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Modo: Corpus Pro

COSTAS. SE EXCEPTÚA DE SU CONDENA CUANDO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO CIVIL EL VENCIMIENTO MUTUO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19239
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 291.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer debe existir cuando menos formalmente una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

CUARTO. Ahora bien, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por unanimidad de votos, el día diecinueve de abril de mil novecientos noventa, en el amparo directo civil 193/90, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los siguientes:

1. Ante el Juez Tercero del Ramo Civil en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, el licenciado en derecho Joaquín Palomino Rangel demandó en la vía extraordinaria civil a Abel Díaz Gómez por el pago de las siguientes prestaciones:

a) El pago de la cantidad de veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos por concepto de honorarios profesionales como abogado, derivado del planteamiento, tramitación, dirección, impulso promocional y vigilancia en general del juicio ejecutivo mercantil número 157/88 que por mandato del demandado promovió ante el Juzgado Sexto del Ramo Civil en contra de Jaime de la Fuente Mora;

b) El pago de la cantidad de veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos, también por honorarios profesionales por concepto de "contestación de agravios en la apelación" respecto al mismo juicio ejecutivo mercantil mencionado, recurso que se tramitó bajo el número de toca 572/88 ante la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí;

c) El pago de la cantidad de veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos igualmente por concepto de honorarios profesionales, que es el equivalente al diez por ciento del valor de la suerte principal, que le corresponde por intervención en el juicio de amparo directo tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, bajo el número 513/88 amparo directo civil;

d) El pago que resultara por concepto de intereses al tipo legal con base en las cantidades señaladas, computadas a partir del catorce de abril de mil novecientos ochenta y nueve, fecha en la que Abel Díaz Gómez determinó revocarle el endoso en procuración con el que venía actuando dentro del juicio ejecutivo mercantil;

e) La cantidad que resultara por concepto de daños y perjuicios;

f) Las costas y gastos que causara la tramitación del juicio.

2. El demandado produjo contestación negando el derecho de la parte actora a reclamar el pago de todas las cantidades a que se refiere en su libelo inicial, porque nunca convino con él en pagarle los porcentajes a que se refería, y en todo caso el adeudo de honorarios se reducía a la cantidad que resultara conforme al arancel de abogados. Agregando que había convenido con el profesionista que no se prosiguiera todo el juicio por lo que en forma indebida hizo todos los trámites a que se refiere de los cuales no lo enteró a él y que al finiquitar la prestación de servicios profesionales el abogado demandante quedó satisfecho con las cantidades que previamente le había pagado.

3. Seguido el procedimiento, el Juez de primera instancia dictó su sentencia bajo los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Procedió la vía extraordinaria civil. SEGUNDO. El actor licenciado Joaquín Palomino Rangel, probó su acción de pago de pesos y el demandado Sr. Abel Díaz Gómez, no probó sus excepciones. TERCERO. En consecuencia de lo anterior se condena al señor Abel Díaz Gómez a pagar al actor las siguientes cantidades $26'535,000.00 (veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de honorarios profesionales correspondientes al diez por ciento del valor de la suerte principal de $265,350.00 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que corresponde al escrito de demanda del juicio 157/88 ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Sexto del Ramo Civil de esta capital, la cantidad de $26'535,000.00 (veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de honorarios sólo que derivados de la contestación de agravios en la apelación, respecto del mismo juicio ejecutivo mercantil; por el pago de la cantidad de $26'535,000.00 (veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por el mismo concepto, sólo que derivados del diez por ciento de la suerte principal y que le corresponden por la intervención en el juicio de amparo directo tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, derivado también del juicio ejecutivo mercantil en mención cantidades éstas que sumadas nos dan un total de $79'605,000.00 (setenta y nueve millones seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). Se condena también al demandado al pago de la cantidad de se dice cantidad que resulte por concepto de intereses al tipo legal con base a las cantidades reclamadas, computadas a partir del día 14 de abril de 1989. CUARTO. En cuanto al pago de daños y perjuicios que reclama el actor, no se hace condenación a éstos en virtud de que no quedaron demostrados en autos. QUINTO. Se condena al demandado al pago de las costas y gastos originados por la tramitación del presente juicio. SEXTO. Notifíquese personalmente."

4. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el demandado interpuso el recurso de apelación 720/89, que fue resuelto por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, declarando fundado en forma parcial uno de los agravios que condujo sólo a modificar el punto resolutivo tercero de la sentencia recurrida, en el sentido de condenarse a Abel Díaz Gómez a pagar al actor la cantidad de veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos, por concepto de honorarios profesionales correspondientes al diez por ciento del valor de la suerte principal que corresponden por escrito de demanda del juicio ejecutivo mercantil 157/88, promovido ante el Juzgado Sexto del Ramo Civil, igualmente la cantidad de veintiséis millones quinientos treinta y cinco mil pesos por concepto de honorarios, derivados del escrito de contestación de agravios en el toca de apelación 572/88, respecto del mismo juicio ejecutivo mercantil a que se ha hecho alusión y que en su conjunto ambas cantidades de dinero hacen un total de cincuenta y tres millones setenta mil pesos y, en cambio, se absolvió al demandado de pagar honorarios en relación al juicio de amparo directo 513/88, e igualmente se declaró subsistente la absolución del pago de daños y perjuicios en favor del demandado decretada por el Juez natural y pretendida por el actor y finalmente se condenó al demandado en el juicio principal con fundamento en lo dispuesto por los artículos 965 y 135, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, al pago de las costas y gastos de ambas instancias por no haber obtenido resolución favorable.

5. En vía de amparo directo Abel Díaz Gómez, demandado en el juicio natural, por su propio derecho, promovió el juicio de amparo directo 193/90 contra el fallo destacado en el punto anterior, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por unanimidad de votos, en el sentido de conceder el amparo, al estimar fundado sólo uno de los conceptos de violación, el formulado contra la condena al pago de costas en ambas instancias. Las consideraciones medulares son las siguientes:

a) Que la responsable condenó en costas, con apoyo en el artículo 135, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dice: "Siempre se hará condenación en costas, pídanlo o no las partes: fracción II. En contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias. La condenación no comprenderá los honorarios y gastos por promociones, pruebas y actuaciones que sean inútiles y superfluas o no autorizadas por la ley."

b) Empero, dicho precepto legal contiene una excepción, consignada en el artículo 136, fracción II, que estatuye: "Se exceptúan de lo prevenido en el artículo anterior: fracción II. Cuando ejercitada una acción sólo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado", misma que se actualiza en la especie porque la responsable no condenó a todas las prestaciones demandadas, pues absolvió a una de ellas, como era el pago de honorarios por la atención del juicio de amparo directo, lo que obedeció a las defensas opuestas por el demandado, por tanto, no debió condenarse a éste en costas.

c) Que la doctrina contempla dos acepciones del término excepción: a) En sentido amplio, se entiende toda defensa que se opone a las pretensiones del actor; y b) En sentido estricto, se le llama a la defensa que tiende a destruir, paralizar o impedir los efectos jurídicos de la acción; y al no distinguir la ley procesal entre estos dos significados, sino utilizarlos de manera indistinta, debe estimarse que la operancia de la excepción contenida en el artículo 136, fracción II, en comento, se genera aun cuando, como en la especie, el demandado haya hecho valer al contestar, la defensa de falta de acción y el fallo para absolver parcialmente, se haya basado en que no se acreditó en parte la acción; porque la llamada sine actione agis, aun cuando no es una excepción en sentido estricto, sí puede estimarse como tal, en sentido genérico o amplio.

De dicha sentencia, derivó la tesis aislada, que se identifica y lee como sigue:

"Octava Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990

"Página: 157

"COSTAS. CUÁNDO DEBE ABSOLVERSE EL PAGO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). El artículo 135, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, establece que siempre se hará condenación en costas, en contra del que no obtuviere sentencia favorable en segunda instancia, comprendiendo la condenación en esta hipótesis, las costas en ambas instancias; mientras que el artículo 136 fracción II del mismo ordenamiento exceptúa de lo prevenido en el anterior precepto legal, el caso de que ejercitada una acción sólo se estime procedente en parte, por las excepciones que hubiere hecho valer el demandado. La doctrina contempla dos acepciones del término excepción: a) En el sentido amplio, se entiende toda defensa que se opone a las pretensiones del actor; y, b) En sentido estricto, se le llama a la defensa que tiende a destruir, paralizar o impedir los efectos jurídicos de la acción. Al no distinguir la ley procesal entre estos dos significados, sino utilizarlos indistintamente, debe estimarse que la excepción a que se refiere el artículo 136 fracción II, opera aun cuando el demandado haya hecho valer al contestar, la defensa de falta de acción y el fallo para absolver parcialmente, se haya basado en que la acción no se acreditó en parte, porque la llamada sine actione agis, aun cuando no es una excepción en sentido estricto, sí puede estimarse como tal en sentido genérico o amplio."

Aunque el referido Tribunal Colegiado, asegura haber reiterado la tesis en comento al resolver el amparo directo civil 124/2005, en sesión de fecha catorce de junio de dos mil cinco, lo cierto es que en dicho fallo, se concedió el amparo para que la responsable, con plenitud de jurisdicción se pronunciara únicamente en lo que se refiere al pago de costas del juicio; esto es, no hizo pronunciamiento concreto en cuanto a la interpretación de los artículos 135, fracción II, y 136, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.

QUINTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por mayoría de votos, el cuatro de mayo de dos mil cinco en el amparo directo 166/2005, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, documental pública con valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son los que a continuación se reseñan:

1. Manuel Lozano Rodríguez, ante el Juzgado Primero de lo Familiar de San Luis Potosí, Estado del mismo nombre, promovió en la vía ordinaria civil el juicio 968/02, demandando la nulidad del testamento público cerrado otorgado por Guadalupe Rodríguez Álvarez viuda de Lozano, reclamando, entre otras prestaciones, además de la declaración de la referida nulidad, "la consistente en que debería declararse judicialmente que María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo y María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz están incapacitadas para heredar".

2. Seguido el procedimiento, el siete de agosto del año dos mil tres, se dictó la sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. La vía ordinaria civil en que se tramitó este juicio es correcta. SEGUNDO. Es competente este juzgado para conocer del presente juicio ordinario civil. TERCERO. Las partes acreditaron la personalidad con la cual comparecieron a juicio. CUARTO. El actor Manuel Lozano Rodríguez probó parcialmente los hechos constitutivos de la acción de nulidad de testamento, no así de las restantes acciones ejercitadas, por su parte el demandado reconveniente Lic. Francisco Corripio Ahumada, notario público número 7 con ejercicio en esta capital, no acreditó la reconvención planteada. QUINTO. Es procedente en parte la nulidad del testamento público cerrado otorgado por Guadalupe Rodríguez Álvarez viuda de Lozano, ante la fe del licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público No. 7 en ejercicio en esta ciudad; acción ejercitada por Manuel Lozano Rodríguez, en la inteligencia de que es procedente la nulidad del testamento única y exclusivamente en lo que se refiere a las condiciones contenidas en el testamento, de no impugnarlo y la condición respecto a la designación del día en que deba comenzar o cesar la institución de heredero respecto del usufructo vitalicio a favor de Manuel Lozano Rodríguez, e improcedente respecto de las demás cuestiones planteadas, debiendo subsistir íntegramente las restantes disposiciones del aludido testamento por las consideraciones que quedaron precisadas en esta resolución. SEXTO. Es improcedente la declaración de incapacidad para heredar de las señoras María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Guadalupe Lozano Rodríguez de Carpizo y María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz. SÉPTIMO. Es improcedente la reconvención planteada por el licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público No. 7 con ejercicio en esta ciudad capital, en contra del C. Manuel Lozano Rodríguez, por el pago de daños y perjuicios. OCTAVO. No se hace especial condenación al pago de costas, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 136, fracción II, de la ley adjetiva civil vigente en el Estado. NOVENO. Notifíquese personalmente."

3. Las demandadas y el actor interpusieron sendos recursos de apelación en contra de esa sentencia, que se sustanciaron ante la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la que los resolvió conjuntamente en la sentencia de fecha once de febrero del año en curso, cuyos puntos resolutivos dicen:

"PRIMERO. Los agravios expresados por Manuel Lozano Rodríguez, resultaron fundados, en tanto que los expresados por María Guadalupe, María Cristina y María del Carmen de apellidos Lozano Rodríguez, resultaron infundados en parte y en otra inoperantes. SEGUNDO. En consecuencia se impone modificar la sentencia de fecha 7 siete de agosto de 2003 dos mil tres, dictada por el Juez Primero de lo Familiar de esta capital, en el expediente número 968/02, respecto del juicio ordinario civil por nulidad de testamento que promovió Manuel Lozano Rodríguez, en contra de María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo, María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz y licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público número siete en ejercicio en esta ciudad, en sus resolutivos cuarto y quinto, para quedar como sigue: ‘CUARTO. Los hechos probados por el actor Manuel Lozano Rodríguez, son suficientes para declarar la nulidad del testamento, otorgado por María Guadalupe Rodríguez Álvarez. Por otra parte el demandado reconveniente Lic. Francisco Corripio Ahumada, notario público número 7 con ejercicio en esta capital, no acreditó la reconvención planteada. QUINTO. En consecuencia se declara nulo el testamento público cerrado otorgado por Guadalupe Rodríguez Álvarez viuda de Lozano, ante la fe del licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público No. 7, en ejercicio en esta capital.’. TERCERO. Son a cargo de las apelantes María Guadalupe, María Cristina y María del Carmen de apellidos Lozano Rodríguez el pago de costas de ambas instancias, ya que no obtuvieron sentencia favorable en esta Alzada, por lo que se surte el caso previsto en la fracción II del artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles. CUARTO. Con copia certificada de la presente resolución, devuélvase los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca en donde corresponda. QUINTO. Notifíquese personalmente, comuníquese y cúmplase."

4. Inconformes ambas partes litigantes con este fallo, lo impugnaron mediante los correspondientes juicios de amparo directo, de los que conoció, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el que en la sesión plenaria celebrada el día siete de julio del año en curso, los resolvió de la siguiente manera:

En el toca del juicio de amparo directo civil número 234/2004, promovido por las demandadas en el juicio natural María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo y María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz, determinó negarles el amparo y protección de la Justicia Federal.

Y en el toca del juicio de amparo directo civil número 233/2004, decidió concederle a Manuel Lozano Rodríguez el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, dado que la Sala responsable incurrió en la omisión de no estudiar un agravio, por lo que el efecto del amparo fue que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar se pronunciara otra en la que, reiterando lo resuelto en el sentido de que los hechos probados por el actor son suficientes para declarar nulo el testamento, por lo que en consecuencia procede declarar la nulidad del mismo, subsanara la omisión que aquí se ha declarado ilegal; y en consecuencia se avoque al estudio de los motivos de inconformidad que Manuel Lozano Rodríguez hizo valer en la parte final del tercer agravio, y resuelva, con plenitud de jurisdicción, lo que proceda en derecho en relación con el tema ahí tratado.

5. En cumplimiento a lo ordenado en esta última ejecutoria, el tribunal de alzada responsable emitió el dieciséis de agosto del año que transcurre, la sentencia en la que resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de fecha 7 siete de julio de 2004 dos mil cuatro, en el juicio de amparo directo civil número 233/2004, promovido por Manuel Lozano Rodríguez, contra actos de esta Sala, se deja insubsistente la sentencia de fecha 11 once de febrero del año en curso, y en su lugar, se resuelve: SEGUNDO. Los agravios expresados por Manuel Lozano Rodríguez, resultaron fundados, en tanto que los expresados por María Guadalupe, María Cristina y María del Carmen de apellidos Lozano Rodríguez, resultaron infundados en parte y en otra inoperantes. SEGUNDO. En consecuencia se impone modificar la sentencia de fecha 7 siete de agosto de 2003 dictada por el Juez Primero de lo Familiar de esta capital, en el expediente número 968/02, respecto del juicio ordinario civil por nulidad de testamento que promovió Manuel Lozano Rodríguez, en contra de María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo, María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz y licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público número siete en ejercicio en esta ciudad, en sus resolutivos cuarto y quinto, para quedar como sigue: ‘CUARTO. Los hechos probados por el actor Manuel Lozano Rodríguez, son suficientes para declarar nulo el testamento, otorgado por María Guadalupe Rodríguez Álvarez. Por otra parte el demandado reconveniente Lic. Francisco Corripio Ahumada, notario público número 7 con ejercicio en esta capital, no acreditó la reconvención planteada. QUINTO. En consecuencia se declara la nulidad del testamento público cerrado otorgado por Guadalupe Rodríguez Álvarez viuda de Lozano, ante la fe del licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público No. 7, en ejercicio en esta capital.’. SEXTO. Se declara que las demandadas María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo y María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz, son incapaces para heredar por testamento, dejando a salvo sus derechos en la sucesión legítima. CUARTO. Son a cargo de las apelantes María Guadalupe, María Cristina y María del Carmen de apellidos Lozano Rodríguez el pago de las costas de ambas instancias, ya que no obtuvieron sentencia favorable en esta alzada, por lo que se surte el caso previsto en la fracción II del artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles. QUINTO. Remítase copia certificada de la presente resolución, al Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, como constancia del cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, y otro tanto a la Juez del conocimiento, para los fines a que haya lugar y en su oportunidad archívese el toca donde corresponda."

6. Ambas partes litigantes no fueron conformes con este nuevo fallo, específicamente con lo que la Sala responsable determinó en el punto resolutivo sexto del mismo por lo que promovieron en su contra los juicios de amparo directo, de los que conoció también el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el que en la ejecutoria dictada en el toca de amparo directo civil número 718/2004, le negó al actor en el juicio natural el amparo de la Justicia Federal solicitado; y en el toca número 719/2004, les concedió a las demandadas la protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: "... que al emitir una nueva sentencia en sustitución de la aquí reclamada, la Sala responsable, siguiendo los lineamientos marcados en esta ejecutoria, precise que la declaración de que las demandadas María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo y María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz, están incapacitadas para heredar por existir la presunción de influjo contrario a la libertad de María Guadalupe Rodríguez Álvarez viuda de Lozano y por consiguiente a la veracidad o legalidad del testamento público cerrado que ésta otorgó en su favor el día veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la fe del notario público número 7, con ejercicio en esta ciudad de San Luis Potosí, licenciado Francisco Corripio Ahumada, se circunscribe a dicho testamento en el que participaron como testigos; debiendo dejar incólume el resto de lo resuelto en dicho fallo."

7. En cumplimiento a esas ejecutorias, la Sala responsable emitió el día once de enero del año en curso, la sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de fecha 14 catorce de diciembre del año en curso (sic), en el juicio de amparo directo civil número 719/2004, promovido por María Guadalupe Lozano Rodríguez de Carpizo y María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz, contra actos de esta Sala, por lo que sustituye la sentencia de fecha 16 dieciséis de agosto de 2004 dos mil cuatro, y en su lugar emite una nueva. SEGUNDO. Los agravios expresados por Manuel Lozano Rodríguez, resultaron fundados, en tanto que los expresados por María Guadalupe, María Cristina y María del Carmen de apellidos Lozano Rodríguez, resultaron infundados en parte y en otra inoperantes. TERCERO. En consecuencia se impone modificar la sentencia de fecha 7 siete de agosto de 2003 dictada por el Juez Primero de lo Familiar de esta capital, en el expediente número 968/02, respecto del juicio ordinario civil por nulidad de testamento que promovió Manuel Lozano Rodríguez, en contra de María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo, María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz y licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público número siete en ejercicio en esta ciudad, en sus resolutivos cuarto, quinto y sexto, para quedar como sigue: ‘CUARTO. Los hechos probados por el actor Manuel Lozano Rodríguez, son suficientes para declarar nulo el testamento, otorgado por María Guadalupe Rodríguez Álvarez. Por otra parte el demandado reconveniente Lic. Francisco Corripio Ahumada, notario público número 7 con ejercicio en esta capital, no acreditó la reconvención planteada. QUINTO. En consecuencia se declara la nulidad del testamento público cerrado otorgado por Guadalupe Rodríguez Álvarez viuda de Lozano, ante la fe del licenciado Francisco Corripio Ahumada, notario público No. 7, en ejercicio en esta capital. SEXTO. Se declara que las demandadas María Guadalupe Lozano Rodríguez de Pizzuto, María Cristina Lozano Rodríguez de Carpizo y María del Carmen Lozano Rodríguez de Santa Cruz, son incapaces para heredar en el testamento otorgado a su favor por María Guadalupe Rodríguez Álvarez viuda de Lozano, el 28 veintiocho de diciembre de 1998, mil novecientos noventa y ocho, ante la fe del notario público número 7 siete, en ejercicio en esta ciudad de San Luis Potosí, licenciado Francisco Corripio Ahumada.’. CUARTO. Son a cargo de las apelantes María Guadalupe, María Cristina y María del Carmen de apellidos Lozano Rodríguez el pago de las costas de ambas instancias, ya que no obtuvieron sentencia favorable en esta alzada, por lo que se surte el caso previsto en la fracción II del artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles. QUINTO. Remítase copia certificada de la presente resolución, al Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, como constancia del cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, y otro tanto a la Juez del conocimiento, para los fines a que haya lugar y en su oportunidad archívese el toca donde corresponda. SEXTO. Notifíquese personalmente."

8. El fallo destacado en el punto anterior, fue reclamado por las demandadas en el juicio natural, en el juicio de amparo directo civil 166/2005, que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito por mayoría de votos, en sesión del cuatro de mayo de dos mil cinco, negando el amparo y protección de la Justicia Federal. Las consideraciones en síntesis del aspecto que importa al caso son las siguientes:

a) Que son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, porque la condena forzosa al pago de costas establecida en la fracción II del artículo 135 del código procesal civil del Estado de San Luis Potosí, cobra aplicación aun en el caso de que la parte demandada inconforme haya sido absuelta de algunas prestaciones, como ocurrió en la especie, esto es, con independencia de que se actualice o no la hipótesis a que se refiere la fracción II del artículo 136 del propio ordenamiento legal; que lo trascendente para que se actualice la condena en términos del primer precepto legal, es tan sólo que la parte apelante no obtenga sentencia favorable en segunda instancia.

b) Que resultan irrelevantes los datos relativos a si el actor obtuvo totalmente, o si el demandado fue absuelto de todas las prestaciones reclamadas, o si ambas par

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19239-1204c2be/costas-se-exceptua-de-su-condena-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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