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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, AL DICTARSE EN EL PROPIO PROCEDIMIENTO LABORAL EL LAUDO QUE LE PONE FIN, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19497
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 419.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: J. FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto noveno del Acuerdo 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, dado que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis que en asuntos de la materia laboral sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito, y además, si bien el tema de la contradicción puede presentarse en otras materias, lo cierto es que no es competencia exclusiva de alguna de las Salas sino que su materia es común al juicio de amparo.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima pues la formuló el presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.

Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión número 816/2002-5o., promovido por Tierra Fortificada, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo conducente, establecen lo siguiente:

"SEGUNDO. Resulta innecesario abordar el estudio de temporalidad del presente recurso de revisión, así como transcribir la interlocutoria recurrida y los agravios que se hacen valer en su contra, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia. En efecto, la empresa Tierra Fortificada, Sociedad Anónima de Capital Variable, compareció por escrito de nueve de julio de dos mil dos ante el Juez de Distrito en turno en el Estado con residencia en esta ciudad, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, mismos que hizo consistir en la resolución incidental de tres de junio del año próximo pasado, emitida dentro del incidente de falta de personalidad, derivado del juicio laboral 293/2000. Ahora bien, seguido que fue el aludido juicio de garantías por sus trámites legales, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado, a quien tocó conocer de la demanda de garantías, emitió sentencia definitiva el trece de noviembre de dos mil dos, en la que concedió la protección constitucional solicitada, para el efecto de que dejara insubsistente la interlocutoria reclamada y proveyera en cuanto a la prueba confesional a cargo del ahora revisionista Antonio Busqueta Ochoa, y en plenitud de jurisdicción emitiera otra interlocutoria relativa al incidente de falta de personalidad. Inconforme con lo anterior, el tercero perjudicado Antonio Busqueta Ochoa interpuso recurso de revisión que hoy es motivo de estudio. Por otra parte, en el citado escrito de revisión el inconforme, entre otros agravios, hace valer la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, y para fundamentar tal argumento anexó a su escrito de inconformidad copia certificada del laudo dictado por la responsable el once de agosto del año próximo pasado, dentro del expediente laboral 293/2000, de donde emana el acto reclamado, de la cual se deduce que efectivamente en la citada fecha se emitió laudo en el que se condenó al pago de las prestaciones reclamadas a la amparista empresa Tierra Fortificada, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como a Lázaro Villarreal Fernández. En tal virtud, es indudable que en el juicio laboral del que derivó el incidente de falta de personalidad reclamado, se dictó con posterioridad el laudo que constituye el pronunciamiento definitivo por parte de la responsable que en su caso resuelve la controversia principal puesta a su potestad. Por tanto, como el primer párrafo del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías será improcedente contra actos que deriven de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo, cuando por virtud del cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el sumario respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación, es decir, que de declarar infundadas las objeciones del inconforme y que, por ello, se confirma la declaratoria de conceder la protección constitucional, tendría que anularse el acto sobrevenido que en este caso lo constituye el laudo, lo que implica que no haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el juicio laboral, pues esta última no puede subsistir de considerarse inconstitucional el acto materia del amparo, es decir, el incidente de falta de personalidad, por lo que en vía de consecuencia, es indudable que en todo caso la violación alegada se podría invocar como violación procesal de promoverse el amparo directo, y es entonces que se abordaría el estudio de la legalidad de la actuación reclamada de la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior considerado, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diecinueve, Tomo IV, diciembre de 1996, bajo el rubro y texto: ‘CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.’. No escapa a este Tribunal Colegiado que para arribar a la anterior conclusión se discrepa con el criterio sostenido en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1071, Tomo VIII, diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto: ‘PERSONALIDAD. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA INOPERANTE POR HABERSE PRONUNCIADO EL LAUDO. Si el acto reclamado en amparo indirecto se hace consistir en la resolución que decidió sobre la personalidad con que se ostentó alguna de las partes en el juicio natural, no puede considerarse que opera la causal de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haberse pronunciado el laudo en el juicio natural, si se atiende al hecho de que en su contra se promovió amparo directo que se encuentra pendiente de resolución y por ello subjúdice; de ahí que no opera un cambio de situación jurídica que consume de manera irreparable las violaciones reclamadas inherentes a dicho acto, que trata la cuestión de personalidad, en tanto que bien puede decidirse el asunto de que se trata, sin que pueda válidamente afirmarse que el fondo del asunto en el juicio natural ya quedó firme.’; toda vez que no es de observancia obligatoria para este órgano colegiado, además de que se trata de una tesis aislada, misma que, como se reitera, no se comparte, en principio, porque de su intelección se deriva que el argumento toral en que descansa tal pronunciamiento, lo es el supuesto jurídico de que es inoperante un cambio de situación jurídica en el amparo indirecto en que se reclamó la resolución que decidió sobre la personalidad con que se ostentó alguna de las partes en el juicio natural, por la situación de que la responsable pronunció laudo en el mismo, ya que si se atiende al hecho de que en su contra se promovió amparo directo que se encuentra pendiente de resolución y, por ello, subjúdice y que, por tanto, puede decidirse el asunto de que se trata sin que pueda afirmarse que el fondo de la controversia en el juicio natural ya quedó firme; es decir, en el criterio en comento se hace depender la causa de improcedencia en estudio sobre la premisa de que es necesario que el laudo emitido en el juicio haya quedado firme, atento a la ejecutoria emitida dentro del amparo directo que se promovió en contra de aquél, aspecto jurídico éste que no se considera acertado, pues ello equivaldría a sostener que el cambio de situación jurídica estaría supeditado prácticamente a un medio de impugnación. Ciertamente, las causales de improcedencia, salvo las relativas que aluden al principio de definitividad, no pueden estar supeditadas a un medio de impugnación que por su naturaleza lo constituye el juicio constitucional, pues éste al otorgar la concesión es indudable que tiende a dejar sin efectos la resolución que constituye el acto reclamado, ya sea para una modificación o de manera lisa y llana dejarla sin algún efecto jurídico, lo que se traduce, como ya se dijo, en sí, en un medio de impugnación, para lo cual en tratándose de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente se hace mención en aquellas que adoptan el principio de definitividad, evidentemente con sus excepciones; sin embargo, en la presente causal de improcedencia en estudio, de cambio de situación jurídica, para que surja a la vida legal, de acuerdo al criterio invocado en párrafos precedentes y que este Tribunal Colegiado adopta y comparte, es necesario que solamente se den los cuatro supuestos jurídicos, como lo son: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Siendo que en el caso a estudio es incuestionable que los cuatro supuestos jurídicos aludidos se hacen patentes, pues emana de un juicio administrativo seguido en forma de juicio, y que con posterioridad a la presentación de la demanda se pronunció el laudo que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, no pudiéndose decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, esto es, el incidente de falta de personalidad, sin afectar la nueva situación jurídica que se refleja en el laudo emitido en el juicio, y que haya autonomía o independencia del acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el juicio, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, lo cual no surge en el presente, pues es evidente que de hacer pronunciación (sic) sobre el incidente de falta de personalidad declarando fundados los agravios que en su contra se hacen valer, indudablemente se tendría que dejar insubsistente el laudo emitido en el juicio. De ahí que se estime que sí opera el cambio de situación jurídica cuando se reclama la resolución que decidió sobre una falta de la personalidad con que se ostentó alguna de las partes en el juicio por haberse pronunciado el laudo. Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que en la presente causa de improcedencia en estudio prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, no se precisa alguna excepción para su surgimiento, sino únicamente en tratándose de materia penal que inclusive a fin de no afectar al reo, pues esa es la finalidad de la ley, de no permitir que el Juez del proceso emita sentencia definitiva si se encuentra presente (sic) de resolver un juicio constitucional en contra del auto de formal prisión, salvedad ésta que no puede ser considerada como análoga en otras materias, pues en el citado precepto se precisa de manera específica la excepción aludida; es incuestionable que no se puede hacer distinción en donde la propia ley, o bien, el legislador no la realizó. Así también, debe exponerse como ejemplo lo relativo a que cuando en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión y el reo se sujeta a proceso ante el Juez del conocimiento y se dicta el auto de formal prisión, es indudable que existe un cambio de situación jurídica, al darse los supuestos precisados en los incisos mencionados con anterioridad, lo que evidencia el razonamiento antes expuesto en cuanto a que la propia causal establece solamente una excepción a fin de que se vede su surgimiento, cuando el Juez del proceso debe suspender el procedimiento al llegar a la etapa de cerrada de instrucción, hasta en tanto no haya pronunciamiento sobre el juicio biinstancial promovido en contra del auto de formal prisión. De ahí que no se comparta el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito denuncia la contradicción respecto de la tesis sustentada en la presente ejecutoria y la sostenida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en base a las consideraciones planteadas en este fallo."

CUARTO. Las consideraciones del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, ahora Primero de la misma materia y circuito al resolver la revisión principal número 23/98, en lo que interesa, son las siguientes:

"CUARTO. Por ser cuestión de orden público, debe estudiarse previamente la causal de improcedencia que hace valer el tercero perjudicado, prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo. Aduce el tercero perjudicado (folio 20 de este toca), que ha operado un cambio de situación jurídica, en virtud de que ‘con fecha 13 de marzo del año en curso, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado dictó laudo en el procedimiento de donde emanan los actos que reclamó el quejoso denominado Secretaría de Salud del Estado’; empero, contrariamente a lo que dicho tercero sostiene, la emisión del laudo en el juicio natural no origina como consecuencia un cambio de situación jurídica que haga improcedente este juicio de amparo, pues al momento de su interposición, quedó subjúdice la resolución que decidió acerca de la personalidad de quien dijo representar a la parte demandada. Además, el pronunciamiento del laudo no puede producir el efecto de dejar sin materia la litis establecida con relación a la personalidad desconocida a una de las partes y que debe decidirse en el juicio de amparo que se plantee. Estimar lo contrario, implicaría dejar sin defensa al afectado con la decisión de la autoridad, lo que no es aceptable jurídicamente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis que aparece publicada a páginas 69 y 70, Tomo IV, noviembre de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, estableció: ‘AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. SI YA SE RESOLVIÓ EL FONDO DEL ASUNTO EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS, LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD YA NO PUEDE PLANTEARSE EN UN NUEVO AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA»). En la jurisprudencia que se interrumpe se establece la posibilidad de admitir un nuevo amparo directo por la parte que habiendo perdido la cuestión de personalidad, gana en cuanto al fondo, pese a que su contraparte obtuvo el amparo en contra de la sentencia definitiva; criterio que este Tribunal Pleno no puede seguir sosteniendo, porque es contrario al texto expreso del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo y a los criterios que reiteradamente ha sustentado esta Suprema Corte, en el sentido de que en contra de los actos de ejecución de una sentencia de amparo es improcedente la acción constitucional. En efecto, si la autoridad responsable dicta una sentencia, laudo o resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la improcedencia del nuevo juicio de garantías se surte porque la causa prevista en la fracción II del invocado artículo 73 no distingue en cuanto a la naturaleza de la violación de garantías que se pretenda plantear en contra de una resolución dictada en ejecución de una sentencia de amparo. Esto es así, tomando en consideración que la causa de improcedencia de que se trata tiene su razón de ser en que la sentencia de amparo, con la calidad de cosa juzgada, que ha resuelto sobre la constitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, en cuanto al fondo de la controversia, crea un derecho en favor de una de las partes, por ser la verdad legal; de modo tal que admitir la procedencia de un nuevo juicio de amparo vulneraría el principio de cosa juzgada, aunque se aduzca que se trata de violaciones al procedimiento anteriores a ese acto, que no habían podido plantearse porque solamente producían efectos intraprocesales, y que el perjuicio se actualizaría con el dictado de una sentencia desfavorable, pues esta razón en realidad revela que hay actos dentro de juicio que por incidir en un acto procesal que pueda tener por consecuencia poner fin al juicio, debe resolverse como cuestión previa al dictado de una resolución que decida el fondo de la controversia. Luego, si la violación que incide en un presupuesto procesal como el de personalidad, ya no puede ser motivo de estudio en un segundo juicio de garantías, para no dejar en estado de indefensión a la parte interesada y, respetar la garantía constitucional relativa a que en los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, debe admitirse, en esos casos, la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con ello, se dará seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en el proceso y se evitará la tramitación de juicios que implicaría pérdida de tiempo, desperdicio de recursos económicos y causación de molestias innecesarias; el análisis constitucional de las resoluciones que decidan sobre un acto de esa naturaleza cumplirá con la exigencia de una pronta administración de justicia, pues aun cuando el vicio que se atribuya al acto no exista, esta misma cuestión, saneada, ya no será motivo de estudio en el juicio de amparo directo que la parte interesada llegara a promover para el caso de que la sentencia definitiva le fuese desfavorable.’. Conforme a lo dispuesto en esa tesis, la resolución que decide una cuestión sobre la personalidad, aunque se trata de un presupuesto procesal, deja a una de las partes sin defensa, o afecta ésta en alto grado, por lo que debe resolverse como cuestión previa a la de fondo a través del amparo indirecto, con excepción del caso en que se desconoce la personalidad de quien ostentó la representación del actor, con lo cual se pone fin al juicio y, por tanto, debe reclamarse en amparo directo atento a lo previsto en los artículos 44, 46, tercer párrafo y 158 de la Ley de Amparo. Esta tesis interrumpió el criterio sustentado en la jurisprudencia número 6/91, emitida por la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a páginas 5 y 6, Tomo VIII, agosto de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad o la que, en su caso, confirme tal desechamiento al resolver el recurso de apelación correspondiente, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de dicha excepción sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el desechamiento de la referida excepción no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del afectado. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes citados, la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, o la resolución de alzada que confirme tal desechamiento, de ser indebida, constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dictara una sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo directo, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegare a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. Debe añadirse que si bien las resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad no se encuentran previstas expresamente en ninguna de las primeras diez fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, ello se debe a que se trata de una enumeración meramente ejemplificativa, como lo corrobora la fracción XI que se refiere a «... los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda». Además, congruente con ello la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción III, inciso a), sólo exige, para la procedencia del amparo contra sentencias definitivas o laudos respecto de violaciones cometidas durante el procedimiento, que dicha violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, requisitos que sí se cumplen en la hipótesis a estudio. Por otra parte si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo.’. Por su importancia, para el caso planteado, cabe transcribir algunas de las consideraciones en que se sustentó la ejecutoria en la que se emitió la tesis en comento, que puede consultarse a folios 71 a 91 del referido Tomo IV: ‘... la resolución sobre personalidad, cuando recae dentro de un incidente previo a la definitiva, debe ser reclamada en amparo indirecto (con la excepción que más adelante se indicará), porque además de dirimir un presupuesto procesal, deja a una de las partes sin defensa, o afecta ésta en alto grado; ello es así, porque si la resolución desecha o desestima el incidente de falta de personalidad propuesto en contra del que comparece por la parte demandada, vincula al actor a seguir todo el procedimiento viciado que plantea quien carece de la representación que ostenta, con todos los inconvenientes y perjuicios que la sentencia y su ejecución acarrea, exponiéndose, además, a que nunca se le oiga al respecto en el supuesto de que le sea favorable la sentencia de fondo y que en contra de ésta, su contraparte obtenga el amparo; lo mismo ocurrirá, pero en perjuicio de la demandada, si la resolución desestima la excepción de falta de personalidad que oponga en contra de quien se apersona en nombre del actor. Y en el supuesto de que la resolución desconozca la personalidad de quien comparece por la demandada, impide a esta parte todo tipo de defensa. Cabe agregar que, además de las graves consecuencias ya apuntadas, cuando el juzgador ordinario desestima la objeción de personalidad del representante del actor, la concesión del amparo solicitado por el demandado no será para que se reponga el procedimiento a partir del punto en que se cometió la violación, como sucede tratándose de otras violaciones procesales, sino para que se emita nueva resolución en la que se desconozca la personalidad de quien ostentó la representación del indicado actor, con lo cual se le pone fin al juicio. En efecto, la resolución que resuelve una excepción de falta de personalidad participa de las mismas características que tienen las violaciones procesales que se enuncian en el artículo 159 de la Ley de Amparo y que son reclamables en el amparo directo. Tales características son las que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo. Pero cuando la parte demandada opone la excepción de falta de personalidad respecto del actor, no sólo se afectan sus defensas y la violación trasciende al resultado del fallo, sino que a diferencia de las violaciones procesales que contemplan los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, de resultar fundada la violación, la consecuencia no es que se reponga el procedimiento a partir de que se dio la violación, sino que se ponga fin al juicio. Esto es, que por regla general, en las violaciones que son reclamables en amparo directo, la consecuencia es que se reponga el procedimiento a partir del momento en que se incurrió en la violación, así, por ejemplo, si se trata de la no admisión de una prueba, la consecuencia es que se admita, se desahogue y continúe el procedimiento, mientras que tratándose de la resolución que resuelve que la excepción de falta de personalidad es infundada, o que la desecha, o sea, que reconozca la personalidad del actor, aunque también constituye una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, tiene además una característica distintiva que por regla general no tienen las otras violaciones procesales y consiste en que de ser fundada la objeción de personalidad de la parte actora, y declararse así en el amparo, la consecuencia es que se ponga fin al juicio y no que se reponga el procedimiento. Cabe hacer notar que al admitir que el amparo indirecto procede contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad) sólo se reconoce como excepción a la regla general de que sólo procede el juicio cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derech

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19497-30ebd56d/personalidad-es-improcedente-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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