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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. AL OPONER LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, DEBE PRECISAR LOS ELEMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19363
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 733.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.

Las consideraciones del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral número DT. 24433/2002, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, demandado en el juicio natural, que dio origen a la tesis aislada I.13o.T.13 L publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, página 1217, de rubro:

"SEGURO SOCIAL. AL OPONER EL INSTITUTO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, DEBE PRECISAR LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN A LA JUNTA REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO."

Quien se apoyó en las consideraciones que se transcriben a continuación:

"QUINTO. El análisis de los conceptos de violación propuestos, lleva a definir lo siguiente. En el primer concepto de violación, el quejoso aduce fundamentalmente que el laudo es ilegal y violatorio, por contravenir los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, los diversos numerales 14 y 16 de nuestra Carta Magna, porque la autoridad de instancia omitió valorar todas y cada una de las constancias del juicio, en especial la demanda, contestación y pruebas rendidas por las partes, en razón de que aportó a la contienda laboral la documental consistente en la hoja de certificación de derechos a nombre de la actora, de veintidós de mayo de dos mil uno, cuyo perfeccionamiento ofreció, en la que consta que la accionante fue dada de baja del régimen obligatorio del Seguro Social el seis de febrero de mil novecientos noventa y dos; que conservó sus derechos en el ramo de IVCM hasta el nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, y que, por tanto, era procedente la excepción de prescripción que opuso en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia celebrada el siete de septiembre de dos mil uno, en los siguientes términos: ‘... toda vez que el autor causó baja ante mi mandante el 6 de febrero de 1992, a partir del 9 de enero de 1998 quedó fuera de la conservación de derechos por lo que esta Junta deberá tomar en consideración tal situación y deberá absolver a mi mandante de las prestaciones reclamadas y para el caso de que dicha documental sea objetada, se ofrece su medio de perfeccionamiento ...’; de lo que se obtenía que la responsable no estudió la referida documental, que hizo caso omiso de las manifestaciones de la demandada y dejó de atender el artículo 182 de la Ley del Seguro Social, donde establecía que los asegurados que dejaran de pertenecer al régimen del Seguro Social obligatorio conservarían sus derechos adquiridos en las pensiones en seguros de invalidez, cesantía por edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus semanas cotizadas; que al ser dada de baja el seis de febrero de mil novecientos noventa y dos, a partir del nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho había quedado fuera de la conservación de sus derechos, por lo que al presentar su demanda el diecinueve de enero de dos mil uno, resultaba procedente la excepción de prescripción por estar fuera de la conservación de sus derechos. Lo así aducido, respecto a que se probó con el certificado de derechos, que se instó el juicio fuera de la vigencia de derechos, es inatendible, porque lo que se alega no fue planteado ante la potestad de la autoridad de instancia en la etapa de demanda y excepciones, que conforme al artículo 878 del código laboral, después de expuesta la demanda, la contraparte al contestar la misma opondrá sus excepciones y defensas, lo que implica que es en esa etapa el momento procesal oportuno para ello, y no otro, por tanto, la Junta del conocimiento no tenía por qué atender una manifestación que no fue planteada en su momento, por no ser materia de litis. En ese orden de ideas, si el impetrante de garantías manifestó dentro de la audiencia de siete de septiembre de dos mil uno, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y ahora reitera en sus conceptos de violación que ‘... toda vez que el actor causó baja ante mi mandante el 6 de febrero de 1992, a partir del 9 de enero de 1998 quedó fuera de la conservación de derechos por lo que esta Junta deberá tomar en consideración tal situación y deberá absolver a mi mandante de las prestaciones reclamadas ...’, dicho alegato es inatendible, porque lo hizo fuera del momento procesal oportuno en que se fijan los puntos jurídicos de la contienda. Ahora, si como lo aduce el quejoso la Junta no analizó ni valoró el contenido del multicitado certificado de derechos en el aspecto censurado, tal omisión es intrascendente porque dicho documento deviene inconducente para acreditar una excepción que no se hizo valer en su momento procesal. Por tanto, si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo en la litis constitucional, en razón de que en la sentencia de amparo se deben tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional. Apoya esta decisión la tesis de jurisprudencia trescientos veintiocho, emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, Volumen 1, Séptima Época, cuyos rubro y contenido son del tenor literal siguiente: ‘LITIS CONSTITUCIONAL. MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional.’. Por otra parte, este alegato es inoperante por las siguientes razones. El artículo 280 de la anterior Ley del Seguro Social estatuye: ‘Artículo 280. Es inextinguible el derecho al otorgamiento a una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente ley para gozar de las prestaciones correspondientes. En el supuesto de que antes de cumplir con los requisitos relativos a número de cotizaciones o edad se termine la relación laboral, el asegurado no habrá adquirido el derecho a recibir la pensión; sin perjuicio de lo anterior, para la conservación y reconocimiento de sus derechos se aplicara lo dispuesto en los artículos 182 o 183 de esta ley, según sea el caso.’. Con base en la disposición transcrita, debe precisarse que el impetrante confunde la prescripción con la figura jurídica de conservación de derechos, que son cosas distintas, ya que lo que prescribe es el pago de las pensiones y no así el otorgamiento o reconocimiento de las mismas, como así lo dispone el artículo 280 de la Ley del Seguro Social derogada (301 de la vigente), es decir, que lo que prescribe es la acción ejercida respecto al pago de una pensión que haya sido otorgada previamente, pero el reconocimiento de una afectación orgánica y como consecuencia el derecho a reclamar el otorgamiento de una pensión determinada es imprescriptible. Amén de que el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que invocó al oponer su excepción, es inaplicable en materia de prescripción, porque tratándose de otorgamiento y pago de una pensión deben aplicarse las disposiciones de la Ley del Seguro Social y no la del código obrero. Se surte al presente caso la tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/98, consultable en la página doscientos cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE. El artículo 280 de la anterior Ley del Seguro Social, que coincide con lo dispuesto por el numeral 301 del mismo ordenamiento en vigor, establece en lo sustancial, que es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley para gozar de las prestaciones correspondientes. Por tanto, el ejercicio de las acciones derivadas del reconocimiento de un estado de incapacidad determinado para el efecto de obtener el otorgamiento y pago de una pensión a favor del trabajador asegurado, se rige por ese precepto de la Ley del Seguro Social y no por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que cuando en una controversia laboral se ejerciten acciones o derechos relacionados directamente con prestaciones de seguridad social como lo es el otorgamiento y pago de una pensión, y respecto de ellos el Instituto Mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda, oponga la excepción de prescripción, debe aplicarse la mencionada disposición de la Ley del Seguro Social, pues la regulación tanto del derecho que el trabajador asegurado tiene a las prestaciones de seguridad social, como de la extinción de ese derecho en razón del tiempo transcurrido, escapan del ámbito de aplicación de las normas que sobre prescripción se contienen en la Ley Federal del Trabajo.’. Por lo que hace al concepto ‘conservación de derechos’, cabe indicar que el primer párrafo del artículo 182 de la Ley del Seguro Social estatuye: ‘Artículo 182. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del Seguro Social obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses.’. Conforme a lo anterior, se obtiene que la vigencia de derechos es una institución jurídica de orden público en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídicas, consagrada en el artículo 182 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que no puede examinarse de oficio, pues requiere de la interposición de la parte interesada cuya defensa no debe suplirse, por tanto, es indispensable que quien la oponga proporcione los datos específicos o elementos necesarios para que la Junta la analice y pueda hacer el cómputo respectivo, tales como: a) el tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) el lapso por el cual considera que estuvieron vigentes los derechos; y, c) el día en que fenecieron; datos que, de modo indudable, pongan en relieve que la reclamación se presentó fuera de la vigencia del derecho social y que por esa razón se haya extinguido para exigir su cumplimiento, evitando así que la autoridad laboral supla la deficiencia a favor del instituto en la oposición de ese medio de defensa, en respeto al principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso a estudio, de autos del juicio natural se advierte que en la audiencia celebrada el siete de septiembre de dos mil uno, en la etapa de demanda y excepciones, el apoderado del instituto demandado manifestó: ‘... en el supuesto que llegue a acreditar sus extremos, no acredita que hayan sido dentro de su periodo de conservación de derechos, por lo que se hace hincapié en oponer desde este momento la excepción de prescripción con fundamento en los artículos 516 y 300 de la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, respectivamente ...’; más adelante, en vía de dúplica señaló: ‘... por lo que hace a la fecha en que supuestamente mi mandante le reconoció los supuestos padecimientos que señala sin reconocer ni aceptar ningún derecho para la parte actora, éstos según ella fueron otorgados por mi mandante, pero en todo caso fuera de su periodo de conservación de derechos, por lo que carece de toda acción y derecho para reclamar de mi mandante todas y cada una de las prestaciones que indebidamente pretende, reiterando la excepción de prescripción conforme al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, relacionada con el artículo 300 de la ley de mi mandante ...’ (fojas cuarenta y ocho y cuarenta y nueve). Conforme a lo hasta aquí apuntado, se advierte que el excepcionante al oponer su medio de defensa lo hizo de manera deficiente, ya que al hacerlo en la etapa de demanda y excepciones (momento procesal oportuno para ello) no fijó los parámetros dentro de los cuales consideraba por qué la actora no estaba dentro de la vigencia de sus derechos, es decir, no precisó cuándo comenzó a contar el término de vigencia de derechos ni cuándo precluyó y, por ende, tampoco precisó el periodo en que se encontraban vigentes los derechos de la actora, sino que dogmáticamente adujo ‘que carecía de acción y derecho por estar fuera del periodo de vigencia de sus derechos’, y al no dar los elementos necesarios, la Junta del conocimiento no podía analizar la preclusión de la vigencia de derechos de la actora que alegó el instituto demandado, pues de hacerlo, como se vio, significaría aplicar a su favor la suplencia de su queja deficiente, lo que no es permitido tratándose de una persona distinta al trabajador. Consecuentemente y atento a lo expuesto y razonado, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado emite la siguiente tesis, cuyos rubro y contenido son del tenor siguiente: ‘SEGURO SOCIAL. AL OPONER EL INSTITUTO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, SE DEBEN PRECISAR LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN A LA JUNTA REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO. La vigencia de derechos es una institución jurídica de orden público en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídicas, consagrada en el artículo 182 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que no puede examinarse de oficio, pues requiere de la interposición de la parte interesada cuya defensa no debe suplirse, por tanto, es indispensable que quien la oponga proporcione los datos específicos o elementos necesarios para que la Junta la analice y pueda hacer el cómputo respectivo, tales como: a) el tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) el lapso por el cual se considera que estuvieron vigentes los derechos; y, c) el día en que fenecieron; datos que, de modo indudable, pongan en relieve que la reclamación se presentó fuera de la vigencia del derecho social, y que por esa razón se haya extinguido para exigir su cumplimiento, evitando así que la autoridad laboral supla la deficiencia a favor del instituto en la oposición de ese medio de defensa, en respeto al principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.’. En su segundo motivo de agravio se aduce fundamentalmente que el laudo es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y de los preceptos 841 y 842 de la ley laboral, porque no es congruente con las constancias del juicio natural, al desestimar el promedio salarial de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas en la cantidad de $14.45 (catorce pesos cuarenta y cinco centavos) acreditada en la hoja de certificación de derechos a nombre de la actora, bajo el argumento de que esa cantidad era inferior al salario mínimo general vigente al diecinueve de enero de dos mil a razón de $37.90 (treinta y siete pesos noventa centavos), cuando el artículo 167 de la Ley del Seguro Social establece que debe estarse al salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización para determinar la cuantía básica de la pensión de invalidez, que en el juicio fue de $14.45 (catorce pesos cuarenta y cinco centavos). Este motivo de violación es infundado, porque si bien es cierto que del certificado de derechos se advierte que el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización se acreditó la cantidad de catorce pesos cuarenta y cinco centavos, también lo es que este monto era menor al salario mínimo vigente en el momento en que se determinó la fecha en que se pagaría la pensión a que se condenó. En este contexto, este Tribunal Colegiado considera que la responsable estuvo en lo correcto al decidir que el salario promedio de cotización que se desprendía de la hoja de certificación de derechos, era inferior al mínimo general vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se condenó al reconocimiento, otorgamiento y pago de la pensión de invalidez, que fue por la cantidad de treinta y siete pesos noventa centavos, y tener ese monto como base para el cálculo de la pensión y no el señalado en la mencionada constancia. Lo anterior es así, porque el numeral 168 de la Ley del Seguro Social establece, en lo que interesa, que la pensión de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no puede ser inferior al cien por ciento del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal, lo que denota que el espíritu del legislador de la ley laboral, es de tendencia protectora a la clase obrera en materia de seguridad social, máxime cuando se encuentran incapacitados. En el tercer concepto de violación, el quejoso alega que el laudo combatido es violatorio de garantías, ya que la responsable indebidamente lo condenó a pagar la cantidad de treinta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos setenta y cinco centavos, por el periodo comprendido del diecinueve de enero de dos mil al treinta de mayo de dos mil dos, y de un mil doscientos ochenta y dos pesos noventa y seis centavos mensuales a partir del primero de junio de dos mil dos, obteniendo dicha suma de un procedimiento aritmético que conculca su esfera jurídica, pues para conocer el monto de la cuantificación mensual por la pensión de invalidez, en términos del artículo 167 de la Ley del Seguro Social, se debe determinar la cuantía básica y los incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización; que según el certificado de derechos, el actor tiene reconocidas un mil doscientos treinta y seis semanas de cotización, y la cantidad que se tomó como salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización fue la de treinta y siete pesos noventa centavos, que el salario mínimo vigente en el Distrito Federal a la fecha de presentación de la demanda era por la misma cantidad; que para sacar el porcentaje de la cuantía básica y de los incrementos se divide el salario promedio entre el salario mínimo, dando como resultado una vez el salario mínimo general en el Distrito Federal de la tabla del artículo 167 de la Ley del Seguro Social, en 1.01 a 1.25, correspondiendo la cuantía básica a un 80% y al incremento anual de 0.563%, realizando el impetrante, diversas operaciones aritméticas en las que obtuvo como resultado una cantidad de treinta mil ciento veintiocho pesos noventa centavos (sic), por el concepto de pago a la pensión de invalidez por el periodo comprendido del diecinueve de enero de dos mil al treinta de mayo de dos mil dos, y como pensión mensual a partir del primero de junio de dos mil dos la diversa cantidad de un mil ciento veintiocho pesos cincuenta y seis centavos, con los incrementos a que se refiere el artículo 172 de la Ley del Seguro Social. Es fundado este concepto de violación, por los siguientes motivos. Para una mejor comprensión de la litis constitucional planteada, es menester transcribir el artículo 167 de la derogada Ley del Seguro Social, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 167. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización. La cuantía básica y los incrementos serán calculados conforme a la siguiente tabla:

Ver tabla

"‘Para los efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario, el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas señaladas, se tomarán las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensión por invalidez o por muerte. El salario diario que resulte se expresará en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal vigente en la fecha en que el asegurado se pensione, a fin de determinar el grupo de la tabla que antecede en que el propio asegurado se encuentre. Los porcentajes para calcular la cuantía básica, así como los incrementos anuales se aplicarán al salario promedio diario mencionado. El derecho al incremento anual se adquiere por cada cincuenta y dos semanas más de cotización. Los incrementos a la cuantía básica, tratándose de fracciones del año, se calcularán en la siguiente forma: a) Con trece a veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cincuenta por ciento del incremento anual. b) Con más de veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al cien por ciento del incremento anual. El instituto otorgará a los pensionados comprendidos en este capítulo, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad, del importe de la pensión que perciban.’. En autos del juicio natural quedó establecido que el salario diario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización del actor ascendió a la cantidad de treinta y siete pesos noventa centavos, por ser el salario mínimo para el Distrito Federal en la fecha de la presentación de la demanda, que fue el diecinueve de enero de dos mil uno; ahora bien, de acuerdo con el artículo anteriormente citado, para saber el salario diario en veces el salario mínimo general, dividimos las cantidades mencionadas en este párrafo, es decir, el salario promedio entre el salario mínimo dándonos como veces del salario mínimo 1 (uno). Obtenida dicha cantidad, se recurre a la tabla transcrita en la que encuadra en la primera línea, por lo que la cuantía básica que le corresponde a dicho salario es de 80% (ochenta por ciento), y el incremento anual de 0.563% (cero punto quinientos sesenta y tres por ciento). Ahora, con los anteriores elementos, para determinar el monto de la cuantía básica sin incrementos, se aplica al salario diario promedio de $37.90 (treinta y siete pesos noventa centavos) el porcentaje de la cuantía básica de 80% (ochenta por ciento), cuyo resultado debe ser multiplicado por trescientos sesenta y cinco días, dando un total de $11,066.80 (once mil sesenta y seis pesos ochenta centavos), cantidad que constituye el monto de la pensión anual, la que dividida entre doce dan $922.23 (novecientos veintidós pesos veintitrés centavos), como pensión mensual. Para el cálculo de los incrementos, es menester obtener primero las semanas excedentes a las quinientas semanas de cotización; así tenemos que, en el presente caso, la trabajadora cotizó 1236 (un mil doscientos treinta y seis) semanas, por lo que resulta un excedente de 736 (setecientos treinta y seis), las que divididas entre cincuenta y dos semanas resultan 14.15 (catorce punto quince), cantidad que multiplicada por el porcentaje de incremento anual aplicable a razón de 0.563% (cero punto quinientos sesenta y tres por ciento), resultando de esta última operación el 7.966% (siete punto novecientos sesenta y seis por ciento) de incremento anual. Continuando con la operación, tenemos que el porcentaje de 7.966% (siete punto novecientos sesenta y seis por ciento) se aplica al monto de salario diario promedio de $37.90 (treinta y siete pesos noventa centavos), dando como resultado $3.019 (tres pesos 019/100 moneda nacional) diarios de incrementos, que multiplicado nuevamente por trescientos sesenta y cinco días del año, dan $1,101.93 (un mil ciento un pesos noventa y tres centavos), como el monto de incremento anual, el que dividido entre doce dan la cantidad de $91.82 (noventa y un pesos ochenta y dos centavos), como incremento mensual. En este orden de ideas, para determinar el monto de la pensión mensual, debe sumarse la pensión anual por invalidez primeramente determinada de $11,066.80 (once mil sesenta y seis pesos ochenta centavos) más el incremento anual de $1,101.93 (un mil ciento un pesos noventa y tres centavos), resultando la cantidad de $12,168.73 (doce mil ciento sesenta y ocho pesos setenta y tres centavos), cantidad que dividida entre doce arroja un monto de $1,014.06 (un mil catorce pesos seis centavos), y diarios de $33.80. Obtenidas las mencionadas cantidades, procede cuantificar los incrementos que establece el artículo 172 de la Ley del Seguro Social, respecto a los periodos: del diecinueve de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno y del primero de enero al treinta de mayo de dos mil dos. Así tenemos que, en el considerando sexto del laudo impugnado, se advierte que del diecinueve de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil, no hubo el incremento aludido, por lo que el pago a la pensión reclamada correspondiente a ese periodo (trescientos cuarenta y siete días), conforme a las operaciones aritméticas descritas con anterioridad, da un total de $11,728.60 (once mil setecientos veintiocho pesos sesenta centavos). Respecto al segundo periodo, hubo un incremento del 6.5% (seis punto cinco por ciento), por lo que aplicando dicho porcentaje al monto de la pensión mensual, nos da $1,079.97 (un mil setenta y nueve pesos noventa y siete centavos), como nuevo monto de la pensión mensual, que multiplicada por doce, nos da un resultado total de $12,959.64 (doce mil novecientos cincuenta y nueve pesos sesenta y cuatro centavos), del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno. En lo tocante al último periodo mencionado, que corresponde del primero de enero al treinta de mayo de dos mil dos, el salario mínimo en el Distrito Federal se incrementó un 4.5% (cuatro punto cinco por ciento), que es el que sirve de base para incrementar la pensión de invalidez, por lo que al aplicar ese porcentaje se aplica al monto del último incremento de $1,079.97 (un mil setenta pesos noventa y siete centavos) (sic), nos arroja la cantidad de $1,128.56 (un mil ciento veintiocho pesos cincuenta y seis centavos) que multiplicados por los cinco meses que abarca este último periodo nos da un total de $5,642.80 (cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos ochenta centavos). Bajo esta tesitura, se obtiene que sumadas las cifras mencionadas en este apartado, el monto correcto por el que debe condenar la Junta responsable respecto al pago de la pensión de invalidez reclamada por la actora asciende a la cantidad de $30,331.04 (treinta mil trescientos treinta y un pesos cuatro centavos), por el periodo correspondiente del diecinueve de enero de dos mil al treinta de mayo de dos mil dos. En las relatadas circunstancias, como acertadamente aduce el quejoso, el laudo impugnado es, en el aspecto censurado, violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, pues incorrectamente cuantificó el pago de la pensión de invalidez por la cantidad de $ 34,250.75 (treinta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos setenta y cinco centavos), por el lapso del diecinueve de enero de dos mil al treinta de mayo de dos mil dos, y determinó como concepto de pensión mensual a partir del primero de junio de dos mil dos, la cifra de $1,282.96 (un mil doscientos ochenta y dos pesos noventa y seis centavos), pues como se acaba de analizar, la condena correcta al pago de esa pensión asciende a un total de $30,331.04 (treinta mil trescientos treinta y un pesos cuatro centavos), y como pensión mensual con el último incremento la diversa cantidad de $1,128.56 (un mil ciento veintiocho pesos cincuenta y seis centavos). Consecuentemente, al resultar fundado el tercer concepto de violación, se está en el caso de conceder el amparo para el único efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar pronuncie otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, reiterando los demás aspectos ajenos a esta concesión, condene al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago correcto de la pensión de invalidez por los periodos especificados por la cantidad de treinta mil trescientos treinta y un pesos cuatro centavos, sin perjuicio de los que se generen con posterioridad a esa fecha y hasta el dictado del nuevo laudo, y establezca que el monto mensual de la pensión por invalidez ascendía a un mil ciento veintiocho pesos cincuenta y seis centavos, para el mes de mayo de dos mil dos."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo laboral número DL. 1098/2004, promovido por Alicia de la Rosa Robles viuda de Anaya, parte actora en el juicio natural, se apoyó, en la parte conducente, en las consideraciones que se transcriben a continuación:

"SÉPTIMO. Los conceptos que en este apartado se examinan devienen inoperantes e infundados. La responsable concedió eficacia probatoria a la hoja de certificación de derechos allegada por el instituto tercero perjudicado a fin de tener por acreditada su excepción, relativa a que el asegurado extinto se encontraba fuera de la conservación de derechos, esto a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19363-0dd32dc3/seguro-social-al-oponer-la-excepcion-de-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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