SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE SU CONCESIÓN, UNA VEZ EXHIBIDA LA CORRESPONDIENTE A LA DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. No resulta óbice para resolver la presente contradicción de tesis, el hecho de que uno de los criterios denunciados como contradictorios no haya sido plasmado en forma de tesis, en la que se distingan un rubro, un texto y datos de identificación de los asuntos en donde se sostuvo, porque ni la Ley Fundamental, ni la ordinaria, en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos.
Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
Tiene aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si en este asunto existe o no la contradicción de tesis denunciada.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión de dieciocho de febrero de dos mil cinco, la queja número 2/2005, interpuesta por la sucesión a bienes de Antonio Armando Lucio, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:
"La suspensión provisional surte efectos hasta el día en que se resuelve sobre la definitiva, lo que implica que la primera desaparece para que en caso de otorgarse la segunda, la suspensión de los actos reclamados obedezca a lo resuelto en la audiencia incidental prevista en el artículo 131 de la Ley de Amparo, en la que generalmente con más elementos de los proporcionados en la demanda de amparo, se revisó el cumplimiento de las exigencias que dispone el artículo 124 del citado ordenamiento; empero, este tribunal considera que la sustitución de la suspensión provisional por la definitiva, no acarrea la de aquella garantía que respecto de la primera se otorgó por el quejoso, pues del arábigo 130 suprainserto, se desprende que la permanencia de la suspensión provisional hasta el día en que se resuelva la definitiva, sólo se vincula a los efectos suspensivos, sin hacer referencia a la garantía que con motivo de la misma se otorgó, que por cierto, desde su fijación se constriñe como la única que garantizará los daños y perjuicios que pudieran causarse con la citada suspensión provisional. Además, si la garantía para la suspensión definitiva, por disposición expresa del suprainserto 125 vinculado al 139 del mismo ordenamiento legal, se fija por el Juez y se otorga por el quejoso ‘... para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo ...’, es claro que no existe posibilidad de que sustituya la garantía otorgada para la suspensión provisional, y a su vez responda de los daños y perjuicios que con la misma se hubieran causado a los terceros perjudicados, pues claramente se vincula a la temporalidad de la misma suspensión definitiva. De tal manera, el otorgamiento de la garantía fijada para responder de los daños y perjuicios que se puedan causar con motivo de la suspensión definitiva, no determina que deba regresarse la que se otorgó durante la suspensión provisional pues, como ya se anotó, no existe norma que así lo disponga y, por ello, sigue respondiendo de los posibles daños y perjuicios generados durante dicha suspensión provisional, y sólo podrá regresarse si es que el quejoso obtuvo sentencia favorable o, en su caso, después de que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, que sobre devolución de garantías señala el tiempo de seis meses, a condición de que el tercero perjudicado no formule incidente para lograr su efectividad, o bien, cuando propuesto, no acredita la generación de daños y perjuicios. Amén de lo anterior, tampoco se concibe que la fianza que se otorga como garantía para la suspensión definitiva, pueda cubrir los daños y perjuicios de la suspensión provisional, pues en tal sentido, debemos recordar que como en el caso sucede, la compañía afianzadora expresamente se compromete a garantizar ‘... los posibles daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la suspensión definitiva que le fue concedida dentro del incidente de suspensión ...’ (El subrayado lo propone este tribunal, folio 84), la que como ya quedó evidenciado, temporalmente surte efectos hacia delante de la audiencia incidental a que se refiere el arábigo 131 de la ley de la materia; y, por tanto, la compañía afianzadora no se obliga con respecto a la suspensión provisional y así, para el supuesto de que se le pretenda reclamar dicha obligación válidamente podría alegar que no se comprometió en tales términos. Al respecto, surte aplicación la tesis que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la entonces Tercera Sala, Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página 1214, que dispone lo siguiente: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL, DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.’ (se transcribe). Por todas estas razones, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente a la Octava Época, que cita el quejoso, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, página 815, bajo el rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA EXHIBIDA PARA QUE SURTA EFECTOS, CUANDO SE HA OTORGADO DIVERSA CAUCIÓN PARA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.’ (se transcribe). Pues conforme a dicho criterio, el otorgamiento de la garantía para que surta efectos la suspensión definitiva, determina que se pueda regresar al quejoso la que entregó para la suspensión provisional. Luego, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, a través de la presidencia de este órgano colegiado denúnciese la contradicción de tesis, entre el criterio contenido en la tesis arriba transcrita y las razones dadas por este tribunal en la presente ejecutoria, ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que determine la postura que sobre el tema debe prevalecer." (fojas 36-38 de la contradicción de tesis).
II. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver por unanimidad de votos la queja número 9/1989, el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, interpuesta por la parte quejosa Compañía Nacional de Gas Butano, Sociedad Anónima, sustentó, en lo que interesa, lo siguiente:
"La circunstancia de que no haya causado estado la resolución dictada en el cuaderno principal no es motivo legal que justifique la negativa del Juez de Distrito en devolver al quejoso la caución que otorgó para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida en el incidente relativo. Toda vez que la suspensión definitiva, por su propia naturaleza, sustituye a la provisional y, por tanto, al exhibirse la caución a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado por esta medida precautoria, ya no existe razón de que se continúen garantizando los efectos de la sustituida, pues ésta ya no los genera, sino que son consecuencia de aquélla, de tal manera que los intereses del tercero perjudicado quedan garantizados con la segunda de las aludidas cauciones, que es la finalidad de tal requisito. En consecuencia, no existe motivo legal que impida la devolución de la garantía exhibida para que surtiera efectos la aludida medida provisional, por lo que el Juez Federal al no estimarlo así, causa los agravios que se hacen valer, de ahí que deba revocarse el auto recurrido en la parte que lo fue, y ordenar la devolución del billete de depósito exhibido por la quejosa para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero perjudicado con la suspensión provisional de los actos reclamados." (fojas 22-23 de la contradicción de tesis).
La resolución dictada en la queja número 9/1989, dio origen a la siguiente tesis aislada:
"Octava Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989
"Página: 815
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA EXHIBIDA PARA QUE SURTA EFECTOS, CUANDO SE HA OTORGADO DIVERSA CAUCIÓN PARA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Como la suspensión definitiva sustituye a la provisional y se ha otorgado nueva caución para garantizar aquélla, es indudable la procedencia de la devolución solicitada, sin que sea necesario esperar que se dicte la sentencia en cuanto al fondo, puesto que los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la suspensión, quedan garantizados con la exhibición de la segunda caución.
"Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
"Queja 9/89. Compañía Nacional de Gas Butano, S.A. 16 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Zárate Sánchez. Secretario: Leobardo Burgos López."
QUINTO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Efectuada la anterior precisión, debe establecerse si los criterios, cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita, y para ello es necesario hacer las siguientes precisiones:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito para resolver el recurso de queja número 2/2005, promovido por la sucesión a bienes de Antonio Armadillo Lucio, tomó en cuenta los siguientes antecedentes.
1. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito, el seis de enero de dos mil cinco, la sucesión a bienes de Antonio Armando Lucio, a través de su albacea María del Rosario Tomasa Armadillo de Haro, quien figura como peticionaria de garantías en el amparo 1039/2004, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, presentó recurso de queja contra el auto de trece de diciembre de dos mil cuatro, que se dictó en el incidente de suspensión formado con motivo del citado juicio constitucional, en el que se niega la devolución del billete depositado para garantizar los daños y perjuicios que pudieran sobrevenir con motivo de la suspensión provisional al no haber quedado firme la sentencia dictada en el juicio principal.
2. Admitido que fue el recurso, se dictó la resolución que contiene el criterio denunciado como contradictorio.
En la resolución en análisis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito declaró infundado el recurso de queja, apoyándose en las siguientes consideraciones.
1. La sustitución de la suspensión provisional por la definitiva no acarrea la devolución de la garantía que respecto de la primera otorgó el quejoso, porque conforme al artículo 130 de la Ley de Amparo, la permanencia de la suspensión provisional hasta que se resuelva la definitiva se vincula con los efectos suspensivos, sin hacer referencia a la garantía que con motivo de la misma se otorgó, la cual se constriñe a garantizar los daños y perjuicios que pudieran causarse con la citada suspensión provisional.
2. Por disposición de los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo, la garantía en la suspensión definitiva se fija por el Juez y se otorga por el quejoso para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla pudieran causarse al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia definitiva favorable, por lo que no es posible que la misma sustituya a la otorgada en la suspensión provisional y responda de los daños y perjuicios que durante su vigencia se hubieran causado, porque claramente se vincula con la temporalidad de la suspensión definitiva.
3. La exhibición de la garantía fijada para responder por los daños y perjuicios que se puedan causar con motivo de la suspensión definitiva no determina que deba regresarse la que se otorgó durante la suspensión provisional por no existir norma que así lo disponga y, por ello, sigue respondiendo de los posibles daños y perjuicios generados durante dicha suspensión provisional y sólo podrá regresarse si es que el quejoso obtuvo sentencia favorable o después de transcurrido el término de seis meses previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, para el caso de que el tercero perjudicado no formule incidente para lograr su efectividad, o bien, cuando propuesto, no acredite la generación de daños y perjuicios.
4. La fianza otorgada como garantía para la suspensión definitiva no puede cubrir los daños y perjuicios de la suspensión provisional, porque la compañía afianzadora expresamente se compromete a garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar al tercero perjudicado con motivo de la suspensión definitiva, la que surte efectos a partir de la audiencia incidental y, por tanto, dicha afianzadora no se obliga con respecto a la suspensión provisional y de pretender reclamarse dicha obligación podría alegar válidamente que no se comprometió en tales términos.
Lo hasta aquí expuesto permite precisar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito sostiene el criterio de que no procede decretar la devolución de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la suspensión provisional, no obstante haberse exhibido la correspondiente a la decretada de manera definitiva, hasta en tanto se dicte sentencia favorable al quejoso en el juicio de amparo, o bien, transcurra el término de seis meses previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, de no haber formulado el tercero perjudicado incidente para lograr su efectividad o en el propuesto no se hubieran acreditado daños y perjuicios en su contra.
II. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito para resolver el recurso de queja 9/989, promovido por Compañía de Gas Butano, Sociedad Anónima, tomó en cuenta los siguientes antecedentes:
1. Por escrito presentado el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve, Compañía Nacional de Gas Butano, Sociedad Anónima, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja contra el acuerdo dictado el doce de ese mes y año, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 236/89, promovido por dicha sociedad, en el que se niega la devolución de la caución otorgada con motivo de la suspensión provisional hasta en tanto no causara ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo.
2. Admitido que fue el recurso, se dictó la resolución que contiene el criterio denunciado como contradictorio.
En la resolución en estudio, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito declaró fundado el recurso de queja, apoyándose en las consideraciones siguientes.
1. La circunstancia de que no haya causado estado la resolución dictada en el juicio de amparo no justifica legalmente la negativa del Juez de acordar favorablemente la devolución de la caución que el quejoso otorgó para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida en el incidente relativo, ya que la suspensión definitiva, por su propia naturaleza, sustituye a aquélla y, por tanto, al ser exhibida para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, ya no existe razón para continuar garantizando los efectos de la sustituida, pues ya no los genera, sino que son consecuencia de la definitiva.
2. Los intereses del tercero perjudicado quedan garantizados con la caución otorgada con motivo de la suspensión definitiva y, por tanto, no existe motivo legal que impida la devolución de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión provisional.
Lo hasta aquí expuesto permite precisar que el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sostiene criterio en el sentido de que procede ordenar la devolución de la garantía otorgada en relación con la suspensión provisional para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero perjudicado, una vez exhibida la correspondiente a la suspensión definitiva.
Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe contradicción entre los criterios sustentados, por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y, por la otra, por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja número 2/2005, promovido por la sucesión a bienes de Antonio Armadillo Lucio, sostuvo criterio en el sentido de que no procede decretar la devolución de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la suspensión provisional, a pesar de haberse exhibido la correspondiente a la decretada de manera definitiva, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva favorable al quejoso en el juicio de amparo, o bien, transcurra el término de seis meses previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, de no haber formulado incidente para lograr su efectividad o en el propuesto no se hubieran acreditado daños y perjuicios en su contra.
Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 9/1989, promovido por Compañía Nacional de Gas Butano, Sociedad Anónima, consideró que procede ordenar la devolución de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la suspensión provisional, una vez exhibida la correspondiente a la suspensión definitiva.
De lo anterior se obtiene que se dan los elementos que puntualiza la jurisprudencia preinserta, dado que:
a) Al resolver los negocios que se confrontan, los Tribunales Colegiados examinaron igual cuestión jurídica, esto es, la procedencia de la devolución de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión provisional del acto reclamado, al otorgarse la relativa a la suspensión decretada de manera definitiva.
b) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados al resolver los recursos de queja ante ellos promovidos.
c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados contendientes analizan proveídos dictados en incidentes de suspensión, en los que se negó la devolución de las correspondientes garantías exhibidas para que surtiera efectos la suspensión provisional, de los que se advierte que los quejosos presentaron diversas garantías para responder por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con la suspensión definitiva.
Consecuentemente, la materia de la contradicción de tesis radica en determinar si concedida la suspensión definitiva de los actos reclamados en un juicio de amparo y exhibida la garantía correspondiente a los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse al tercero perjudicado procede devolver la correspondiente a la suspensión provisional.
SEXTO. En relación con la materia de la contradicción de tesis, resulta indispensable, en primer término, establecer algunos lineamientos generales acerca de la naturaleza de la suspensión en el juicio de amparo.
Los artículos 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo establecen:
"Artículo 122. En los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo."
"Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:
"I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;
"II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.
"III. ...
"La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo III del artículo 23 de esta ley.
"Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados."
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que lo solicite el agraviado.
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
Como se advierte, la suspensión de los actos reclamados dentro del juicio de amparo es una medida cautelar que tiene por objeto impedir que se ejecute el acto reclamado o sus consecuencias, y con ello conservar la materia del juicio de amparo y evitar que se causen al quejoso daños o perjuicios que pudieran ser de imposible o difícil reparación, impidiendo que el acto que motiva el juicio, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo competencia de los Juzgados de Distrito, la suspensión de los actos reclamados procederá de oficio o a petición de la parte agraviada y, en este último supuesto, deberán cumplirse los requisitos que se establecen en el artículo 124 del propio ordenamiento.
Ahora bien, la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo que procede a petición de la parte agraviada, se decretará, en un primer momento, de manera provisional y, posteriormente, de manera definitiva.
En relación con la suspensión que se decreta de manera provisional, el artículo 130 de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten prejuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.
"En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.
"El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."
Por tanto, para que pueda decretarse la suspensión de manera provisional en materias diversas a la relativa a la libertad personal, además de satisfacerse los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, deberá existir peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso; por lo que, de satisfacerse los requisitos necesarios, el Juez de Distrito ordenará a las autoridades responsables que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta en tanto les sea notificada la interlocutoria que en definitiva resuelva sobre la suspensión, debiendo el juzgador, además, dictar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados.
Por lo que hace a la suspensión que se decreta de manera definitiva, los artículos 131, 139 y 140 de la Ley de Amparo establecen:
"Artículo 131. Prom
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19266-93ea5132/suspension-provisional-no-existe-impedimento-legal-para-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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