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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA VIOLACIÓN ATRIBUIDA AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, RELATIVA A QUE CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO FISCAL DE 2000 NO SE CALCULÓ CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES A 2000 PRODUCTOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD Y, POR TANTO, NO PUEDE SER MATERIA DE TAL RECURSO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 22/2004. · Registro digital (IUS): 19390
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMUNICABLE, S.A.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 403.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 22/2004. COMUNICABLE, S.A.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En el escrito de revisión la recurrente expresó como agravios los siguientes argumentos:

a) Contrariamente a lo determinado en la sentencia recurrida en relación a la constitucionalidad de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor de los meses de mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y nueve, dichas normas de observancia general expedidas por el Ejecutivo son actos materialmente legislativos con base en la facultad contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución General de la República, que contravienen lo establecido en el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, al no apegarse a lo dispuesto en dicho precepto, y transgreden las garantías de legalidad y de seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en relación con el diverso 31, fracción IV, del propio Ordenamiento Supremo.

b) En la sentencia impugnada no se analizó correctamente la inconstitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que al respecto se sostuvo que dicho precepto legal no controvertía a la Carta Magna por el simple hecho de establecer un margen entre un mínimo y un máximo para la imposición de una multa, sin tomar en cuenta que para la determinación del mismo no se facultó de manera expresa a la autoridad fiscal para que tenga la posibilidad de tomar en cuenta al momento de determinar la sanción, las circunstancias particulares del caso, como es la capacidad económica del contribuyente en relación con la gravedad de la infracción con lo que se transgreden los artículos 14, 16, 22 y 31, fracción IV, constitucionales, ya que tal cuestión hace que la multa sea desproporcional y, por ende, excesiva.

c) La regla 147 de la Resolución Miscelánea del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco transgrede las garantías de proporcionalidad y de equidad tributaria previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, en atención a que ésta excluye del derecho a la deducción del pago por un servicio público a todos los contribuyentes que no se encuentren precisados en el Código Fiscal de la Federación, como son los definidos en la Ley de Ingresos de la Federación, a pesar de que las personas que se encuentran obligadas a la mencionada erogación lo hacen en las mismas circunstancias, lo que evidencia un trato discriminatorio.

CUARTO. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse, ya que el pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones planteadas en él no entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, en términos de lo previsto en el punto primero, fracción II, incisos b) y c), del Acuerdo General Plenario 5/1999 de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en atención a que los agravios esgrimidos por el recurrente, por una parte, son ineficaces y, por otra, inoperantes, por las razones que a continuación se expondrán:

El agravio sintetizado en el inciso a) es inoperante, en virtud de que la materia de análisis del recurso de revisión en amparo directo, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, se limita exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras, como son las que plantea el recurrente en el sentido de que los Índices Nacionales de Precios al Consumidor de los meses de mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y nueve transgreden las garantías de legalidad y de seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 en relación con el diverso 31, fracción IV, todos de la Constitución General de la República, al no apegarse a lo establecido en el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, ya que tales argumentos constituyen una cuestión de carácter meramente legal, que no puede formar parte de la litis del citado medio de defensa ante este Alto Tribunal, el cual se constriñe, como ya se dijo, a examinar cuestiones propiamente constitucionales, es decir, planteamientos que controviertan en forma directa e inmediata la constitucionalidad de una norma, por lo que argumentos diversos a éstos son ajenos a las cuestiones constitucionales.

Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA VIOLACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, RELATIVO A QUE CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NO SE CALCULÓ CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES A DOS MIL PRODUCTOS EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20 BIS, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES DE CONSTITUCIONALIDAD Y POR TANTO NO PUEDE SER MATERIA DE TAL RECURSO. El agravio que en un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo controvierte las consideraciones emitidas en ésta, o la ausencia de pronunciamiento, relacionados con el vicio atribuido al Índice Nacional de Precios al Consumidor, derivado de que en la iniciativa que dio lugar a la modificación del referido precepto legal, para el ejercicio fiscal del año dos mil, se reconoció que para su cálculo no se habían levantado los datos correspondientes a dos mil productos, por lo que se redujo tal cantidad a mil, en nada trasciende a la constitucionalidad del propio artículo 20 bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, pues, en todo caso, de no haberse sujetado, en el pasado el Banco de México a lo dispuesto en ese numeral, ello constituiría un vicio o defecto atribuible al cálculo del citado índice nacional, sin que en la referida instancia pueda, válidamente, abordarse la legalidad del procedimiento seguido por el mencionado banco central para calcular los respectivos valores del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ya que aun cuando tales valores constituyen auténticas disposiciones de observancia general, aplicables respecto de todos los contribuyentes que se ubican en las hipótesis normativa que dan lugar a la actualización del valor de las contribuciones, de los hechos o circunstancias que se gravan mediante éstas y de las cuotas o tarifas que se establecen para su autodeterminación o liquidación, lo cierto es que tal planteamiento no constituye una cuestión constitucional propiamente dicha, materia de análisis del recurso de revisión en amparo directo, en términos de lo previsto en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su estudio se limita a verificar si un organismo del Estado al emitir un acto que trasciende a la esfera jurídica de los gobernados, se apegó a la normatividad aplicable en respeto del principio de legalidad garantizado en su expresión genérica en el artículo 16 de la Constitución Federal." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, tesis 2a. XXVII/2001, página 198).

En relación con el agravio sintetizado en el inciso b), el mismo es inoperante, en virtud de que los vicios que se atribuyen al artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y seis, al tenor de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, constitucional; en el punto primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo General Plenario 5/1999, y conforme a la interpretación teleológica de dicho precepto constitucional, reformado mediante el decreto de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, no importan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, pues en el caso existen jurisprudencia y criterios aislados de esta Suprema Corte de Justicia en cuyos precedentes se ha abordado a plenitud el alcance de la norma constitucional cuya transgresión se plantea, aun cuando en los fallos relativos haya sido materia de análisis un diverso precepto legal.

La existencia de jurisprudencia de este Alto Tribunal en la que se precise que una determinada regulación legal, con independencia de la ley en que se ubique, no transgrede un específico precepto constitucional constituye una circunstancia que en términos del referido acuerdo general plenario resulta análoga a los casos previstos expresamente en él y provoca, generalmente, la falta de importancia y trascendencia del pronunciamiento que pudiera emitirse.

En efecto, como deriva de la exposición de motivos de la reforma constitucional antes mencionada, las facultades discrecionales que se otorgaron a esta Suprema Corte de Justicia para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella, dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tienen por objeto que este órgano colegiado deje de conocer de aquellos asuntos que sean similares a otros en los que ya haya fijado los criterios precisos de interpretación a través de una resolución previa, pues resulta imprescindible permitir a la Suprema Corte concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia y de trascendencia y que, por tal razón, impactan en la interpretación y en la aplicación del orden jurídico nacional.

En esa medida, resulta inconcuso que entre los fines de la reforma constitucional en comento se pretende evitar que este Alto Tribunal se avoque al conocimiento de recursos cuya materia verse sobre planteamientos de constitucionalidad que previamente se han declarado infundados.

Ante ello, debe concluirse que entre los casos análogos a que se refiere el inciso c), fracción II, punto primero, del Acuerdo General Plenario 5/1999, para determinar que no se surten los requisitos de importancia y de trascendencia que permiten la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo se ubican aquellos en los que la Suprema Corte ya ha abordado y declarado infundados los planteamientos que sobre cuestiones de constitucionalidad subsisten en tales recursos.

Por tanto, en el caso a estudio, la circunstancia de que existan precedentes en los que se haya declarado constitucional una norma que en esencia es igual a la que se impugna en el presente recurso en la que se resuelven los mismos planteamientos de inconstitucionalidad constituyen, como ya se dijo, supuestos que en los términos del Acuerdo General Plenario 5/1999 provoca la falta de importancia y trascendencia del pronunciamiento que pudiera emitirse.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ENTRE LOS CASOS ANÁLOGOS QUE PERMITEN SU DESECHAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO PLENARIO 5/1999, SE ENCUENTRA LA HIPÓTESIS EN QUE EXISTAN PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS QUE SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitió el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Acuerdo Número 5/1999, relativo a las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, precisando en su punto primero, fracción II, que, por regla general no se reúnen los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan su procedencia cuando: a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir; y c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente. En ese tenor y tomando en cuenta que conforme a la exposición de motivos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve que reformó, entre otros, al citado precepto constitucional, el otorgamiento de la facultad discrecional para resolver sobre la procedencia del recurso de revisión interpuesto en contra de sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tuvo por objeto que esta Suprema Corte de Justicia dejara de conocer de los asuntos que sean similares a otros en los que ya se hayan fijado los criterios de interpretación, con el fin de que concentraran sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de los casos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia y trascendencia, cuya resolución puede impactar en el orden jurídico nacional, es inconcuso que dentro de los casos análogos a que se refiere el mencionado inciso c), se ubican aquellos en los que este Alto Tribunal ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del tratado internacional, ley federal o local controvertidos en la respectiva demanda de amparo directo, aun cuando no exista jurisprudencia firme que resuelva en definitiva la cuestión, pues sería ociosa la apertura de la instancia de revisión, con el único objeto de confirmar un criterio ya establecido." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, tesis 2a./J. 35/2001, página 194).

Ahora bien, en relación con la constitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, los precedentes que resultan aplicables al presente caso, porque el texto de la norma controvertida es igual a la que se estudió en los casos que dieron lugar a las tesis jurisprudenciales, son los que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al Texto Constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 17/2000, página 59).

"MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 102/99, página 31).

"MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE JULIO DE 1992 QUE LAS ESTABLECE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 10/95 con el rubro: ‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.’, ha sostenido que las leyes que las prevén resultan inconstitucionales en cuanto no permiten a las autoridades impositoras la posibilidad de fijar su monto, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia en la conducta que la motiva y todas aquellas circunstancias que deban tenerse en cuenta para individualizar dicha sanción; también ha considerado este Alto Tribunal que no son fijas las multas cuando en el precepto respectivo se señala un mínimo y un máximo, pues tal circunstancia permite a la autoridad facultada para imponerlas determinar su monto de acuerdo con las circunstancias personales del infractor, que permitan su individualización en cada caso concreto. En congruencia con dichos criterios se colige que el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1992 no establece multas fijas, pues al establecer porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, permite a la autoridad fiscal fijar los límites dentro de los cuales podrá aplicar la sanción en particular, es decir, se le conceden facultades para individualizar la sanción y, por tanto, no es violatorio del artículo 22 constitucional." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, tesis 2a./J. 92/99, página 124).

En efecto, los criterios antes transcritos son aplicables en la especie, en virtud de que el texto de la norma que en el presente medio de defensa se reclama es igual al de aquellos casos en los que se determinó que la multa prevista en el referido precepto legal impugnado no es violatoria del artículo 22 constitucional, porque en ella se establece un rango entre un mínimo y un máximo, que permite a la autoridad fiscal fijar los parámetros dentro de los cuales podrá aplicar la sanción en particular, es decir, se conceden facultades para individualizar la sanción.

Así las cosas, basta que se haya señalado en una norma un monto o un porcentaje mínimo y un máximo para la imposición de una sanción, para considerar que el legislador, implícitamente, sí tomó en cuenta que existen distintos tipos de capacidades económicas de los infractores y que puede haber diferentes niveles en la gravedad de la infracción, la que se puede ver afectada por atenuantes y por agravantes, ello en virtud de que al indicarse los parámetros o los límites en la imposición de la multa, debe entenderse que no todas las infracciones merecen ser sancionadas en idéntica forma, esto quiere decir que en ocasiones pueden existir algunas circunstancias que impidan imponer una multa superior a la mínima, pero también pueden existir otras que justifiquen una sanción mayor.

Además, el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación determina que al momento de imponerse una multa por la autoridad fiscal, ésta debe fundar y motivar dicha sanción tomando en cuenta los elementos que en el mencionado precepto se señalan, los cuales a continuación se reproducen:

"Artículo 75. Dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

"I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando:

"a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia.

"b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este código.

"Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos cinco años.

"II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones inexistentes.

"b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones.

"c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.

"d) Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.

"e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.

"f) Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio.

"g) Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este código.

"III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes.

"IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada.

"V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

"Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida.

"VI. En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se le notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la materia aduanera y cuando se den los supuestos previstos en el artículo 77 fracción II, inciso b) y 78 de este código."

Lo anterior pone de manifiesto que el legislador expresamente constriñó a la autoridad fiscal a que de manera fundada y motivada al momento de imponer una multa por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, tomara en consideración las circunstancias específicas del caso concreto.

En consecuencia, se concluye que el agravio en comento es ineficaz por la existencia de precedentes análogos, en cuya parte considerativa ya se ha concluido que las normas que prevén la imposición de una multa dentro de un porcentaje o cantidad entre un mínimo y un máximo respeta las garantías contenidas en el artículo 22 constitucional, ya que en virtud de dicho parámetro se concede a la autoridad sancionadora la facultad implícita para la individualización de la referida sanción, tomando en consideración los acontecimientos particulares del caso; constituye una circunstancia que en términos del referido acuerdo general plenario provoca la falta de importancia y de trascendencia del pronunciamiento que pudiera emitirse, pues los planteamientos que serían materia de estudio al encontrarse resueltos en dichos precedentes resultarían infundados.

Por tanto, el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación impugnado en el presente juicio de garantías, al señalar la multa cuestionada en porcentaje susceptible de determinarse entre un mínimo y un máximo, fija las bases o marcos dentro de los cuales la autoridad fiscal aplicará la sanción en particular, es decir, se concede en la norma facultades para la individualización de las multas aludidas conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 75 de la ley en cita, en el que se obliga a la autoridad sancionadora a fundar y motivar la multa que se imponga al infractor. Estas razones conducen a sostener que el precepto combatido no infringe el artículo 22 constitucional, porque la multa prevista por el legislador en la disposición reclamada no es fija ni excesiva.

En relación con el argumento sintetizado con el inciso c) el mismo es inoperante, porque en él no se controvierten las consideraciones vertidas en la sentencia impugnada, sino que se introducen cuestiones nuevas que no fueron planteadas en la demanda de garantías y, por ello, no fueron analizadas en la sentencia impugnada; en consecuencia, no pueden formar parte de la litis del citado medio de defensa ante este Alto Tribunal.

Similar criterio sustentan las jurisprudencias que a continuación se transcriben:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA. De conformidad con el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resolución recurrida resulta inoperante." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P./J. 46/95, página 174).

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. MATERIA QUE COMPRENDE EL RECURSO. Si en el recurso se plantean, al lado de agravios de constitucionalidad, argumentos de mera legalidad, el estudio y resolución de la segunda instancia se limitará a las cuestiones propiamente constitucionales, debiendo desestimarse de plano por inoperantes los agravios de legalidad, dado que esta Suprema Corte no debe examinarlos, en tanto que, de hacerlo, excedería el margen que fijan los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, tesis 2a. C/97, página 413).

Además, el agravio en estudio es inoperante, porque tal cuestión no actualiza ninguna de las hipótesis legales que establecen la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, que sólo se da cuando se trate de la inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento federal o de la interpretación de un precepto constitucional y no cuando se trata una regla que se encuentra inmersa en una resolución miscelánea fiscal.

Para dejar claro que no se actualiza el supuesto legal de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo cuando se alega la constitucionalidad de una regla prevista en una resolución de miscelánea fiscal, es pertinente transcribir los siguientes artículos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. ..."

Ley de Amparo.

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

"...

"II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83. ..."

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Artículo 10. La Suprema Corte de Ju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19390-3fe820ff/revision-en-amparo-directo-la-violacion-atribuida-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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