REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES O COMUNALES. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY AGRARIA SÓLO PUEDE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA, SI LA PARTE DEMANDADA LA HACE VALER EXPRESAMENTE, VÍA EXCEPCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia agraria, que es una rama integrante de la materia administrativa.
SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.
En el caso, la denuncia de contradicción la formuló la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito, quien fungió como autoridad responsable en los dos juicios de amparo en que se emitieron los criterios presuntamente contradictorios; por ende, la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las siguientes transcripciones:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo agrario 310/2006, por unanimidad de votos, en sesión de doce de julio de dos mil seis, en lo que interesa, sostuvo:
"SEXTO. Los conceptos de violación que al respecto se expresan son sustancialmente fundados.
"En efecto, devienen de esa característica, las manifestaciones en las que, en esencia, se aduce que la autoridad responsable analizó una excepción que no fue interpuesta por la parte demandada, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, ya que en su contestación de demanda en ningún momento adujo como defensa la prescripción de la acción de reversión de que se trata; que en la audiencia de ocho de marzo de dos mil seis, al ratificar el citado escrito contestatorio se omite oponer excepción alguna, por el contrario la demandada confiesa los hechos de la contraria, por lo que al existir tal allanamiento éste se tuvo que tomar en cuenta al resolver; que el tribunal responsable en forma oficiosa introduce en la sentencia el estudio de una excepción, cuyo carácter perentorio, obliga a considerar que debe oponerse de manera expresa.
"Lo anterior es así, toda vez que la accionada Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en el escrito de contestación de demanda se limita a exponer: (transcribe el escrito de contestación) (fojas 188 a 189).
"Asimismo, en la audiencia efectuada el ocho de marzo de dos mil seis, la demandada en cuestión aseveró: (transcribe la parte relativa del acta correspondiente) (foja 179 vuelta); y posteriormente, sostuvo: (transcribe las manifestaciones vertidas en vía de alegatos en la propia acta) (foja 181 vuelta).
"Por su parte el comisariado ejidal del ejido ‘Naranjos y Manlio Fabio Altamirano’, Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a través de su representante legal aseveró: (transcribe en lo conducente el acta respectiva) (foja 180).
"De las transcripciones que preceden se observa que, como bien se destaca en el concepto de violación a estudio, la excepción de que se trata no fue interpuesta por la parte demandada en el juicio natural; sin embargo, el tribunal agrario en forma inexacta considera que su análisis es procedente en razón de que el ejercicio de un derecho en el plazo que establece la ley es una condición para la procedencia de la acción, pues al respecto refiere: ‘... considerando que el ejercicio de un derecho, en el plazo que establece la ley, es una condición para la procedencia de la acción; el estudio de esa condición tiene que hacerse oficiosamente por este juzgador, por ser una cuestión de orden público, en virtud de que el derecho reclamado realmente no llega a nacer si no se ejercita dentro del término legal, puesto que su nacimiento queda sujeto precisamente a la condición de que la acción se entable dentro de plazo que fija a (sic) ley.’ (foja 196).
"Dichas consideraciones no se encuentran ajustadas a derecho, pues como correctamente lo pondera el impetrante del amparo, el estudio de la excepción de prescripción debe ser planteada expresamente como defensa de la parte reo, dado su carácter extintivo, por lo que no puede ser considerada como una condición de la acción cuyo análisis sea oficioso; extremos que se pondrán de manifiesto a continuación.
"Ciertamente, cabe señalar, que así como la doctrina procesal reconoce la existencia de un derecho de acción, entendido como el derecho abstracto para promover la actividad del órgano jurisdiccional con el propósito de que se resuelva un litigio o controversia, se reconoce paralelamente un derecho genérico de defensa, definido como la posibilidad de contradecir las pretensiones de la parte actora y ofrecer pruebas que respalden la defensa intentada; ambos derechos se consideran complementarios, e indubitablemente, este derecho de defensa se encuentra inmerso en la garantía de audiencia.
"Debe precisarse, igualmente, que el análisis respecto a las excepciones y defensas en el proceso reflejará un enfoque civilista, toda vez que la legislación en materia agraria vigente a partir de mil novecientos noventa y dos, producto de las reformas al artículo 27 constitucional de ese mismo año, supone la instauración de un procedimiento agrario con claras raíces en el derecho común, en tanto sustituye el sistema de reparto agrario en el cual los conflictos o procedimientos agrarios se resolvían ante instancias netamente administrativas, o bien, mediante el juicio de amparo. Mientras que a partir de la expedición de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se implementa un proceso judicial seguido ante tribunales especializados, con intervención de las partes (ejido, comunidades, pequeños propietarios, asociaciones, ejidatarios, avecindados, etcétera), y si bien no se trata de un proceso de derecho privado, sino que conserva su naturaleza pública, lo cierto es que se regula mayoritariamente conforme a las reglas del proceso civil, máxime que históricamente las instituciones procesales han sido producto de la evolución y desarrollo de éste; lo que precede encuentra sustento en lo dispuesto por el propio artículo 2o. de la Ley Agraria, que establece literalmente: ‘En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate ...’
"Así las cosas, una vez instaurado o iniciado el juicio específico, la parte demandada, en ejercicio de su derecho de defensa, podrá adoptar diversas posturas procesales, a saber: allanarse a las pretensiones del actor, es decir, aceptarlas; reconocer como ciertos los hechos de la demanda, o lo que es lo mismo, confesarlos; reconocer la aplicabilidad de los fundamentos de la demanda; negar los hechos afirmados por el actor, así como el derecho que le asiste; oponerse al proceso o al reconocimiento de la validez de las pretensiones de la parte actora, dicho de otro modo, hacer valer excepciones procesales o sustanciales; y podrá también reconvenir al actor, esto es, formular a su vez pretensiones opuestas a las de éste.
"De todas estas posturas, resulta relevante aquella que implica la oposición al reconocimiento de la validez de las pretensiones de la parte actora, oposición que procesalmente se ha definido como excepción, que en un sentido concreto, ésta es entendida como la cuestión específica que hace valer el demandado frente a la pretensión del actor, y que tiene por objeto oponerse a la continuación del proceso por considerarse que no están cumplidos determinados presupuestos procesales (excepciones procesales); o bien, a que se reconozca la validez de las pretensiones del actor, alegándose en estos casos la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos en la relación jurídica subyacente invocada por el demandante (excepciones sustanciales).
"Así, las excepciones procesales cuestionan la integración misma de la relación procesal, sin necesariamente cuestionar el fondo de la pretensión hecha valer por el actor; y las excepciones sustanciales ponen en tela de juicio el fundamento mismo de dicha pretensión.
"Estas últimas, en general, se traducen en hechos concretos modificativos, impeditivos o extintivos que afectan la relación jurídica sustancial invocada por el actor como origen y fundamento de su pretensión, específicamente, los hechos extintivos suponen la terminación de la relación jurídica de que se trate; asimismo, las excepciones suelen clasificarse, particularmente por los ordenamientos adjetivos, como dilatorias y perentorias, las primeras corresponden a aquellas que paralizan o detienen el curso de la acción, mientras que las segundas son aquellas que destruyen a la acción misma.
"También se distingue doctrinal y jurisprudencialmente entre las excepciones y las defensas; estas últimas han sido concebidas bien como el equivalente a las excepciones sustanciales, esto es, como la oposición al derecho sustantivo, bien como meras negaciones formuladas por el demandado respecto a los hechos o el derecho invocado por el actor, bien como ‘excepciones impropias’ que se apoyan en hechos que por sí solos excluyen la acción y que el Juez debe analizar oficiosamente; a diferencia de las excepciones que descansan en hechos que permiten al demandado destruir la acción, siempre que sean alegados y probados por éste.
"Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido distinción entre las excepciones propiamente dichas de las excepciones impropias o defensas, diciendo que las primeras descansan en hechos que por sí mismos no excluyen la acción, pero dan al demandado la facultad de destruirla o de dilatar su curso, según sean perentorias o dilatorias; y que las segundas se apoyan en hechos que por sí mismos excluyen la acción, de modo que una vez demostrada su existencia, el Juez está en el deber de estimarlas de oficio, aunque no las alegue el demandado. Como ejemplos de excepciones en sentido propio, se cita la compensación y la prescripción; y de las excepciones impropias o defensas, el pago, la novación, la condonación del adeudo y la confusión.
"En esas condiciones, contrario a lo sustentado por el tribunal agrario, la prescripción de la acción de reversión de bienes ejidales, al constituir una excepción propiamente dicha, no puede reputarse como una condición para la procedencia de la citada acción, de ahí que para realizar su estudio era necesario que hubiese sido planteado expresamente en el respectivo escrito de contestación de demanda, lo que no sucedió, transgrediéndose con ello el principio de congruencia que ha de regir toda resolución judicial.
"Sirve de apoyo a lo que precede las tesis emitidas por la otrora Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en las páginas 193 del Volumen VII, Cuarta Parte y 59 del Volumen LVI, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyos textos son los siguientes: ‘EXCEPCIONES Y DEFENSAS.’ (se transcribe); ‘EXCEPCIONES IMPROPIAS O DEFENSAS, ESTUDIO DE OFICIO DE LAS. ARRENDAMIENTO.’ (se transcribe).
"No es ocioso precisar que en los casos en que opera la suplencia de la deficiencia de la queja, el tribunal agrario sí se encuentra obligado a estudiar en forma oficiosa la prescripción de las acciones agrarias respectivas, pues aquélla rompe con el esquema rígido según el cual el fallo que dicta el resolutor debe regirse exclusivamente por lo alegado y probado por las partes, es decir, permite la introducción a la contienda de argumentos no hechos valer por los litigantes, así como la determinación precisa de los hechos y actos controvertidos, tan es así que se encuentra expresamente reconocida por la legislación agraria en su artículo 164, que previene textualmente que: (se transcribe); sin embargo, no debe perderse de vista que la parte demandada en la controversia agraria en cuestión lo es la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien de ninguna forma encuadra en las hipótesis normativas previstas por el artículo antes citado, por lo que la excepción en comento debió ser opuesta en forma expresa por la referida parte demandada, ya que de lo contrario, se insiste, se transgrede el principio de congruencia. Sin que obste que haya figurado como parte tercera interesada en el procedimiento, el comisariado ejidal del ejido ‘Naranjos y Manlio Fabio Altamirano’, Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, respecto del cual sí operaría la suplencia de la queja a su favor, al tratarse de un núcleo de población ejidal que se vería favorecido con el retorno de las hectáreas que le fueron expropiadas; por tal motivo, es evidente que en caso de suplir la queja deficiente en favor de la demandada Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, analizando oficiosamente una excepción que no hizo valer, y que ello trae como consecuencia declarar la prescripción de la acción de reversión impetrada, resulta evidente que en vez de beneficiar al núcleo ejidal lo perjudicaría, pues no se lograría la reintegración a su patrimonio de las referidas hectáreas.
"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.1o.A. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página setecientos sesenta y cuatro del Tomo VIII, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.’ (se transcribe).
"Lo mismo ocurre respecto a la consideración vertida por el tribunal responsable en la sentencia reclamada, y que fue señalada a mayor abundamiento, consistente en que no procede la acción de reversión impetrada, porque: ‘... el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, no probó la concurrencia de la totalidad de las condiciones establecidas por el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, pues si bien tal como lo reconoce la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en la confesional a su cargo, no fue cubierta la indemnización correspondiente al ejido afectado por la expropiación de sus tierras, debido a que no se ejecutó el decreto de expropiación; lo que resulta inverosímil, es que los afectados del ejido denominado «Naranjos y Manlio Fabio Altamirano», Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, conserven la posesión de los bienes expropiados, como lo declararon los integrantes del comisariado ejidal del poblado en cuestión en la audiencia de ley; ya que, cuando se expropia por causa de utilidad pública una superficie de terreno ejidal para destinarlo a su regularización y titulación legal a favor de sus ocupantes mediante su venta, es obvio que no sólo son los ejidatarios del núcleo afectado, los que se encuentran en posesión de la superficie expropiada, sino que también sujetos ajenos al ejido que ejercen una posesión irregular, esto es así, toda vez que el fin último de los decretos expropiatorios realizados a favor de «Corett» es regularizar los asentamientos humanos que, por su propia naturaleza, se van expandiendo ante la necesidad de un espacio en el cual puedan construir una vivienda, dando con ello seguridad jurídica en sus posesiones irregulares; suponer lo contrario, sería tanto como aceptar que los decretos expropiatorios a favor de Corett son para constituir zonas de urbanización no para regularizar los asentamientos humanos irregulares ya existentes, dejándolos, por tanto, sin causa de utilidad pública; ya que para regularizar la posesión de sujetos con capacidad agraria en tierras ejidales, es decir, para regularizar la posesión de los ejidatarios y posesionarios reconocidos por la asamblea ejidal, la Ley Agraria contempla la forma y mecanismos para regularizar sus posesiones, tanto en las áreas parceladas como en la zona de asentamientos humanos, sin la necesidad de que tierras ejidales sean extraídas de ese régimen ejidal, sin embargo, es precisamente la posesión irregular de sujetos ajenos al ejido lo que origina el trámite de la expropiación a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien de conformidad con la causa de utilidad pública debe regularizar la tenencia de quienes previamente al decreto de expropiación mantenían una posesión irregular de la superficie expropiada, por ello es inadmisible creer que el ejido afectado conserve la posesión de tierras ejidales; de ahí que se diga que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, no probó la totalidad de las condiciones que exige el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para la procedencia de la acción de reversión, por tanto, la acción de reversión no puede prosperar.’
"Ello es así, en virtud de que, como quedó precisado en las transcripciones de las contestaciones de demanda de las partes, tampoco fue opuesto como excepción por ninguna de las partes, que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal no acreditaba la totalidad de las condiciones de su acción de reversión, establecidas por el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; de ahí que aun cuando tal consideración haya sido establecida a mayor abundamiento en la sentencia reclamada, cabe decir que la misma no formó parte de la litis natural y, por tanto, tampoco fue correcto el proceder del tribunal responsable de abordar el análisis de esta cuestión.
"Dado el resultado a que se llegó con el estudio de los conceptos de violación hasta aquí analizados, resulta innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos propuestos en la demanda de garantías, en virtud de que cualquiera que fuera su resultado en nada variaría el sentido del presente fallo; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia número 168, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento trece del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe).
"En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito, con residencia en Tuxpan, Veracruz, deje insubsistente la sentencia de trece de marzo de dos mil seis, dictada en el juicio agrario número 245/2005, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, y en su lugar emita otra en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que proceda en derecho."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado, también en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo agrario 553/2005, por unanimidad de votos, en sesión de once de noviembre de dos mil cinco, en lo conducente, sustentó:
"QUINTO. Dada la relación que guardan los conceptos de violación este Tribunal Colegiado atenderá su estudio en forma conjunta de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, los cuales resultan infundados en razón de las siguientes consideraciones.
"Si bien, como lo señala el quejoso, la autoridad responsable para determinar que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, no ejercitó en tiempo la acción de reversión de tierras ejidales, invoca la figura jurídica de la caducidad, pero fundamenta su razonamiento en un criterio de nuestro Máximo Tribunal, relativo a la prescripción de la acción relativa, tal cuestión no causa perjuicio al amparista.
"Así es, como se desprende del acto combatido, en la parte que interesa, el tribunal responsable sustentó:
"‘En ese sentido, el fideicomiso demanda la reversión en términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, este precepto determina que el fondo demandará la reversión de los bienes expropiados ante los Tribunales Agrarios competentes, cuando se cumpla la totalidad de las condiciones siguientes: «... IV. Que hayan transcurrido cinco años, a partir de la publicación del decreto expropiatorio ...»; lo que significa que una vez transcurrido dicho plazo, es exigible la reversión, luego, de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, el fideicomiso contaba con dos años para ejercitar en tiempo la acción de reversión contados a partir de haber transcurrido cinco años de la publicación del decreto de expropiación.
"‘Por tanto, si contamos cinco años a partir del quince de junio de mil novecientos setenta y nueve, cuando se publica el decreto en cuestión, es hasta el quince de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando se hace exigible la reversión, de ahí empezó a contar el plazo de dos años para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal demandara la reversión, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, mismo que feneció el quince de junio de mil novecientos ochenta y seis, y es hasta el veinticinco de junio de dos mil cuatro, cuando se ejercita la acción de reversión de tierras, dieciocho años después, siendo evidentemente que ha caducado el derecho del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, para demandar la reversión de una superficie de 61-51-08.00 hectáreas expropiada por causa de utilidad pública al ejido denominado «Estero del Ídolo», Municipio de Temapache, Veracruz, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, de conformidad con el decreto presidencial de fecha cinco de junio de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince del mismo mes y año; ello con fundamento en la jurisprudencia de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, tesis 2a./J. 26/2001, página 501, cuyos rubro y texto dicen: «REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES O COMUNALES EXPROPIADOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA.»
"‘Por ende, es improcedente la declaratoria judicial de que ha operado la reversión de tierras a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, respecto de una superficie de 61-51-08.00 hectáreas, que refiere dicho decreto, así como la declaratoria judicial de que ha procedido la incorporación a su patrimonio de dicha superficie, como también improcedente es ordenar la cancelación de las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente que se hayan realizado de conformidad a lo ordenado en el resolutivo quinto del decreto en cuestión.’
"Por tanto, aun cuando la autoridad responsable haya establecido que caducó el derecho del ahora quejoso, tanto en el considerando quinto como en los puntos resolutivos de la sentencia combatida, para demandar la reversión de una determinada superficie expropiada por causa de utilidad pública al ejido ‘Estero del Ídolo’, Municipio de Temapache, Veracruz, los razonamientos jurídicos vertidos por la responsable están enfocados a la figura jurídica de la prescripción, por lo que no se debe atender a la denominación que se empleó para determinar la litis, sino en todo caso, a la calificación jurídica que se estime exactamente aplicable al caso de que se trata; por ende, contrario a lo aducido por el amparista, resulta intrascendente la confusión terminológica en que incurrió la autoridad responsable, pues la propia autoridad fundamenta su resolución en un criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable exactamente al caso concreto, y que además es de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XIV, julio de 2001
"‘Página: 501
"‘Tesis: 2a./J. 26/2001
"‘Jurisprudencia
"‘Materia(s): Administrativa
"‘REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES O COMUNALES EXPROPIADOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA.’ (se transcribe).
"En consecuencia, si la autoridad responsable determinó que resulta improcedente la declaratoria judicial de que ha operado la reversión de tierras a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, respecto de una superficie de 61-51-08.00 hectáreas, así como la declaratoria judicial de que ha procedido la incorporación a su patrimonio de tal superficie, como también improcedente es ordenar la cancelación de las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente que se hayan realizado de conformidad a lo ordenado en el resolutivo quinto del decreto en cuestión, en razón de que, si se cuentan cinco años a partir del quince de junio de mil novecientos setenta y nueve, cuando se publica el decreto respectivo, es hasta el quince de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando se hace exigible la reversión, de ahí empezó a contar el plazo de dos años para que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal demandara la reversión, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, mismo que feneció el quince de junio de mil novecientos ochenta y seis, y es hasta el veinticinco de junio de dos mil cuatro, cuando se ejercita la acción de reversión de tierras, dieciocho años después; y señala para fundamentar su razonamiento en la jurisprudencia que refiere al tema de la prescripción de la acción de reversión, debe estimarse que es en dicha figura jurídica en que sustenta su fallo y no en la caducidad.
"Por tanto, al haberse actualizado la figura de la prescripción, resulta irrelevante que la autoridad responsable se haya ocupado de analizar las condiciones que establece el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, concretamente lo relativo a que los afectados conserven la posesión de las tierras de que se trata, pues al determinar el tribunal responsable la prescripción de la acción de reversión, se traduce en la extinción del derecho por el transcurso del tiempo, o sea, la instancia acaba y se inutiliza, por lo que no se pueden analizar las cuestiones de fondo, de ahí que tampoco puedan prosperar los argumentos del quejoso tendientes a demostrar la falta de análisis de los elementos de convicción por parte de la autoridad responsable.
"Por ende, los conceptos de violación que hace valer el quejoso relativos a demostrar que contrario a lo estimado por el tribunal responsable quedó demostrado que los afectados conservan la posesión de la superficie respectiva, aun en el supuesto no concedido de que fuera correcta, no puede trascender, al haber prescrito la acción de reversión intentada por el aquí amparista.
"Por otro lado, el hecho de que la autoridad responsable, analizando la acción intentada por el ahora quejoso haya determinado que la acción prescribió, no resulta contrario a derecho, pues independientemente de que la contraparte no haya opuesto excepciones y defensas, no quiere decir que por ese hecho, el actor acredite de manera automática su acción, pues en términos del artículo 187 de la Ley Agraria, las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones; lo que se traduce en que el juzgador se encuentra facultado para examinar la acción con independencia de que no se haya opuesto excepción al respecto, por lo que los criterios que cita el amparista para robustecer sus argumentos no pueden ser aplicados en la forma pretendida.
"Dado lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación en razón de los motivos precisados en los párrafos que anteceden no se puede estimar que el acto reclamado transgreda en perjuicio del quejoso los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Carta Magna, por lo que resulta procedente negar el amparo solicitado."
CUARTO. Cabe aclarar que la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, en las ejecutorias respectivas, no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no haya publicación de éstas, conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que este Alto Tribunal se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para que se determine la existencia de ésta, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Son aplicables a l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20034-57826d8c/reversion-de-bienes-ejidales-o-comunales-la-prescripcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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