ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que si bien se trata de una posible contradicción de criterios en amparo en materias civil y laboral, de las cuales sólo la segunda es de la competencia exclusiva de esta Segunda Sala, lo cierto es que resulta innecesaria la intervención del Pleno al existir criterios que pueden orientar la solución de la posible discrepancia de criterios.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.
En el caso, la denuncia de contradicción la formuló, por conducto de su presidente, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el cual emitió uno de los criterios presuntamente contradictorios, por ende, la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, enseguida se efectúan las transcripciones conducentes:
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resolvió el recurso de queja 132/2005-I administrativa, por unanimidad de votos, en sesión del día primero de febrero de dos mil seis, en la cual, en lo que interesa, aquél emitió las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Resultan fundados los agravios invocados por el autorizado de la parte quejosa, aquí promovente de la queja.
"En efecto, el Juez de Distrito, en auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil cinco, dictado dentro del juicio de amparo 525/2005, consideró que no había lugar a acordar de conformidad a la petición del quejoso, en el sentido de que se ordenara la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Loreto, Baja California Sur, del escrito de demanda de garantías promovida por el quejoso, así como del auto admisorio de la misma de fecha cinco de octubre de dos mil cinco, y de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión que deriva del citado juicio de garantías, pues manifestó el a quo que al haberse concedido la medida suspensional solicitada se protegían, por parte del Juez de Distrito, los derechos del quejoso, al haberse tomado las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su terminación, además señaló que de llegar a obtenerse sentencia favorable en el juicio de garantías, su consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, es que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de cometerse la violación.
"Ahora bien, le asiste la razón al promovente de la queja cuando señala que el Juez de Distrito indebidamente se abstuvo de acordar de conformidad a su petición de inscripción de la demanda de garantías, del auto admisorio y de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pues efectivamente como lo alega, el a quo parte de la premisa de que con la medida suspensional concedida se protegen los derechos del impetrante, aquí recurrente, aunado a que en caso de obtenerse sentencia favorable en el juicio de garantías, sus consecuencias serían que las cosas volvieran al estado que tenían antes de cometerse la violación, sin embargo, tal suspensión somete a las autoridades responsables, pero es dable estimar que el citado tercero perjudicado podría en su momento proceder a la venta del inmueble materia de la litis dentro del juicio civil de donde derivan los actos reclamados, de ahí que resulte procedente la anotación registral que se solicita, para los efectos de dar publicidad a la situación litigiosa en que se encuentra dicho bien, de lo que se concluye que esa calidad litigiosa sólo puede constatarse por terceros mediante la anotación preventiva de dicha demanda en el Registro Público de la Propiedad y es a través de este medio en que se puede someter a los futuros adquirentes a los resultados del juicio correspondiente, más aún si el propio tercero puede lograr que se levante la suspensión otorgando contragarantía, y ello hace que sea una más posible la del bien a terceros de buena fe.
"Por otra parte, cabe señalar que la inscripción de la demanda de amparo en el Registro Público de la Propiedad, resulta permisible en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 3005, fracción II y 3043 del Código Civil Federal, pues el primero señala que las disposiciones de este código se regirán en toda la República en asuntos del orden federal, por su parte, el artículo 3005, fracción II, establece: ‘Sólo se registrarán: ... II. Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica.’; por su parte, el artículo 3043 refiere: ‘Que se anotarán previamente en el Registro Público: I. Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos.’
"Con base en lo anterior y toda vez que en la demanda de garantías se reclama el ilegal emplazamiento que se hizo al quejoso dentro del juicio ordinario civil número 540/2004, en el que se declaró al aquí tercero perjudicado propietario de los bienes materia del conflicto, por lo que se concluye que en base a los numerales antes expuestos, la demanda de amparo del quejoso puede llegar a modificar la situación legal de aquel inmueble, y por otra parte, que tanto el escrito de demanda como el auto admisorio e, incluso, la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, son constancias que constan de manera auténtica, por lo que resulta claro que tales documentos son susceptibles de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
"No pasa desapercibido para quienes resuelven, el hecho de que el a quo haya apoyado su resolución en la tesis aislada número XI.2o. 28 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, cuyo rubro es: ‘DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.’, pues la aplicación de dicha tesis, además de no ser obligatoria en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, tampoco se comparte el criterio que se contiene en la misma, como lo es el que se considera suficiente la suspensión concedida para proteger los derechos del impetrante, ya que como se dijo con anterioridad, la suspensión somete a las autoridades responsables pero no surte efectos de dar publicidad de la situación litigiosa del inmueble en conflicto, ya que en el caso que nos ocupa, la parte tercero perjudicada, según lo refiere el quejoso, depositó ante el a quo la contragarantía que le fue impuesta para poder ejecutar el acto reclamado, sin que este argumento se encuentre controvertido por el Juez de Distrito en su informe.
"En las relacionadas condiciones, procede declarar fundado el recurso de queja que nos ocupa, para el efecto de que el a quo deje insubsistente el acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil cinco, sólo en la parte en donde resuelve no acordar de conformidad a la petición del quejoso de que se ordene la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Loreto, Baja California Sur, el escrito de demanda de garantías promovido por el quejoso, el auto admisorio de fecha cinco de octubre del año retropróximo y la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión que deriva del juicio de garantías que nos ocupa, y en base a los lineamientos expuestos en el presente considerando, proceda a acordar de conformidad a lo solicitado.
"Toda vez que el criterio adoptado por este Primer Tribunal Colegiado en la presente ejecutoria se encuentra en contradicción con el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis aislada XI.2o.28 K, que bajo el rubro: ‘DEMANDAS DE AMPARO. NO PROCEDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.’, aparece publicada en la página 1112 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196, fracción III, último párrafo y 197-A de la Ley de Amparo, procédase a la denuncia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual deberán remitirse los autos para que, de estimarlo procedente, resuelva sobre la contradicción."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, emitió el criterio reflejado en la tesis cuyos texto y datos que la identifican son:
"DEMANDAS DE AMPARO. NO PROCEDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. Es improcedente que el Juez de Distrito ordene inscribir en el Registro Público de la Propiedad las demandas de garantías, con la finalidad de que se mantenga una situación de hecho existente, pues ello es propio del incidente de suspensión, en términos del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual el Juez de Distrito, al conceder tal medida suspensional, protege los derechos del quejoso al tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su terminación; además que de llegar a obtenerse sentencia favorable en el juicio de garantías, su consecuencia, en términos del diverso numeral 80 de la invocada ley, es que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de cometerse la violación." (Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis XI.2o.28 K, página 1112).
El Tribunal Colegiado mencionado sustentó esta tesis al resolver el recurso de queja laboral 15/2001, interpuesto por María Guadalupe Pérez Anzo, en ejecutoria dictada por unanimidad de votos, en sesión del seis de junio de dos mil uno, en la cual el órgano colegiado sostuvo, en lo conducente, las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Son ineficaces los anteriores agravios.
"En principio, cabe señalar que deviene inoperante el agravio en que la recurrente aduce que el auto impugnado dictado por el Juez Séptimo de Distrito viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14, 16, 103 y 107 constitucionales, resultando antijurídica su afirmación, ya que los Jueces de amparo, al emitir sus resoluciones se basan en preceptos de la Ley de Amparo, a la cual ajustan su actuación y, por tanto, son las violaciones a dicha ley las que en todo caso le causarían perjuicio y las que deben invocarse en la revisión, en aplicación al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número P./J. 2/97, publicada en las páginas 5 y siguiente, Tomo V, correspondiente al mes de enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’
"Deviene infundado lo aducido por el inconforme en el agravio a estudio, en torno a que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, violó en su perjuicio los artículos 384 y 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por indebida aplicación, en relación con los numerales 3042, 3043 y 3044 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
"Lo anterior es así, porque aun cuando es cierto que la primera de las disposiciones en cita, establece que antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo podrán decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existentes, las cuales se decretarán sin audiencia de la contraparte y no admitirán recurso alguno, así como el que la resolución en que se niegue tal medida es apelable; también lo es que la supletoriedad que contempla el artículo 2o. de la Ley de Amparo, no opera de manera absoluta sino únicamente a falta de disposición expresa en la ley por suplir, por tanto, si dicha legislación en su sección tercera, título segundo, capítulo III, precisa la forma en que procede la suspensión del acto reclamado, lo cual tiene por objeto el mantener las cosas en el estado que guarden, para conservar la materia del amparo, hasta en tanto se emita la sentencia definitiva; de ahí que resulte incuestionable que en el caso, no es aplicable el invocado artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Así, es inconcuso que la determinación del Juez Séptimo de Distrito, de negarse a decretar la medida precautoria que le solicitara el aquí recurrente, en el sentido de que se inscriba la demanda de garantías en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, es legal, en virtud de que como lo consideró el artículo 399 del enjuiciamiento civil federal, establece que no podrá decretarse diligencia alguna, preparatoria de aseguramiento o precautoria que no estuviera autorizada por el título cuarto, capítulo único, de la ley supletoria.
"Además de que la finalidad pretendida por el inconforme, con la medida precautoria solicitada, según aparece del ocurso datado el cuatro de abril del año en curso, lo es para mantener la situación de hecho existente, o sea, para que el tercero perjudicado José Luis Higinio Menéndez no disponga del inmueble materia del juicio del cual derivan los actos reclamados, toda vez que ello puede obtenerse con la tramitación del incidente de suspensión, en términos del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual el Juez de Distrito al conceder tal medida suspensional protege los derechos del quejoso al tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su terminación, y llegado el caso de obtener sentencia favorable en el juicio de garantías, ello traería como consecuencia en términos del diverso numeral 80 de la invocada ley, el volver las cosas al estado que tenían antes de cometerse la violación, o sea, que cualquier acto a través del cual el citado tercero perjudicado José Luis Higinio Menéndez, hiciera sobre el inmueble materia de la controversia de la cual derivan los actos reclamados, dejaría de existir al ser considerado como litigioso.
"Sentado lo anterior, procede confirmar en sus términos el auto que se revisa."
CUARTO. Es preciso establecer que la circunstancia de que el criterio sustentado en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito no haya sido expuesto formalmente como tesis y, por ende, no haya publicación de ésta conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que este Alto Tribunal se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para que se determine la existencia de tal discrepancia, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Son aplicables en este caso, las jurisprudencias del Pleno y de esta Segunda Sala, cuyos textos y datos de identificación son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, página 77).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, tesis 2a./J. 94/2000, página 319).
De ahí que no exista obstáculo que impida resolver lo conducente, en relación con la posible contradicción de criterios a que esta ejecutoria se refiere.
QUINTO. Aclarado el punto anterior, procede analizar si existe la contradicción de tesis.
Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
A fin de determinar cuándo existe contradicción de criterios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la jurisprudencia cuyos texto y datos que la identifican son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
Conforme a lo anterior, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, es preciso que se actualicen los supuestos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
A efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que deberá prevalecer, es menester tener en consideración los antecedentes y la conclusión a la que cada Tribunal Colegiado arribó, como se expone a continuación:
A) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, conoció el recurso de queja identificado con el número 132/2005-I administrativa (sic), interpuesto por D. Víctor Hancock, en contra del acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil cinco, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, dentro del juicio de amparo indirecto 525/2005-III, en el cual el quejoso reclamó el ilegal emplazamiento practicado en un juicio ordinario civil, que concluyó con sentencia firme, que declaró a su contraparte como propietario de los bienes inmuebles materia de la litis.
A través del auto recurrido en queja, el Juez de Distrito del conocimiento negó la petición del imperante del amparo, D. Víctor Hancock, en el sentido de que se ordenara inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respectivo, el escrito de demanda de amparo, el auto admisorio y la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión que deriva del propio juicio de garantías, porque en opinión del juzgador de amparo mencionado, al haber concedido la suspensión definitiva quedaban protegidos los derechos del quejoso, pues se adoptaban las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su terminación; además, de llegar a obtener el quejoso sentencia favorable en el juicio de garantías, su consecuencia sería que las cosas volverían al estado que guardaban antes de la violación, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.
Contra la determinación precisada, el peticionario de garantías interpuso recurso de queja. Al conocer de éste, bajo el número de expediente 132/2005-I administrativa (sic), el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito lo declaró fundado, básicamente porque estimó que la premisa del a quo, en el sentido de que con la suspensión del acto reclamado concedida se protegían los derechos del quejoso era inexacta, pues tal medida sólo somete a las autoridades responsables, pero el tercero perjudicado podría vender el inmueble controvertido en el juicio civil de origen; por lo cual, desde la perspectiva del órgano colegiado, la anotación registral solicitada era procedente a efecto de dar publicidad a la situación litigiosa del inmueble, pues ésta sólo la podrían constatar los terceros mediante la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y a través de este medio se podría someter a los futuros adquirentes a las resultas del juicio correspondiente, más aún, la medida era procedente si se tomaba en cuenta que el propio tercero perjudicado podía lograr que se levantara la suspensión, mediante el otorgamiento de la contragarantía. Además, aseguró el Colegiado, la inscripción de la demanda de amparo en el Registro Público citado resulta permisible en términos de los artículos 1o., 3005, fracción II y 3043, todos del Código Civil Federal, pues el primero dispone que las disposiciones de dicho ordenamiento regirán en toda la República en asuntos del orden federal, mientras que el segundo establece que las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica se registrarán y el tercer numeral refiere que se anotarán previamente en el Registro Público las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre ellos; por tanto, que como en este caso la demanda de amparo podría llegar a modificar la situación legal del inmueble materia de la litis en el juicio natural, su inscripción era procedente, además que tal demanda, el auto admisorio y la resolución dictada en el incidente de suspensión eran constancias auténticas y, por ende, susceptibles de inscribirse ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
B) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito resolvió el recurso de queja 15/2001, interpuesto por María Guadalupe Pérez Anzo, en contra del acuerdo de seis de abril de dos mil uno, dictado en el juicio de amparo indirecto 151/2000-II por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el cual negó acordar favorablemente la petición de la quejosa, consistente en que se ordenara al delegado del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, que inscribiera la demanda de amparo y el auto admisorio en los libros de propiedad en que el inmueble materia de la litis de origen se encontraba registrado. El Juez de Distrito estimó que la petición era improcedente, porque en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, sólo es aplicable supletoriamente a ésta el Código Federal de Procedimientos Civiles cuyo artículo 399 establece que no podrá decretarse diligencia alguna, preparatoria de aseguramiento o precautoria, que no esté autorizada por ese título o por disposición especial de la ley, por tanto, afirmó el a quo federal, al no encontrarse prevista la medida precautoria solicitada dentro del título cuarto del libro segundo del código adjetivo federal supletorio, no era posible acceder a tal petición.
Contra ese proveído, la quejosa interpuso recurso de queja cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, bajo el número de queja laboral 15/2001. Al resolver este medio impugnativo, el Tribunal Colegiado de mérito lo estimó infundado, sustancialmente porque -según expuso- aun cuando el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo podrán decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente, las cuales se decretarán sin audiencia de la contraparte y no admitirán recurso alguno, así como que la resolución que niegue la medida es apelable, lo cierto es que la supletoriedad prevista en el artículo 2o. de la Ley de Amparo no opera de manera absoluta, sino únicamente a falta de disposición expresa y, en el caso, la ley citada precisa la forma en que la suspensión del acto reclamado procede, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado que guarden para conservar la materia del amparo hasta en tanto se emita la sentencia definitiva; por tanto, el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles no es aplicable al caso concreto y, en ese tenor, la determinación del Juez de Distrito -al negar la medida precautoria solicitada- era legal, en tanto que el artículo 399 del código procesal civil federal establece que no podrá decretarse diligencia alguna, preparatoria de aseguramiento o precautoria, no autorizada por el título cuarto, capítulo único del código supletorio citado; además, sostuvo el órgano colegiado, la finalidad pretendida con la medida solicitada, según aparecía en el escrito relativo, era mantener la situación de hecho existente, o sea, que el tercero perjudicado no dispusiera del inmueble materia del juicio de origen, lo cual podía obtenerse con el incidente de suspensión, en términos del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19590-7ea1e3ef/anotacion-registral-preventiva-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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