Corpus
Modo: Corpus Pro

PRESUNCIÓN GRAVE. PRESUNCIONES HUMANAS. PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN (CÓDIGO DE COMERCIO). PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. SU VALORACIÓN (CÓDIGO DE COMERCIO). PRUEBA PRESUNCIONAL. SU IMPORTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 26/2006. · Registro digital (IUS): 19622
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALEJANDRA MIRIAM ZAMUDIO RÍOS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 2008.

AMPARO DIRECTO 26/2006. ALEJANDRA MIRIAM ZAMUDIO RÍOS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Antes de entrar al examen de los conceptos de violación, es pertinente señalar que en ellos, la quejosa impugna actuaciones del Juez de primera instancia, ya que señala que es ilegal la sentencia definitiva de dos de agosto de dos mil cinco (que es la que dictó dicho Juez), porque es oscura, imprecisa, incongruente y carente del principio de exhaustividad; que contrario a lo que afirmó dicho Juez sí son fundadas las excepciones y defensas que opuso, derivadas de los artículos 8o., fracción VI y 13 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; que el Juez de la causa realizó una indebida valoración de las pruebas que aportó, ya que debió concluir que el título de crédito base de la acción está alterado y, por eso, la relación contractual entre ella y el apelado (sic) no se ajustaba a lo consagrado en el documento base de la acción, pues éste se llenó en distintas épocas, es decir, en dos fases, y por dos distintos útiles inscriptores, lo que dio lugar a la alteración del título de crédito; que los depósitos que realizó fueron por la relación contractual de cinco de febrero de dos mil tres; que el Juez inferior admitió esos depósitos y pretendió aplicarlos al pago de la cantidad de ciento ochenta mil pesos, no obstante que se demostró que esos pagos fueron anteriores a la supuesta suscripción del pagaré de diez de noviembre de dos mil tres; que al ser ilegal la sentencia de primera instancia, es ilegal también que se le condene al pago de intereses moratorios a razón del seis por ciento sobre la cantidad de ciento ochenta mil pesos y bajo el amparo del supuesto título de crédito de diez de noviembre de dos mil tres; que el título de crédito no aportó, en su confección, la realidad de los hechos históricos controvertidos, toda vez que las probanzas demostraron que el cinco de febrero de dos mil tres, se otorgó el préstamo de la cantidad de veinticuatro mil pesos, y que ese préstamo se amparó en un pagaré sin fecha de suscripción, cantidad, vencimiento, lugar de pago y número del porcentaje por concepto de intereses moratorios; que lo anterior se corroboró con el dictamen pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía y de las diversas fichas de los depósitos que hizo la inconforme a favor del apelado (sic); que el artículo 1084 del Código de Comercio previene que la condenación en costas se hará así cuando lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe; que la inconforme no procedió con temeridad o mala fe, porque existen las pruebas relativas a las fichas bancarias de los depósitos de dinero que realizó a favor del apelado y porque quedó acreditada una acción (sic) de pago, además de que no presentó instrumentos falsos, documentos falsos, testigos falsos o sobornados; que por ello, la sentencia de dos de agosto de dos mil cinco es ilegal y criterios de jurisprudencia en que se apoyó el Juez inferior en grado son inaplicables al caso, ya que éstos se encuentran superados por los criterios que invocó en los presentes agravios (sic).

Como se ve, los resumidos argumentos se encuentran encaminados a combatir inmediata y directamente la sentencia de primera instancia que no puede ser materia de estudio en esta vía constitucional, dado que dicha resolución se sustituyó por la sentencia que dictó la ad quem y que constituye el acto reclamado, además de que la materia en este juicio de amparo es determinar a la luz de los motivos de queja al efecto expresados, si el fallo de segunda instancia estuvo bien o mal dictado. De ahí que lo alegado resulte inoperante.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número 497 aparece publicada en la página 349 del Tomo IV, Materia Civil, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO EN ELLOS SE ATACA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. No es viable combatir en el amparo directo la sentencia de primer grado cuando de ésta se apela, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la finalidad de ese medio de defensa, hecho valer ante el tribunal de alzada es que éste confirme, revoque o modifique la determinación del inferior; entonces, si los conceptos de violación se enderezan con la pretensión de impugnar el fallo inicial, aquéllos deben declararse inoperantes por no atacar las razones del que se haya emitido en la segunda instancia; por tanto, efectuar su análisis implicaría revisar la decisión del Juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, dado que el objeto del juicio constitucional es el estudio de la resolución dictada al resolver el recurso enunciado, para determinar si los fundamentos existentes en ella violan o no las garantías individuales del gobernado."

En otra parte de sus conceptos de violación la quejosa sostiene, en esencia, que a pesar de la evidente alteración del pagaré base de la acción, la Sala responsable consideró que dicho documento estaba formalmente impecable; que esa razón es ilegal, porque el tribunal de apelación no tomó en cuenta que la alteración está vinculada al contrato de préstamo que celebraron las partes por la suma de veinticuatro mil pesos, de los cuales la hoy quejosa cubrió la cantidad de veintitrés mil cuatrocientos a través de diversos depósitos en dos cuentas bancarias; que, por eso, el único hecho que quedó fijado fue la existencia de la deuda por la suma de veinticuatro mil pesos y el pago de esa suma; que el actor reconoció, al absolver posiciones, la existencia del adeudo que contrajo la enjuiciada en el mes de febrero de dos mil tres; que como el actor no justificó que los abonos que recibió correspondieran a una deuda diversa debe entenderse que el pagaré base de la acción se emitió por la suma de veinticuatro mil pesos. Agrega la quejosa, que es un hecho conocido y probado que depositó la suma de veintitrés mil cuatrocientos pesos; que a partir de ese dato conocido debe establecerse el hecho que se busca y que es establecer la época de emisión del pagaré que se otorgó en blanco para garantizar el pago de la cantidad de veinticuatro mil pesos y que debe establecerse en el mes de febrero de dos mil cinco, fecha en que tuvo lugar el contrato de préstamo que celebraron las partes por la suma de veinticuatro mil pesos. También la solicitante del amparo dice, que si no existe una relación jurídica que haya dado origen a una deuda de ciento ochenta mil pesos no se puede arribar al hecho desconocido, como lo hizo la Sala responsable; que la prueba pericial es sólo uno de los medios para probar la alteración de documentos; que también se puede demostrar a través de la prueba de confesión y la documental, como en la especie aconteció, pues la fecha posterior del pagaré al acto que le dio origen demuestra esa alteración ya que la verdadera fecha es del mes de febrero de dos mil tres; que, por ello, la Sala responsable no se ajustó a las disposiciones que regulan la valoración de las pruebas, pues no consideró que en autos no existe medio de convicción alguno sobre la existencia de la deuda por la suma de ciento ochenta mil pesos y que, por ella, se haya emitido un pagaré en blanco. Por último, sostiene la inconforme que la Sala responsable no tomó en cuenta que con la prueba pericial que valoró demostró las excepciones que opuso sobre la alteración del documento base de la acción, así como la relativa a la falsedad ideológica que apoyó en lo dispuesto por el artículo 8o., fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Son infundados los resumidos argumentos.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Editorial Espasa, página 115, define a la palabra alterar, así:

"Cambiar la esencia o forma de una cosa."

Ahora bien, la sola circunstancia de que, como en el caso, en un documento aparezca que una de sus partes es mecanografiada y la otra en forma manuscrita, no es demostrativa de que el documento correspondiente hubiera sido alterado, ante todo si se toma en consideración que por alterar debe entenderse, según la definición transcrita, cambiar la forma o esencia de una cosa, es decir, dañarla, descomponerla o estropearla, por tanto, si el pagaré base de la acción no presenta alteraciones producidas por borrones, raspaduras, enmendaduras, así como cualquier otra circunstancia que cambie su forma o esencia, quiere decir que no fue alterado; máxime que no existe precepto legal alguno que prohíba al tenedor o al signante de un documento, llenarlos en una parte con máquina y otra de forma manuscrita.

También cabe señalar, que aun cuando el llenado del título se hubiera realizado en dos momentos, como lo sostiene la quejosa, esto no implica que necesariamente con esa forma de suscripción se hubiera alterado el documento, pues esa circunstancia no es demostrativa por sí misma de que la parte actora motu proprio hubiera asentado la fecha de su suscripción, el monto y un tipo de interés que no se hubieran pactado.

No es óbice a lo antes dicho, lo alegado por la quejosa en torno a la confesión del actor, pues aun cuando éste haya reconocido los depósitos que le hizo la enjuiciada a diversas cuentas bancarias, ello no significa, como lo razonó la Sala responsable, que se haya demostrado la existencia de una relación jurídica diversa a la que se asentó en el pagaré base de la acción, es decir, una por la suma de veinticuatro mil pesos y que para garantizar esa deuda se haya emitido en blanco un pagaré.

En otro orden de ideas, debe decirse que no es verdad que, en el caso, se haya hecho una inexacta valoración de la prueba presuncional humana.

En principio, debe decirse, desde el punto de vista de la libertad o de las restricciones que pudiera establecer el legislador sobre la valoración de las pruebas aportadas al juicio, se ha determinado doctrinalmente la existencia de tres sistemas:

I. Sistema de la prueba libre;

II. Sistema de la prueba legal o tasada; y,

III. Sistema mixto.

En el sistema de prueba libre, no hay un valor previamente establecido al que ha de sujetarse el Juez.

En el sistema de prueba legal o tasada, el legislador determina previamente el valor que a cada prueba ha de concederle el juzgador, sin que intervenga el arbitrio de éste para asignarle una determinada apreciación a cada medio probatorio.

El sistema mixto es un sistema ecléctico, en el que las reglas de ofrecimiento, admisión y desahogo están fijadas por el legislador, pero se da un margen de discrecionalidad al juzgador para su interpretación y para su aplicación pragmática.

En nuestra legislación mexicana, tratándose de la facultad de los Jueces para la apreciación de las pruebas, se ha adoptado el sistema mixto de valoración, pues algunas están sujetas a reglas de apreciación; pero otras, como pueden ser la testimonial, la pericial y la presuncional, se dejan al prudente arbitrio del juzgador, arbitrio que no puede ser absoluto, sino restringido, pues esa valoración debe hacerse a través de la lógica y la razón y observar las reglas de la sana crítica, o sea, el prudente arbitrio del juzgador, de los cuales no puede separarse pues, de hacerlo, su apreciación, aunque no infrinja la ley, sí violaría los principios lógicos en que descansa.

Así, la obligación esencial que el Juez debe cumplir, no se realiza mediante una simple afirmación de los hechos que considera probados, sino que debe evaluar, pesar, examinar, comprobar, confirmar y demostrar que con las pruebas reunidas llega por lógica y con razonamientos a su convencimiento.

El Código de Comercio en el capítulo IX, del libro quinto, denominado "De los juicios mercantiles", título primero, Disposiciones generales, regula la prueba denominada "De las presunciones", y para corroborarlo es pertinente transcribir dicho capítulo:

"Artículo 1277. Presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal, y la segunda humana."

"Artículo 1278. Hay presunción legal:

"I. Cuando la ley la establece expresamente;

"II. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley."

"Artículo 1279. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél."

"Artículo 1280. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción."

"Artículo 1281. No se admite prueba contra la presunción legal:

"I. Cuando la ley lo prohíbe expresamente;

"II. Cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar."

"Artículo 1282. Contra las demás presunciones legales y contra las humanas, es admisible la prueba."

"Artículo 1283. Las presunciones humanas no servirán para probar aquellos actos que, conforme a la ley, deben constar en una forma especial."

"Artículo 1284. La presunción debe ser grave; esto es, digna de ser aceptada por personas de buen criterio. Debe también ser precisa; esto es, que el hecho probado en que se funde, sea parte o antecedente, o consecuencia del que se quiere probar."

"Artículo 1285. Cuando fueren varias las presunciones con que se quiere probar un hecho, han de ser, además, concordantes; esto es, no deben modificarse ni destruirse unas por otras, y deben tener tal enlace entre sí y con el hecho probado, que no pueden dejar de considerarse como antecedentes o consecuencias de éste."

"Artículo 1286. Si fueren varios los hechos en que se funde una presunción, además de las calidades señaladas en el artículo 1284, deben estar de tal manera enlazadas que, aunque produzcan indicios diferentes, todos tiendan a probar el hecho de que se trate, que por lo mismo no puede dejar de ser causa o efecto de ellos."

Por su parte, los artículos 1305 y 1306 del Código de Comercio, ubicados en el capítulo XX, denominado "Del valor de las pruebas", del mismo título y libro arriba citados, establecen lo siguiente:

"Artículo 1305. Las presunciones legales de que trata el artículo 1281, hacen prueba plena.

"Artículo 1306. Los Jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se pueda hacer de los principios consignados en los artículos 1283 a 1286, apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas."

De la lectura de los citados preceptos, se advierte que los principios consignados en los artículos 1283 a 1286 del Código de Comercio, son los siguientes:

a) Las presunciones humanas no sirven para probar aquellos actos que, conforme a la ley, deben constar en una forma especial.

b) La presunción debe ser grave, esto es, digna de ser aceptada por personas de buen criterio.

c) Debe ser precisa, es decir, que el hecho probado en que se funde, sea parte, antecedente o consecuencia del que se quiere probar.

c) Cuando fueren varias las presunciones, han de ser concordantes y tener un enlace entre sí y con el hecho probado, que no puedan dejar de considerarse como antecedentes o consecuencias de éste y,

e) Que estén de tal manera enlazadas que aunque produzcan indicios diferentes, todos tiendan a probar el hecho de que se trate que, por lo mismo, no puede dejar de ser causa o efecto de ellos.

Por el dinamismo que opera en las actividades mercantiles, en donde se realizan multiplicidad de operaciones que en ocasiones no se ajustan a procedimientos comerciales estrictos, pero que son cumplidos por el comerciante y por quienes contratan con ellos, revisten singular importancia las presunciones, que son consecuencias conjeturales que la ley o el juzgador construyen a partir de un hecho o hechos conocidos para acceder a otros desconocidos.

Por ello, resultan imprescindibles las amplias facultades con las que ha dotado el Código de Comercio al juzgador en los artículos 1284, 1285, 1286 y 1306, para resolver los negocios judiciales sometidos a su potestad; lo que al mismo tiempo pone de relieve la gran responsabilidad que tiene a su cargo para decidir con sentido de justicia, y más aún con equidad, por ser ésta la justicia de cada asunto en concreto, según las circunstancias, condiciones y eventualidades particulares, evidenciadas en los hechos controvertidos y justificados con los correspondientes medios de convicción, después de que ha realizado una ponderación prudente, ajustada al sentido común, así como al raciocinio lógico y a su experiencia, sin olvidar el buen criterio y la buena fe que deben acompañar a todo juzgador.

Para cumplir con esos principios, el Juez debe apegarse a las reglas de la sana crítica que son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano; en ellas participan las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, y unas y otras deben contribuir de igual manera a que el juzgador pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De ahí que la sana crítica deba entenderse como la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento.

Eduardo J. Couture, en su obra "Fundamentos del derecho procesal civil", Editorial IB de F, cuarta edición, páginas 222 y 223, señala que las reglas de la sana crítica consisten, en un sentido formal, en una operación lógica; que existen algunos principios de lógica que no podrían ser desoídos por el Juez; que nadie dudaría del error lógico de una sentencia en la cual se razonara de la siguiente manera: "Los testigos declaran que presenciaron un préstamo en monedas de oro; como las monedas de oro son iguales a las de plata, condenó a devolver monedas de plata."; que con ese actuar del Juez, evidentemente se está infringiendo el principio lógico de identidad, según el cual, una cosa sólo es igual a sí misma, por ende, las monedas de oro sólo son iguales a las monedas de oro, y no a las monedas de plata.

Agrega, el autor, que en ocasiones no basta la corrección lógica para convalidar la sentencia, porque en algunas ocasiones la elaboración del Juez puede ser correcta en su sentido lógico formal, pero la sentencia resulta errónea, y cita como ejemplo, el razonamiento que se hizo en un fallo, y que a continuación se transcribe: "Todos los testigos de este pueblo son mentirosos; este testigo es de este pueblo; en consecuencia, ha dicho la verdad."

Señala el procesalista, que en ese ejemplo el error lógico es manifiesto, pero desde el punto de vista jurídico, la solución puede ser justa si el testigo realmente ha dicho la verdad; que puede suceder lo inverso, cuando el Juez razona: "Todos los testigos de este pueblo son mentirosos; este testigo es de este pueblo; en consecuencia, es mentiroso."; que aquí el desenvolvimiento del silogismo ha sido correcto, pero la sentencia sería injusta si hubiera fallado una de las premisas: si todos los hombres del pueblo no fueran mentirosos, o si el testigo no fuera hombre de ese pueblo.

Sostiene el mencionado autor, que por ello, las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos de la valoración de las pruebas, ya que el Juez es, esencialmente, un hombre que toma conocimiento del mundo que le rodea y conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales; que por eso la sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida.

Así, es necesario considerar, en la valoración de la prueba presuncional, el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener, con el rigor posible, los principios de lógica en que el derecho se apoya.

El doctor Carlos Arellano García en su obra "Derecho procesal civil", Editorial Porrúa, S.A. de C.V., página 261, después de referirse al criterio de varios procesalistas, sobre el tema de la valoración de las pruebas, entre ellos al del autor arriba citado, concluye lo siguiente: "En consecuencia, el mejor sistema es el que combina las reglas lógicas y legales, con la intervención discrecional del juzgador."

En torno a las presunciones, dice que el vocablo presunción significa: "la acción de presumir"; que a su vez, presumir es "sospechar, conjeturar, juzgar por inducción"; que por ello, en el ambiente del proceso jurisdiccional, la presunción es utilizada por las partes y por el juzgador como una fórmula racional que permite llevar de los datos conocidos a conjeturar con mayor o menor solidez, los datos desconocidos.

Dicho autor en su obra "Práctica forense civil y familiar", misma editorial, página 292 y siguientes, dice que para la apreciación de la prueba de presunciones deben someterse los Jueces a dos reglas fundamentales: primera, que se encuentren probados los hechos de los cuales se derivan las presunciones y, segunda, que exista un enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la que se busca, de modo que si los tribunales se apartan de esas reglas, infringen la disposición legal relativa y, por ende, las garantías individuales.

También refiere que los hechos conocidos, base de la presuncional, deben estar debidamente probados; que para llegar al hecho desconocido, ha de partirse del hecho conocido que constituye una verdad demostrada y si esa verdad se altera, se trastoca la prueba presuncional; que hay hechos de muy difícil demostración directa, como podría ser la simulación, y respecto de ellos se exalta la importancia de la prueba presuncional.

Conforme a lo anterior, se llega a la conclusión de que, por regla general, las presunciones deben ser polibásicas, es decir, que concurran pluralidad de indicios que se dirijan a otras presunciones, descartando la más débil a favor de la más convincente, pues la concurrencia de varios indicios que apuntan hacia la formación de una misma presunción, partiendo de puntos diferentes, aumenta la fuerza probatoria de cada uno de ellos, y también la fuerza probatoria en su conjunto.

Pero esa valoración, como ya se dijo, debe estar acotada por la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de que la decisión del juzgador sea una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente poderosa para rechazar la duda y el margen de subjetividad del Juez, para lo cual se debe contar con la figura conocida como "las máximas de experiencia", que son las reglas de vida o verdades de sentido común que contribuyen de un modo eficaz a la formación de la persuasión judicial.

No se soslaya que esa certeza debe nacer de la acción genuina de las pruebas, naturalmente, y no de modo artificial, o sea por virtud de razones extrañas a su intrínseca certeza y propia naturaleza.

Así, para cumplir con el requisito previsto en el artículo 1283 del Código de Comercio, que establece que la presunción debe ser grave, esto es, digna de ser aceptada por personas de buen criterio, el convencimiento del Juez debe ser razonado, es decir, que las motivaciones que lo han determinado a fallar en cierto sentido, deben ser tales, que se consideren capaces de engendrar igual convencimiento en otros hombres razonables capaces de discernir en la toma de decisiones justas, pues sólo así, esa motivación dará a la certeza del Juez, el carácter de presunción grave.

Ahora bien, el requisito de que la presunción debe ser precisa, parte del principio de que no hay efecto sin causa, por ello, el hecho probado debe facilitar el esclarecimiento del hecho que se trata de averiguar y, para ello, es menester que sea parte, antecedente o consecuencia del que se quiere demostrar, pues esa falta de precisión para inferir el hecho que se trata de demostrar, engendra duda respecto del encadenamiento de las presunciones.

Todo lo anterior es lo que llevará a que se aprecien, conforme a la verdad y al derecho, las presunciones humanas, es decir, con apego a lo que debe ser la justicia, que es requisito fundamental previsto en el artículo 1306 del Código de Comercio.

Por ende, y en atención a todo lo razonado, en el caso no se hizo una indebida valoración de la prueba presuncional humana, ya que, contra lo alegado por la quejosa, sólo se cuenta con el reconocimiento del actor de que se depositaron a su favor diversas sumas y las correspondientes fichas de depósito, datos que son insuficientes para demostrar que el pagaré se firmó en blanco y como garantía de una deuda por la suma de veinticuatro mil pesos, pues el hecho de la alteración, de donde se pretende emerger la presunción, no está demostrado y, por ende, el actor pudo ejercitar el derecho literal que se consigna en el pagaré base de la acción.

Por último, debe decirse que es verdad que la Sala responsable no tomó en cuenta la prueba pericial que la quejosa ofreció para demostrar, como dice, la alteración del documento base de la acción y la excepción de falsedad ideológica que opuso; sin embargo, esa omisión se debió a que la Sala responsable advirtió que por auto de dos de marzo de dos mil cinco, se declaró desierta la mencionada prueba.

En las relacionadas circunstancias, y sin que se advierta alguna violación manifiesta de la ley que hubiera dejado sin defensa al quejoso, que amerite ser suplida en su beneficio, conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo procedente es negarle la protección constitucional solicitada.

La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, al no haberse combatido por vicios propios.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 91, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 72, que dice:

"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 79 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandra Miriam Zamudio Ríos, contra la sentencia definitiva dictada el quince de noviembre de dos mil cinco, por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación número 236/2005/3, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 429/2004, seguido por Gerardo Ramírez Juárez contra la aquí quejosa; y la ejecución de dicho fallo atribuida al Juez Sexagésimo Tercero Civil en esta ciudad.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos y anexos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Walter Arellano Hobelsberger, Marco Antonio Rodríguez Barajas y Francisco Javier Sandoval López. Firman la sentencia los citados Magistrados, en términos del artículo 187 de la Ley de Amparo, el primero de los nombrados como presidente y ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19622-84909ff3/presuncion-grave-presunciones-humanas-prueba-presuncional-humana-principios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.