SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO COMPRENDE LOS DERECHOS AGRARIOS DE LOS EJIDATARIOS Y NO LA POSESIÓN QUE EJERCEN QUIENES NO TIENEN ESE CARÁCTER.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 159/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados que participan en la presente contradicción de tesis.
El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en la sentencia que pronunció en sesión de diecinueve de abril del dos mil cinco, al resolver el amparo en revisión 671/2004, promovido por Petra Rentería Domínguez, en lo conducente, determinó:
"QUINTO. Uno de los agravios es sustancialmente fundado y la deficiencia que presenta la suple este tribunal, de acuerdo con la facultad que le confiere el artículo 76 Bis, fracción III, en relación con los numerales 227 y 212, fracción III, todos de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el juicio de amparo en análisis es de materia agraria y la quejosa lo promovió con el propósito de que se le reconozca como sucesora y ejidataria de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a su madre Felipa Domínguez Ríos ... esto es, como aspirante a la calidad de ejidatario.
"Los artículos 17, 18 y 78 de la Ley Agraria establecen, respectivamente:
"‘Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.
"‘La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.’
"‘Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
"‘I. Al cónyuge;
"‘II. A la concubina o concubinario;
"‘III. A uno de los hijos del ejidatario;
"‘IV. A uno de sus ascendientes; y,
"‘V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.
"‘En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el tribunal agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.’
"‘Artículo 78. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley.
"‘En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos de esta ley.’
"Conforme a esos artículos, los ejidatarios tienen el derecho de designar a las personas que los sucedan en sus derechos sobre su parcela y los demás inherentes a su calidad de ejidatario; y cuando no existe esa designación, la ley contempla esa transmisión de derechos a favor de las personas más cercanas a él, en un orden de preferencia previamente establecido.
"De acuerdo con el artículo 78 de esa legislación, los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditan con los correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, donde se asientan los datos de identificación de aquéllas.
"La interpretación de esas normas lleva a una conclusión estricta, en el sentido de que sólo pueden transmitirse por sucesión los derechos de los ejidatarios sobre las parcelas formalmente tituladas; sin embargo, surge una inquietud al pensar por qué razones el sucesor designado por un ejidatario o elegido de acuerdo con el orden de preferencia establecido por la ley, no puede continuar en la posesión, uso y disfrute de la parcela o parcelas asignadas en forma económica o de hecho al autor de la sucesión, si finalmente a través de ese ejercicio puede obtenerse la titularidad de un derecho agrario.
"En el artículo 2o. de la Ley Agraria se contempla la posibilidad de aplicar en forma supletoria la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.
"El artículo 1281 del Código Civil Federal dispone:
"‘Artículo 1281. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.’
"Como puede observarse, son susceptibles de transmitir por herencia, los bienes del autor de la sucesión, así como los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.
"Para estar en aptitud de establecer si la posesión de hecho puede transmitirse por herencia y en qué supuestos, es conveniente consultar el Tomo II del Compendio de Derecho Civil, relativo a los bienes, derechos reales y sucesiones, correspondiente a la vigésima quinta edición, donde el autor Rafael Rojina Villegas, expuso:
"‘4. Transmisión de la posesión. Habiéndonos referido a los derechos subjetivos transmisibles por herencia, nos resta tratar la transmisión de la posesión que no es en nuestro concepto un derecho subjetivo. Estimamos que la posesión no es un derecho real; pero implica un valor patrimonial. La posesión constituye un poder de hecho, no un poder jurídico, lo que no impide que, además del poder de hecho, se reúnan en el poseedor las características de un poder jurídico determinado, o que la posesión exista simplemente por virtud del poder de hecho. De esta suerte puede coincidir el poder de hecho con el jurídico, o no coincidir. En la posesión del ladrón, sólo encontramos un poder de hecho, en la del propietario, usufructuario o usuario, existe un poder de hecho y un poder jurídico, pero no se tiene la posesión por el poder jurídico pues, puede éste faltar y se tendrá por la existencia del poder de hecho. No siendo éste el lugar para estudiar detenidamente la naturaleza de la posesión, basta citar por ahora el artículo que la define, siguiendo la doctrina objetiva postulada por Ihering, y reconocida en los códigos alemán y suizo. (Art. 790) «Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él». La posesión como poder de hecho es transmisible por herencia y su estudio lo debemos separar de la transmisión de los derechos reales y especialmente, de la propiedad. En otras palabras, los herederos adquieren la posesión animus dominio de los bienes de la herencia, aun cuando no adquieran la propiedad, si este derecho real no existe en el patrimonio del de cujus. Si el autor de la sucesión no es propietario, sino simplemente poseedor de ciertos bienes en concepto de dueño, los herederos son adquirentes de la posesión. Continúa ésta para todos los efectos legales, y pueden llegar a adquirir el dominio por prescripción, contándose en el tiempo de ésta el plazo transcurrido durante la posesión del autor de la herencia. Cuando el derecho de propiedad sobre los bienes heredados existe en el patrimonio del causante, éste se transmite a los herederos y, consecuentemente, la posesión. De lo expuesto se deduce que la transmisión de la posesión puede realizarse en forma autónoma, como simple poder de hecho, sin que exista un dominio en el de cujus, o en forma derivada, como consecuencia de la transmisión de la propiedad.’
"En ese punto de vista se sostiene, en términos generales, la posibilidad de transmitir por herencia una posesión de hecho, sin distinguir la causa que le dé origen, es decir, si es legal o no.
"Sin embargo, a juicio de este tribunal sólo debe ser susceptible de transmitirse por herencia la posesión que surge de una causa legal, aquella cuyo ejercicio puede derivar en la titularidad de un derecho, porque sólo en esos casos es justo y técnico que el sucesor conserve la posesión, el uso y disfrute que ejerció el autor de la sucesión, pues de otra manera se privaría a aquél de la posibilidad de adquirir un derecho agrario, cuya expectativa dejó latente el de cujus al morir.
"Es preciso aclarar, que la cita de ese comentario se realizó con apoyo en la tesis 2a. LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.’ (se transcribe su texto).
"Por otra parte, es conveniente analizar el artículo 56 de la Ley Agraria, así como los numerales 3, 19, 29, 30, 31, 36 y 37 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que dicen respectivamente:
"‘Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas a favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:
"‘I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondiente al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;
"‘II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y
"‘III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.
"‘En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, a favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.’
"‘Artículo 3o. Son tierras formalmente parceladas aquellas que han sido asignadas individualmente a los ejidatarios mediante:
"‘I. Resolución agraria administrativa;
"‘II. Resolución jurisdiccional, o
"‘III. Resolución de la asamblea, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la ley.
"‘Las demás tierras ejidales, independientemente del régimen de explotación a que estén sometidas, siempre que no se trate de tierras donde se ubique el poblado ejidal o que hayan sido expresamente destinadas por la asamblea al asentamiento humano, se considerarán tierras no formalmente parceladas. El parcelamiento que exista en estas tierras, tendrá el carácter de económico o de hecho.’
"‘Artículo 19. La asamblea podrá realizar, en los términos del artículo 56 de la ley, las siguientes acciones sobre las tierras no formalmente parceladas:
"‘I. Destinarlas al asentamiento humano, al uso común o al parcelamiento;
"‘II. Reconocer el parcelamiento económico o de hecho;
"‘III. Regularizar la tenencia de los ejidatarios que por cualquier causa carezcan del certificado correspondiente;
"‘IV. Regularizar la tenencia de los posesionarios, o
"‘V. Efectuar su parcelamiento.
"‘En todo caso, al realizar estas acciones la asamblea deberá respetar los derechos existentes sobre las tierras de que se trate.’
"‘Artículo 29. La asamblea al destinar tierras al parcelamiento, podrá:
"‘I. Reconocer el parcelamiento económico o de hecho, o
"‘II. Parcelar las tierras en las que no exista ningún tipo de parcelamiento.’
"‘Artículo 30. Cuando la asamblea reconozca el parcelamiento económico o de hecho, procederá a regularizar la tenencia de los ejidatarios. Asimismo, podrá reconocer a los posesionarios y regularizar su tenencia en los términos del capítulo tercero del presente título.
"‘Si resultaren tierras vacantes, podrá asignar los derechos ejidales a individuos o grupos de individuos.’
"‘Artículo 31. A partir del reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho, la asamblea realizará la asignación de parcelas de acuerdo con el procedimiento siguiente:
"‘I. Se identificarán las parcelas en el plano interno del ejido, en los términos de lo dispuesto por las normas técnicas aplicables;
"‘II. Se relacionarán cada una de las parcelas con sus respectivos beneficiarios, y
"‘III. El plano a que se refiere la fracción I de este artículo será puesto a consideración de la asamblea para su aprobación, debiéndose efectuar con base en el mismo las asignaciones correspondientes.’
"‘Artículo 36. La asamblea podrá regularizar la tenencia de los posesionarios, debiendo delimitar las parcelas de que se trate y solicitar al registro la expedición de los certificados correspondientes, una vez que se haya observado, en lo conducente, el procedimiento establecido en el artículo 31 de este reglamento.’
"‘Artículo 37. Los posesionarios reconocidos por la asamblea tendrán los derechos de uso y disfrute sobre las parcelas de que se trate, a menos que la asamblea decida otorgar derechos adicionales sobre las demás tierras o bienes del ejido.’
"Con base en el estudio de esas normas es posible determinar que dentro de un ejido pueden existir dos clases de parcelamiento:
"a) El formal, a través del que se asigna individualmente a los ejidatarios su parcela mediante una resolución agraria administrativa; una resolución jurisdiccional o una determinación de la asamblea, en términos de lo dispuesto por el numeral 56 de la Ley Agraria; y,
"b) El denominado económico o de hecho, constituido por las demás tierras ejidales, independientemente del régimen de explotación a que estén sometidas, siempre que no se trate de tierras donde se ubique el poblado ejidal o que hayan sido expresamente destinadas por la asamblea al asentamiento humano.
"El derecho sobre las tierras formalmente parceladas, se acredita a través del certificado de derechos agrarios o del certificado parcelario, según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Agraria y por disposición expresa del numeral 17 ibídem son transmisibles por herencia.
"En cambio, en las tierras asignadas a los ejidatarios mediante un parcelamiento económico o de hecho, aún no existe la titularidad del derecho de posesión, uso y usufructo de aquéllas, sólo un poder de hecho y la posibilidad de que la asamblea lo reconozca y lleve a cabo la regularización respectiva.
"Sin embargo, la posesión, uso y usufructo de esas parcelas está previsto en la ley y su titulación no depende exclusivamente del ejidatario interesado, entonces, no sería justo ni técnico prohibir la transmisión de aquéllos por herencia, en los mismos términos y alcances que los ejercía el autor de la sucesión, con los mismos riesgos de no ser reconocidos y las mismas posibilidades de que sí lo sean y en futuro exista una titulación de esos derechos a favor del sucesor.
"El parcelamiento de hecho generalmente constituye uno de los pasos a seguir para la regularización de la tenencia de la tierra; está previsto en la ley, de manera que la posesión, uso y disfrute a que da lugar es legal, entonces, no existe razón para desconocer la posibilidad de transmitir el ejercicio de aquéllos por medio de herencia.
"Ahora bien, en el presente caso, el cuestionamiento en el juicio de amparo radica en la negativa de la autoridad responsable de reconocer a la inconforme como sucesora del uso de la parcela asignada de hecho al autor de la sucesión.
"En la sentencia recurrida, el señor Juez de Distrito consideró, en esencia, que en el juicio sucesorio agrario sólo son susceptibles de transmitirse por herencia los derechos agrarios legalmente reconocidos al titular de la sucesión; sin embargo, este tribunal no comparte ese criterio respetable, por las razones expuestas con anterioridad.
"Entonces, es posible determinar que el acto reclamado infringe en perjuicio de la recurrente las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ese motivo, procede revocar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el acto reclamado y pronuncie uno nuevo, en el que, con plenitud de jurisdicción, valore las pruebas tendentes a demostrar el origen de la parcela en conflicto y resuelva el asunto de acuerdo con el criterio establecido en esta ejecutoria, pues sólo de esa manera podrá restituir a la quejosa en el pleno goce de las garantías individuales violadas, como lo previene el numeral 80 de la Ley de Amparo."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 12/97, promovido por Vicente Aviña Zaragoza y Carolina Buenrostro Sánchez, en sesión de veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, en relación con el tema materia de la presente contradicción de tesis, sostuvo:
"IV. Es sustancialmente fundado y preponderante, el concepto de violación en el que los ahora quejosos aducen que el tribunal responsable obró contra derecho, al determinar en su sentencia que se adjudicaran a la aquí tercera perjudicada, a través del juicio sucesorio en cuestión, los derechos agrarios que en vida pertenecieron al de cujus José Buenrostro Sánchez, así como que le fuera expedido el correspondiente certificado de derechos agrarios, ya que como éste no tenía legalmente reconocidos tales derechos, no podían ser materia de sucesión.
"En efecto, los artículos 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Agraria, respectivamente dicen:
"‘Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.’. ‘Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.’. ‘Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere: I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establece cada ejido en su reglamento interno.’. ‘Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita: I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o III. Con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario.’. ‘Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.’. ‘Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el tribunal agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.’
"Ahora bien, de la interpretación armónica y sistematizada de dichos preceptos, se arriba a la conclusión de que, ciertamente, sólo pueden ser materia de sucesión los derechos agrarios legalmente reconocidos al ejidatario, ya que la ley señala: que son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales; que la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario, de derechos comunes o con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario; que el ejidatario, es decir, quien sea titular de derechos ejidales, lo cual se demuestra con aquellos certificados o con la sentencia o resolución correspondiente del tribunal agrario, tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al que deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, para lo cual podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona; y, que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los herederos señalados en la lista pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo al orden que el artículo 18 de la referida Ley Agraria establece.
"Como puede verse, sólo son susceptibles de transmitirse por herencia, los derechos agrarios legalmente reconocidos, esto es, los que pertenecen a quienes sean titulares de derechos ejidales, lo cual se acredita con los respectivos certificados de derechos agrarios, comunales, o con la sentencia o resolución del tribunal agrario.
"Sin embargo, dado que en el juicio sucesorio agrario de donde emana la sentencia reclamada, ni siquiera existe controversia acerca de que el de cujus tenía legalmente reconocidos los derechos que pudo haberle generado la posesión que mantuvo en vida sobre la unidad de dotación en controversia, puesto que la aquí tercera perjudicada, inclusive reconoce que aquél no tuvo título alguno al respecto, es claro que esos derechos, de acuerdo con lo antes precisado, no pueden ser legalmente materia de sucesión.
"Consecuentemente, como el tribunal responsable consideró lo contrario, esto es, que los derechos posesorios ejidales, aun cuando no hayan sido legalmente reconocidos, son susceptibles de ser transmitidos por herencia, es incuestionable que transgredió en perjuicio de los ahora quejosos, las garantías de seguridad jurídica establecidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haberse plegado a lo que sobre el punto controvertido mandan las citadas disposiciones de la Ley Agraria.
"En esas relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el citado tribunal agrario deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emita otra en la que determine que los susodichos derechos posesorios que en vida tuvo José Buenrostro Sánchez, no pueden ser materia de sucesión y, en consecuencia, decida la litis agraria que le fue planteada.
"En virtud de que el aludido concepto de violación acarrea la insubsistencia de la sentencia reclamada, es innecesario hacer el estudio de los restantes."
De las consideraciones que sustentan la ejecutoria anterior, se originó la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación a continuación se precisan:
"JUICIO SUCESORIO AGRARIO, SÓLO PUEDEN SER MATERIA DEL, LOS DERECHOS AGRARIOS LEGALMENTE RECONOCIDOS. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, que entró en vigor a partir del día siguiente, se concluye que sólo son susceptibles de transmitirse por herencia los derechos agrarios legalmente reconocidos, es decir, los que pertenecen a quienes sean titulares de derechos ejidales, lo cual se acredita con los respectivos certificados de derechos agrarios, parcelario o de derechos comunes, expedidos por autoridad competente, o con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario, ya que tales preceptos, respectivamente, señalan: que son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales; que la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o con la sentencia o resolución del tribunal agrario; que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los derechos inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al que deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, para lo cual podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona; y que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los herederos señalados en la lista pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden que el artículo 18 de la referida Ley Agraria establece. Por tanto, el Tribunal Unitario Agrario responsable actuó incorrectamente al determinar que los derechos posesorios ejidales son susceptibles de transmitirse por herencia, aun cuando no hayan sido legalmente reconocidos." (Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, mayo de 1997. Tesis III.1o.A.40 A. Página 637).
QUINTO. El análisis de las resoluciones transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Con el propósito de corroborar tal aserto, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las determinaciones opositoras, de los cuales destaca que:
1. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito emitió su criterio al resolver un amparo en revisión en el que:
a) La quejosa Petra Domínguez Ríos, reclamó la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario responsable en las diligencias de jurisdicción voluntaria que la misma promovió, en la parte que "no la reconoció como sucesora de los derechos de la parcela de aproximadamente ocho hectáreas ... que según refirió tenía en posesión la extinta ejidataria Felipa Domínguez Ríos", con base en que "en la constancia de vigencia de derechos agrarios, expedida por el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional... se señala que a la extinta ejidataria... sólo se le asignó el 0.269% de aprovechamiento sobre las tierras de uso común ... Se dejan a salvo los derechos de Petra Domínguez Ríos, con respecto a la parcela que menciona".
b) En la sentencia recurrida el Juez de Distrito determinó negar el amparo solicitado, por advertir que "aun cuando en el procedimiento natural se acredita la existencia de la parcela de que se trata, lo cierto es que no existe certificado de derechos parcelarios que ampare la designación a la de cujus, pues como ya se dijo, sólo son susceptibles de transmitirse por herencia los derechos agrarios legalmente reconocidos, es decir, los que pertenecen a quienes sean titulares de derechos ejidales".
c) Al conocer del recurso de revisión interpuesto por la quejosa en contra de la determinación anterior, el aludido Tribunal Colegiado analizó lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 78 de la Ley Agraria, de cuya interpretación dedujo que "lleva a una concl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19302-1c0930ff/sucesion-en-materia-agraria-solo-comprende-los-derechos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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