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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. QUIEN OBTIENE SENTENCIA DESFAVORABLE TAMBIÉN PUEDE PROMOVERLO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ, MICHOACÁN Y DEL DISTRITO FEDERAL). LEYES CIVILES. CUANDO SU TEXTO ES OSCURO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PUEDE UTILIZAR EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2006-PS. · Registro digital (IUS): 19961
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUIT
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 337.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios se presentó en la materia civil, la que es competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habida cuenta que la formularon quienes tienen la calidad de Magistrados de Circuito.

TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

CUARTO. Ahora bien, los antecedentes y consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el nueve de enero de mil novecientos noventa uno, en el amparo en revisión civil 251/90, son los siguientes:

1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en ciudad Hidalgo, Michoacán, se promovió juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato de compraventa "cesión de derechos de explotación de madera", contra el quejoso en el juicio de garantías, expediente que fue registrado con el número 273/985.

2. Una vez seguido el juicio, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción ejercitada por el actor e improcedentes las excepciones y reconvención que sobre el incumplimiento del contrato hizo valer el demandado, condenándosele a dar cumplimiento, así como al pago de daños, perjuicios y costas.

3. Inconformes con la anterior determinación, las partes interpusieron apelación, correspondiendo su conocimiento a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quedando registrado con el número I-27/987, quien pronunció sentencia.

4. En contra de tal determinación, el quejoso interpuso juicio de amparo del que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, quien concedió el amparo.

5. En cumplimiento de la ejecutoria, el diez de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado pronunció nueva resolución dentro del toca de apelación relativo, declarando procedentes los agravios expresados por los representantes legales del quejoso en el juicio de garantías, únicamente por lo que se refiere a la condena que se hizo al pago de los daños reclamados, confirmándose en todas y cada una de sus partes la ejecutoria reclamada.

6. Posteriormente, el quejoso en el juicio de amparo compareció a formular planilla de liquidación en los términos de la cláusula tercera del contrato de cesión de derechos de explotación de madera de pino, encino y oyamel, de acuerdo con el artículo 772 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.

7. Una vez que dio respuesta a la vista la parte contraria, se dictó sentencia el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, declarando improcedente la planilla de liquidación.

8. En contra de tal determinación, el aludido quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Séptima Sala Civil de dicho Estado, quien resolvió el primero de junio de mil novecientos noventa, confirmando la resolución combatida.

9. Inconforme con esa determinación, interpuso juicio de amparo, del que tocó conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien registró el juicio con el número II-775/90, y una vez seguidos los trámites de ley, emitió sentencia en la que negó el amparo, al estimar que el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al declarar improcedentes los agravios expresados por el quejoso, ya que éste no se encontraba en el supuesto contemplado por el artículo 772 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.

10. En contra de tal resolución, interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, quien sostuvo lo siguiente:

Que de acuerdo con el artículo 772 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, el derecho para presentar la planilla de liquidación de sentencia corresponde a la parte a cuyo favor fue pronunciada.

Que en el supuesto de que esté vigente el derecho del hoy quejoso para obtener el precio de la madera que llegue a sacar su contraparte, también lo es que se haría exigible en el momento en que su contratante promueva la sección de ejecución de la sentencia definitiva que condenó a aquél a permitir que se saquen de su predio los productos forestales contratados, sin necesidad de instaurar un nuevo juicio civil por tal concepto, ello en virtud de la bilateralidad en los efectos del contrato de compraventa.

De dicha sentencia derivó la tesis aislada que se identifica y lee como sigue:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VII, marzo de 1991

"Página: 190

"PLANILLA DE LIQUIDACIÓN. PARTE A QUIEN CORRESPONDE PRESENTARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 772 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, el derecho para presentar la planilla de liquidación de una sentencia que no contenga cantidad líquida, corresponde a la parte a cuyo favor aquélla se hubiera pronunciado; luego entonces, es improcedente la que se presente por el demandado cuando le han sido declaradas infundadas las excepciones y defensas opuestas en contra de la acción ejercitada en su contra."

QUINTO. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el veintidós de febrero de dos mil seis, en el amparo en revisión civil 624/2005, son los que a continuación se reseñan:

1. Mediante escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil, se demandó en la vía ordinaria civil la disolución del vínculo matrimonial, así como el pago de la pensión alimenticia provisional y demás prestaciones.

2. Admitida la demanda de mérito, y seguido el juicio en sus trámites legales, con fecha veintiuno de abril de dos mil cuatro, el Juez Tercero de lo Familiar de San Luis Potosí dictó sentencia en la que condenó al demandado a otorgar a la actora una pensión alimenticia definitiva por el 25% de todas y cada una de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga mensualmente por concepto de su trabajo, declarando firme el embargo trabado sobre los bienes inmuebles de su propiedad, que habían sido fijados como garantía al pago de los alimentos.

3. Por escrito de veinticuatro de enero de dos mil cinco, el quejoso, parte demandada en el juicio natural, solicitó del Juez se sirviera requerir a la parte actora para que en el término de tres días promoviera la liquidación de pensiones alimenticias a que fue condenado.

4. Mediante proveído de fecha veintiocho de enero siguiente, el Juez Tercero de lo Familiar negó dicha petición.

5. Por lo que mediante escrito de treinta de mayo de dos mil cinco, compareció ante el Juez de primera instancia a promover incidente de liquidación de pensiones alimenticias a que fue condenado en el juicio de origen.

6. Mediante auto de treinta de junio de dos mil cinco, el Juez Tercero de lo Familiar acordó no admitir a trámite el incidente de liquidación de sentencia.

7. Inconforme con dicha determinación, promovió recurso de revocación.

8. El treinta y uno de agosto de dos mil cinco, el Juez del conocimiento declaró improcedente el recurso y, en consecuencia, firme el auto de treinta de junio del mismo año.

9. En contra de tal resolución, el demandado en la vía civil, interpuso juicio de amparo, del que correspondió conocer a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí quien, el once de noviembre de dos mil cinco, concedió el amparo.

10. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito quien, el veintidós de febrero de dos mil seis, resolvió:

Que atendiendo a la redacción gramatical del artículo 991 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, el derecho a promover el incidente y presentar la liquidación, corresponde a la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia y no al condenado, como lo estimó la Juez de Distrito.

Que en el caso no se requiere acudir a un sistema de interpretación diverso, para concluir que este derecho también puede ser a favor del condenado, pues la redacción del precepto, en esa parte, no es oscura ni incompleta, por lo que su interpretación lógica gramatical no deja lugar a dudas de que es a la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia a quien le corresponde promover la ejecución de la sentencia y presentar la liquidación.

Lo anterior se desprende de la misma forma en la parte del artículo, que más adelante establece, que con la liquidación, se dará vista a la parte "condenada"; lo cual despeja cualquier duda respecto a que es solamente la parte vencedora quien tiene el derecho de promover la ejecución y presentar la liquidación, pues con toda claridad se establece en el texto del artículo, que con dicha liquidación se dará vista al condenado.

Que si la intención del legislador hubiese sido la que concluyó la juzgadora federal, es decir, que tanto el vencedor como el vencido tienen derecho a promover la ejecución de la sentencia y a presentar la liquidación, el precepto legal no señalaría específicamente, que la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia presentara la liquidación; tampoco habría especificado que con dicha liquidación se daría vista al condenado; pues de ser como lo concluyó la a quo, la redacción del artículo podría ser más o menos en los siguientes términos:

"Si la sentencia no contiene cantidad líquida, cualquiera de las partes, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte contraria."

O bien: "Si la sentencia no contiene cantidad líquida, al promover la ejecución se presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la contraparte ..." o "a la parte contraria" o "a la otra parte".

Que por lo anterior, no puede interpretarse en sentido amplio como lo hizo la Juez de Distrito, ya que la intención del legislador no fue otra sino la de otorgar, sólo a la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, el derecho de promover la ejecución y de presentar la liquidación de la sentencia que no contenga cantidad líquida.

No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el precepto legal no se hayan redactado las palabras sólo, únicamente, exclusivamente, antes de precisar que la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, presentara su liquidación, pues se insiste, de haber sido otra la intención del legislador, ni siquiera habría hecho la precisión de la parte que presentaría la liquidación (la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia), ni habría precisado a qué parte se le daría vista por tres días con dicha liquidación (al condenado).

Que de acuerdo con los principios generales de derecho invitus nemo rem cogitur defendere e invitus agere vel accusare nemo cogitur relativos, el primero: a que a nadie se le obliga a defender su cosa cuando no quiere hacerlo; y, el segundo: a que nadie es constreñido a demandar o acusar contra su voluntad, se concluye que no puede obligarse a ejecutar la sentencia, si la parte a cuyo favor se pronunció no quiere hacerlo.

Que no comulga con la consideración del a quo, en el sentido de que se causa indefensión al condenado, por desconocer con exactitud la cantidad que deberá pagar; pues precisamente esa es la finalidad del incidente que tendrá que promover la parte vencedora, es decir, el monto respectivo se le hará saber en su oportunidad al quejoso, al darle vista con la liquidación que la parte vencedora exhiba, de conformidad con el trámite establecido en el propio precepto legal.

Que tampoco coincide con la juzgadora en cuanto a que podría perjudicarle al condenado que por el transcurso del tiempo la cantidad a pagar podría resultar excesiva por el concepto de intereses, lo anterior, ya que en el caso específico, no se advierte que la condena comprenda el concepto de intereses; y, por otra parte, en todo caso corre a su favor la posibilidad de que prescriba el derecho de la parte vencedora para pedir la ejecución de la sentencia.

SEXTO. Por último, los antecedentes y consideraciones que sustentan la resolución dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el veintinueve de junio de dos mil uno, en el amparo en revisión 1649/2001, son los que a continuación se reseñan:

1. Se promovió juicio ejecutivo civil en el que reclamaron diversas prestaciones.

2. Del asunto tocó conocer al Juez Trigésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, quien dictó sentencia, la que fue recurrida mediante el recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien emitió resolución en el toca 5841/98, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, condenando a la demandada a pagar a la parte actora diversas prestaciones, las que se cuantificarían en ejecución de sentencia.

3. La parte demandada promovió incidente de ejecución de sentencia, a lo que recayó el proveído del Juez del conocimiento de dieciséis de octubre de dos mil, determinando que no había lugar a proveer de conformidad lo solicitado, porque del contenido de la sentencia definitiva se desprende que se le condenó a pagar a la actora diversas prestaciones, por lo que a quien le corresponde promover el incidente es a la accionante, en términos del artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

4. En contra de tal determinación, la parte demanda interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien resolvió que era infundado el agravio expresado y, por ende, confirmó en sus términos el auto impugnado.

5. Inconforme con la anterior resolución, promovió demanda de amparo, la que correspondió conocer a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, juicio que quedó registrado con el número 29/2001-III, quien en fecha veintiocho de febrero de dos mil uno, emitió sentencia que concedió el amparo, al estimar que contrario a lo sostenido por la Sala responsable, el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no establece quién tiene legitimación para promover la liquidación de una sentencia.

6. En contra de tal determinación, el tercero perjudicado interpuso recurso de revisión, al que por razón de turno le correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de fecha once de mayo de dos mil uno, dictada en el RC. 143/2001-13, concluyó que el Noveno Tribunal Colegiado debía avocarse al conocimiento del recurso, por haber tenido conocimiento previamente de un juicio de amparo directo de donde deriva el asunto.

7. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito admitió la revisión y la registró con el número RC. 1649/2001; previos los trámites de ley, dictó sentencia el veintinueve de junio de dos mil uno, en que resolvió:

Que si bien es cierto que el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, señala que el legitimado para promover esa liquidación, lo sería la parte que obtuvo fallo a su favor, mas no así la parte condenada, no menos cierto es, que no debe analizarse ese precepto legal de manera literal, sino que debe de apreciarse en forma amplia para poder determinar quién puede promover o no la ejecución de sentencia.

Que el legislador no precisó en el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como exclusividad que el incidente de liquidación sólo pueda ser promovido por el actor, por lo que no limitó que dicho incidente sea iniciado por el demandado, pues si el legislador hubiera querido establecer tal distinción, lo hubiera hecho.

Que cuando la parte demandada expresa su deseo de dar cumplimiento a la condena establecida en la sentencia ejecutoriada que no contenga cantidad líquida determinada, sino que su cuantificación se hace necesaria en ejecución de sentencia, puede promover la liquidación de la misma, a través de su planilla respectiva.

Que la circunstancia de que la parte demandada haya sido la que promovió el incidente de ejecución, no le irroga perjuicio a la parte actora, dado que tiene la oportunidad de controvertir la liquidación que se presentó al respecto.

Que de esa forma, el demandado tiene expedito su derecho para saber con certeza la cantidad con la cual se va a liquidar la sentencia, y la forma en cómo se debe concluir el asunto, porque de lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión ante la incertidumbre de que el único que puede promover el incidente de liquidación de sentencia lo es el actor, quien de acuerdo a lo establecido por el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tiene diez años para hacerlo.

Que el demandado no puede esperar a que al actor se le ocurra iniciar el incidente de liquidación en una fecha incierta, dado que el monto a liquidar podría ser excesivo como consecuencia de la generación de intereses que se deriven por el transcurso del tiempo en que el actor no promueva dicho incidente de liquidación.

Aunado a que el cumplimiento de la sentencia depende de la procedencia o no de la liquidación planteada, por lo que aun cuando doctrinalmente el derecho de pedir la ejecución de una sentencia, en principio, sólo corresponde al actor, ello no impide que el demandado se encuentre legitimado para iniciar la cuantificación para dar cumplimiento a la ejecutoria que se pretende liquidar.

De dicha sentencia derivó la tesis aislada que se identifica y lee como sigue:

"Novena Época

"Instancia: Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, julio de 2002

"Tesis: I.9o.C.66 C

"Página: 1314

"INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. EL DEMANDADO TAMBIÉN PUEDE PROMOVERLO. La tramitación del incidente de liquidación a que se refiere el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, concierne exclusivamente a la forma en que debe hacerse la liquidación de una sentencia de suma indeterminada, que no debe ser ajena a las bases fijadas por ésta. El legislador no hizo salvedad alguna respecto a que el incidente de liquidación sólo pueda ser promovido de manera exclusiva por el actor, es decir, no limitó a que el incidente sea iniciado por el demandado cuando éste expresa su deseo de dar cumplimiento a la condena establecida en la sentencia ejecutoria, dado que tiene expedito su derecho para saber con certeza la cantidad con la cual se va a liquidar la sentencia, porque de pensar lo contrario se le dejaría en estado de indefensión ante la incertidumbre de si el único que puede promover el incidente de liquidación de sentencia es el actor; de ahí que no tiene que esperar a que el actor promueva la liquidación de sentencia, porque el monto a liquidar podría ser excesivo por los intereses que se generen por el transcurso del tiempo; además, la circunstancia de que el demandado promueva el incidente de liquidación no irroga perjuicio a la parte actora, en virtud de que tiene la oportunidad de controvertir la liquidación planteada. En consecuencia, una sana interpretación del precepto legal invocado, conduce a determinar que la liquidación de una sentencia puede ser iniciada por el demandado y así estar en condición de librarse de la obligación que le impone el fallo.

"Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Amparo en revisión 1649/2001. Grupo Almacenador Mexicano, S.A. de C.V. 29 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Marco Antonio Zapién García."

El mismo criterio fue reiterado al resolver por unanimidad de votos, el amparo en revisión civil 689/2005, el veintitrés de noviembre de dos mil cinco.

SÉPTIMO. De lo hasta ahora expuesto, se advierte que sí se produce la discrepancia de criterios, habida cuenta de que, ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los tribunales pronunció una solución diametralmente opuesta.

En efecto, de la reseña de las ejecutorias de los tribunales, se advierte la problemática sobre quién tiene legitimación para presentar el incidente de liquidación de sentencia cuando ésta no contiene cantidad líquida, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostuvo que de acuerdo con el artículo 772 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, el derecho para presentar la planilla de liquidación de sentencia, corresponde a la parte a cuyo favor fue pronunciada.

De la misma manera, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostuvo que atendiendo a la redacción gramatical del artículo 991 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, el derecho a promover el incidente y presentar la liquidación, corresponde a la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia y no al condenado.

Que en el caso no se requiere acudir a un sistema de interpretación diverso para concluir que este derecho también puede ser a favor del condenado, pues la redacción del precepto, en esta parte, no es oscura ni incompleta, por lo que su interpretación lógica gramatical no deja lugar a dudas de que es a la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia a quien le corresponde promover la ejecución de la sentencia y presentar la liquidación.

Que la intención del legislador no fue otra sino la de otorgar, sólo a la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, el derecho de promover la ejecución y de presentar la liquidación de la sentencia que no contenga cantidad líquida.

Que tampoco coincide con el a quo en cuanto a que podría perjudicarle al condenado que por el transcurso del tiempo la cantidad a pagar podría resultar excesiva por el concepto de intereses, lo anterior, ya que en el caso específico, no se advierte que la condena comprenda el concepto de intereses; y, por otra parte, en todo caso corre a su favor la posibilidad de que prescriba el derecho de la parte vencedora para pedir la ejecución de la sentencia.

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que si bien es cierto que el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, señala que el legitimado para promover esa liquidación, lo sería la parte que obtuvo fallo a su favor, mas no así la parte condenada, no menos cierto es que no debe analizarse ese precepto legal de manera literal, sino que debe de apreciarse en forma amplia, para poder determinar quién puede promover o no la ejecución de sentencia.

Que el demandado no puede esperar a que el actor se le ocurra iniciar el incidente de liquidación en una fecha incierta, dado que el monto a liquidar podría ser excesivo como consecuencia de la generación de intereses que se deriven por el transcurso del tiempo en que el actor no promueva dicho incidente de liquidación.

Como se advierte de lo anterior, los Tribunales Colegiados contendientes examinaron una cuestión jurídica igual, consistente en si el incidente de liquidación de sentencia solamente puede promoverlo la parte a cuyo favor aquélla se pronunció o también cuenta con ese derecho la parte condenada; sin que obste que un tribunal analizara la legislación procesal civil para el Estado de Michoacán, otro la de San Luis Potosí y el último la correspondiente a la del Distrito Federal, porque finalmente los preceptos sobre los que versa el punto controvertido contienen la descripción de la misma figura y arribaron a conclusiones jurídicamente discrepantes.

También resulta pertinente establecer, que no resulta obstáculo para la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que los criterios de los tribunales no constituyan jurisprudencia, o el de uno no se haya formalizado en tesis, en razón de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho, para que proceda decidir cuál es el que deba prevalecer.

Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia que se identifica y lee como sigue:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

En esas circunstancias, debe concluirse que los fallos emitidos por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito sí reúnen los requisitos necesarios para generar una contradicción de tesis, pues al resolver los respectivos juicios de amparo en revisión, examinaron situaciones de hecho y cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes.

Ante esas referencias, resulta que el punto materia de la contradicción se limita a determinar si el incidente de liquidación de sentencia únicamente puede promoverlo la parte a cuyo favor se pronunció el fallo o también cuenta con ese derecho la parte condenada.

OCTAVO. Precisada la existencia y el tema de la contradicción y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer la tesis jurisprudencial sustentada en la presente sentencia con base en las siguientes consideraciones.

En primer término, debe señalarse que el procedimiento o etapa de ejecución de sentencia tiene especial trascendencia dentro de la actividad jurisdiccional, pues es a través de esta etapa procesal que se concreta la realidad jurídica para que el derecho alcance su efectividad práctica

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19961-8ac8cd45/incidente-de-liquidacion-quien-obtiene-sentencia-desfavorable-tambien · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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