CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TÉRMINO PARA QUE OPERE DEBE COMENZAR A COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción.
En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, analizó diversos casos en los cuales la parte quejosa hacía valer contra el acto reclamado que el plazo de caducidad señalado en el artículo 1076 del Código de Comercio debía computarse desde el día siguiente al cual surtiera sus efectos la notificación de la última resolución dictada en el juicio, de acuerdo a la siguiente relación:
A) Al resolver los amparos directos 408/2005 y 398/2005, el Tribunal Colegiado señaló, en síntesis, lo siguiente:
Es correcta la determinación de la Sala responsable en el sentido de que el plazo de caducidad comienza a correr desde la última actuación que impulsó el procedimiento sin que sea necesario que esa última actuación se notifique, máxime si el criterio asumido en la sentencia se apoyó en lo ya resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 22/2003, cuyo rubro es: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.", según la cual la caducidad de la instancia puede operar aun en el caso de que no se haya emplazado al demandado.
Así las cosas, si para que opere la caducidad de la instancia ni siquiera se requiere que se practique el emplazamiento a juicio, mucho menos es necesario que se realice otro tipo de notificaciones, porque la sanción por la inactividad procesal de las partes opera en cualquier estado del juicio.
Lo anterior, responde a que, en el caso, no puede atribuírsele al juzgador la contravención al principio de que donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir, porque ese principio opera cuando el sentido literal de la ley es claro de tal forma que no se preste a confusiones o conclusiones contradictorias, lo cual no acontece en el caso particular, ya que precisamente se controvierte el sentido de la fracción a) del artículo 1076 del Código de Comercio.
El artículo 1076 del Código de Comercio señala que operará la caducidad de la instancia cuando se dan dos supuestos:
a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada; y,
b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.
Ahora bien, el inciso a) no precisa alguna característica que deba tener la última resolución dictada en el juicio para que sirva como partida al cómputo de los ciento veinte días para que opere la caducidad, pero esa resolución debe estar encaminada a impulsar el procedimiento, pues de esa manera, además de estar de acuerdo con la finalidad de la caducidad de la instancia que es sancionar la inactividad procesal, y además se armonizan los incisos a) y b) del artículo 1076, en tanto que este último inciso sí señala que las promociones que interrumpen el plazo de caducidad son las que impulsan el procedimiento.
Así, es aplicable la jurisprudencia 1/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL)."
De todo lo anterior, se advierte que lo que tiene que hacer un juzgador para ver si operó la caducidad de la instancia en términos del artículo 1076, incisos a) y b), del Código de Comercio, es lo siguiente:
I. Localizar la última resolución que se dictó en el procedimiento que tenga la característica de impulsar el juicio.
II. Determinar la fecha en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada en el procedimiento, para iniciar desde ese momento el cómputo de los 120 días.
III. Verificar si durante ese lapso de 120 días hubo alguna promoción de las partes interrumpiendo el procedimiento, siempre y cuando esa promoción se presente cuando está corriendo el plazo de caducidad y no antes de que inicie.
B) Al resolver el amparo directo 422/2005, el Tribunal Colegiado consideró fundamentalmente lo mismo, con una adición, en el sentido de que la caducidad de la instancia es un término legal y no un término judicial, por lo que su cómputo no puede estar sujeto a la realización de notificaciones, pues éstas sólo son aptas para iniciar el cómputo de términos judiciales para el ejercicio de un derecho y, por tanto, la omisión de su práctica sólo impide el inicio de los términos judiciales, pero no de los términos legales, como lo es el que está establecido para que opere la caducidad.
C) Finalmente, al resolver el amparo directo 21/2006, el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito sostuvo, en síntesis, que:
De acuerdo a los incisos a) y b) del artículo 1076 del Código de Comercio, para que pueda operar la caducidad de la instancia deben actualizarse dos supuestos:
a) Que hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación de la última resolución dictada.
b) Que no hubiera promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.
Asimismo, en la fracción VI del propio artículo 1076, se establecen los casos excepcionales en que no opera la caducidad, lo cual sucede:
a) Cuando el procedimiento está suspendido y las partes o el Juez no pueden actuar por causa de fuerza mayor.
b) Cuando resulta necesario esperar una resolución relativa a una cuestión previa o conexa por el mismo Juez o por diversas autoridades.
c) En los demás casos previstos en la ley.
De esta forma, estuvo en lo correcto la autoridad responsable, porque la circunstancia de que no se notificó no es una de las excepciones para que opere la caducidad de la instancia, pues tal situación no la contempla el artículo 1076 como excepción.
Así, si dicho artículo establece que el cómputo de la caducidad inicia desde que surte efectos la notificación de la última resolución judicial dictada ante la falta de dicha actuación, ya sea por omisión del notificador o por apatía o por pasividad de las partes, no debe eximirse a éstas de la sanción consistente en la caducidad de la instancia, porque ésta opera sólo por el transcurso del tiempo en que el juicio se encuentra inerte.
De esta manera, con la omisión de practicar la notificación de la última resolución el juicio no quedaba suspendido hasta que aquéllas se hicieran.
En efecto, la suspensión es la detención temporal de su desarrollo, de manera que debe retomarse su curso cuando cesa el motivo que ocasionó o cuando transcurre el plazo fijado por el Juez, en su caso. Por ello, no se necesita actuación para mantener viva la instancia durante la suspensión, porque si las partes intentaran impulsar el procedimiento la autoridad se negaría a darle entrada a ese impulso.
Así, si el juicio no estaba suspendido y el Juez y las partes podían actuar y no había que esperar a que se resolviera alguna cuestión previa o conexa, entonces, por su naturaleza, la omisión de practicarse las notificaciones no puede conceptuarse como una excepción para que opere la caducidad de la instancia, pues tal circunstancia no suspende el proceso, sino que la orden de practicar la notificación implica la circunstancia de que el juicio está en condiciones de ser impulsado, sin que para ello sea obstáculo para que la falta de notificación sea una violación al procedimiento.
II. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 36/2003, analizó un asunto en el cual la parte quejosa hizo valer en contra de la sentencia reclamada que el plazo de caducidad sólo podía correr a partir del día siguiente al cual surtiera efectos la notificación de la última resolución dictada en el juicio y que, al no haber ocurrido así, era incorrecto que se hubiera decretado la caducidad de la instancia.
El artículo 1076 del Código de Comercio señala que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio y ante la inactividad de las partes en impulsar el procedimiento para su trámite por un término de ciento veinte días que inicia a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación de la última resolución dictada.
La inactividad procesal, que es un elemento básico en que se sustenta la caducidad de la instancia, tiene como presupuestos:
1) El dictado de una resolución.
2) La notificación de esa resolución.
3) Que esa notificación surta sus efectos.
4) El transcurso de ciento veinte días a partir del día siguiente al en que surte sus efectos esa notificación.
Debido a lo anterior, si no se notifica la última resolución (en el caso, el auto admisorio de la demanda del juicio ejecutivo mercantil), por ninguna de las formas establecidas en el párrafo segundo del artículo 1068 del Código de Comercio (notificación personal, por cédula, por boletín judicial, gaceta o periódico judicial, estrados, edictos, correo o telégrafo), no debe sancionarse a la parte correspondiente con la caducidad de la instancia.
Lo anterior es así, porque el artículo 1076 del Código de Comercio, sujeta el transcurso del término de la caducidad:
1. A la notificación de la última resolución dictada y no a la emisión del auto admisorio de la demanda; y,
2. A que surta efectos esa notificación y no al acceso que las partes tengan al expediente, al establecer: "... a) Que hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada."
La notificación no puede dejar de cumplirse, pues el párrafo segundo del artículo 1068 del Código de Comercio contiene reglas y formas para que la autoridad que conozca de un procedimiento mercantil dé a conocer sus resoluciones, a efecto de guardar la discreción necesaria para, atendiendo a las circunstancias especiales de los juicios ejecutivos mercantiles, salvaguardar el interés de los mismos, lo que conduce a sustentar la necesidad de dar a conocer a la parte actora el auto de radicación del juicio, dictando las providencias necesarias para que su contraparte no se entere de la existencia del mismo, como mandarle notificar personalmente y sin listar el proveído correspondiente.
Esa notificación, al faltar, impide que exista una base para computar los ciento veinte días necesarios para decretar la caducidad de la instancia, término que inicia a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, por mandato expreso del artículo 1076 del Código de Comercio.
Dichos razonamientos dieron lugar a la tesis XI.2o.122 C, la cual establece:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. ESTÁ SUJETA A LA NOTIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. El artículo 1076 del Código de Comercio sujeta el transcurso del término de la caducidad de la instancia a la notificación de la última resolución dictada, no a la emisión del auto admisorio de la demanda; a que surta efectos esa notificación y no al acceso que las partes tengan al expediente; por lo que si no se notificó la última resolución por ninguna de las formas establecidas en el párrafo segundo del artículo 1068 del Código de Comercio, no existe fecha cierta para iniciar el cómputo para decretar la inactividad procesal por más de ciento veinte días y sancionarse con la caducidad de la instancia."(1)
CUARTO. Existencia de la contradicción.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)
Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)
De la confrontación de las consideraciones emitidas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios, pues en los negocios resueltos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, obteniéndose diferencia de criterios en los razonamientos, proviniendo del análisis de los mismos elementos, lo cual se demuestra con los razonamientos siguientes:
Tanto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito analizaron asuntos en los que en el juicio natural se había decretado la caducidad de la instancia a pesar de que no se había notificado a las partes la última resolución dictada en el juicio. En todos los asuntos, la parte quejosa hacía valer que la notificación de la última resolución dictada en el juicio era necesaria para que pudiera comenzar a correr el plazo de caducidad de la instancia y que al no haber acontecido así, no podía comenzar el cómputo correspondiente.
De la misma forma, ambos tribunales realizaron el análisis de una misma cuestión de derecho, pues al estudiar el planteamiento de la parte quejosa, resolvieron sobre el momento desde el cual debe comenzar a contar el plazo para que opere la caducidad de la instancia; sin embargo, el criterio que cada uno de los tribunales adoptó al resolver la litis fue diferente.
Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consideró que el plazo para que operara la caducidad de la instancia debía operar desde que se dictaba la última resolución impulsora del procedimiento, sin que fuera necesario que la misma se notificara; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consideró, por el contrario, que para que el inicio del cómputo del término de caducidad iniciara era necesario que se notificara la última resolución y, entonces, el plazo de caducidad comenzaba a contar desde el día siguiente al cual surtía efectos esa notificación.
Así, se llega a la conclusión de que se realizó el examen de los mismos elementos (asuntos en los que se adujo que la caducidad de la instancia únicamente podía correr cuando se notificaba la última resolución judicial), sobre una misma cuestión jurídica (el momento desde el cual puede comenzar a correr el plazo de caducidad), pero las decisiones a las que llegaron fueron divergentes, pues un tribunal consideró que debía notificarse la última resolución judicial para que se pudiera comenzar a contar el plazo de caducidad y que entonces el plazo comenzaba desde el día siguiente al cual surtía efectos la notificación correspondiente y el otro sostuvo que no era necesario notificar el último proveído dictado en el juicio para que comenzara a contar el plazo de caducidad, sino que éste comenzaba desde el momento en que se dictaba esa resolución.
No obsta para lo anterior, que en tres de las cuatro resoluciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, éste señala en un principio, que el plazo de caducidad corre desde que se dicta la última resolución que impulsa el procedimiento y, posteriormente, en las propias ejecutorias, señale que el plazo de caducidad debe computarse desde el día siguiente al cual surte efectos la última notificación de la resolución correspondiente, porque aunque aparentemente el Tribunal Colegiado se contradice, el criterio que rigió dichos fallos fue el primero, razón por la cual no tiene aplicación el criterio de esta Primera Sala contenido en la tesis LXXXIV/2001, que señala:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE SI UNO DE ELLOS SOSTIENE EN SU MISMA RESOLUCIÓN, DOS POSICIONES JURÍDICAS DISTINTAS, UNA QUE SE OPONE Y OTRA QUE COINCIDE CON EL CRITERIO DEL DIVERSO TRIBUNAL CONTENDIENTE Y QUE FINALMENTE ES LA QUE RIGE LA DECISIÓN. Debe considerarse inexistente la contradicción de tesis cuando uno de los Tribunales Colegiados contendientes, en la misma resolución, sustenta dos razonamientos jurídicos que crean una situación ambivalente, en la que una de sus consideraciones se opone a la del diverso tribunal, mientras que la otra es coincidente, y que es la que finalmente rige la decisión, en virtud de que ese actuar de aquel órgano jurisdiccional, de asumir dos posiciones en la misma sentencia, lo único que refleja es que aún no se encuentra definido el criterio jurídico por su parte, y esa indefinición provoca que su razonamiento jurídico, aparentemente opuesto al del otro órgano, no tenga el carácter de un pronunciamiento principal y sustancial, por lo que no se presenta la oposición final que se requiere como presupuesto necesario para la existencia de la contradicción."(4)
Establecido lo anterior, el problema de la presente contradicción, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: ¿El plazo para que opere la caducidad de la instancia en materia mercantil comienza a correr desde el día siguiente al cual surte efectos la notificación de la última resolución judicial dictada o, por el contrario, corre desde el momento en que se dicta la última resolución que impulsa el procedimiento?
QUINTO. Determinación del criterio a prevalecer.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.
Antes de entrar al estudio del presente asunto, es conveniente recordar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su segundo párrafo, que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ..."
De acuerdo a ese artículo constitucional, se otorga a los gobernados, entre otras garantías, la de la tutela jurisdiccional, que se expresa como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a los tribunales y que dichos tribunales resuelvan lo pedido de manera pronta.
Lo anterior, quiere decir que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.
En este sentido, es claro que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador; sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos constitucionales y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales que tienen que ver con la garantía de seguridad jurídica.
Esto encuentra apoyo en la tesis 1a. LIII/2004, emitida en la Novena Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El citado precepto constitucional establece cinco garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o ‘hacerse justicia por propia mano’; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."(5)
De acuerdo a lo anterior, es perfectamente constitucional que el legislador imponga ciertas cargas procesales a las partes como condiciones para que se desencadene la actividad jurisdiccional, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica dentro del procedimiento y la impartición de justicia de manera expedita y pronta.
Una de las cargas procesales que la ley impone a las partes, es la que se manifiesta a través del llamado principio dispositivo, conforme al cual las partes deben impulsar el procedimiento, estando el ejercicio de la acción procesal encomendado en sus dos formas, activa y pasiva, a las partes y no al Juez. En otras palabras, en los juicios civiles y mercantiles, las partes deben impulsar el procedimiento manifestando su interés en proseguirlo, a través de promociones que activen el procedimiento y exciten al órgano jurisdiccional hasta dictar sentencia.
La sanción que se impone a las partes por no activar o impulsar el procedimiento conforme al principio dispositivo ya mencionado, se establece mediante la figura de la caducidad de la instancia, institución procesal que se origina por la inactividad de los sujetos procesales y del propio órgano jurisdiccional en el plazo señalado por la ley y que tiene como consecuencia la extinción de la relación procesal sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
El fundamento de la institución de la caducidad de la instancia, se apoya principalmente en dos motivos distintos: el primero, relacionado con el principio dispositivo, es de orden subjetivo y se traduce en la intención de las partes de abandonar el proceso que se refleja en el desinterés de las mismas en continuar y culminar con el mismo; y el segundo, de orden objetivo, que descansa en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo que traería una falta de seguridad jurídica. Este criterio objetivo tiene también su fundamento en el interés del propio Estado de liberar a sus propios órganos de la necesidad de impulsar procesos y emitir la resolución correspondiente sustituyendo las cargas y obligaciones procesales de las partes, cuando éstas evidentemente abandonan su causa, además, se trata de garantizar una administración de justicia pronta y expedita.
La figura de la caducidad en el procedimiento mercantil, está determinada en el artículo 1076 del Código de Comercio, que establece lo siguiente:
"Artículo 1076. ...
"La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias:
"a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y
"b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.
"Los efectos de la caducidad serán los siguientes:
"I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los Registros Públicos correspondientes;
"II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva;
"III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas;
"IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren sesenta días;
"V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero si en aquellos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o surjan de los primeros;
"VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el Juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo Juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley;
"VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y
"VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda."
Ahora bien, de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley mercantil), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios g
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19600-ba7c4ead/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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