JUICIO AGRARIO. EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA PRESENTADO ANTES DE LA AUDIENCIA DE LEY, SÓLO SURTE EFECTOS SI SU AUTOR LO RATIFICA ORALMENTE EN DICHA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia agraria, que a su vez pertenece a la materia administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.
En el caso, la denuncia de contradicción la formuló, por conducto de su presidenta, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, el cual emitió uno de los criterios presuntamente contradictorios, por ende, la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, enseguida se efectúan las transcripciones conducentes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, resolvió los juicios de amparo directo 670/2004 y 671/2004, por unanimidad de votos, en sesión del veinticinco de enero de dos mil seis. Al ser esencialmente iguales los argumentos expresados en ambas resoluciones, sólo se transcriben, en lo que interesa, las consideraciones sustentadas en la primera de ellas, en los siguientes términos:
"Finalmente, en el segundo concepto de violación el quejoso argumenta que la autoridad responsable violó sus garantías consagradas por el artículo 14 constitucional, porque tuvo por perdido su derecho para contestar la demanda y ofrecer pruebas, al considerar que su escrito de veintitrés de octubre de dos mil tres, presentado al día siguiente en la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario, se trataba de un documento privado que no había sido ratificado al no comparecer en forma personal a la audiencia del día veintisiete de esos mismos mes y año, y que con lo anterior se inaplicó la jurisprudencia de rubro: ‘DEMANDA AGRARIA, SU CONTESTACIÓN PUEDE HACERSE POR ESCRITO O MEDIANTE COMPARECENCIA.’, que es obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Para analizar el argumento anterior, se estima conveniente transcribir la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que invoca el quejoso, la cual aparece publicada en la página 397 del Tomo IX, correspondiente a febrero de 1999, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DEMANDA AGRARIA, SU CONTESTACIÓN PUEDE HACERSE POR ESCRITO O MEDIANTE COMPARECENCIA.’ (se transcribe). Igualmente es pertinente copiar también la ejecutoria de la que emanó dicho criterio jurisprudencial y que aparece publicada en las páginas 398 a 401 del tomo citado anteriormente: (transcribe la parte conducente de la ejecutoria relativa). Precisado lo anterior, se aprecia que esa ejecutoria versó sobre un caso en el que la parte demandada en el juicio agrario presentó por escrito su contestación a la demanda, previamente a la audiencia de ley y que no asistió a ella, por lo que se le tuvo por no contestada la demanda inicial y por confesadas las afirmaciones de su contraparte, pues el tribunal agrario responsable en ese asunto estimó que el demandado debió comparecer a ratificarla en la referida audiencia. En relación con este supuesto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito estimó que era indebido el proceder de la autoridad responsable, porque al haber formulado por escrito su contestación a la demanda original, el demandado cumplió con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Agraria, ya que de acuerdo con ese numeral el demandado debe contestar la demanda a más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En ese orden de ideas y siguiendo los lineamientos que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, se hace notar que en el presente asunto se dan esos mismos hechos, porque en la especie: a) El demandado Miguel Ángel Cabañas Álvarez, el veinticuatro de octubre de dos mil tres, presentó por escrito su contestación a las demandas que se formularon en su contra, en la audiencia de trece de octubre de dos mil tres (fojas 20017 a 20737, tomos XXV y XXVI). b) El referido demandado no compareció a la audiencia celebrada el veintisiete de octubre de dos mil tres (fojas 33142 a 33551, tomo XL) y por tal motivo el Magistrado del tribunal agrario responsable tuvo por perdido su derecho a contestar las demandas en relación con las personas que señaló en sus escritos correspondientes y a ofrecer pruebas y que se le podrían tener por ciertos los hechos que le imputa su parte contraria; considerando dicha autoridad como apoyo de su decisión, que los escritos de contestación relativos sólo eran documentos privados que requerían de ratificación para que pudieran surtir los efectos legales correspondientes y que, ante la inasistencia del demandado, no podía satisfacerse tal requisito. De ese modo, es claro que en el presente caso pudiera ser aplicable tal jurisprudencia, sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte tal criterio por las razones siguientes: Para una mejor comprensión de la conclusión a que se arribará, se transcriben a continuación los artículos 170, primer párrafo, 178, 180, 183 y 185, fracciones I y V, de la Ley Agraria. ‘Artículo 170.’ (se transcribe). ‘Artículo 178.’ (se transcribe). ‘Artículo 180.’ (se transcribe). ‘Artículo 183.’ (se transcribe). ‘Artículo 185.’ (se transcribe con sus fracciones I y V). De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que si bien es verdad que el artículo 178 de la Ley Agraria dispone que el demandado puede contestar la demanda con anticipación a la audiencia de ley y que lo puede hacer por escrito o mediante su comparecencia, así como que la tramitación del juicio se ajustará al principio de oralidad, también lo es que el artículo 185 de la ley en cita, en concordancia con el numeral anterior, establece categóricamente en su fracción I, que ‘expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación’, esto es, que en los preceptos en mención, se determina el principio de oralidad que debe regir en el desahogo de la audiencia, por lo que resulta claro que aunque el demandado presente su contestación por escrito, en acatamiento a dicho principio de oralidad, debe asistir a la audiencia de ley y ratificar aquel documento, pues de la lectura de los artículos que integran el capítulo tercero del título décimo de la Ley Agraria (del 178 al 190), no se aprecia que se encuentre contemplada alguna hipótesis que exima al demandado de comparecer a la audiencia de ley. Lo anterior se corrobora con el contenido del artículo 183 de la propia Ley Agraria, en el que se prevé que si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente al monto de uno a diez días de salario mínimo de la zona de que se trate y que si no se ha pagado la multa no se emplazará de nuevo para el juicio, es decir, que en el supuesto normativo referido, aun obrando el escrito de demanda, si el actor no asiste a la audiencia de ley, ésta no podrá llevarse a cabo aunque el demandado sí se encuentre presente, ya que expresamente se establece que se le impondrá una multa a dicho actor y que no se llevará a cabo un nuevo emplazamiento hasta que se pague la multa impuesta; por ello, si la ley no prevé que al no asistir el actor a la audiencia se tenga por ratificado su escrito de demanda, mucho menos puede determinarse, en observancia al principio de igualdad procesal, que ante la incomparecencia del demandado, a éste sí pueda tenérsele por contestada la demanda, que por escrito hubiera presentado con antelación a la multicitada audiencia. Lo anterior lleva a concluir que si bien la demanda y la contestación a ella pueden hacerse por escrito o mediante comparecencia, ello no exime ni al actor ni al demandado de acudir personalmente a la audiencia de ley prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria. De ese modo, es palmario que el proceder del tribunal agrario responsable es correcto y ajustado a derecho al decidir, en acuerdo dictado en la asamblea de veintisiete de octubre de dos mil tres, que ante la falta de asistencia del demandado Miguel Ángel Cabañas Álvarez, se le tenía por perdido su derecho a contestar las demandas formuladas en su contra en la audiencia de trece de octubre de dos mil tres, ya que no ratificó aquellas contestaciones que presentó con antelación por escrito. En virtud de lo anterior y ante la posible contradicción de criterios entre el que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia cuyos datos han quedado precisados en líneas anteriores y la opinión que sustenta este tribunal en la presente ejecutoria, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, formúlese la denuncia correspondiente en la vía que proceda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo citado."
Por su parte, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primero en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito, emitió el criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia, cuyos texto y datos que la identifican son:
"DEMANDA AGRARIA, SU CONTESTACIÓN PUEDE HACERSE POR ESCRITO O MEDIANTE COMPARECENCIA. De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Agraria a la parte demandada asiste el derecho de contestar la demanda original por escrito o mediante comparecencia, a más tardar en la audiencia de ley, por tanto, si se contesta por escrito la demanda agraria, se cumple con lo dispuesto en el citado precepto legal, consecuentemente la no comparecencia en forma personal de la demandada a la audiencia de derecho, no puede tener como consecuencia el que se tenga por no contestada la demanda inicial y por confesadas las afirmaciones de la contraparte, máxime que si el procedimiento agrario le da facilidades al actor, en cuanto a que, el artículo 170 de la Ley Agraria le permite presentar su demanda por escrito o simple comparecencia, asimismo debe ser para el demandado, atendiendo al principio de igualdad de las partes." (Novena Época. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, febrero de 1999. Tesis XVII.2o. J/12. Página 397).
Los precedentes que integran la jurisprudencia invocada, son los siguientes:
• Amparo directo 441/98. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chihuahua. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretario: Jorge Luis Olivares López.
• Amparo directo 400/98. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chihuahua. 3 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Sara Olivia González Corral.
• Amparo directo 442/98. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chihuahua. 10 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Sara Olivia González Corral.
• Amparo directo 403/98. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chihuahua. 7 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Natalia López López.
• Amparo directo 462/98. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chihuahua. 7 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Natalia López López.
En todos los asuntos mencionados, el órgano jurisdiccional federal del conocimiento sustentó consideraciones idénticas, con diferencias mínimas. En la ejecutoria del último de los asuntos enunciados, en lo conducente, el órgano colegiado del conocimiento sostuvo:
"QUINTO. Los conceptos de violación que expuso el quejoso son fundados. A manera de antecedentes debe señalarse que la parte actora en el juicio agrario del que derivó el acto reclamado en este juicio de amparo, demandó del aquí quejoso la nulidad del registro del acta y planos de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales del ejido El Fresno, Municipio de Chihuahua, de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, así como la cancelación y expedición de los certificados parcelarios; el Tribunal Unitario Agrario tuvo como demandada a la delegación en el Estado de Chihuahua del Registro Agrario Nacional, la que una vez que fue emplazada al juicio dio contestación por escrito a la demanda en cuestión; en la audiencia de ley celebrada el día veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el Magistrado responsable tuvo por no contestada la demanda por parte del Registro Agrario Nacional, bajo el argumento de que no estuvieron presentes ni el delegado ni el representante legal del referido Registro Agrario Nacional, y en la sentencia que ahora se reclama, consideró que no podía tomarse en cuenta lo argumentado por el delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chihuahua en su escrito de contestación de demanda, ya que al no haberse presentado a la audiencia de pruebas y alegatos, se le tuvo por confeso de las afirmaciones de su contraparte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley Agraria. El ahora quejoso, a manera de conceptos de violación, expuso que por escrito presentado el día veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dio contestación a la demanda y que el Magistrado responsable sin fundamentación y motivación acordó la no comparecencia de ese órgano registral y la no contestación a la demanda, vulnerando en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, ya que la señalada autoridad responsable omitió aplicar lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley Agraria, que es muy claro en cuanto a la contestación de la demanda; que la sentencia combatida no se ajustó a las normas esenciales del procedimiento contenidas en los artículos 178 a 190 de la Ley Agraria, causándole graves perjuicios a ese órgano registral porque sí hubo contestación de demanda, misma que se presentó en tiempo y forma un día antes de la audiencia de pruebas y alegatos, contestación de demanda que de manera arbitraria e indebida se tuvo por no presentada sin que se fundamentara y motivara el acuerdo respectivo; que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que no obstante que esa contestación de demanda se recibió un día antes y además obraba en el expediente, se omitió hacer referencia de la misma en la audiencia de ley; que la responsable en la sentencia combatida, no citó precepto jurídico, ni expresó razonamiento alguno que sirviera de sustento legal a su sentencia y pretendió apoyar su acto mediante la aplicación supletoria de una tesis aislada referente a la justicia de paz, lo cual era improcedente ya que la Ley Agraria contiene las reglas aplicables para la tramitación de los juicios agrarios, por lo que solicita se conceda la protección federal. Son fundados esos motivos de inconformidad ya que es cierto que el Magistrado responsable en forma inexacta determinó en la audiencia de pruebas y alegatos (fojas 23 a 26 del expediente original), que no era posible tener al delegado estatal del Registro Agrario Nacional dando contestación a la demanda, aduciendo que uno de los principios del procedimiento agrario era el de oralidad previsto por el artículo 178 de la ley de la materia, por virtud del cual, según la autoridad responsable, se requiere la presencia de las partes en el desahogo de pruebas y alegatos y en razón de que no se encontró presente no era posible tenerlo dando contestación a la demanda aunque hubiera presentado por escrito tal contestación, pues debió haber comparecido a ratificarla; sin embargo, como ya se precisó, esa consideración del Magistrado responsable es inexacta, porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley Agraria, el demandado debe contestar la demanda a más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia y si el delegado agrario en el Estado, demandado en el juicio del que derivó el acto reclamado, contestó por escrito la demanda original, según se advierte de las fojas 12 a 18 del expediente original, obvio es que la parte demandada, aquí quejosa, cumplió con lo dispuesto por el referido artículo 178 del invocado ordenamiento legal, siendo violatoria de ese precepto legal la referida consideración de la autoridad responsable de tener por confeso de las afirmaciones de su contraparte al demandado, hoy quejoso, además el artículo 170 de la Ley Agraria permite al actor presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia, por lo que si el procedimiento agrario es bondadoso para el actor, en cuanto que permite que éste comparezca a juicio por escrito, asimismo debe ser para el demandado, atendiendo al principio de igualdad de las partes, de donde, si el hoy quejoso contestó la demanda original por escrito, fundándose para ello en un precepto expreso de la ley de la materia, como lo es el artículo 178 de la Ley Agraria, el Magistrado responsable no debió haber obrado en la forma en que lo hizo, por lo que su actuación fue contraria a derecho. Al respecto es aplicable en lo conducente, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de mayo de 1997, Tribunales Colegiados, consultable en las páginas 618 y 619 que a continuación se transcribe: ‘DEMANDA EN MATERIA AGRARIA, CONTESTACIÓN DE LA. ES VÁLIDO HACERLA POR CONDUCTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.’ (se transcribe). En las relatadas consideraciones, como la sentencia combatida es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que procede es conceder al quejoso la protección federal solicitada para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la resolución combatida, tenga a la parte demandada hoy quejosa dando contestación a la demanda y seguido el trámite correspondiente, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda."
CUARTO. Cabe aclarar que la circunstancia de que los criterios sustentados en las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no haya publicación de éstas conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que este Alto Tribunal se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para que se determine la existencia de ésta, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias del Pleno y de esta Segunda Sala, cuyos textos y datos de identificación son del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 27/2001. Página 77).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados." (Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, noviembre de 2000. Tesis 2a./J. 94/2000. Página 319).
Tampoco constituye obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la posible contradicción de tesis, el hecho de que el criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primero en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, al resolver los amparos directos 441/98, 400/98, 442/98, 403/98 y 462/98, haya participado en la contradicción de tesis 62/99-SS, que se suscitó entre el criterio de ese órgano colegiado y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 410/98, 411/98, 413/98, 449/98, 450/98, 451/98, 452/98 y 472/98.
Ello porque en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis precisada, dictada por esta Segunda Sala en sesión pública del catorce de enero de dos mil, se determinó que existía la contradicción de criterios denunciada, debido a que mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito había sostenido que el delegado del Registro Agrario Nacional carecía de legitimación para promover juicio de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito aceptó, tácitamente, la legitimación de esa autoridad, al proceder al estudio de los conceptos de violación planteados.
En la ejecutoria de mérito se determinó que debía prevalecer el criterio de esta Segunda Sala, expresado en la tesis de jurisprudencia cuyos texto y datos de publicación son los siguientes:
"REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame y por esta razón, únicamente puede promoverse por el agraviado, por su representante o por su defensor. Por su parte, el artículo 9o. de la propia Ley de Amparo establece que también las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que no ocurre cuando en un juicio ordinario se demanda del Registro Agrario Nacional la nulidad o cancelación de actos registrales. Por ende, en esta hipótesis carece de legitimación para promover amparo, aun cuando haya sido parte en aquel juicio ordinario." (Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, enero de 2000. Tesis 2a./J. 4/2000. Página 42).
Como se ve, la materia de la contradicción consistió en establecer, si el Registro Agrario Nacional está legitimado o no para promover juicio de amparo contra actos dictados en un juicio ordinario en que se demanda de dicho registro la nulidad o cancelación de actos registrales. Al respecto, se concluyó que el Registro Agrario Nacional carece de la legitimación citada, aun cuando haya sido parte en el juicio ordinario.
De manera que la decisión de esta Sala resultó adversa al razonamiento tácito efectuado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, pues en los precedentes de la tesis de jurisprudencia de dicho Tribunal Colegiado, éste conoció el fondo de los juicios de amparo directo, todos promovidos por el delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chihuahua. Conforme a la conclusión de esta Segunda Sala, los juicios de amparo precisados debieron sobreseerse y no ocuparse del fondo de la litis constitucional, como lo hizo el órgano colegiado de mérito.
Sin embargo, como las resoluciones que este Alto Tribunal emita en las contradicciones de tesis sólo tienen por consecuencia determinar el criterio que habrá de prevalecer sobre el tema específico de la contradicción, sin que puedan alterar la situación concreta de los asuntos fallados por los órganos colegiados contendientes, por disposición expresa del artículo 197-A de la Ley de Amparo, además de que en términos del artículo 107, fracciones VIII, párrafo último y IX, de la Constitución Federal, las resoluciones que los Tribunales Colegiados pronuncien en materia de amparo, por regla general, son inimpugnables; en este caso, debe estimarse que la tesis sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el sentido de que en los juicios agrarios la demanda puede contestarse por escrito o mediante comparecencia a más tardar en la audiencia de ley, aún subsiste y es apta para generar divergencia de criterios con los emitidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito.
Se expone tal aserto, porque si bien el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito conoció de juicios de amparo promovidos por el representante del Registro Agrario Nacional, el criterio apuntado (atinente a la contestación de la demanda) lo sostuvo en forma genérica para cualquier demandado en los juicios agrarios, sin que tal razonamiento haya sido trastocado al establecer esta Segunda Sala, que el Registro Agrario Nacional carece de legitimación para promover juicio de amparo contra actos dictados en los juicios ordinarios en que se demande de dicho registro la nulidad o cancelación de actos registrales, pues la contradicción de tesis no se ocupó del tema atinente a si la demanda en los juicios ordinarios en materia agraria debe contestarse por escrito o mediante comparecencia en la audiencia de ley, sino únicamente de la legitimación de la persona moral oficial enunciada, para efectos de la promoción del juicio de garantías.
De ahí que no exista obstáculo que impida resolver lo conducente, en relación con la posible contradicción de criterios a que esta ejecutoria se refiere.
QUINTO. Precisado lo anterior, procede ahora analizar si existe la contradicción de tesis.
Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19538-f510c3bd/juicio-agrario-el-escrito-de-contestacion-de-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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