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Modo: Corpus Pro

VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLA DERIVEN. SU PRÁCTICA NO DEBE ESTAR PRECEDIDA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL NI DE CITATORIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19417
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1241.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones.

El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el recurso de revisión fiscal 162/2005, resuelto por unanimidad de votos el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, sostiene:

"SEXTO. Los agravios que expresa el director general de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación de las autoridades demandadas, resultan fundados a juicio de este tribunal federal. Industria Forestal del Guadiana, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, acudió ante la Primera Sala Regional Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a demandar la nulidad de la resolución administrativa dictada en el expediente 074/2002, por la Delegación Durango de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la que se imponen diversas multas a la empresa actora. La autoridad administrativa contestó la demanda sosteniendo la legalidad del acto impugnado. La Primera Sala Regional Norte Centro II, dictó sentencia de tres de mayo de dos mil cinco, en la que declaró la nulidad del acto impugnado con fundamento en los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Esta resolución constituye la materia del presente recurso de revisión fiscal. Expresa la autoridad recurrente que se viola en su contra el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por falta de aplicación del artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como por indebida aplicación del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que en la sentencia que se recurre se omite considerar lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el que refiere las formalidades que deberán cubrirse con motivo de una visita de inspección, y del cual no se desprende la obligación de la autoridad de notificar la orden de inspección al representante legal de la persona moral, antes de que se realice la visita de inspección, ni tampoco establece que debe dejarse citatorio para entender la diligencia con el representante legal del visitado, lo anterior en atención al carácter sorpresivo de las visitas de inspección en materia ambiental, a fin de verificar el cumplimiento de la legislación de protección al ambiente que es de orden público e interés social; que el precepto que cita en sus agravios, únicamente establece la obligación de entregar la orden de inspección con firma autógrafa a la persona con quien se entienda la diligencia, pero no requiere que sea al representante legal. Sostiene el recurrente que el artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no exige que las órdenes de inspección deban notificarse previamente a la verificación, ya que esto contraviene el espíritu sorpresivo de las visitas en materia ambiental, puesto que las visitas de inspección en materia ambiental requieren que el visitado no sea prevenido a través de la previa notificación. Que en la sentencia se incurre en indebida aplicación del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que los requisitos para llevar a cabo las visitas de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental se encuentran regulados de manera integral por los artículos del 161 al 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sin que se dé la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo que atañe a la previa notificación de la orden de inspección, lo que no se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico, por lo que no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Que al no derivarse de la legislación ambiental la obligación de notificar previamente la orden de inspección a quien se pretende verificar, es infundado que se exija a la autoridad observar formalidades de la ley procedimental, pues aunque en algunos aspectos sea supletoriamente aplicable a la legislación ambiental, uno de los requisitos para la supletoriedad es que la ley lo prevea, y en el caso la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece la previa notificación de la orden de inspección. Cita como apoyo el criterio de rubro: ‘VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTERÉS PÚBLICO DIRECTO.’, asimismo, cita los criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de rubros: ‘INSPECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, NO REQUIERE PREVIO CITATORIO PARA REALIZARSE.’, ‘ORDEN DE INSPECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, NO REQUIERE SEÑALAR FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO.’, ‘ACTAS DE INSPECCIÓN. PARA SU LEGALIDAD NO ES NECESARIO QUE LA DILIGENCIA SE ENTIENDA CON EL VISITADO O SU REPRESENTANTE LEGAL.’ y ‘VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTERÉS PÚBLICO DIRECTO.’. En primer término, debe dilucidarse el argumento del recurrente en el que sostiene la indebida aplicación del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, considerando que las visitas de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental se encuentran íntegramente reguladas por los artículos del 161 al 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, estimando por ello que en este aspecto no procede la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo que atañe a la previa notificación de la orden de inspección, lo que no se establece en la Ley General de Equilibrio Ecológico, por lo que no puede aplicarse supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Resultan fundados los agravios planteados, en efecto, la aplicación de una ley de manera supletoria a otra se actualiza cuando en la ley especial se establece la supletoriedad a favor de un cuerpo de leyes, asimismo, cuando en la ley especial se encuentra una determinada institución deficientemente regulada, por tanto, para establecer si en el caso opera la supletoriedad de normas que aplicó la Primera Sala Regional Norte Centro II, deben analizarse las disposiciones tanto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como las contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El artículo 160 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone: ‘Artículo 160.’ (se transcribe). Del precepto legal transcrito, se desprende que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la regulación exclusiva de los actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulado por esa ley, haciendo la salvedad en el caso de que otras leyes regulen en forma específica las cuestiones relativas, en relación con esa materia. Asimismo, se advierte del mencionado precepto legal, que la aplicación supletoria que se establece en favor de las Leyes Federal de Procedimiento Administrativo y de Metrología y Normalización, pudiera actualizarse cuando respecto a las materias de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones fueran contempladas específicamente por estos dos diversos cuerpos legales, lo que no se precisa en el acto recurrido, en el que la Sala estimó la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo atinente a las notificaciones, no obstante que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no regula específicamente lo referente a las inspecciones y verificaciones, en efecto, el precepto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se aplica de manera supletoria en la sentencia recurrida establece: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). Como puede verse de la transcripción que antecede, el precepto legal regula la forma en que deben efectuarse las notificaciones y no se ocupa en manera alguna de la forma que deben revestir las visitas de inspección y verificación; aunado a lo anterior, el precepto legal aplicado en la sentencia, se encuentra el hecho de que las inspecciones y verificaciones tienen una íntegra regulación en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto de la forma en que deben efectuarse, razón por la que se llega al convencimiento de que, como lo sostiene la autoridad recurrente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es supletoria en esa materia, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyas disposiciones no contemplan la existencia del citatorio previo. En efecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para regular la visitas de inspección y vigilancia determina: inspección y vigilancia. ‘Artículo 161.’ (se transcribe). ‘Artículo 162.’ (se transcribe). ‘Artículo 163.’ (se transcribe). ‘Artículo 164.’ (se transcribe). ‘Artículo 165.’ (se transcribe). ‘Artículo 166.’ (se transcribe). ‘Artículo 167.’ (se transcribe). ‘Artículo 168.’ (se transcribe). ‘Artículo 169.’ (se transcribe). De las disposiciones legales que anteceden, se advierte la completa regulación que se contiene en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto de las diligencias que deben practicarse con motivo de una inspección y verificación, y de tales disposiciones también se conoce el carácter sorpresivo de tales diligencias, pues se señala la forma y términos en que la autoridad debe proceder al realizar una visita de inspección o al ejercer la vigilancia, y desde luego no establece obligación alguna del inspector o verificador de alertar al particular realizando una notificación previa de la orden de inspección, ya que únicamente señala que al iniciar la inspección, el funcionario que la practique se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole para tal efecto, credencial vigente con fotografía expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. El carácter sorpresivo de la diligencia encuentra su justificación en la materia de la inspección o verificación, que es el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, cuyo quebrantamiento las autoridades están obligadas a prevenir, pues inclusive la inobservancia de sus normas puede dar lugar a la comisión de delitos al atentar gravemente en contra de la salud pública, pues de encontrarse el particular realizando actos atentatorios en tales materias, la notificación previa servirá para cesar u ocultar los actos indebidos, haciendo nugatoria la acción de la autoridad, y en tal caso la colectividad se verá afectada ya que las disposiciones en materia ecológica establecen derechos de la comunidad, esto es, a favor de las personas físicas y morales que la integran. El criterio que antecede se corrobora con el hecho de que en materia de la protección al equilibrio ecológico, basta que la autoridad competente presente la orden de inspección y verificación, en la que se contiene la facultad para verificar el exacto cumplimiento a las normas que regulan el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, y en la que se encuentre determinado el lugar y el objeto de la inspección, que el verificador se identifique con la persona que le atienda para que se cumpla la garantía de legalidad, sin necesidad de que previamente se cite al particular o a su representante legal para recibir la orden en cuestión, ya que tal exigencia no se prevé en la ley respectiva, en atención a la importancia de verificar el estricto cumplimiento a las normas ambientales, pues entender de diversa manera la garantía de legalidad pugnaría con el interés y el derecho comunes de evitar que se realicen actividades que produzcan o puedan producir graves daños a la ecología o al medio ambiente, al no acatarse las disposiciones que tienden a preservar derechos como los de salud y la conservación del ambiente. Es de aplicación al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 229 Volúmenes 109-114, Sexta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTERÉS PÚBLICO DIRECTO.’ (se transcribe). Conforme a todo lo que ha quedado expuesto, este tribunal estima que no opera en el caso la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la ley especial contiene normatividad específica, en tanto que no hay laguna, duda en su interpretación, omisión o insuficiencia para su aplicación al caso concreto, ni contradicción con las bases esenciales del sistema legal de sustentación y por ello debe prevalecer la ley especial sobre la ley general supletoria. Es de aplicarse al caso, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 713 del Tomo VI, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUÁNDO OPERA.’ (se transcribe). No se desconoce la existencia del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 54/2002, en el cual, el homólogo referido, de manera sustancial estimó que si dentro del capítulo II, referente a la inspección y vigilancia, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no se establecen las formalidades a seguir, cuando deba practicarse una inspección debe atenderse lo previsto en los artículos 35 y 36 de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, criterio que no comparte este Tribunal Colegiado, por las razones que se han plasmado en el cuerpo de la presente resolución. Por lo anterior, no obstante que en el caso se actúa en una revisión fiscal, se estima que es aplicable el artículo 197-A de la Ley de Amparo, por identidad de razones jurídicas y, por tanto, debe denunciarse la existencia de criterios contradictorios. En mérito de lo anterior y habiendo resultado fundados los agravios planteados por la autoridad recurrente, lo procedente es revocar la sentencia impugnada para el efecto de que la Primera Sala Regional Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deje insubsistente la sentencia recurrida y en su lugar emita otra en la que al analizar el séptimo concepto de nulidad propuesto, determine que al realizar una visita de inspección en materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, la ley no exige notificación previa por no ser aplicable supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, analice conforme a derecho los restantes conceptos de nulidad. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 6/91, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y uno, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 54/2002-I, por unanimidad de votos, en sesión del dieciséis de octubre de dos mil dos, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados los agravios expresados por el procurador federal de Protección al Ambiente, por conducto del director general de Delitos Ambientales Federales y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De las constancias que conforman el juicio de origen, se advierte que la empresa Besk Mexicana, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal interpuso demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa de fecha doce de julio del año dos mil uno, contenida en el oficio número PFPA-DBC/SJ/TJ/-A/042/01, en la que se le impuso una multa por la cantidad de $60,525.00 pesos, así como diversas normas y/o medidas técnicas que debe cumplir, la anterior resolución deriva de la práctica de la orden de inspección número PFPA-DBC/UJ/I/TIJ/145/99, de fecha diez de junio del año de mil novecientos noventa y nueve, practicada a dicha empresa por la autoridad inconforme. Ahora bien, la Sala Regional en la resolución que se revisa, toralmente sustentó que, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece las formalidades que deben seguirse para la notificación de una orden de inspección cuando el notificador o personal comisionado no encuentra a la persona a quien deba notificarse o al representante legal, cuando se trate de una persona moral, se debe acudir a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección (sic) Administrativa, concretamente a los capítulos décimo primero denominado ‘De las visitas de verificación’ y al sexto relativo a las notificaciones y con base en lo dispuesto en dichas disposiciones, señaló que las visitas domiciliarias debían cumplir con los requisitos: a) Presentarse en el domicilio designado en la orden (cerciorándose que dicho domicilio corresponde a la persona a quien pretende notificar); b) Requerir la presencia de la persona a quien deba notificar o de su representante; c) En caso de no encontrar a quien deba notificar, dejará citatorio para que espere en ese domicilio, a hora fija del día siguiente; d) Si la persona a quien deba notificarse no acude a la citación, se procederá a desarrollar lo encomendado en la orden de visita de inspección, con la persona que se encuentre; e) De todo lo anterior, debe quedar constancia por escrito. Luego, estableció que la orden de inspección practicada por el funcionario adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no satisfacía los requisitos en alusión, dado que había sido notificada a la persona que se encontró en el domicilio, sin que previamente hubiere dejado citatorio al representante legal de la persona moral a quien se le ordenó practicar la visita, por lo que concluyó que si la notificación que dio inicio a la visita de inspección fue dirigida a un domicilio específico y no se practicó con el representante de la demandante a pesar de tratarse de visitas de inspección reguladas por el artículo 16 constitucional, la misma, dijo, era ilegal al no haberse respetado las formalidades del procedimiento que señala el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; por ello, declaró nula la visita de inspección y, por ende, todo lo actuado con posterioridad a la misma, así como y (sic) la resolución impugnada contenida en el oficio no. PFPA-DBC/SJ/TJ/-A/042/01, por derivar de actos viciados de origen. Para impugnar la determinación antes precisada, alega en síntesis que, contrario a lo sostenido por la Sala Regional, las visitas de inspección deben cumplir con los requisitos que señala el artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con los cuales cumple la orden de verificación de fecha cuatro de junio del año de 1999 contenida en el oficio número PFPA-DBC/UJ/I/TIJ/145/99, dado que, aduce, el dispositivo legal citado señala cuáles con las formalidades que deben cubrirse con motivo de la visita de inspección, sin que del mismo se desprenda que las órdenes de inspección deban notificarse previamente a la celebración de la diligencia de verificación, por lo que lo sostenido por la Sala Regional resulta inaplicable la supletoriedad del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; asimismo, aduce que las visitas de inspección en materia ambiental se convierten en un elemento indispensable que el visitado no sea prevenido a través de la previa notificación, sin que ello, dice, vulnere la esfera jurídica del gobernado. Primeramente, cabe aclarar que la orden de verificación a que se refiere no es de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, sino de fecha diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, así se desprende de la propia actuación que obra de la foja 48 a la 76 del sumario. Ahora bien, es infundado su agravio, en razón de que tal como lo precisó la Sala responsable si dentro del capítulo II, referente a la inspección y vigilancia, de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente no se establecen las formalidades a seguir, cuando deba practicarse una inspección concretamente en el supuesto de que no se encuentre al representante legal de la persona moral a inspeccionar, si ésta debe notificarse o no; se conviene con lo establecido por la Sala Regional en cuanto a que debe atenderse lo previsto en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuanto a que una vez constituido en el domicilio correcto, el funcionario deba solicitar la presencia del representante legal de la persona moral y, en caso de no encontrarse presente, se le deje citatorio para que espere al funcionario a una hora fija del día siguiente para hacer entrega de la orden de inspección y así, en caso de no esperar, desahogar la misma con la persona que se encuentre presente, ello con el propósito de que la inspección se practique en presencia del representante de la persona moral, sin violación al contenido del artículo 16 constitucional que protege al gobernado contra los actos autoritarios que constituyeren molestias en su persona, familia, papeles o posesiones, pues en el resto de su contenido dicho dispositivo prevé las condiciones bajo las cuales se podrán emitir, válidamente, tales actos de molestia. Así, en su párrafo antepenúltimo, dispone que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias sin hacer distinción alguna sobre la naturaleza jurídica de las visitas domiciliarias, mismas que pueden ser de auditoría, inspección o verificación, pues en forma general se refiere a las visitas domiciliarias para comprobar que se han acatado determinadas disposiciones, sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos; lo anterior, para evitar violaciones a las garantías constitucionales, de tal suerte que la determinación de la Sala es correcta. Por último, este cuerpo colegiado no comparte lo sostenido en las tesis que cita la recurrente, criterios sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las tesis de los rubros: ‘VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR.’. ‘INTERÉS PÚBLICO DIRECTO. VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDEN ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR.’. ‘INTERÉS PÚBLICO DIRECTO.’ (sic), en las que se sostiene que para que sean eficaces las visitas tendientes a controlar precios o contaminación ambiental o alguna cosa (sic) semejante, las visitas deben poder ser aun sorpresivas; en virtud de que este Tribunal Colegiado estima que aun y cuando dicha inspección tenga esa finalidad, la misma debe ajustarse a las formalidades de las leyes y así evitar que las autoridades administrativas cometan atropellos en contra de los gobernados, razón por la que se considera necesario que el desahogo de dicha diligencia se lleve a cabo con el representante legal y, que en caso de no encontrarse, previo citatorio que se deje, entonces se desahogue con quien se encuentre presente, ello, con la intención de darle oportunidad de que al momento del desahogo pueda manifestar lo que a su derecho crea conveniente, y atento a que este criterio es contrario al que invoca la inconforme y que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo directo número 21/78, procédase a formular la denuncia correspondiente en términos del artículo 196, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, este cuerpo colegiado estima correcta la resolución que nos mantiene ocupados, por lo que lo que procede es confirmarla en sus términos."

CUARTO. Cabe aclarar que la circunstancia de que los criterios sustentados en las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados Segundo del Octavo Circuito y Primero del Décimo Quinto Circuito, no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no haya publicación de éstas conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que este Alto Tribunal se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para que se determine la existencia de ésta, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias del Pleno y de esta Segunda Sala, cuyos textos y datos de identificación se transcriben enseguida:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, página 77).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, tesis 2a./J. 94/2000, página 319).

Tampoco constituye obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la posible contradicción de tesis, el hecho de que el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal número 54/2002-I, haya participado en la denuncia de contradicción de tesis que supuestamente existía entre el criterio de ese órgano colegiado y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 21/78, que originó las tesis aisladas publicadas en las páginas 229 y 230, Volúmenes 109-114, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubros: "VISITAS ADMINISTRATIVAS. SE PUEDE ENTENDER CON EL ENCARGADO DEL LUGAR. INTERÉS PÚBLICO DIRECTO." y "VISITAS ADMINISTRATIVAS. TESTIGOS. CASOS DE INTERÉS GENERAL."

Ello, porque la citada denuncia de contradicción de tesis que se registró con el número 174/2003-SS, fue resuelta mediante ejecutoria dictada por esta Segunda Sala, en sesión pública del siete de marzo de dos mil tres, en el sentido de que no existía la contradicción de tesis denunciada, básicamente porque se consideró que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito realizó el análisis jurídico de dos ordenamientos jurídicos (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), que no habían sido expedidos en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19417-4157f754/visitas-de-inspeccion-para-verificar-el-cumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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