AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.
SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver en sesión de veintisiete de abril de dos mil cinco la improcedencia número 125/2005, en la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:
"En el caso particular, las razones dadas por el Máximo Tribunal de la República, para estimar que procede el juicio de amparo contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, resultan jurídicamente válidas para aplicarlas al caso particular que se analiza, donde específicamente se reclama la omisión del Ministerio Público de proveer lo conducente para hacer comparecer al probable indiciado ... a la averiguación previa número 5/2005. Lo anterior es así, pues aun cuando tradicionalmente se ha sostenido como regla general que no procede el juicio de amparo indirecto contra actos emanados de la integración de una averiguación previa, lo cierto es que dicha regla no debe ser absoluta, sino que debe estudiarse cada caso en particular, para determinar si los actos del Ministerio Público deben ser o no sujetos de un inmediato análisis, a través del juicio de amparo, como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad. En efecto, dentro de la etapa de averiguación previa se surte la participación de tres sujetos, el ofendido (también llamado denunciante o querellante), el Ministerio Público y el probable inculpado. Algunas veces, también se surte la participación de la víctima del delito o de los familiares de éste, o del legalmente interesado por la comisión de un ilícito, cuando lo que se reclama es el derecho a la reparación del daño. Así, debe acotarse sobre la procedencia del juicio de amparo respecto a las partes involucradas en la etapa de integración de la averiguación previa. Por lo que ve al probable inculpado, este Tribunal Colegiado advierte que no siempre será procedente el juicio de amparo contra cualquier acto emanado de la integración de una averiguación previa, pues ello iría en contra de la función propia del Ministerio Público que tiene encomendada por disposición expresa del artículo 21 constitucional, que es precisamente, la persecución e investigación de los delitos, sin embargo, habrá casos en los que sus actos deberán ser sujetos de un análisis constitucional a través del juicio de amparo, pues a manera de ejemplo se puede citar la determinación del representante social de negarse a recibir las pruebas ofrecidas por el indiciado en la etapa de integración de la averiguación previa; en este caso, podría vulnerarse la garantía de defensa del inculpado contemplada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, por ello, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, en asuntos como éste, deberá admitirse la procedencia del amparo intentado en contra de esa determinación, originada en el propio ejercicio de la integración de las averiguaciones previas, pues es indudable que la no recepción de pruebas ofrecidas por el inculpado en la averiguación previa afecta su interés jurídico y transgrede su garantía de defensa. Por lo que ve al ofendido, como ya se apuntó, el Máximo Tribunal de la República ha venido abriendo la posibilidad para que se puedan reclamar, a través del juicio de amparo, actos originados en la averiguación previa, tales como las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o bien, la abstención de dicha institución de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de aquella resolución. Asimismo, ha vedado la posibilidad de que el ofendido pueda reclamar en amparo la resolución que niega el libramiento de una orden de aprehensión, cosa distinta cuando el Ministerio Público se desiste del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que niega una orden de aprehensión, pues en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que contra dicha determinación sí procede el juicio de amparo, al equipararse dicho desistimiento al de la acción penal. Por otra parte, respecto a la víctima del delito o de los familiares de éste, o del legalmente interesado por la comisión de un ilícito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que dichos individuos están legitimados para promover el juicio de amparo en contra de las resoluciones que afecten el derecho a la reparación del daño, únicamente por lo que a ese aspecto se refiere y siempre que contra estas determinaciones no proceda medio ordinario alguno de defensa. Como se advierte, el concepto tradicionalista de que no procede el juicio de amparo contra actos emanados de la integración de una averiguación previa ha dejado de ser absoluto, abriéndose la posibilidad de que las partes involucradas en dicha etapa, puedan impugnar a través de este medio de control constitucional, aquellos actos que afecten su esfera de derechos públicos subjetivos consagrados en la Carta Fundamental. Por consiguiente, esas mismas razones deben aplicarse a casos como el particular, donde el Ministerio Público omita proveer lo conducente para hacer comparecer al probable indiciado a la averiguación previa y continuar con la integración de dicha indagatoria, pues debe abrirse la posibilidad para que un Juez de amparo determine si ese acuerdo u omisión resulta o no justificada, pues habrá casos en que el representante social actúe con estricto apego a la ley y que, por ende, su determinación no resulte injustificada o ilegal, pero todo ello deberá ser materia del estudio del fondo del juicio de amparo, una vez que se haya determinado sobre la procedencia de este medio de control constitucional. Por estas razones, no es correcta la determinación del Juez de Distrito de que solamente procede el juicio de amparo en la vía indirecta, cuando se reclamen dentro de la etapa de integración de la averiguación previa, actos que se refieran a medidas y providencias de seguridad y auxilio de las víctimas de un delito, al aseguramiento del objeto del delito o a los bienes que estuvieran afectos a la reparación del daño, o bien a la resolución del Ministerio Público en la que confirmara el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, pues se insiste, también debe proceder el juicio constitucional contra el acuerdo u omisión que trascienda directamente a la integración de la averiguación previa, máxime que como acertadamente lo alega el recurrente, los Códigos Penales para el Estado de Sinaloa, no contienen recursos ordinarios para impugnar la omisión de la autoridad ministerial de mantener paralizada la averiguación previa y aun cuando dicho recurso llegare a instaurarse, contra la resolución recaída a ese medio ordinario de defensa, también deberá proceder el juicio de amparo, a fin de que los actos u omisiones que despliega el Ministerio Público durante la etapa de integración de la averiguación previa, se ajusten a los mandatos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En tales condiciones, es inconcuso que en el caso particular, no se genera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleve a desechar la demanda de garantías, pues si el quejoso hizo consistir el acto reclamado, esencialmente, en la omisión de proveer lo conducente para hacer comparecer a ... a la averiguación previa número 5/2005, resulta procedente reconocerle al ahora recurrente el derecho de recurrir dicha omisión a través del juicio de amparo, pues incluso, el propio quejoso vincula dicha omisión con la paralización de la indagatoria respectiva. Por consiguiente, al no actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, lo que procede es revocar la resolución sujeta a revisión para que, de no advertirse una diversa causa de improcedencia manifiesta e indudable o algún otro motivo para no admitirla, se provea sobre la admisión de la demanda de garantías promovida por ... Por ello, es válido asumir la postura de que debe darse oportunidad al gobernado de impugnar no sólo las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, así como la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de aquélla, sino de controvertir a través del juicio constitucional todos aquellos actos, que aunque se originen durante la etapa de integración de la averiguación previa, sean susceptibles de violar garantías individuales, pues con ello se obtendrían mayores beneficios que los hasta ahora definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por un lado, los ofendidos, denunciantes o querellantes e incluso, las víctimas de los delitos lograrían una mejor y adecuada defensa de sus intereses en la etapa de integración de la averiguación previa y, por otro, se abatiría la impunidad, persiguiendo y castigando al culpable de haber vulnerado los bienes jurídicos tutelados por las normas penales, además de que se impediría que por prácticas viciosas, el representante social no cumpliera con sus funciones constitucionales, o bien que sólo las ejerciera en aquellos casos en que a su discrecionalidad del todo injustificada le conviniera, pues este Tribunal Colegiado no puede ignorar la evidente desconfianza de la sociedad hacia la institución del Ministerio Público, que se traduce ya en un clamor casi generalizado de poner un freno a prácticas viciosas consistentes en que en muchas ocasiones las denuncias no son atendidas y en otras, el Ministerio Público no actúa con total apego a la ley, por lo cual el gobernado queda al margen de la buena o mala voluntad de aquella institución. Por todas estas razones, se insiste en que no se comparte el criterio antes mencionado, en el sentido de que la reforma al cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, sólo se instituyó para impugnar el no ejercicio y el desistimiento de la acción penal, pero no los actos emanados durante la etapa de integración de la averiguación previa, pues sostener dicha postura, es decir, que resulta improcedente el juicio de amparo en contra de los actos u omisiones del Ministerio Público, generados durante la integración de la indagatoria respectiva, implicaría soslayar el espíritu y alcances de la reforma al cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución General."
TERCERO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 353/2003, en sesión de veintinueve de enero de dos mil cuatro, en la parte que interesa, consideró los siguiente:
"CUARTO. No serán objeto de análisis las consideraciones que sustentan la determinación del Juez de Distrito, ni los agravios que en contra de ellas se formulen, relativas a la negativa del amparo, en virtud de que este tribunal, de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 114, fracción II, de la misma ley, inadvertida por el a quo, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, circunstancia que obliga a sobreseer en el juicio con fundamento en la fracción III del diverso numeral 74 de la ley de la materia. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número P./J. 122/99, visible en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que literalmente dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’. Esto es así, porque el ahora recurrente, en su demanda de garantías, señaló como acto reclamado el que a continuación se transcribe: ‘La omisión de integrar las averiguaciones previas números 204/03 y 227/03 acumuladas con la debida celeridad, imparcialidad, de manera oficiosa y en defensa del ofendido contra quien resulte responsable del centro escolar ... por los delitos de retención de salarios, falsificación y uso de documentos falsos; omisiones que concretamente son: I. Omisión de requerir cuantas veces sea necesario a la Dirección de la Policía Ministerial para que presente ante el Misterio Público a los indiciados para que declaren o no declaren ante los cargos constitutivos de delitos. II. La omisión de citar y hacer comparecer al indiciado principal o autor intelectual ... para que responda ante la ley. III. La omisión de emplear los medios de apremio para lograr la comparecencia de todos y cada uno de los indiciados principales y copartícipes.’. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.’. La procedencia del amparo indirecto que regula esta disposición comprende los siguientes supuestos: a) Contra actos aislados o no procedimentales provenientes de autoridad administrativa. b) Contra actos emanados de un procedimiento administrativo, oficioso o seguido en forma de juicio. En este supuesto el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. c) Se exceptúan de la regla anterior (principio de definitividad), las personas extrañas al procedimiento o instancia del que provengan los actos reclamados. La hipótesis del inciso b) revela la intención de evitar la proliferación innecesaria de juicios de amparo en contra de actos procedimentales previos a la resolución con la que culminan, a fin de hacer expeditos los juicios o procedimientos, sin perjuicio de la eficacia de la protección constitucional, pues si la resolución definitiva resulta desfavorable, el quejoso puede impugnarla junto con las violaciones del procedimiento. Ahora bien, por reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, el artículo 21 constitucional fue adicionado con el párrafo siguiente: ‘Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.’. Reforma con la que las determinaciones ministeriales definitivas sobre el no ejercicio de la acción penal, así como las que contienen su desistimiento, fueron elevadas a la categoría de rango constitucional y desde luego quedaron inmersas en el capítulo de garantías individuales. No obstante que en el transcrito párrafo cuarto del artículo 21 constitucional, se establece hoy la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público, ello sólo es factible en tratándose del no ejercicio o desistimiento de la acción penal, de tal suerte que si de las constancias del juicio de amparo en el que se contiene el acto reclamado por el quejoso, el cual igualmente ya ha quedado reproducido, se advierte que el representante social se encuentra integrando la averiguación previa correspondiente, a través de ciertas diligencias encaminadas a comprobar el cuerpo del delito del antijurídico denunciado por el promovente del amparo, así como la probable responsabilidad del acusado, resulta evidente que la indagatoria respectiva se encuentra aún en su fase de integración y en este tenor, el amparo es improcedente. El amparo también es improcedente en la medida en que no se trata de actos que se refieran, por ejemplo, a medidas y providencias de seguridad y auxilio a las víctimas de un delito, en cuyo caso se pudieran afectar derechos e intereses legítimamente tutelados en su favor, en términos del artículo 117 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, que establece, en lo conducente, que corresponde al Ministerio Público o a los funcionarios encargados de practicar diligencias de Policía Judicial, ya sea por delitos que se persigan de oficio o de querella, dictar todas las medidas y providencias necesarias para asegurar esos derechos, o bien, restituir a los interesados en el goce de éstos, desde luego, siempre que estén legalmente justificados. En otras palabras, los actos como los que reclamó el hoy inconforme en su demanda de garantías, consistentes en diversas omisiones que atribuye a la representación social durante la integración de la averiguación, carecen de definitividad para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, pues si aún no se ha dictado resolución sobre el no ejercicio de la acción penal, menos aún puede sostenerse si las violaciones (actos u omisiones) cometidas durante la averiguación hubiesen privado al quejoso de los derechos que la ley de la materia le concede. El amparo también es improcedente porque ninguna de las omisiones reclamadas encuadran específicamente dentro de los supuestos que prevé el artículo 10 de la Ley de Amparo, porque en forma alguna se relacionan con cualquiera de las hipótesis que ahí se contemplan, como son: a) Actos que emanen del incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil; b) Actos surgidos dentro del procedimiento penal relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que están afectos a la reparación del daño o responsabilidad civil; y, c) Resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal."
De la anterior resolución se emitió la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, mayo de 2004
"Tesis: XXIII.1o.24 P
"Página: 1745
"AVERIGUACIÓN PREVIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN ACTOS U OMISIONES EN SU INTEGRACIÓN. No obstante que por reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 21 constitucional fue adicionado en el sentido de establecer la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público, tal impugnación sólo es factible tratándose del no ejercicio y del desistimiento de la acción penal, de tal suerte que si de las constancias de autos se advierte que el representante social se encuentra integrando la averiguación previa correspondiente, a través de ciertas diligencias encaminadas a comprobar el cuerpo del delito denunciado, así como la probable responsabilidad del inculpado, resulta evidente que la indagatoria respectiva se encuentra aún en su fase de integración, y en ese tenor, el amparo es improcedente en la medida en que no se trata de actos que se refieran, por ejemplo, a medidas y providencias de seguridad y auxilio a las víctimas de un delito, o al aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que están afectos a la reparación del daño, en cuyo caso pudieran afectarse derechos e intereses legítimamente tutelados en su favor; en otras palabras, si los actos reclamados se hicieron consistir en diversas omisiones, tales como no efectuar algunos requerimientos, citar y hacer comparecer al inculpado principal o emplear las medidas de apremio para lograr diversas comparecencias, que se atribuyen a la representación social durante la integración de la averiguación, carecen de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues si aún no se ha dictado resolución sobre el no ejercicio de la acción penal, menos aún puede sostenerse si las violaciones (actos u omisiones) cometidas durante la averiguación, privaron a la víctima o al ofendido por algún delito de los derechos que la ley le concede, pues la resolución del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal puede ser impugnada junto con las violaciones del procedimiento. Luego, las consideraciones expuestas conducen a sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 73, fracciones XV y XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 74, fracción III y 114, fracción II, de ese ordenamiento legal.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 353/2003. 29 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes.
"Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 448, tesis 564, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.’ y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 264, tesis VI.3o.8 P, de rubro: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.’."
CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias, destacadas en los considerandos segundo y tercero, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el asunto sometido a su consideración, en la parte que interesa, sostuvo:
a) Que el quejoso reclama del agente del Ministerio Público la omisión de proveer lo conducente para hacer comparecer al señor ... en la averiguación previa número 5/2005; y del subprocurador de Justicia reclama la falta de inspección a dicha actuación.
b) Que es incorrecto que el Juez de Distrito haya desechado la demanda de garantías al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, argumentando que la indagatoria de donde provienen los actos reclamados aún se encontraba en fase de integración sin referirse a medidas y providencias de seguridad y auxilio de las víctimas de un delito, al aseguramiento del objeto del delito o a los bienes que estuvieran afectos a la reparación del daño y, además, que los citados actos carecían de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues aún no se había dictado resolución sobre el ejercicio o no de la acción penal y, por tanto, no podía sostenerse si las violaciones (actos u omisiones) cometidas durante la averiguación, privaron a la víctima o a los ofendidos por algún delito de los derechos que la ley les concedía y, en todo caso, la citada resolución del Ministerio Público en la que confirmara el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, sería la que afectaría la esfera jurídica del quejoso, pudiendo impugnar las violaciones al procedimiento correspondientes.
c) Que la Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido criterio en el sentido de que el cuarto párrafo del artículo 21 constitucional no contempla únicamente el derecho de impugnar las resoluciones expresas sobre el no ejercicio de la acción penal, sino también la facultad de combatir a través del juicio de amparo indirecto la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de aquélla; siendo aplicable dicho criterio al caso particular que se analiza, en donde se reclama la omisión del Ministerio Público para proveer lo conducente para hacer comparecer al probable indiciado a la averiguación previa.
d) Que aun cuando tradicionalmente se ha sostenido como regla general que no procede el juicio de amparo indirecto contra actos emanados de la integración de una averiguación previa, dicha regla no es absoluta, pues debe estudiarse cada caso en particular para determinar si los actos del Ministerio Público deben ser o no sujetos de un inmediato análisis a través del juicio de amparo, como medio de control de la constitucionalidad de los actos que afectan la esfera de derechos públicos subjetivos consagrados en la Carta Fundamental.
e) En conclusión, que no es correcta la determinación del Juez de Distrito de que solamente procede el juicio de amparo en la vía indirecta, cuando se reclamen dentro de la etapa de integración de la averiguación previa actos que se refieran a medidas de providencia de seguridad y auxilio de las víctimas de un delito, al aseguramiento del objeto del delito o a los bienes que estuvieran afectos a la reparación del daño, o bien, a la resolución del Ministerio Público en la que confirmara el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, ya que también debe proceder el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19464-56246139/averiguacion-previa-la-omision-del-ministerio-publico-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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