CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. NO OPERA CUANDO LA MATERIA DEL RECURSO DE APELACIÓN ADMITIDO SÓLO EN EFECTO DEVOLUTIVO ESTÁ CONSTITUIDA POR EL ANÁLISIS DE UNA CUESTIÓN QUE DEBE RESOLVERSE DE MANERA PREVIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias en cuestión se refieren a la materia civil cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver en sesión de seis de octubre de dos mil tres, el amparo directo 381/2003, en la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:
"SEXTO. ... Tiene razón la empresa quejosa, toda vez que en este asunto no operó la caducidad de la instancia del juicio ejecutivo mercantil de origen, por lo siguiente: El artículo 1076 del Código de Comercio vigente, dispone: ‘Artículo 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Los efectos de la caducidad serán los siguientes: I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los registros públicos correspondientes; II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva; III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas; IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren sesenta días; V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero sí en aquellos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o surjan de los primeros; VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el Juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo Juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley; VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.’. De la lectura del texto anterior se desprende que -por regla general- se surte la perención del proceso cuando transcurren ciento veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, sin que ninguna de las partes efectúe alguna promoción con la que impulsen al procedimiento para su trámite, solicitando su continuación para la conclusión del mismo, la cual se decretará de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en este último, hasta la citación para pronunciar sentencia. Sin embargo, dicho precepto legal contempla, entre otras, en su fracción VI, cuatro casos de excepción, en los que, a pesar de que concurran los extremos señalados, no opera la caducidad de la instancia: a) Cuando la secuela procesal está suspendida por causa de fuerza mayor, por lo que tanto el Juez como las partes no pueden actuar; b) Cuando es necesario esperar la resolución de una cuestión previa por parte del Juez del conocimiento o por otras autoridades; c) Cuando se torna indispensable esperar la resolución de una cuestión conexa por parte del mismo juzgador o por diversas autoridades; y d) En los demás casos previstos por la ley. En la especie se actualiza la excepción mencionada en el inciso b), en virtud de que la interposición del recurso de apelación contra el auto denegatorio de pruebas, con independencia de que se admitiera en el efecto devolutivo y no suspendiera la ejecución del mismo, constituye una cuestión previa que debía decidirse por una autoridad diversa (tribunal ad quem), antes de que las partes solicitaran el cierre del periodo probatorio, la apertura de la etapa de alegatos y el posterior dictado de la sentencia, puesto que el sentido de dicha resolución incidiría de manera inmediata en el cauce que tomaría el proceso (desahogar las pruebas indebidamente desechadas, en virtud de la revocación del acuerdo impugnado en la alzada, o bien, declarar cerrada la etapa de pruebas, ante la confirmación del auto recurrido en la segunda instancia), por lo que, en esa hipótesis, no era dable exigir a las partes que presentaran promociones tendientes a obtener la conclusión del juicio con el dictado de la sentencia definitiva, cuando se encontraba pendiente de resolver una cuestión previa que impedía avanzar en el trámite del negocio. En esta tesitura, es evidente que en el juicio de origen no se actualizaron los supuestos de la caducidad previstos en el artículo 1076 del Código de Comercio en vigor, sino la excepción prevista en su fracción VI, puesto que de la interpretación teleológica de la citada disposición legal, se concluye que la intención del legislador es evitar la existencia de juicios inertes ocasionada por la inactividad procesal de las partes, sancionando la falta de impulso del procedimiento con la caducidad de la instancia; empero, en el caso particular, las constancias que obran en el expediente natural ponen de relieve que la conducta procesal desplegada por las partes conlleva el propósito de que el juicio llegue a su fin, en la medida de que promovieron sendos recursos de apelación contra el acuerdo denegatorio de admisión y desahogo de sus probanzas, por lo que si durante el lapso transcurrido por la sustanciación de esos recursos, no presentaron promociones ante el juzgador primigenio, tendientes a que se declarara cerrado el periodo probatorio, se abriera el de alegatos y con posterioridad se dictara sentencia, ello no implica que no existiera impulso procesal, porque -según quedó precisado- se encontraba pendiente de resolver una cuestión previa de vital importancia para la prosecución efectiva del proceso, como lo era que el tribunal de alzada decidiera si estaba ajustado a derecho o no el desechamiento de la totalidad de las pruebas ofrecidas por ambas partes, con independencia de que las apelaciones se hubieran admitido en el efecto devolutivo y no suspensivo, ya que el sentido de las resoluciones que recayeran a los aludidos recursos, incidiría de manera inmediata en el cauce que tomaría el negocio mercantil de origen. A mayor abundamiento, debe indicarse que el efecto en el que sea admitido el recurso de apelación, no influye de forma alguna en la configuración del caso de excepción en comentario, pues no obstante que el artículo 1345 del Código de Comercio en vigor, preceptúa que la admisión de dicho recurso en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la resolución impugnada, lo cierto es que -acorde con lo antes expuesto en esta ejecutoria- la caducidad no opera en el procedimiento primario, dado que se encuentra pendiente de resolver una cuestión previa que incide directa e inmediatamente en el rumbo que tomará el juicio, con independencia de que las partes, en el tiempo que dure la tramitación del aludido recurso, promuevan o no ante el Juez a quo, ya que con esa disposición lo que pretendió el legislador fue que no corriera la caducidad en perjuicio de los contendientes, para mantener viva la instancia, con el fin de que la resolución de dicho medio ordinario surta sus efectos jurídicos en el juicio, a pesar de que los litigantes soliciten al juzgador la ejecución de la resolución recurrida y la prosecución de la secuela procesal; pues en ambos casos (promuevan o no las partes), en virtud de la actualización de la excepción en cita, se tiene la seguridad de que no se consumará la perención procesal. Ahora bien, por lo que respecta al recurso de apelación admitido en ambos efectos, es menester puntualizar que si bien el artículo 1339 de la legislación mercantil vigente, dispone que la apelación que se interponga contra las sentencias definitivas o interlocutorias o autos definitivos que pongan fin al juicio, procede su admisión en ambos efectos, y el diverso numeral 1345 del invocado ordenamiento legal, señala que en ese supuesto se suspende la ejecución de la resolución hasta que cause ejecutoria, lo cierto es que en esta hipótesis ya no podría operar la caducidad, debido a que el juicio en su primera instancia culmina con el dictado de la sentencia definitiva o con el auto definitivo que pone fin al mismo, por lo que la conclusión del recurso de apelación que se promoviera contra aquéllos, no constituiría una cuestión previa cuya resolución debiera esperarse, dado que el procedimiento primario fenece desde el momento en que se pronuncien cualquiera de las determinaciones que ponen fin al juicio. Así las cosas, al resultar fundados los conceptos de violación antes analizados, se torna innecesario el estudio de los demás motivos de inconformidad planteados en la demanda de garantías, puesto que los examinados en esta instancia son suficientes para nulificar el fallo reclamado."
El anterior criterio dio origen a la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, mayo de 2004
"Tesis: XII.1o.44 C
"Página: 1749
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. NO OPERA CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES PROMUEVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DETERMINADA ACTUACIÓN JUDICIAL Y ÉSTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, AUNQUE AQUÉL SE HAYA ADMITIDO EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. La interpretación teleológica del artículo 1076 del Código de Comercio vigente, permite saber que la intención del legislador, es evitar la existencia de juicios paralizados, ocasionada por la inactividad procesal de las partes, sancionando la falta de impulso al procedimiento con la caducidad de la instancia, figura jurídica que no se actualiza cuando alguna de las partes promueve recurso de apelación contra determinada actuación judicial efectuada durante la secuela procesal y aquél se encuentra pendiente de resolución, porque se ubica en el caso de excepción previsto en la fracción VI del precepto legal en cita, al tratarse de una cuestión previa que debe ser resuelta antes de proseguir la sustanciación del juicio, por una autoridad distinta a la que conoce del negocio natural, dado que su resultado indicará directa e inmediatamente el rumbo que tomará, con independencia de que dicho recurso se haya admitido en el efecto devolutivo y de que los contendientes promuevan o no ante el Juez de origen, pues la interposición de ese medio de impugnación ordinario implica un impulso al procedimiento, además de que la intención del legislador al instituir esa excepción fue la de mantener viva la instancia mientras se decide el aludido recurso, dando seguridad a las partes de que en ese lapso no se consumará la perención procesal.
"Amparo directo 381/2003. 6 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro López Bravo. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de dieciocho de mayo de dos mil seis, el amparo directo civil 263/2006, en la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:
"QUINTO. Por razón de método los anteriores conceptos de violación se analizan en diverso orden al de su exposición. En su segundo concepto de violación la parte quejosa alega que en la especie no se actualizó la caducidad de la instancia prevista en el artículo 1076 del Código de Comercio, pues afirma que dentro del periodo que se tomó en cuenta para tal efecto y que corrió del uno de abril de dos mil cinco (fecha en que surtió efectos el proveído de treinta de marzo del mismo año) al seis de octubre de esa anualidad, los codemandados ahora terceros perjudicados mediante escrito de fecha once de abril de dos mil cinco recurrieron el referido proveído, por lo que éste no quedó firme sino hasta el momento en que mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil cinco, dictada en el toca 1262/05, la Sala responsable lo confirmó en sus términos, siendo a partir de esta última fecha en que en todo caso se debió computar la supuesta caducidad. El anterior motivo de inconformidad resulta sustancialmente fundado. En efecto, los artículos 1064, 1076, párrafo primero y 1076, párrafos primero y segundo, incisos a) y b), textualmente disponen: ‘Artículo 1064. Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los días del año, menos los domingos y aquellos en que no laboren los tribunales competentes en materia mercantil que conozcan el procedimiento. Se entienden horas hábiles las que median desde las siete hasta las diecinueve horas.’. ‘Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.’. ‘Artículo 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.’. De los preceptos transcritos se desprende que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho, de oficio o a petición de parte, cuando hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada y que no hubiere promoción de cualquiera de las partes dando impulso al procedimiento. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende lo siguiente: a) Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil cinco, los ahora terceros perjudicados Francisco Machorro Hernández y Dora María Rodríguez Ramírez, por su propio derecho, contestaron la demanda instaurada en su contra, y opusieron las excepciones y defensas que a sus intereses convino. b) Mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil cinco, el Juez de origen acordó reservar lo relativo al escrito de contestación de la demanda hasta en tanto se determinara la situación jurídica del codemandado Héctor Eduardo Machorro Rodríguez. c) Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil cinco, los codemandados Francisco Machorro Hernández y Dora María Rodríguez Ramírez solicitaron se acordara su escrito de contestación a la demanda. d) Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil cinco, el Juez de origen acordó lo siguiente: ‘A su expediente 866/04, el escrito de los codemandados Francisco Machorro Hernández y Dora María Rodríguez Ramírez, por hechas las manifestaciones que refiere, y respecto de lo solicitado de proveer su escrito de fecha de presentación diecisiete de los corrientes, dígasele que deberá de estarse a lo ordenado en auto de dieciocho de marzo del año que corre en el que se reservó de acordar el escrito que refiere, hasta en tanto se determine la situación jurídica del codemandado Héctor Eduardo Machorro Rodríguez. Notifíquese.’. e) El citado proveído de treinta de marzo de dos mil cinco se publicó en el Boletín Judicial Número 61, correspondiente al día treinta y uno de marzo del mismo año, por lo que el uno de abril de esa anualidad a las doce del día surtió sus efectos la notificación de dicho auto. f) En contra del citado proveído, los codemandados interpusieron recurso de apelación, el cual por auto de trece de abril de dos mil cinco, fue admitido por el Juez de origen en efecto devolutivo. g) Por resolución de dieciocho de mayo de dos mil cinco, dictada por la Sala responsable en el toca 1262/05, se confirmó en sus términos el auto apelado. h) Mediante escrito de seis de octubre de dos mil cinco, la parte actora desistió de la demanda por lo que hace al codemandado Héctor Eduardo Machorro Rodríguez, y solicitó se proveyera respecto de las excepciones y defensas opuestas por los coenjuiciados Francisco Machorro Hernández y Dora María Rodríguez Ramírez; el cual fue acordado por el Juez de origen con fecha siete de octubre de ese mismo año, en el que tuvo por desistida a la actora de la demanda por lo que hace a uno de los coenjuiciados, a la vez tuvo por contestada la demanda en cuanto a los otros codemandados. Como puede verse, dentro del periodo considerado por la Sala responsable para que operara la caducidad de la instancia y que contabilizó del uno de abril al seis de octubre de dos mil cinco, los codemandados interpusieron recurso de apelación en contra del auto de treinta de marzo de ese mismo año, que fue resuelto por la propia responsable el dieciocho de mayo de dos mil cinco; medio de impugnación con el cual quedó interrumpida la caducidad de la instancia. En efecto, según se desprende del artículo 1076 del Código de Comercio anteriormente transcrito, la intención del legislador es evitar la existencia de juicios paralizados, derivado de la inactividad procesal de las partes, para lo cual sanciona con la caducidad de la instancia esa falta de impulso procesal; sin embargo, en la especie no se actualiza dicha figura jurídica, toda vez que dentro del término que la Sala responsable tomó en cuenta por la caducidad de la instancia ante el Juez natural (del uno de abril al seis de octubre de dos mil cinco), la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra del auto de treinta de marzo de dos mil cinco, con lo cual quedó interrumpida la caducidad en la primera instancia, pues es evidente que con independencia que el recurso se haya admitido en efecto devolutivo, lo cierto es que la impugnación de una actuación judicial por cualquiera de las partes permite advertir el interés de éstas en la tramitación y resolución del asunto. Conforme a lo anterior resulta evidente que al haberse considerado lo contrario por la Sala responsable, la sentencia reclamada es violatoria de garantías, por lo que procede conceder a la quejosa la protección constitucional que solicita para los efectos que más adelante se precisan. No obsta a lo anterior lo establecido en la tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. NO SE INTERRUMPE EL TÉRMINO CON LA SOLA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, SI SÓLO SE ADMITIÓ EN EFECTO DEVOLUTIVO.’, y que la Sala responsable invocó en apoyo a su consideración, pues por las razones expuestas con anterioridad este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido en esa tesis. Al actualizarse la contradicción de criterios en el punto destacado, hágase la denuncia correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo."
QUINTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de siete de julio de dos mil cuatro, la revisión civil 2169/2004, en la parte conducente de sus consideraciones, señaló lo siguiente:
"CUARTO. ... En ese sentido, el cuestionamiento a resolver lo es si como afirma el recurrente, cualquier clase de apelación que se esté tramitando ante el superior del Juez natural, es la clase de promoción a que establece el artículo 1076 del Código de Comercio, o, en su caso, también se está en el supuesto de una suspensión a que se refiere la fracción VI del citado numeral al referir a ‘los demás casos previstos en la ley’ y, por ende, no hubiere operado la caducidad. O bien, como lo considera el Juez de Distrito, que la caducidad no puede ser interrumpida por una apelación que no tiene como fin el impulso del procedimiento, ya que concretamente esa apelación fue contra la negativa del Juez de los autos a declarar la caducidad de la instancia, ya que el recurso no tenía como finalidad la prosecución del juicio, sino de que éste feneciera por falta de impulso procesal. El trámite de la apelación a que se refiere el recurrente, no tiende a impulsar el procedimiento, como se verá. El Juez de Distrito basó su criterio en la jurisprudencia por contradicción de tesis 12/95, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Séptimo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, página 9, que a la letra dice: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Ahora bien, no le asiste la razón al recurrente, porque la apelación que se hizo valer, por la inconformidad de la desestimación de la caducidad planteada, en todos sus trámites, no tuvo los alcances que pretende atribuirle el inconforme, es decir, de su contenido no puede desprenderse que se trate de impulsar el juicio, de mantenerlo vivo, y de buscar su continuación hasta dictar sentencia, presupuestos que resultan necesarios para que en materia mercantil sea capaz de interrumpir el término de la caducidad de la instancia. En efecto, el impulso procesal es lo que los procesalistas definen bajo el concepto de carga, implica un deber sine qua non para las partes litigantes, pues a ellas pertenece la obligación de instar el procedimiento en busca de la tutela de sus intereses privados. Así, el actor tiene la carga de presentar la demanda, ofrecer pruebas, promover un incidente, objetar un documento, solicitar el término para alegatos y pedir que se dicte sentencia; ese mismo deber opera para el demandado, puesto que igual obligación tiene de contestar la demanda, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas, etcétera, dado que es propiamente a los contendientes a quienes beneficiará o perjudicará el sentido del fallo. Ahora bien, del estudio abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción que se ha citado, se desprende que para interrumpir la caducidad se requiere de un acto procesal de las partes en donde manifiesten su deseo o su voluntad de continuar con el procedimiento, lo que en el fondo significaba ‘impulsar el juicio mediante la promoción respectiva’, limitando la posibilidad de impedir la interrupción del término de la caducidad con promociones frívolas o improcedentes, sino sólo con aquellas que revelen o expresen el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. Así también, conceptuó que el impulso del proceso no revestía un deber sino una carga en el sentido técnico procesal del vocablo, cuyo efecto es que la propia ley dispone el acto o actos que deben realizase como una condición para que se desencadenen los efectos favorables al interesado para que el proceso no se extinga y se mantenga vivo, para ello, es una condición sine qua non, el que se promueva; finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedujo que no resultaba cierto que bastara la promoción de cualquier escrito para interrumpir la caducidad de la instancia, y que no importara su contenido, siendo más que suficiente que se dirigiera al expediente por cualquiera de las partes, sino que de lo resuelto debería concluirse que la promoción indicada tuviera el efecto de impulsar el proceso judicial. Del contenido de la jurisprudencia, en el texto propiamente de la ejecutoria, por un lado se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la institución de la caducidad en el procedimiento civil conforme a la legislación procesal del Distrito Federal, abordó diversos aspectos, como lo son: a) la interrupción de la caducidad; el impulso procesal; c) (sic) el concepto de carga en su sentido técnico procesal; y, d) la naturaleza de la promoción presentada en juicio, bastante para interrumpir la caducidad; destacó que las promociones frívolas e improcedentes no deben ser consideradas como interruptoras de la caducidad, sino sólo aquellas que tendieran a poner en marcha el proceso para culminar a través de una sentencia. Además, del texto de la ejecutoria de la contradicción de tesis, se advierte lo siguiente: (se transcribe). Conforme a lo anterior, el texto de la jurisprudencia publicada claramente establece qué escritos carecen de la cualidad de interrumpir el plazo de caducidad, al referirse a las ‘promociones frívolas o improcedentes’; y el texto de la ejecutoria ejemplifica sobre promociones para autorizar a personas para oír notificaciones, que se reconozca a alguien el carácter de abogado patrono o apoderado, o señalar nuevo domicilio para oír notificaciones, e indica que no son idóneas para interrumpir la caducidad de la instancia, en tanto que no tienden a activar o a impulsar el procedimiento. En materia mercantil, el artículo 1076 del Código de Comercio, establece la institución procesal denominada caducidad de la instancia, por medio de la cual se declara la extinción del juicio instaurado por el hecho de que al transcurrir ciento veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada, sin que las partes hubieran hecho promoción alguna tendente a mantener la marcha normal del proceso hasta culminar con la sentencia, supone la ausencia del impulso procesal conceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una carga que recae técnicamente sobre el actor y el demandado que debe inducirlos a mantener viva la instancia; por ello, sólo cuentan con esa cualidad distintiva aquellas promociones cuyo contenido ponga de manifiesto que el juicio mantiene su dinámica natural con la finalidad de que sea resuelto por una sentencia definitiva, verbigracia, como aquellos en donde se solicita abrir el juicio a prueba, el periodo de alegatos o que se dicte sentencia, etcétera. En ese sentido, las promociones, como en el caso, donde se interpuso recurso de apelación en contra de la negativa de decretar la caducidad, su tramitación no es tendente a dar continuidad al procedimiento, pues la consecuencia fue dictar una resolución declarativa de que no procedía la caducidad de la instancia, lo que nada nuevo significó para el procedimiento en sí, en aras de avanzar hacia el dictado de la sentencia definitiva. Debe decirse que para que el trámite de la apelación interrumpiera el plazo de la caducidad, es menester que el citado recurso se hubiere admitido en el efecto suspensivo, pues únicamente de esa manera las partes se encuentran limitadas para instar a la continuación del proceso con el fin de lograr el dictado de la sentencia, y en el caso contrario, es decir, cuando el recurso de apelación se admitiera en efecto devolutivo, el juzgador de instancia conserva expedita la jurisdicción para continuar con el tramite procesal que corresponda, y en mérito de ello, las partes se encuentran compelidas a instar la continuación del juicio, so pena de que, dada la inactividad procesal, se actualice la caducidad de la instancia. Es así, porque al efectuarse el trámite de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20059-fc35dbbf/caducidad-de-la-instancia-en-el-procedimiento-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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