VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja Q. 11/2005, promovido por el Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en su parte medular, establece lo siguiente:
"Ahora bien, en el primer agravio hecho valer, la autoridad inconforme sostiene que la interlocutoria recurrida es violatoria de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, puesto que el legislador no estableció imperativamente en dicho precepto que la suspensión debía acatarse de manera inmediata y sin tardanza, por lo que esa autoridad sí da cumplimiento al realizar el levantamiento de sellos el diez de diciembre de dos mil cuatro; actuación efectuada hasta esa fecha en razón de los trámites administrativos necesarios para cumplimentar la medida cautelar, por lo cual, aduce la responsable que contrario a lo dicho por la Juez Federal, no incurrió en desobediencia y que se le deja en estado de indefensión al citar como fundamento de la resolución el aludido numeral de la ley de la materia que no refiere dicha hipótesis, máxime que no se causaron daños irreparables a la quejosa al haberse levantado en la fecha citada el estado de clausura. Son infundados los anteriores argumentos. El artículo 139, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: (se transcribe). El precepto citado anteriormente establece, de manera categórica, que la concesión de la suspensión surtirá sus efectos de manera inmediata y sin tardanza, lo cual se entiende dado que la finalidad de la medida cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo y no puede supeditarse a actos posteriores que, de realizarse, harían nugatoria la protección constitucional que en su caso se concediera. De esta manera, es cierto que una vez decretada la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata, haciendo violatorio de la misma cualquier acto posterior que la contravenga pero siendo necesario, para estimar que existe responsabilidad de las autoridades que lo ejecuten, el que éstas hayan sido notificadas legalmente y de manera previa, sobre la concesión de la medida cautelar. Así lo refiere el artículo 206 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que a la letra señala: (se transcribe). Precisado lo anterior, debe desestimarse el argumento de la recurrente en cuanto señala que el legislador no estableció de manera imperativa en el artículo 139 de la Ley de Amparo, que la suspensión debía acatarse de manera inmediata y sin tardanza, puesto que como se ha dicho, dada la trascendencia del acatamiento a la suspensión para mantener viva la materia del amparo, el ordenamiento legal en cita establece categóricamente que la suspensión debe cumplirse de manera inmediata, en razón de que por su propia naturaleza, sería contrario a su objeto estimar que deba supeditarse a los trámites y actos internos de las autoridades tendentes a acatarla, toda vez que lo anterior significaría dejar al arbitrio de las responsables el momento y términos en que se deba cumplir con la medida cautelar decretada por los juzgadores federales, contraviniendo con ello las disposiciones normativas aplicables y causando finalmente perjuicios a los quejosos beneficiados con aquélla. De esta manera, el incumplimiento inmediato de la responsable de la suspensión definitiva decretada por la a quo, mismo que se configuró al haberse levantado el estado de clausura de la negociación de la quejosa hasta el diez de diciembre del año próximo pasado, como se constata de la copia certificada del acta circunstanciada exhibida por la propia recurrente en este toca (fojas 15 a 20), cuando la notificación de la interlocutoria de suspensión definitiva se realizó desde el veintiocho de octubre anterior (foja 300 del cuaderno de suspensión), significa que la citada autoridad sí violó los alcances determinados en la resolución que concedió la suspensión definitiva, sin que sea óbice lo señalado por la recurrente en cuanto a que no se incurrió en desobediencia y que se le deja en estado de indefensión al citarse como fundamento de la resolución el aludido numeral 139 de la ley de la materia que no refiere dicha hipótesis, sino que lo hace el diverso 206 del mismo ordenamiento legal, máxime que en el caso no se causaron daños irreparables a la quejosa al haberse levantarse (sic) en la fecha citada el estado de clausura. Lo anterior es así, puesto que la interlocutoria de la Juez Federal únicamente tiene como fin decretar la existencia de la violación a la suspensión, que como se ha dicho, en este caso aconteció por retardo de las responsables en su cumplimiento, siendo que la posible actualización de la desobediencia en los términos planteados por la responsable, para estimar que se configura la hipótesis del artículo 206 de la Ley de Amparo relativo al delito de abuso de autoridad, no fue materia de la resolución recurrida, sino que corresponderá en su caso al agente del Ministerio Público Federal, en ejercicio de sus atribuciones, determinar su actualización para los efectos legales conducentes; por lo cual, tampoco existió la alegada ausencia de fundamentación que se dice deja en estado de indefensión a la autoridad recurrente, puesto que en el caso la cita de dicho numeral no era necesaria al no haber un pronunciamiento sobre la actualización o no del delito contenido en el artículo 206 de la Ley de Amparo, además de que el análisis de los daños causados o no a la quejosa con la violación decretada, subsiste de manera independiente al pronunciamiento sobre el incumplimiento de la medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, por compartirse, la tesis VIII.4o.7 K del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 1170, Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EN EL INCIDENTE EN QUE SE RESUELVE NO DEBE HACERSE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.’ (se transcribe). Por otra parte, en el segundo concepto de agravio la recurrente sostiene que la resolución recurrida es violatoria de los artículos 104 y 105, en relación con el diverso 143 de la Ley de Amparo, toda vez que la Juez Federal no formuló requerimiento alguno a la responsable tendente al cumplimiento de la suspensión, ni mucho menos a su superior jerárquico, con lo que se omitió seguir el procedimiento previsto en la ley de la materia para el acatamiento de la concesión de la medida cautelar, que es el mismo que el ordenamiento legal en cita prevé para el cumplimiento de las ejecutorias que conceden el amparo. A continuación, agrega la recurrente que la a quo tampoco tomó en consideración si la naturaleza del acto permitía el cumplimiento inmediato de la suspensión por parte de las responsables, por lo que al no haber, además, conducta omisiva ni desobediencia de la recurrente, es improcedente la vista dada por la Juez de Distrito al agente del Ministerio Público Federal en los términos precisados en la resolución que se recurre. No asiste razón a la inconforme. Los artículos 143, 104, 105, primer párrafo, 107 y 111 de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: (se transcriben). Ahora bien, de los preceptos de la Ley de Amparo citados anteriormente, se advierte que como lo aduce la autoridad recurrente, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece un procedimiento para la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que concedan la suspensión en el amparo, el cual se identifica genéricamente con algunas reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. En efecto, la secuela de actuaciones procedimentales prevista en la ley de la materia para cumplimentar los fallos que concedan el amparo, se encuentra regulada de los artículos 104 al 113 del propio cuerpo normativo, y establecen un mecanismo que inicia con el requerimiento de la autoridad constitucional a las responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector o que se encuentra en vías de cumplimiento, y de no acatarlo, requerirán al superior jerárquico de dicha autoridad, en caso de que éste exista, misma que de no atender, obligará al requerimiento de su respectivo superior. Si a pesar de lo anterior, no se obedeciera la ejecutoria, se remitirán los autos a la autoridad competente para los efectos de separar a la responsable de su cargo y consignarla ante un Juez de Distrito, en términos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, sin perjuicio de que el propio Juez constitucional dé cumplimiento, en caso de ser posible, a la ejecutoria de amparo. El procedimiento narrado de manera sucinta en el párrafo precedente, ha quedado descrito ampliamente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P. LXIV/95, visible en la página 160, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO.’. Ahora bien, dicho mecanismo para cumplimentar las sentencias de amparo, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo transcrito anteriormente, es empleado analógica y sólo parcialmente por dicho cuerpo normativo en tratándose de la suspensión, en la inteligencia de que tiene como finalidad dotar a los Jueces de amparo de los elementos jurídicos procesales necesarios para lograr el eficaz acatamiento de la medida cautelar, pero no tiene como consecuencia última la misma sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional ante su incumplimiento, sino que se prevé, de manera separada en la Ley de Amparo, una sanción específica para aquellas autoridades que no acaten la suspensión de los actos reclamados, como ha quedado advertido de la transcripción previa del artículo 206 del mismo ordenamiento legal. Esto significa que, a diferencia del procedimiento previsto para el cumplimiento de las ejecutorias protectoras, cuya culminación puede derivar en la separación del cargo y consignación ante un Juez de Distrito de la autoridad contumaz, en el caso de la suspensión no es así, puesto que de conformidad con el artículo 143, en relación con los diversos 104, 105, primer párrafo, 107 y 111 de la Ley de Amparo, únicamente se prevén las actuaciones tendentes para lograr el eficaz acatamiento de la medida suspensional, pero no se establece sanción alguna condicionada a la consecución de dicho procedimiento, sino que la sanción del artículo 206 de la Ley de Amparo es independiente y categórica ante la omisión en el cumplimiento de una resolución que conceda la suspensión de los actos reclamados legalmente notificada. En atención a lo anterior, se considera que no asiste razón a la recurrente al manifestar que por omitirse la secuela de requerimientos prevista en los artículos 104 y 105, primer párrafo, en relación con el 143 de la ley de la materia, es contraria a derecho la interlocutoria que estimó fundada la denuncia de violación a la suspensión, puesto que en concordancia con lo dicho con antelación, la obligación de acatar la medida suspensional para la responsable no nace a partir de que el Juez le requiere de manera reiterada su acatamiento, en virtud de que la violación no surge de dicho procedimiento, sino que nace, en términos de los artículos 139 y 206 de la Ley de Amparo, de la conducta omisiva de la responsable a partir de que se le notifica legalmente la resolución correspondiente y, por tanto, estuvo en aptitud de realizar las actuaciones tendentes a su cumplimiento, lo cual, debe realizarse de manera inmediata. Efectivamente, como se dijo en párrafos precedentes, la interlocutoria de suspensión definitiva se notificó legalmente a la responsable recurrente el día veintiocho de octubre de dos mil cuatro, como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 22196-T (fojas 281 y 300 del cuaderno de suspensión), y el levantamiento del estado de clausura de la negociación en los términos decretados por la Juez Federal se realizó hasta el diez de diciembre siguiente, como se advierte del acta de levantamiento de sellos acompañada por la inconforme a su escrito de expresión de agravios (fojas 15 a 20 del toca), por lo que aun cuando no existieron requerimientos reiterados de la Juez Federal al respecto, la autoridad estaba obligada a acatar el fallo suspensional, desde luego, por disposición legal y no a partir de alguna resolución jurisdiccional, lo que evidentemente no sucedió al cumplimentarse con notoria posterioridad a su notificación. Aunado a lo anterior, debe desestimarse lo dicho por la recurrente en cuanto a que la naturaleza del acto no permitía la actuación pronta de la autoridad, en razón de que el levantamiento de sellos de la negociación clausurada no constituye una actuación de notoria dificultad jurídica o material, la cual, como se ha dicho anteriormente, no se justifica con el señalamiento de la supuesta complicación para efectuar los trámites internos de la responsable tendentes a acatar la suspensión, puesto que sería contrario a su objeto estimar que la medida cautelar deba supeditarse a la satisfacción de las formalidades internas en el despacho de cada dependencia, en detrimento de la propia naturaleza jurídica de dicha medida suspensional. Finalmente, no resultan exactamente aplicables al caso las tesis aisladas de Tribunales Colegiados citadas por la recurrente en el agravio a estudio, puesto que la primera de ellas, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. HIPÓTESIS PARA GARANTIZAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL AUTO QUE LA CONCEDE.’, únicamente establece el procedimiento previsto en la Ley de Amparo para lograr el eficaz cumplimiento de la concesión de la suspensión, descrito anteriormente, pero no excluye la existencia de violación a dicha medida cautelar, aun cuando no existan los requerimientos a que se alude. Asimismo, la segunda tesis aislada, de rubro: ‘DESOBEDIENCIA, DELITO DE. NO SE ACTUALIZA SI NO SE AGOTARON LOS MEDIOS DE APREMIO AUTORIZADOS PARA HACER EFECTIVAS LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD, AUN CUANDO SE HAYA INCURRIDO EN DESACATO A SU LEGÍTIMO MANDAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).’, se refiere a una legislación estatal en relación con la actualización del tipo penal de desobediencia en dicha entidad, hipótesis que no se relaciona con la materia de análisis de esta ejecutoria. En mérito de lo anterior, al haberse desestimado los agravios expuestos, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja."
De las consideraciones transcritas con anterioridad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, sostuvo el siguiente criterio:
"VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. SU DETERMINACIÓN NO ESTÁ CONDICIONADA A LA PROSECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO REFERIDO EN EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE EN TÉRMINOS DE LOS DIVERSOS 139 Y 206 DE LA LEY RELATIVA, NACE DE LA OMISIÓN DE LAS RESPONSABLES DE ACATAR LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR DEBIDAMENTE NOTIFICADA. A diferencia del procedimiento previsto en la Ley de Amparo para el cumplimiento de las ejecutorias protectoras, cuya culminación puede derivar en la separación del cargo y consignación ante un Juez de Distrito de la autoridad contumaz, según lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en el caso de la suspensión, de conformidad con el artículo 143, en relación con los diversos 104, 105, primer párrafo, 107 y 111, todos de la Ley de Amparo, tal mecanismo es empleado analógica y sólo parcialmente por dicho cuerpo normativo, dado que únicamente se prevén las actuaciones tendentes para lograr el eficaz acatamiento de la medida suspensional, pero no se establece sanción alguna condicionada a la consecución de dicho procedimiento, sino que la sanción del artículo 206 de la Ley de Amparo es independiente y categórica ante la omisión de cumplimentar una resolución que conceda la suspensión de los actos reclamados legalmente notificada. Lo anterior, porque la obligación de acatar la medida suspensional para las responsables no nace a partir de que el Juez les requiere de manera reiterada su acatamiento, en virtud de que la violación no surge de dicho procedimiento, sino que nace, en términos de los artículos 139 y 206 de la ley relativa, de la conducta omisiva de las responsables a partir de que se les notifica legalmente la resolución correspondiente y están en aptitud de realizar las actuaciones tendentes a cumplimentarla.
"Queja 11/2005. Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal. 2 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.
"Queja 12/2005. Inspectora de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. 10 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretaria: Natividad Karem Morales Arango.
(Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, tesis VI.1o.A.25 K, página 1596).
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa Q. 33/2003, promovido por Pioneer, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa, se apoyó en las siguientes consideraciones:
"SEXTO. Es pertinente hacer algunas precisiones en relación al supuesto de procedencia del incidente de violación a la suspensión. El artículo 143 de la Ley de Amparo dice: (se transcribe). El artículo 104 a su vez dice que se debe comunicar la sentencia luego que cause ejecutoria y se debe notificar a las autoridades para su cumplimiento; el último párrafo dice que se debe prevenir a las autoridades para que informen sobre su cumplimiento, esto es la sentencia del juicio principal. -De la literalidad del artículo 104 de la Ley de Amparo, se advierte que sí se debe requerir en el incidente de suspensión a las autoridades responsables para que informen sobre el cumplimiento que den al auto que conceda la suspensión, ya sea provisional o definitiva; sin embargo, en la práctica no se acostumbra, y ello se explica, pues por regla general dichos acuerdos no contienen un principio de ejecución, es decir, una obligación de hacer, sino por el contrario, por lo regular contienen una obligación de no hacer, de abstenerse, es decir, de mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretar la medida suspensiva. Por ende, es sólo en los casos, en que la autoridad realiza un acto, de cuya ejecución, al conceder la suspensión, se le dijo se abstuviera, cuando la parte afectada denuncia tal hecho ante el Juez de Distrito, como violación a la suspensión. Ahora bien, como excepción, existen casos en que la autoridad tiene que hacer algo, un acto positivo para cumplir con el auto de suspensión, y es cuando de acuerdo al artículo 143 que remite al 104, 105, párrafo primero, 107 y 111, todos de la Ley de Amparo, debe requerírsele el cumplimiento. De lo anterior, podemos afirmar que existen dos hipótesis para garantizar el exacto cumplimiento del auto que concede la suspensión: a) Si en el auto que concede la suspensión provisional o definitiva, se ordena se mantengan las cosas en el estado que guardan, sólo se le debe comunicar a la responsable la concesión indicada a fin de que se abstenga de actuar, es decir, de ejecutar el acto reclamado, sin que haya necesidad de requerir a dicha autoridad informe sobre el cumplimiento dado al auto suspensorio pues, se insiste, no debe dar cumplimiento positivo alguno, sino solamente abstenerse de actuar. Si la autoridad llegare a ejecutarlo, podrá promover la parte quejosa el incidente de violación a la suspensión, y de ser fundado, la autoridad responsable será sancionada en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo; y, b) Si en el auto que concede la suspensión provisional o definitiva se ordena a la autoridad realice un acto positivo para dar cumplimiento a la suspensión (como por ejemplo que retire unos sellos de clausura cuando se concede la suspensión, en contra de una clausura por tiempo determinado o indeterminado), el Juez de Distrito del conocimiento, aplicando el artículo 143, que remite al 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, debe comunicar a la responsable la concesión indicada, requiriéndole en forma expresa para que en veinticuatro horas informe sobre el cumplimiento dado al auto suspensorio, si no lo hace, se le debe requerir por conducto de su superior jerárquico quien, en caso de ser contumaz, también incurre en responsabilidad por la falta de cumplimiento. Si pese a los requerimientos no se cumple con la suspensión, el Juez de Distrito dará vista al Ministerio Público, para que con fundamento en el artículo 206 de la Ley de Amparo, consigne a la autoridad responsable, por el delito de abuso de autoridad. Ahora bien, al margen de lo expuesto por la Juez a quo en la resolución recurrida, y lo manifestado por la parte inconforme en los agravios formulados, debe decirse lo siguiente. En la especie, la suspensión definitiva, fue concedida por este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el incidente de suspensión en revisión administrativo 125/2003, en los siguientes términos: (se transcribe). Como puede verse, la medida suspensional concedida a la parte quejosa, no fue sólo para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban pues, aun cuando los oficios reclamados ya se habían girado, en el auto de suspensión definitiva se proveyó que la autoridad responsable dejara sin efecto la orden contenida en los mismos, la cual estaba en proceso de ejecución. De manera que estamos en la hipótesis marcada en líneas anteriores bajo el inciso b), es decir, en el caso no procede la denuncia de violación a la suspensión (pues ésta, dijimos que procede sólo cuando a la autoridad responsable se le dijo que mantuviera las cosas en el estado en que estaban y a pesar de ello realiza actos tendientes a su ejecución, lo que no sucedió en el caso), sino lo que procede es que la Juez a quo, aplicando el artículo 143 de la Ley de Amparo, requiera a la autoridad responsable para que cumpla con el auto que concede la suspensión pues, se insiste, ésta se concedió en contra de un acto que estaba ya en proceso de ejecución y, por tanto, la responsable tiene que realizar un acto positivo para dejar sin efecto la orden contenida en los oficios que ya giró, es decir, dictar las órdenes necesarias para el efecto. Así las cosas, debe declararse infundado el recurso de queja que nos ocupa pues, efectivamente, como lo estimó la Juez a quo, resulta improcedente el incidente de violación a la suspensión intentado por Pioneer, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su autorizado Adolfo López Sánchez. No obstante lo anterior, y de acuerdo con los razonamientos que se sostienen en la presente ejecutoria, debe decirse que la parte inconforme tiene expeditos sus derechos para solicitar se dé cumplimiento a la suspensión concedida, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido, que este Tribunal Colegiado, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil tres, al resolver la queja 23/2003, en el que se planteó un asunto similar al que nos ocupa, determinó que si la parte quejosa consideraba que no se había respetado la suspensión otorgada, tenía expedito su derecho para ejercitar los medios de defensa que la propia Ley de Amparo establece; y si bien, al revisar el asunto en comento, se llega al conocimiento de que en él sólo se esbozó la posibilidad de promover la denuncia de violación a la suspensión en un caso determinado, tal criterio no debe ser tomando como una regla general."
De las consideraciones transcritas con anterioridad, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, sostuvo el siguiente criterio:
"SUSPENSIÓN. HIPÓTESIS PARA GARANTIZAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL AUTO QUE LA CONCEDE. En la práctica no se acostumbra requerir en el incidente de suspensión a las autoridades responsables para que informen sobre el cumplimiento que den al auto que conceda la suspensión, ya sea provisional o definitiva y ello se explica, por regla general, porque dichos acuerdos no contienen un principio de ejecución, es decir, una obligación de hacer, sino por el contrario, contienen una obligación de no hacer, de abstenerse, es decir, de mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretar la medida suspensiva. Por ende, es sólo en los casos en que la autoridad realiza un acto de cuya ejecución, al concederse la suspensión, se le dijo se abstuviera, cuando la parte afectada puede denunciar tal hecho ante el Juez de Distrito, como violación a la suspensión. Ahora bien, como excepción existen casos en que la autoridad tiene que hacer algo, un acto positivo para cumplir con el auto de suspensión, y es cuando de acuerdo con el artículo 143 que remite a los diversos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo debe requerírsele el cumplimiento. De lo anterior, podemos afirmar que existen dos hipótesis para garantizar el exacto cumplimiento del auto que concede la suspensión: a) Si en el auto que concede la suspensión provisional o definitiva se ordena se mantengan las cosas en el estado que guardan, sólo se debe comunicar a la responsable la concesión indicada a fin de que se abstenga de actuar, es decir, de ejecutar el acto reclamado, sin que haya necesidad de requerirle informe sobre el cumplimiento dado al auto suspensorio pues, se insiste, no debe dar cumplimiento positivo alguno, sino solamente abstenerse de actuar. Si la autoridad llegare a ejecutarlo, podrá promover la parte quejosa el incidente de violación a la suspensión, y de ser fundado, la autoridad responsable será sancionada en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo; b) Si en el auto que concede la suspensión provisional o definitiva se ordena a la autoridad realice un acto positivo para dar cumplimiento a la suspensión (como por ejemplo que retire unos sellos de clausura cuando se concede la suspensión, en contra de una clausura por tiempo determinado o indeterminado), el Juez de Distrito del conocimiento, aplicando el artículo 143 que remite a los diversos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la citada ley debe comunicar a la responsable la concesión indicada, requiriéndole en forma expresa para que en veinticuatro horas informe sobre el cumplimiento dado al auto que concedió la suspensión, si no lo hace, se le debe requerir por conducto de su superior jerárquico quien, en caso de ser contumaz, también incurre en responsabilidad por la falta de cumplimiento. Si pese a los requerimientos no se cumple con la suspensión, el Juez de Distrito dará vista al Ministerio Público para que, con fundamento en el artículo 206 de la Ley de Amparo, consigne a la autoridad responsable por el delito de abuso de autoridad.
"Queja 33/2003. Pioneer, S.A de C.V. 9 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel Ríos Flores. Secretario: Eduardo Farías Gasca."
(Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, tesis XXVIII.1 K, página 1631).
CUARTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, reúnen o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales, prevén:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XII
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19270-ef3d02be/violacion-a-la-suspension-la-denuncia-puede-hacerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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