SEGURO SOCIAL. LOS TITULARES DE LAS OFICINAS DE VIGENCIA DE DERECHOS ESTÁN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR Y EXPEDIR LAS HOJAS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el diecinueve de septiembre de dos mil tres el amparo directo 490/2003, en la parte que interesa establece lo siguiente:
"SEXTO. El concepto de violación que se analiza es inatendible. De autos se advierte que Guillermo Hernández García demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el otorgamiento y pago de una pensión de cesantía en edad avanzada, a partir del veintidós de febrero de dos mil uno, así como las prestaciones accesorias. El instituto demandado, al contestar la demanda, manifestó que el actor contaba únicamente con un mil seiscientas diecinueve semanas cotizadas, reconocidas al treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y seis, fecha en que se registró la última baja en el régimen y no volvió a cotizar al primero de agosto de dos mil dos, en que presentó su demanda, que únicamente había conservado derechos al veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro; ofreciendo como pruebas la documental consistente en la hoja de certificación de derechos y su ratificación, así como la inspección en las oficinas del departamento de Afiliación Vigencia de Derechos de la Subdelegación Número Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, desistiéndose de la misma su apoderado jurídico, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, expresando: ‘... Y, asimismo, se puede constatar que la parte actora no presenta prueba en contrario que desvirtúe la hoja de certificación de derechos, por lo que solicito a esta autoridad juzgue lo que en derecho convenga; por lo que ante ello y por considerarla innecesaria, en este acto me desisto de la prueba de inspección ofrecida en mi escrito de pruebas bajo el numeral cuatro ...’. En principio, y por cuestión de orden, se examina el concepto relativo a la violación procesal, mediante el cual el quejoso aduce que la responsable al admitir la prueba de inspección ofrecida por la demandada violó las reglas del procedimiento, en razón de que la admitió, no obstante que se omitió precisar el periodo relativo a las altas y bajas, así como los movimientos afiliatorios, lo que culminó que con el desahogo de la misma se causara incertidumbre jurídica, debido a que de la diligencia de inspección no se precisa en qué fecha se haya causado baja o que posteriormente haya dejado de cotizar el asegurado. Este concepto de violación es inatendible, en razón de que como se narró en párrafos anteriores, el instituto quejoso a través de su apoderado legal se desistió de la prueba de inspección, siendo que la que se admitió fue la ofrecida por el aquí quejoso. SÉPTIMO. Por otra parte, este Tribunal Colegiado, en suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, estima que se violaron las leyes del procedimiento laboral en perjuicio del quejoso, en razón de que la Junta ilegalmente otorgó valor probatorio a la prueba de inspección ofrecida por éste, no obstante que en la diligencia relativa a su desahogo no se asientan datos fehacientes que le den credibilidad. Ese medio de convicción se desahogó en los siguientes términos, según consta en el acta agregada en la página 39 del expediente laboral: ‘En Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:30 horas del día trece del mes de enero de dos mil tres, el suscrito actuario adscrito a la Junta Especial Número 19 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, me constituí en el domicilio de Vigencia de Derechos de la Subdelegación Número Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Manuel L. Barragán y Regino Villarreal. Con el fin de practicar una diligencia de carácter laboral, relativa al expediente al rubro indicado; constituido en el citado domicilio, encontrando presente a Silvia Martínez Acosta, quien dijo ser auxiliar de oficina, y a quien le hice saber el objeto y motivo de mi visita, consistente en dar cumplimiento al acuerdo dictado por la Junta de mi adscripción, con el fin de desahogar la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, manifestando la persona que me atiende: que en este acto sí pongo a disposición la documentación requerida para el desahogo de la probanza. En este acto el suscrito actuario doy fe y hago constar que sí se me presentó la documentación requerida para el desahogo de la citada probanza y de los cuales se desprende lo siguiente: Que teniendo a la vista el sistema de pantalla, en el número de afiliación 0355-39-1352-0 correspondiente a Guillermo Hernández García, el actor tiene mil seiscientas diecinueve semanas reconocidas al quinto bimestre de mil novecientos ochenta y seis, con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, y al calce el suscrito actuario ...’. De la diligencia antes transcrita deriva que el citado funcionario si bien dijo que tuvo a la vista ‘la documentación requerida’ dicho actuario inobservó lo dispuesto por el artículo 829, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que establece: ‘Artículo 829. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes: ... IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada ...’. Lo anterior es así, ya que el actuario omitió señalar: Qué documentos le exhibió la persona con quien entendió la diligencia, así como las fechas de éstos. En qué número se le presentaron. Qué datos de importancia aparecían asentados, si en ellos se contenía inscrito el nombre del actor y si en el renglón correspondiente a su nombre se hallaba estampada su firma. Esto es, que no se levantó el acta circunstancial en que se precisara lo actuado en la diligencia. Aun cuando el actuario asentó en la diligencia de cuenta que la persona que lo atendió le puso a disposición la documentación requerida y luego que tuvo a la vista el sistema de pantalla en el número de afiliación 0355-39-1352-0, correspondiente a Guillermo Hernández García, advirtió que presentaba un mil seiscientas diecinueve semanas al quinto bimestre de mil novecientos ochenta y seis; sin embargo, dejó de asentar las fechas de altas y bajas del asegurado y demás datos, a efecto de cumplir con el requisito de circunstanciar el acta relativa, como lo ordena el precepto legal en cita, y no obstante las deficiencias de la prueba en cuestión, la responsable la consideró apta para tener por acreditada la excepción relativa, lo que se traduce en violación a las garantías individuales de la parte quejosa, ya que la Junta debió tener en cuenta las anteriores irregularidades o deficiencias al ponderar el valor probatorio a dicho medio de convicción, dado que no se ajustó a los términos del repetido artículo 829, precisamente porque, al margen de que lo señale o no la parte oferente, el actuario está obligado a levantar ‘acta circunstanciada’ que dé cuenta de la diligencia realizada, atento a que su objetivo es asentar en ella los hechos o datos que aprecie de lo inspeccionado, si se tiene en cuenta que la expresión: ‘... se levantará acta circunstanciada ...’ significa determinar las circunstancias de algo, y ese algo viene a ser un accidente de tiempo, lugar o modo, como particularidad que acompaña a un acto. La violación de referencia trascendió al resultado del laudo afectando las defensas del quejoso, desde el momento en que la Junta responsable para declarar improcedente la acción otorgó valor probatorio no sólo a la hoja de certificación de derechos expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también a la referida inspección, incluso con esta última probanza corroboró el contenido de la primera. Por lo que es inconcuso que se surte la violación procesal que afectó las defensas del quejoso y que trascendió al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso particular la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible con el número 900, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 2, página 768, así como la tesis de jurisprudencia VI.3o. J/25, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 1100, que, respectivamente, establecen: ‘INSPECCIÓN, PRUEBA DE.’ (se transcribe). ‘INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ACTUARIO DEBE DESCRIBIR PORMENORIZADAMENTE LOS DOCUMENTOS MATERIA DE LA PRUEBA.’ (se transcribe). Por último no escapa a la consideración de este tribunal, que la Junta ilegalmente otorgó valor probatorio a la certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, firmado por la jefa de la Oficina de Vigencia de Derechos del Departamento de Vigencia de Derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que conforme a los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, los funcionarios facultados para expedirlas son la Dirección de Afiliación y Cobranza y los delegados dentro de su circunscripción territorial, por lo que en el caso, la certificación aludida debió ser expedida por el delegado de dicho instituto en el Estado de Nuevo León. En efecto, los citados numerales disponen: ‘Artículo 78. La Dirección de Afiliación y Cobranza tendrá las facultades siguientes: ... III. Vigilar, evaluar y emitir normas relativas a: ... d) La certificación de la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie ...’. ‘Artículo 150. Son atribuciones del delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes: ... VII. Llevar a cabo los actos relacionados a: ... d) La certificación de la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie ...’. De lo que se sigue que esas disposiciones claramente establecen que la Dirección de Afiliación y Cobranza y los delegados estatales del Seguro Social son los facultados para expedir el documento de que se trata. Incluso así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción 39/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 271, que establece: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’ (se transcribe). Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de tres de septiembre de dos mil tres, en el amparo directo 936/2003 promovido por José Romualdo Reyna Santana y otros, en el que se sostuvo que es al delegado estatal del instituto en el Estado de Nuevo León el facultado para expedir el certificado de vigencia. En las relacionadas consideraciones y al resultar violatorio de garantías el laudo que se combate, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento a fin de que: Desahogue nuevamente la prueba de inspección ofrecida por el actor, en la que se cumpla con el artículo 829, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la circunstanciación del acta."
Las consideraciones a que se refiere la resolución anterior, también fueron adoptadas por el citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 881/2003 y 1175/2003, en el sentido de que si el certificado de derechos fue expedido por el titular de la jefatura de la Oficina de Vigencia de Derechos del Departamento de Derechos de Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social demandado, encontrándose en vigor el Reglamento de Organización Interna del referido instituto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, según el cual la facultad para realizar la referida certificación corresponde a la Dirección de Afiliación y Cobranza y a los delegados dentro de su circunscripción territorial, es de concluirse que la certificación debe ser expedida por el delegado del instituto en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d).
CUARTO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 1179/2003, en la parte que interesa establece lo siguiente:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación. De los antecedentes del acto reclamado se desprende que el hoy quejoso Eusebio Díaz Orozco demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social de quien reclamó el otorgamiento y pago de una pensión por cesantía en edad avanzada, asignaciones familiares, atención médica y clínica. El instituto demandado al producir su contestación, adujo que el actor carecía de acción y derecho para demandarle el otorgamiento de la pensión, argumentando en forma toral que se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos. Seguido el juicio por todos sus demás trámites de ley, el tribunal del trabajo el veinte de junio de dos mil tres, dictó el laudo correspondiente absolviendo al Seguro Social de todas y cada una de las prestaciones reclamadas; laudo que ahora constituye el acto reclamado. Aduce en esencia en un primer argumento el apoderado legal del quejoso, que el tribunal laboral de manera incongruente estimó que no era procedente el otorgamiento de la pensión demandada al tener por comprobada con la hoja de certificación de derechos que aportó la demandada al juicio laboral, la excepción opuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el sentido de que el trabajador se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, a pesar de que la demandada al excepcionarse no estableció las circunstancias de modo, tiempo y lugar, supliendo la responsable, según dice, la deficiencia en la defensa al instituto demandado. Es infundado lo expuesto, porque contrario a lo que se aduce, basta imponerse al escrito de contestación de la demandada, el cual obra a fojas veintiuno a veinticuatro de autos, para observar que el instituto demandado sí se excepcionó de manera correcta precisando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues en relación con la excepción opuesta en el sentido de que el amparista Eusebio Díaz Orozco se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, primero expuso que contaba solamente con seiscientas setenta y cuatro semanas cotizadas al seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, fecha de su baja en el régimen obligatorio, no volviendo a cotizar, motivo por el cual estimó que sólo conservó derechos al veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho, y que, en términos del artículo 150 de la Ley del Seguro Social en vigor y el 128 de su similar derogada, únicamente las conservó por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. En efecto, la demandada al producir su contestación y oponer su excepción, textualmente, expresó: ‘(se transcribe).’-Por ello, si el tribunal del trabajo en relación con esto en el considerando tercero del laudo impugnado estimó que el actor conservó sus derechos por una cuarta parte de las semanas cotizadas, en términos del numeral 182 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, es decir, de ciento sesenta y ocho semanas que es la cantidad equivalente a tres años y tres meses, conservando sus derechos solamente hasta el mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, y la demanda se presentó hasta febrero de dos mil dos, es obvio que, como acertadamente lo resolvió el tribunal laboral, la reclamación se presentó fuera del término establecido por la ley de la materia, no advirtiéndose como se sostiene, que se hubiera suplido la deficiencia a la demandada, porque el instituto sí se excepcionó de manera correcta al precisar de manera clara y evidente las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las cuales estimó que el demandante se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos. Expone de manera fundamental en un segundo argumento el apoderado legal del quejoso, que el tribunal laboral no debió otorgarle valor a la documental consistente en la hoja de certificación de derechos expedida por Gloria Solano Vázquez en su carácter de jefe de la Oficina de Vigencia de Derechos, la cual aportó al juicio laboral el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque además de que se trata de un empleado del citado instituto demandado, quien lo suscribe carece de facultades para ello, y que de acuerdo a la tesis de jurisprudencia 39/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a su vez dio origen a la contradicción de tesis 13/2002, visible en la página doscientos setenta y uno del Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘SEGURO SOCIAL, EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’, se desprende, según dice, que sólo la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como los delegados, pueden llevar a cabo la certificación y vigencia de los derechos de los asegurados, por lo que continúa agregando, Gloria Solano Vázquez, no tenía facultades para expedir la documental consistente en la hoja de certificación de derechos. De acuerdo a las constancias de autos se obtiene que la demandada a efecto de demostrar en el contradictorio laboral que el actor Eusebio Díaz Orozco se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, en su escrito de pruebas que obra agregado a fojas veintisiete y veintiocho de autos, ofreció entre otros medios de convicción el marcado como número 4, documental consistente en la hoja de certificado de derechos expedida el veintidós de abril de dos mil dos, la cual es del tenor siguiente:
Ver hoja de certificado de derechos
"... Ahora bien, a efecto de estar en posición de determinar si fue correcto o no el valor otorgado por el tribunal de trabajo a la documental consistente en la citada hoja de certificación de derechos, expedida por quien se ostenta con el carácter de jefe de la Oficina de Vigencia de Derechos, resulta conveniente dejar apuntado previamente, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 39/2002, cuyo rubro quedó plasmado en párrafos precedentes, en relación con el valor que tiene el certificado de derechos aportado como prueba por el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando es demandado en un juicio laboral, en lo que interesa sostuvo: ‘... hay que tomar en consideración que el certificado de vigencia de derechos que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social es un documento de control e información, el cual sirve para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado, tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, para conocer si tiene derecho o no a percibir las prestaciones en dinero o en especie que el instituto otorga. Los datos contenidos en los certificados de derechos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social consisten, entre otros, en el nombre, número de afiliación, sexo, fecha de nacimiento y estado civil del asegurado; los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador en el régimen obligatorio, su nombre, las fechas de alta y baja; el grupo de cotización y el número de semanas cotizadas con cada uno. Tales datos deben estar ordenados en forma cronológica, asentando el total de las semanas cotizadas y reconocidas hasta un periodo determinado. Asimismo, constan los datos del registro o continuación del régimen obligatorio en el régimen voluntario, con las fechas de alta y baja en este sistema, y las semanas de cotización dentro de él, así como la fuente de información y su fecha de elaboración ...’. Posteriormente, en otra parte, apuntó: ‘... Ahora bien, los certificados de derechos que expide el referido instituto son elaborados por funcionarios autorizados, cuyo nombre y firma consta en los mismos, los cuales son responsables administrativamente de la veracidad de los datos ahí contenidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde a la Dirección de Afiliación y Cobranza de dicho instituto la vigilancia, evaluación y emisión de normas relativas a las certificaciones de la vigencia de derechos para el otorgamiento de prestaciones en dinero y en especie, siendo atribución de los delegados en cada circunscripción territorial, llevar a cabo los actos relacionados con tales certificaciones. Los preceptos citados son del tenor siguiente: ‘Artículo 78,’ (se transcribe). Finalmente, también apuntó: ‘... si bien la información que puede contener el referido certificado de derechos la concentran y manejan los propios funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, éste tiene plena validez frente a terceros y diversas autoridades, ya que la función la realiza en su calidad de autoridad dentro de su esfera jurídico-administrativa, que al tratarse de una institución de protección social y de interés público, debe estimarse que su actuar es de buena fe, por lo que los documentos que certifica gozan de la presunción de legitimidad. En consecuencia, el certificado de derechos elaborado por el instituto mencionado, aportado como prueba por el mismo, en su carácter de demandado en un juicio laboral, tiene plena eficacia probatoria, salvo prueba en contrario, para acreditar los datos que en él se contienen. En efecto, en caso de que los certificados de derechos contengan datos falsos e incorrectos, a juicio de la contraparte del instituto en un juicio laboral, tales como la falta de alguno o algunos patrones o semanas cotizadas, pueden las partes con intereses contrarios al referido instituto objetar tales certificaciones. Por consiguiente, debe concluirse que los certificados de derechos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentados como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tienen plena validez probatoria para acreditar, por sí mismos, los datos que en ellos se contienen, salvo objeción de su contraparte por errores u omisiones en su elaboración, toda vez que las certificaciones aludidas no son simples documentos con datos aislados, sin orden ni método; por el contrario, son documentos formales, avalados con la firma y nombre de un funcionario autorizado para ello, quien es responsable administrativamente de la veracidad de los datos en él contenidos, lo cual hace altamente improbable que se falseen esos datos y, en consecuencia, los certificados aludidos tienen validez plena sin necesidad de que exhiban los documentos que apoyen los datos a que se refieren tales certificados, toda vez que ello sería contrario al sentido práctico y lógico-jurídico de estas certificaciones, que consiste en evitar la innecesaria exhibición de los originales de los documentos cuyos datos se encuentran contenidos en los mismos ...’. De lo expuesto se sigue que el referido certificado de derechos elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, aportado como prueba por el mismo, en su carácter de demandado en un juicio laboral, tiene plena eficacia probatoria, salvo prueba en contrario, para acreditar los datos que en él se contienen, pues en caso de que a juicio de la contraparte estime que contiene datos falsos e incorrectos, tales como la falta de alguno o algunos patrones o semanas cotizadas, pueden objetar tales certificaciones. Acotado lo anterior y siguiendo en el mismo orden de ideas, debe decirse que no le asiste la razón al apoderado legal del quejoso cuando sostiene, que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 78, fracciones II y III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como el delegado, ambos del Seguro Social, se encuentran facultados para expedir la hoja que contiene la certificación de derechos, mas no así el jefe de Oficina de Vigencia de Derechos, y que por ello, la demandada no cumplió con su obligación de probar las semanas de cotización. A efecto de demostrar lo apuntado resulta conveniente llevar a cabo la transcripción de los numerales 78, fracciones II y III, inciso d), 145 y 150, fracción XVII, inciso d) y 152, 153 y 156 del Reglamento de Organización Interna del Seguro Social, los cuales textualmente dicen: ‘Artículo 78. La Dirección de Afiliación y Cobranza tendrá las facultades siguientes ... II. Atender los asuntos que le competen en coordinación con las unidades administrativas a su cargo y, en su caso, con los órganos normativos, regionales, delegacionales y operativos ... III. Vigilar, evaluar y emitir normas relativas a ... d) La certificación de la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie ...’. ‘Artículo 145. Las delegaciones para el eficaz desempeño de sus atribuciones, se integrarán con las jefaturas y unidades administrativas que sean necesarias. Éstas tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que les señalen los manuales de organización ...’. ‘Artículo 150. Son atribuciones del delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes: ... XVII. Llevar a cabo los actos relacionados a ... d) La certificación de la vigencia de los derechos para el otorgamiento de las prestaciones en dinero ...’. ‘Artículo 152. Las subdelegaciones son unidades de servicio integrantes de las delegaciones del instituto ...’. ‘Artículo 153. Son atribuciones de las subdelegaciones, dentro de su circunscripción territorial, las de afiliación, cobranza, fiscalización, revisión de dictámenes formulados por contador público, la imposición de sanciones a que se refiere el Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, así como las que se determinen en la ley, sus reglamentos y las demás que les confieran los órganos superiores del instituto ...’. ‘Artículo 156. Los subdelegados están subordinados jerárquicamente para el cumplimiento de sus funciones a la dependencia delegacional a quien correspondan las atribuciones de afiliación y cobranza y normatividad a las Direcciones de Afiliación y Cobranza y Prestaciones Económicas y Sociales en lo que respecta a la atención a pensionados ...’. De acuerdo a los numerales 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), transcritos, se advierte que si bien son facultades de la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como del delegado, la de certificar la vigencia de derechos de los asegurados inscritos ante dicho instituto, ello no significa que tales facultades de certificación tengan que llevarla a cabo de manera personal, pues de acuerdo a la fracción II del primer dispositivo legal en cita, se desprende que en los asuntos de su competencia podrá coordinarse no sólo con las unidades administrativas a su cargo, sino que también con órganos normativos regionales y delegacionales. Luego, si de acuerdo a los artículos 145, 152, 153 y 156, las delegaciones se encuentran integradas con jefaturas y unidades administrativas con las atribuciones que señala el manual de organización, y a su vez es atribución de las subdelegaciones dentro de su circunscripción territorial como partes integrantes de las delegaciones, las de afiliación, por estar subordinados jerárquicamente en el cumplimiento de sus funciones a la delegación, que es a quien corresponde la atribución de afiliación y cobranza y normativamente a las Direcciones de Afiliación y Cobranza y Prestaciones Sociales, es obvio que los jefes de las Oficinas de Vigencia de Derechos, también pueden llevar a cabo la expedición de certificados de vigencia de derechos, conforme a la organización interna y normativa de dicho instituto, dada la diversidad de funciones administrativas que debe solventar, por ser tal departamento el lugar donde se concentra toda la información necesaria para hacer constar los hechos reconocidos a los asegurados. En el anterior contexto, si la hoja de certificación de derechos que tomó en cuenta el tribunal del trabajo contiene la leyenda: ‘Jefatura de Afiliación Cobranza. Departamento de Afiliación Vigencia de Derechos.’, y en la parte inferior se identifica a la suscriptora como jefe de Oficina Vigencia de Derechos, es inconcuso que dicha funcionaria tiene a su cargo la expedición de las certificaciones correspondientes y, por ende, debe concluirse también, que el instituto demandado sí cumplió con su obligación de probar las semanas de cotización en los términos en que se excepcionó con la documental consistente en la certificación de derechos emitida por la jefa de la Oficina de Vigencia de Derechos; de ahí que resulte infundado el presente argumento. Es i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19300-8f0c8837/seguro-social-los-titulares-de-las-oficinas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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