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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL AVECINDADO PUEDE EJERCER UNA POSESIÓN COMO TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19299
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 987.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), remitió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 901/1993, promovido por Miguel Lucio Obregón, misma que en la parte que interesa establece:

"CUARTO. Es infundado el único concepto de violación que invoca el quejoso y este tribunal no advierte deficiencia que suplir. El artículo 48 de la Ley Agraria, expresa textualmente lo siguiente: (se transcribe). La acción de prescripción a que alude el artículo transcrito, se otorga a quienes fueren poseedores de tierras ejidales en concepto de titular de esos derechos. Esto es que al mero poseedor de una parcela ejidal, sin certificado de derechos agrarios pero poseyendo en concepto de titular, se le otorga esa acción. Lo anterior implica que la sola posesión de una parcela o de tierras ejidales en general, salvo las destinadas al asentamiento humano, o se trate de bosques o selvas, no otorga al poseedor la acción de prescripción. Como el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios resulta obvio que carece de acción para pedir la prescripción de una porción de tierra ejidal. Por otra parte, conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, la asamblea de cada ejido con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24, 28 y 31 de esa ley podrá terminar el destino de las tierras que no están formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. De tal manera que no es dable el reconocimiento de derechos agrarios o (sic) de un ejidatario sobre tierras de uso común cuando la asamblea no ha determinado el destino de sus tierras y efectuado el parcelamiento con las formalidades que la ley exige ni, por ende, procede la acción de prescripción; pues esta acción exige que el actor sea poseedor, en concepto de titular de derechos agrarios. En el caso a estudio, está demostrado que el quejoso posee las tierras de las que pretende prescribir, desde el año de mil novecientos setenta y dos, porque en el acto de investigación general de usufructo parcelario ejidal levantada el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro la asamblea solicitó el reconocimiento de derechos agrarios a los campesinos dentro de las cuales con el número setenta y cuatro se incluyó al quejoso Miguel Lucio Obregón, y la razón de esa solicitud fue que habían abierto tierras al cultivo y haberlas trabajado quieta y pacíficamente desde hace más de dos años. Tan sólo de tal documental que es en la que fundó sus argumentos a manera de conceptos de violación el quejoso se desprende que no se trata de la posesión de una parcela regular sino de tierras abiertas al cultivo, por tanto, para que pueda solicitarse el reconocimiento de derechos agrarios es menester que previamente la asamblea con las formalidades que mencionan los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria hubiese destinado esas tierras comunes a nuevos parcelamientos, y si tal asamblea no efectuó el parcelamiento de tierras comunes abiertas al cultivo es evidente que no puede ejercitarse la acción de prescripción sobre una parcela inexistente pues la tierra que pretende el quejoso, sigue siendo de uso común del poblado y por lo mismo nunca ha ejercido una posesión en concepto de titular de una parcela. En consecuencia, aun reconociendo la posesión que ha tenido el quejoso y que ha trabajado esa superficie lo cierto es que tal posesión no ha sido en concepto de titular de una parcela sino como un mero aspirante a que cuando la asamblea destine las tierras comunes del ejido a nuevas parcelas sea considerado con mejor derecho que otras personas, lo que implica que no reúne la calidad que la Ley Agraria exige para el ejercicio de la acción de prescripción como correctamente lo aprecia la sentencia reclamada. Por tanto, aun cuando en la sentencia reclamada se haya dado valor probatorio pleno al acto del veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro, lo cierto es que de su contenido se desprende que se solicitó el reconocimiento de derechos agrarios de tierras de uso común que el quejoso entre otros habían abierto al cultivo, y a ello se debió que la responsable resolvió contra los intereses del quejoso, expresando que era improcedente la acción por referirse a tierra de uso común que no se habían destinado al parcelamiento por la asamblea de ejidatarios y siguiendo las formalidades que la ley exige. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución General de la República; 46, 158, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 6o. bis del capítulo tercero bis y 72, fracción II, del capítulo séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Lucio Obregón, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

Asimismo, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito remitió la ejecutoria correspondiente al juicio de amparo directo 150/2004, promovido por Ma. Victoria Romero Sánchez; en dicha resolución, en la parte considerativa que interesa, se estableció lo siguiente:

"SÉPTIMO. Los conceptos de violación son parcialmente fundados. ... En cambio, asiste razón a la inconforme cuando menciona que para que la acción de prescripción positiva fuera procedente, era necesario que durante la tramitación del juicio agrario, María de los Ángeles Pérez Vázquez o Ma. de los Ángeles Pérez Vázquez, hubiera justificado fehacientemente que cuando empezó a poseer las parcelas, tenía reconocido el carácter de avecindada en el núcleo ejidal de que se trata. En efecto, en primer lugar, conviene precisar que el artículo 48 de la Ley Agraria en vigor dispone, entre otras cosas, que quien haya poseído tierras ejidales ‘en concepto de titular de derechos de «ejidatario», que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.’-Luego, para que se entienda satisfecha la posesión ‘en concepto de titular de derechos de «ejidatario»’, que como requisito para la usucapión contempla el apuntado normativo, es menester que el actor revele (y demuestre) la causa generadora de su posesión; entendiéndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para transferirle el dominio sobre la unidad de dotación de que se trate, a fin de estar en aptitud de dilucidar primeramente si en realidad su posesión es o no ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’, para enseguida determinar lo referente a los plazos legales en que habrá de operar la prescripción, según sea el caso de posesión de buena fe o mala fe. Lo anterior, porque una sana interpretación de la disposición de que se trata, conduce a concluir que dicha institución se encuentra reservada para aquellos cuya posesión de tierras ejidales sea en concepto de titular de derechos ejidales, y no para los que las detentan de manera precaria o derivada. Asimismo, aun cuando el mencionado numeral no lo establece de manera expresa, este tribunal colegiado considera, que para poder tener derecho a adquirir por vía de prescripción adquisitiva una parcela ejidal, primero se debe demostrar ser ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea del núcleo de población donde se ubica la parcela afecta a usucapir; lo anterior, porque de acuerdo a lo establecido en la Ley Agraria, sólo dichos sujetos gozan de los derechos que la misma establece, especialmente el relativo a adquirir la titularidad de una parcela ejidal por vía de prescripción positiva. Se afirma lo anterior, pues la Ley Agraria procura que las parcelas del ejido no dejen de pertenecer a los sujetos que lo integran, según se deduce de sus artículos 12, 13, 14, 15, 56 y 57, que disponen lo siguiente: ‘Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.’. ‘Artículo 13.’ (se transcribe). ‘Artículo 14.’ (se transcribe). ‘Artículo 15.’ (se transcribe). ‘Artículo 56.’ (se transcribe). ‘Artículo 57.’ (se transcribe). De igual manera, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, en sus artículos 30, 36 y 37, señalan: ‘Artículo 30.’ (se transcribe). ‘Artículo 36.’ (se transcribe). ‘Artículo 37.’ (se transcribe). Preceptos de los que se sigue que los ejidatarios, avecindados y posesionarios reconocidos por la asamblea, disfrutan de las prerrogativas que establece la Ley Agraria, y gozan de derechos por participar en la vida activa del ejido; siendo que incluso, las controversias en las que intervengan serán del conocimiento de los tribunales agrarios, atento a lo establecido en la fracción VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que prevé lo siguiente: ‘Artículo 18.’ (se transcribe). Tienen aplicación sobre el particular, las siguientes tesis y jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera de ellas, identificada con el número 2a. XCVIII, visible en la página 365 del Tomo X, correspondiente el mes de julio de mil novecientos noventa y nueve; la jurisprudencia 50/2000, publicada en la página 197 del Tomo XI, correspondiente al mes de mayo de dos mil; y la jurisprudencia 47/2001, visible a fojas 365 del Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, todas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo respectivo tenor literal es el siguiente: ‘EJIDOS. LOS AVECINDADOS EN ÉL, SON SUJETOS RECONOCIDOS DE DERECHO AGRARIO Y DE LA CLASE CAMPESINA, AL LADO DE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, DE ACUERDO CON LA LEY AGRARIA.’ (se transcribe). ‘POSESIONARIOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS.’ (se transcribe). ‘AVECINDADOS. COMPETE A LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS SU RECONOCIMIENTO Y EN CASO DE NEGATIVA, EL AFECTADO PUEDE DEMANDAR A DICHO ÓRGANO INTERNO ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO COMPETENTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS).’ (se transcribe). Atento a lo anterior, conviene destacar que al promoverse la acción de prescripción positiva por quien no es ejidatario, y de llegarse a declarar que se demostraron los elementos de la misma, de acuerdo a lo establecido en la parte final del párrafo primero del artículo 48 de la Ley Agraria, transcrito con antelación, traerá como consecuencia que al actor se le reconozca su derecho sobre la parcela, y se determinará que se ha convertido en ejidatario, pues deberá expedírsele el respectivo certificado de derechos parcelarios; y si el actor es un ejidatario del núcleo de población donde se encuentra la parcela afecta a usucapir, de demostrar la acción, no será necesario que exista pronunciamiento de que se convirtió en ejidatario porque ya lo es, pero sí se le expedirá el citado certificado parcelario para reconocerlo como titular de la parcela usucapida. En tales condiciones, para tener derecho a adquirir por vía de prescripción positiva una parcela ejidal, se requiere primero, ser ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea del núcleo de población de que se trate, pues precisamente la intención del legislador al establecer la figura de la prescripción adquisitiva en materia agraria, es con el fin de que sólo aquellos sujetos que participan de la vida activa del ejido y que gozan de los derechos previstos en la Ley Agraria, puedan adquirir por el transcurso del tiempo la titularidad de una parcela, la cual han detentado en calidad de derechos de ejidatario pero carecen del certificado respectivo. Por tanto, es obvio que para que sea jurídicamente correcto que prospere la acción de prescripción positiva, se requiere que además de reunirse los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley Agraria, el actor debe en primer lugar demostrar que es ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea ejidal del poblado donde se encuentra la parcela afecta a usucapir. Ahora bien, para demostrar su acción, la aquí tercera perjudicada, ofreció y le fueron admitidas, las siguientes probanzas: 1. Copias certificadas del acta de nacimiento de la actora principal, y de la demandada principal (fojas 56 y 71); 2. Una constancia expedida a su favor, por los integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del poblado de Muñoz, Municipio de Domingo Arenas, Tlaxcala (foja 57); 3. Un acta de asamblea general de ejidatarios, de fecha treinta de noviembre de dos mil (fojas 59 a 70); 4. Unas constancias expedidas por la Secretaría de la Reforma Agraria, relativas a la inscripción de una enajenación de derechos parcelarios (fojas 72 y 73); 5. Copias certificadas de los certificados parcelarios 48673 y 48672, y del certificado de derechos sobre tierras de uso común (fojas 74 a 76); 6. La presuncional legal y humana; 7. La testimonial a cargo de Ricardo Luna Gutiérrez y Arturo Olivares Rodríguez, desahogada el veintisiete de noviembre de dos mil tres (fojas 124 a 126); y 8. La confesional a cargo de la actora, desahogada el cuatro de noviembre del mismo año (fojas 91 y 92). No obstante lo anterior, basta imponerse de la sentencia reclamada, para percatarse que el tribunal responsable no examinó esas probanzas, con relación al punto aludido, esto es, no determinó si con ellas se justifica plenamente o no, que cuando María Paula Ángela Pérez Vázquez, o María de los Ángeles Pérez Vázquez, o Ma. de los Ángeles Pérez Vázquez promovió su demanda reconvencional de usucapión, tenía reconocido el carácter de avecindada. Al respecto, cabe precisar que sería incorrecto que este tribunal analizara de primera mano esas probanzas, porque ello equivaldría a sustituir el criterio de la responsable. Al efecto, cobra vigor la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 538, en la página 353 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1995, que dice: ‘TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.’ (se transcribe). Así las cosas, debe convenirse con la quejosa en que por cuanto a esa parte se refiere, la sentencia reclamada resulta violatoria de sus garantías individuales, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales. En tal virtud, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que reitere los motivos que tuvo en cuenta para declarar probada la acción de nulidad de documentos que contravienen las leyes agrarias, y a continuación, con plenitud de jurisdicción y en forma fundada y motivada, analice nuevamente la procedencia de la acción de prescripción positiva ejercitada por vía reconvencional, determinando si en autos quedó acreditado o no, que la aquí tercera perjudicada, tenía reconocido el carácter de avecindada cuando promovió su demanda reconvencional de usucapión, y con base en ello, haga el pronunciamiento que en derecho corresponda. La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 89 aparece publicada en la página 71 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.’ (se transcribe). Al haber resultado fundados los anteriores conceptos de violación, resulta innecesario ocuparse de los restantes, atento a lo que establece la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 168 aparece publicada en la página 113 del Tomo, Materia y Apéndice invocados (VI, Común, años 1917-1995), que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."

CUARTO. Ahora bien, una vez transcritos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto. Dichos requisitos son:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas, y

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos;

Lo anterior se obtiene de la naturaleza misma de las contradicciones de tesis y encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 26/2001, que aparece publicada en la página 76 del Tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En estas condiciones, tenemos que el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), al resolver el amparo directo 901/1993, promovido por Miguel Lucio Obregón, determinó negar el amparo solicitado por el quejoso, al estimar lo que más adelante se precisará.

Para mejor comprensión del asunto, conviene relatar brevemente sus antecedentes.

1. Miguel Lucio Obregón ejerció acción de prescripción positiva ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, en la que solicitó el reconocimiento de derechos agrarios respecto a una porción de tierra ejidal.

2. El Tribunal Unitario Agrario declaró improcedente dicha acción, al considerar que el promovente no acreditó ninguno de los extremos del artículo 48 de la Ley Agraria, puesto que aun considerando un acta de asamblea general de ejidatarios -en la que se estableció que al actor (y a otra persona) debía respetárseles la superficie de una hectárea a cada uno-, ofrecida como prueba, en ésta se omitió especificar con qué carácter se les otorgaron esas tierras al promovente.

3. Por otra parte, también se valoró que en audiencia celebrada ante el propio Tribunal Unitario Agrario, las autoridades ejidales manifestaron que la posesión que aducía el actor era con el carácter de avecindado, puesto que la asamblea no le había reconocido derechos de ejidatario, aunado a que las tierras cuya prescripción se demandaba son tierras de uso común, las cuales son imprescriptibles, sin que se hubiera acreditado que la asamblea general de ejidatarios hubiera efectuado algún parcelamiento a favor de ejidatarios.

4. En contra de la anterior determinación, el actor presentó demanda de amparo directo. El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito), resolvió negar el amparo solicitado por el quejoso, bajo los siguientes argumentos.

• Que la acción de prescripción a que alude el artículo 48 de la Ley Agraria, se otorga a quienes fueren poseedores de tierras ejidales en concepto de titular de esos derechos, esto es, que al mero poseedor de una parcela ejidal sin certificado de derechos agrarios pero poseyendo en concepto de titular, se le otorga esa acción, sin embargo, como el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios resulta obvio que carece de acción para pedir la prescripción de una porción de tierra ejidal.

• Que conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, la asamblea de cada ejido podrá determinar el destino de las tierras que no están formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes; de tal manera que no es dable el reconocimiento de derechos agrarios sobre tierras de uso común cuando la asamblea no ha determinado el destino de éstas y efectuado el parcelamiento con las formalidades que la ley exige y, por ende, no procede la acción de prescripción, pues esta acción exige que el actor sea poseedor en concepto de titular de derechos agrarios.

• Que de la documental presentada por el quejoso se desprende que la posesión ejercida no fue sobre una parcela regular, sino de tierras abiertas al cultivo, y dado que para que pueda solicitarse el reconocimiento de derechos agrarios es menester que previamente la asamblea hubiese destinado esas tierras comunes a nuevos parcelamientos, y si tal asamblea no efectuó el parcelamiento de tierras comunes abiertas al cultivo, es evidente que no puede ejercerse la acción de prescripción sobre una parcela inexistente pues la tierra pretendida por el quejoso es de uso común del poblado y, por lo mismo, nunca ha ejercido una posesión en concepto de titular de una parcela.

• Que aun reconociendo la posesión que ha tenido el quejoso, lo cierto es que no ha sido en calidad de titular de una parcela sino como un mero aspirante a que cuando la asamblea destine las tierras comunes del ejido a nuevas parcelas, sea considerado con mejor derecho que otras personas, lo que implica que no reúne la calidad que la Ley Agraria exige para el ejercicio de la acción de prescripción.

De las consideraciones precedentes surgió la tesis, cuyo texto y datos de localización son:

"PRESCRIPCIÓN AGRARIA. EL AVECINDADO NO ES TITULAR DE. Como el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios; carece de acción para pedir la prescripción de una parcela ejidal." (Octava Época. Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, abril de 1994, página 415).

Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito concedió el amparo solicitado por Ma. Victoria Romero Sánchez dentro del juicio de amparo directo 150/2004. Dicho juicio tuvo como antecedentes los que a continuación se narran:

1. En el juicio de origen, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres determinó que la litis consistía en resolver la procedencia de la acción ejercida por Ma. Victoria Romero Sánchez por la cual demandó la nulidad del contrato de enajenación (compraventa) de derechos parcelarios, celebrado entre la extinta ejidataria Guillermina Ocotlán Sánchez Zamora y la codemandada María Paula Ángela Pérez Vázquez, referente a dos parcelas, amparadas con certificados parcelarios, así como de los correspondientes derechos sobre tierras de uso común, en un poblado. Como consecuencia de lo anterior, solicitó igualmente la nulidad y cancelación de los correspondientes certificados parcelarios, así como la de los derechos sobre tierras de uso común, amparados con un certificado. De igual manera, el tribunal agrario debía resolver respecto de la acción reconvencional ejercida por María Paula Ángela Pérez Vázquez, quien demandó de Ma. Victoria Romero Sánchez la prescripción adquisitiva de los derechos agrarios de las parcelas, amparadas con los respectivos certificados parcelarios; como consecuencia de lo anterior, la declaración de que había adquirido la posesión y titularidad de las controvertidas parcelas a partir de 1994.

2. El Tribunal Unitario Agrario declaró procedente la acción de nulidad intentada por la actora, al estimar que el contrato de enajenación de derechos parcelarios no cumplió con las formalidades prescritas en la Ley Agraria (pues la enajenación no se notificó a la actora, quien era titular del derecho del tanto por ser hija de la extinta enajenante); como consecuencia de lo anterior, se declaró la nulidad de los certificados parcelarios expedidos a favor de la demandada, así como la del certificado sobre tierras de uso común.

3. Al entrar al estudio de la acción reconvencional promovida por María Paula Ángela Pérez Vázquez, en la que reclamó la prescripción adquisitiva de los derechos parcelarios; ésta se declaró igualmente procedente, bajo el argumento de que la reconvencionista acreditó cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Ley Agraria, puesto que ésta detentaba la posesión de las parcelas controvertidas de manera originaria y directa, pues con independencia de que el acto jurídico generador de la posesión hubiera sido declarado nulo, no se debía analizar la licitud de la causa generadora de la posesión, pues el contrato, aunque imperfecto, surtió provisionalmente sus efectos entre los concertantes, además de que cumplió con el plazo de cinco años señalado por la Ley Agraria. Se declaró improcedente la acción de prescripción respecto a los derechos sobre tierras de uso común, pues éstas son imprescriptibles.

Contra la anterior determinación la actora principal y demandada en la reconvención promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al conocer del asunto, determinó conceder el amparo a la quejosa; dicha determinación la sustentó en los siguientes argumentos:

• Estimó fundado el concepto de violación en el que la quejosa adujo que para que la acción de prescripción positiva fuera procedente, era necesario que durante la tramitación del juicio agrario, la actora reconvencionista "hubiera justificado fehacientemente que cuando empezó a poseer las parcelas, tenía reconocido el carácter de avecindada en el núcleo ejidal de que se trata".

• Que para que se entienda satisfecha la posesión "en concepto de titular de derechos de ejidatario" es menester que el actor revele y demuestre la causa generadora de su posesión, a fin de dilucidar si en realidad su posesión es o no "en concepto de titular de derechos de ejidatario", para enseguida determinar lo referente a los plazos legales en que habrá de operar la prescripción.

• Que de los artículos 12 al 15, y 56 y 57 de la Ley Agraria, así como de los artículos 30, 36 y 37 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, se deduce que las parcelas del ejido deben seguir perteneciendo a los sujetos que lo integran, esto es, los ejidatarios, avecindados y posesionarios reconocidos por la asamblea, pues son éstos quienes gozan de derecho para participar en la vida activa del ejido.

• Que al promoverse la acción de prescripción positiva por quien no es ejidatario y de llegarse a declarar que se demostraron los elementos de la misma, traerá como consecuencia que al actor se le reconozca su derecho sobre la parcela, y se determinará que se ha convertido en ejidatario, pues deberá expedírsele el respectivo certificado de derechos parcelarios; y si el actor es un ejidatario del núcleo de población donde se encuentra la parcela afecta a usucapir, de demostrar la acción no será necesario que exista pronunciamiento de que se convirtió en ejidatario porque ya lo es, pero sí se le expedirá el citado certificado parcelario para reconocerlo como titular de la parcela usucapida.

• Que para tener derecho a adquirir por vía de prescripción positiva una parcela ejidal, se requiere primero ser ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea del núcleo de población de que se trate, pues la intención del legislador al establecer esa figura en materia agraria, fue con el fin de que sólo aquellos sujetos que participan de la vida activa del ejido y que gozan de los derechos previstos en la Ley Agraria, puedan adquirir la titularidad de una parcela.

• Que toda vez que el tribunal responsable no examinó las probanzas ofrecidas por la actora reconvencionista con relación a ese punto, esto es, no determinó si con ellas se justifica plenamente o no que cuando la actora promovió su demanda reconvencional tenía reconocido el carácter de avecindada, se debía conceder el amparo solicitado por la quejosa.

Ahora bien, de las c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19299-4c043bea/prescripcion-en-materia-agraria-el-avecindado-puede-ejercer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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