos 15, 64 y demás relativos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vinculados con el tema de las pensiones por jubilación respecto de los trabajadores al servicio del Estado.
"Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
"‘Título segundo
"‘Del régimen obligatorio
"‘Capítulo I
"‘Sueldos, cuotas y aportaciones
"‘Artículo 15. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo.
"‘Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.
"‘«Sobresueldo» es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios.
"‘«Compensación» es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada «Compensaciones adicionales por servicios especiales.»
"‘Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley.
"‘El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo.’
"(Reformado, D.O.F. 4 de enero de 1993)
"‘Artículo 16. Todo trabajador incorporado al régimen de este ordenamiento, deberá cubrir al instituto una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute, definido en el artículo anterior.
"‘Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma:
"‘I. 2.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;
"‘II. 0.50% Para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo;
"‘III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;
"‘IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta ley;
"‘V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del instituto exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.
"‘Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de administración.’
"(Reformado, D.O.F. 4 de enero de 1993)
"‘Artículo 21. Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta ley cubrirán al instituto, como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores.
"‘Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma:
"‘I. 6.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;
"‘II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo;
"‘III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;
"‘IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo;
"‘V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta ley;
"‘VI. 5.00% para constituir el Fondo de la Vi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19134-f5cd5738/pension-jubilatoria-el-articulo-15-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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