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Modo: Corpus Pro

FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA ADUANERA. EL ESCRITO O ACTA CIRCUNSTANCIADA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY RELATIVA, DEBEN FORMULARSE Y ENTREGARSE EN EL MOMENTO EN QUE SE LEVANTEN, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTAMENTE INTERESADO O DE SU LEGÍTIMO REPRESENTANTE Y TESTIGOS DE ASISTENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 195/2005. · Registro digital (IUS): 19174
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: M. YOLANDA LEÓN MAGAÑA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 2391.

AMPARO DIRECTO 195/2005. M. YOLANDA LEÓN MAGAÑA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. La parte inicial del concepto de violación expuesto es esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, en mérito de las consideraciones siguientes:

En efecto, los artículos 46, 150, 151 y 152 de la Ley Aduanera, vigentes en dos mil dos, época en la que acontecieron los hechos, establecían:

"Artículo 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de esta ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero."

"Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley.

"En dicha acta se deberá hacer constar:

"I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.

"II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.

"III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.

"IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.

"Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.

"Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado."

"Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:

"I. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno.

"II. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte.

"III. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate de vehículo de servicio particular, o si se trata de servicio público, cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta.

"IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías.

"V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas.

"VI. Cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador, señalado en el pedimento o en la factura, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos, no se pueda localizar al proveedor o la factura sea falsa.

"VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A fracción I de esta ley.

"En los casos a que se refieren las fracciones VI y VII se requerirá una orden emitida por el administrador general o el administrador central de Investigación Aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, para que proceda el embargo precautorio durante el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de mercancías en transporte.

"En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI y VII el medio de transporte quedará como garantía del interés fiscal, salvo que se cumpla con los requisitos y las condiciones que establezca el reglamento.

"Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. (Derogado párrafo quinto).

"Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley.

"En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.

"Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses.

"En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera."

Como se ve, el artículo 46 de la Ley Aduanera establece que las autoridades en esa materia harán constar en acta circunstanciada cualquier irregularidad que detecten con motivo del ejercicio de facultades que al respecto se precisan, de conformidad con el procedimiento que corresponda.

Ahora, la norma invocada establece dos tipos de procedimientos, a saber:

El regulado por el artículo 150, el cual se debe seguir cuando se den las hipótesis que ameritan el "embargo precautorio de las mercancías" a que alude el artículo 151.

En estos casos, se obliga a levantar un acta de "inicio", en la que se debe hacer constar, la identificación de la autoridad que practica la diligencia; los hechos y circunstancias que la motivan; la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías; la toma de muestras de las mercancías; en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.

Además, requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones, de no hacerlo, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados, en tanto que si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.

También, en dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga.

Finalmente, la autoridad está obligada a entregar al interesado copia del acta de inicio del procedimiento, en el momento mismo en que la levante, en el cual se considerará notificado.

De lo anterior, se advierte, que este tipo de procedimiento que se sigue para el caso específico en el que se den las hipótesis que generan el embargo precautorio de mercancías, el legislador previó expresamente una serie de formalidades para levantar el acta de inicio y, entre otras, destaca precisamente la obligación a cargo de la autoridad, de entregar al particular copia de ésta "en el momento mismo en que la levante", en la que se le considerará notificado.

Por su parte, el artículo 152 del invocado ordenamiento, contempla un procedimiento genérico, el cual se seguirá cuando no proceda el embargo de mercancías a que alude el diverso 151 y se detecte alguna irregularidad, derivada del reconocimiento aduanero de verificación de mercancías en transporte o la revisión de documentos.

En estos casos, el legislador únicamente estableció expresamente como formalidad, que las irregularidades que detecte la autoridad, se hagan del conocimiento del particular "por escrito", y "mediante acta circunstanciada", en donde se debe señalar que el interesado cuenta con diez días para ofrecer las pruebas y alegatos que considere.

Esto es, en dicho procedimiento no se precisa en forma expresa el momento en que se debe entregar al gobernado el escrito o el acta circunstanciada.

Sin embargo, si se toma en consideración que el acta por escrito o circunstanciada a que alude el procedimiento regulado en el artículo 152, es un acto de molestia tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, en el cual la autoridad asienta las irregularidades detectadas que inciden en la esfera jurídica del gobernado a quien va dirigido, al igual que el acta de inicio que contempla el diverso procedimiento contemplado en el numeral 150; también en estos casos, el acta por escrito o circunstanciada, debe ser formulada y entregada "en el momento mismo en que la levante" y no en fecha posterior.

Lo anterior, porque del artículo 46 se advierte que es en ese instante cuando el personal verificador realiza una confrontación documental y física de la mercancía para determinar si sus características coinciden con las asentadas en el pedimento respectivo, por lo que interpretado ese precepto en forma armónica y sistemática con el diverso 152, de existir alguna irregularidad, para dar legalidad al acto y seguridad jurídica al particular, la autoridad debe asentarlas y entregar el acta "en ese momento en que se levante", con la presencia del directamente interesado o su legítimo representante y, testigos de asistencia, pues de no ser así se daría margen a que la autoridad lo haga en fecha posterior en el momento en que se le antoje y a su elección, lo que provocaría que la situación del interesado quede indefinida acarreando además de inseguridad jurídica para el gobernado una afectación al Estado de derecho, al permitir a las autoridades abusar de la ley, pues se daría margen a que los hechos u omisiones detectadas fueran manipuladas o distorsionadas con el transcurso del tiempo.

Bajo ese contexto, del sistema de interpretación sistemático y funcional de los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, en relación con la garantía de legalidad que tutela el diverso 16 de la Constitución Federal, y no rígido, literal y aislado como incorrectamente lo efectuó la Sala responsable en la sentencia reclamada, deriva que el acta por escrito o circunstanciada a que alude el procedimiento regulado por el artículo 152, dada su magnitud y trascendencia al constituir el acto de molestia de la autoridad base del procedimiento, porque es donde se asienta la irregularidad que puede originar la imposición de obligaciones y sanciones, debe ser formulada y entregada en el momento mismo en que la levante y no en fecha posterior, a fin de dar posibilidad al gobernado de conocer los hechos y motivos que la sustentan en ese momento y no otro, para confrontarlos con las normas aplicables y así poder defenderse adecuadamente como lo ordena la diversa garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Carta Magna.

Orienta el criterio a que se arriba y se aplica por analogía el sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Administrativa, Tomo XVII, mayo de 2003, página 295, del tenor literal siguiente:

"VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/2001 y 2a./J. 99/2000, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIII, abril de 2001 y XII, diciembre de 2000, páginas 494 y 271, respectivamente, determinó que de cualquier notificación fiscal de carácter personal, debe levantarse razón circunstanciada de la diligencia, no obstante que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación únicamente prevea dicha obligación cuando se trata de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y que el levantamiento del acta respectiva debe realizarse en atención a las características propias de las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, y que la circunstanciación del acta de visita domiciliaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, del citado código, debe constar necesariamente en el propio documento que la contiene y no en uno diverso, ya que no existe dispositivo constitucional o legal que así lo autorice, y porque, además, conforme a lo dispuesto por el citado artículo, los únicos documentos que pueden formar parte integral de esa acta, son las copias certificadas de la contabilidad y demás papeles relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente visitado. En congruencia con los criterios antes expuestos, y toda vez que la circunstanciación del acta de visita consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar de los hechos u omisiones conocidos por los visitadores durante el desarrollo de la visita, así como que la notificación del oficio en que se amplía el plazo para su conclusión es un hecho concreto conocido por los visitadores, en la notificación del mencionado oficio, la actuación del notificador no solamente quedará sujeta a las formalidades establecidas en los artículos 134 y 137 del código citado, en cuanto a que debe levantarse acta circunstanciada, sino también al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 44, fracción II, y 46, fracciones I y IV, del propio código, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales esa acta estará firmada por dos testigos, y levantada el día en que aquélla se realice y no en fecha posterior, pues aceptar que en el acta de un día se asienten hechos producidos en fecha distinta, significaría privar de eficacia probatoria plena al acta de visita y de seguridad jurídica al visitado, puesto que su firma y la de los testigos, así como las demás formalidades exigidas por la ley para cada una de las actas, constituyen la garantía de que el documento refleja el desarrollo de la visita al día de su levantamiento, pues sólo de esa manera hará prueba plena de la existencia de la ampliación, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo sujeto a revisión."

Así, como lo aduce la quejosa, la Sala Regional inobservó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, dado que interpretó y aplicó incorrectamente los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, ya que contrario a lo que estimó en la sentencia reclamada, de ambos preceptos en congruencia con la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, al constituir el escrito o acta circunstanciada un acto de molestia de tal magnitud y trascendencia base del procedimiento, debe ser formulada y entregada "en el momento mismo en que la levante", y no en fecha posterior.

Sin que obste el hecho de que el acta de hechos o circunstanciada haya sido notificada al representante del interesado, y además otorgado el término de diez días para desvirtuar las irregularidades detectadas, ya que para que pueda defenderse adecuadamente el particular en acato a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley Suprema, la autoridad administrativa debe formularla y entregarla "en el momento mismo en que la levante", pues sólo así se puede dar legalidad al acto y seguridad jurídica al particular.

De lo que se sigue, que si en el caso particular la autoridad no levantó el acta circunstanciada de hechos, derivada del primer reconocimiento aduanero, en la misma fecha en la que se tramitó para su despacho el pedimento de importación 3739-2010294; es decir, el dieciocho de diciembre de dos mil dos, sino que lo hizo veintinueve días después; esto es, el dieciséis de enero de dos mil tres, contravino en perjuicio del gobernado lo establecido en los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica y audiencia contenidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

Sobre el particular tiene aplicación la tesis aislada, aprobada por el Pleno de este tribunal en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cinco, bajo el rubro y texto:

"ACTA POR ESCRITO O CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA AUTORIDAD ADUANERA. SU ELABORACIÓN Y ENTREGA DEBE SER EN EL MOMENTO EN QUE SE LEVANTE, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTAMENTE INTERESADO O SU LEGÍTIMO REPRESENTANTE Y TESTIGOS DE ASISTENCIA. Al tomar en consideración que el acta por escrito o circunstanciada a que alude el procedimiento regulado en el artículo 152 de la Ley Aduanera, es un acto de molestia tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, porque a través de él la autoridad asienta las irregularidades detectadas que inciden en la esfera jurídica a quien va dirigido, al igual que el acta de inicio contemplada en el diverso procedimiento previsto en el numeral 150 de la ley invocada; luego, se llega a la conclusión de que aun cuando el referido artículo 152, no establezca expresamente en qué tiempo deba ser entregada al interesado; de la interpretación sistemática y funcional con el diverso 46 del ordenamiento en cita, se obtiene que el acta por escrito o circunstanciada de referencia, debe ser formulada y entregada en el momento en que se levante, con la presencia del directamente interesado o su legítimo representante, así como testigos de asistencia, a fin de dar posibilidad al particular de que los hechos y motivos que la sustentan, puedan ser confrontados en ese momento y no otro, con las normas aplicables y pueda defenderse adecuadamente como lo ordena la diversa garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Carta Magna. De no ser así se daría margen a que la autoridad lo haga en fecha posterior a su elección, lo que provocaría que la situación del interesado quede indefinida, lo que acarrea además de inseguridad jurídica para el gobernado, una afectación al estado de derecho, al permitir a las autoridades abusen de la ley, pues se daría margen a que los hechos u omisiones detectados fueran manipulados o distorsionados con el transcurso del tiempo."

Por consiguiente, la Sala responsable debió, acorde con lo dispuesto por el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, estimar ilegal la actuación de la autoridad aduanera y, por ende decretar la nulidad de la resolución combatida, así como de la liquidación.

En tal virtud, al proceder en sentido inverso la sentencia reclamada es inconstitucional.

En las relatadas consideraciones, a fin de restituir a la interesada en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a M. Yolanda León Magaña, para el efecto de que la Sala Regional responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y, emita una nueva, en la que atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, estime fundado el agravio relativo y, consecuentemente declare la nulidad del acto debatido, así como de la liquidación recurrida.

Similar criterio sustentó este tribunal al resolver las revisiones fiscales 11/2005, sólo en lo conducente y 83/2005, falladas por unanimidad de votos en sesiones de siete de marzo y veintidós de septiembre de dos mil cinco, respectivamente.

Resulta innecesario el estudio de la diversa inconformidad que se hace valer, ya que no podría obtener un beneficio mayor al generado con la protección constitucional otorgada.

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, sustentó criterio diverso al emitir la jurisprudencia XXVII. J/3, bajo el rubro: "ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, ENTREGA DE. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 150 Y 152 DE LA LEY ADUANERA)." no obstante por las razones y fundamentos expuestos no se comparte.

Por lo que respecta a la jurisprudencia 43, que cita el tribunal responsable, no tiene aplicación en la actualidad, ya que los preceptos ahí interpretados datan del año de mil novecientos noventa y seis, los cuales ya fueron reformados según publicación del Diario Oficial de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos indicados en la parte final de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a M. Yolanda León Magaña, contra el acto y autoridad que se precisa en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese;

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Eduardo López Pérez, Rodolfo R. Ríos Vázquez y Sergio Eduardo Alvarado Puente, el primero como presidente y el segundo de los mencionados como ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19174-1d25bbc2/facultades-de-comprobacion-en-materia-aduanera-el-escrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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