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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE REMITE A LO SEÑALADO EN UN PROVEÍDO POR EL QUE SE RECHAZÓ INICIALMENTE UNA PRUEBA Y NO FUE IMPUGNADO OPORTUNAMENTE, AUN CUANDO EL PROMOVENTE SEA UN NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL.

Tipo de asunto: QUEJA 51/2006. · Registro digital (IUS): 19756
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO MIRANDILLAS, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 1501.

QUEJA 51/2006. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO MIRANDILLAS, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los agravios son ineficaces para revocar el auto recurrido.

Del acuerdo atacado, se advierte que en lo que aquí es materia, el Juez consideró que respecto de la insistencia en el ofrecimiento de la prueba pericial que los quejosos habían hecho en escrito de veinticuatro de marzo de dos mil seis, se estuvieran a lo acordado en proveído de tres de abril del mismo año.

Por su parte, los recurrentes se duelen del acuerdo de dieciséis de mayo, así como del de tres de abril, ambos de dos mil seis, pues dicen que el desechamiento de la prueba pericial les causa agravios, ya que tal probanza se ofertó con el objeto de aportar elementos de convicción respecto de la acción indebida que se comete en terrenos y en perjuicio del ejido, lo que serviría para que el a quo pudiera resolver a quién le asiste el derecho a la explotación de los recursos maderables; que dicha prueba se ofertó en razón de la negativa de la responsable Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de haber otorgado el permiso para la explotación de los recursos maderables, lo que se convertía en un hecho superveniente; que el Juez de Distrito se limita a considerar que la prueba pericial es improcedente, sin explicación convincente e invoca una jurisprudencia que más bien establece la procedencia y pertinencia de la prueba como base de un fallo justo.

Ahora bien, de autos se advierte que por acuerdo de tres de abril de dos mil seis, en lo que aquí interesa, el Juez de Distrito desechó la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por los quejosos, pues estimó que los cuestionamientos realizados para el desahogo de la probanza estaban encaminados a determinar si existe o no invasión o sobreposición de planos y propiedades que a su vez son materia del juicio natural, y que en su punto doce pretendían que el perito elaborara un plano cromático ilustrativo, en donde localizara y ubicara la superficie materia del permiso o autorización para la explotación de los recursos forestales, otorgado a favor de los terceros perjudicados, lo cual, consideró el a quo, en la especie no ocurría, ya que del informe justificado rendido por las responsables se advertía que no se había otorgado permiso alguno, razón por la cual estimó que al ser innecesaria y carente de objeto por no guardar relación con los hechos que motivaron los actos reclamados, y por economía procesal, procedía desecharla (fojas 120 vuelta y 121 del expediente de amparo).

Conviene precisar, que el acuerdo mediante el cual se desecha una prueba, como en el caso aconteció, es impugnable a través del recurso de queja, de conformidad con lo previsto por la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, situación que así fue reconocida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 37/97, consultable en la página 87 del Tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN.-Los supuestos de procedencia del recurso de revisión, según lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Amparo, en contra de actuaciones judiciales emanadas de Jueces de Distrito, se reducen a resoluciones definitivas o a resoluciones dictadas en los incidentes de suspensión, mas no contemplan proveídos o decretos de mero trámite; en cambio, la fracción VI del artículo 95 del propio ordenamiento, expresamente dispone que el recurso de queja es procedente contra resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En consecuencia, es el recurso de queja el que procede en contra de un auto dictado por un Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo, antes de la audiencia constitucional, mediante el cual desecha las pruebas ofrecidas por las partes, ya que se trata de un proveído que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que al quedar firme dicho auto, la parte a quien no se le admitieron las pruebas, no podrá ofrecerlas en otra oportunidad procesal, ni el Juez de Distrito se ocupará de dicha cuestión al dictar sentencia definitiva, ni el tribunal de alzada, en su caso, al dictar la resolución en segunda instancia.", lo que evidencia que los autos por los que se desecha una prueba no son impugnables a través del recurso de revisión, lo que limita al quejoso a que lo impugne a través del recurso de queja; por tanto, si en el acuerdo de tres de abril de dos mil seis el Juez de Distrito desechó la prueba pericial, era indispensable que los quejosos hubieran controvertido tal proveído, para que no se tuviera como consentido el desechamiento del medio de convicción ofertado, cuestión que no aconteció, pues no se advierte de constancia que el acuerdo de tres de abril de la referida anualidad hubiera sido impugnado mediante el recurso de queja correspondiente.

De ahí que los agravios son ineficaces para revocar lo resuelto por el Juez de Distrito, pues si bien es cierto que en el auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil seis, se resuelve que debía estarse a lo acordado en proveído de tres de abril, también es verdad que el acuerdo al que se les remite a los quejosos, anterior al que se impugna, es el que verdaderamente les causa agravios, pues es en ese acuerdo que se les desechó la prueba ofrecida, por lo que debieron haberlo atacado en el momento procesal oportuno y no ahora. Luego, al no ser impugnado dentro del término que marca el numeral 97, fracción II, de la Ley de Amparo, éste quedó consentido.

Sobre el tema, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 214 del Tomo XV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen:

"ACTOS CONSENTIDOS.-Si los actos en que se funda una queja, han sido consentidos por el quejoso, el recurso debe declararse infundado."

Por tanto, es incuestionable que los agravios, aun cuando se dirigen a controvertir los autos de dieciséis de mayo y tres de abril, ambos de dos mil seis, son ineficaces para revocarlos, pues el proveído que les causó perjuicio, como se evidenció, fue consentido.

No pasa inadvertido para este tribunal, que el presente recurso fue promovido por el núcleo ejidal quejoso y que conforme a lo dispuesto por los artículos 76 Bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, se debe aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja en su favor; sin embargo, en el caso no es procedente tal suplencia para resolver sobre el acuerdo que le desechó la prueba testimonial, pues dicho acuerdo fue consentido, lo que hace improcedente su estudio y, por tanto, la suplencia de la deficiencia respecto del mismo.

Sobre el particular, por las razones que las informan, tienen aplicación las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, identificadas con los números 2a./J. 81/2006 y 2a./J. 131/99, consultables en las páginas 322 del Tomo X, diciembre de 1999 y 236 del Tomo XXIII, junio de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros y textos, respectivamente, dicen:

"TESTIMONIAL EN EL AMPARO AGRARIO. PROCEDE EL DESECHAMIENTO DE LA OFRECIDA POR LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES O POR LOS EJIDATARIOS O COMUNEROS, CUANDO NO SE ANUNCIA CON LA ANTICIPACIÓN REQUERIDA POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE ELLO IMPIDA AL JUZGADOR, SI LO ESTIMA NECESARIO O CONVENIENTE, ORDENAR EL DESAHOGO DE DICHA PRUEBA.-De lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución, 76 bis, fracción III, 212, 215, 217, 218, 221, 224 a 227 y 231 de la Ley de Amparo, deriva que el amparo agrario fue establecido con el claro propósito de proteger los derechos agrarios de los núcleos de población ejidales y comunales y de los ejidatarios y comuneros en lo individual, caracterizándose por la obligación que se impone a la autoridad judicial para actuar durante el procedimiento de manera oficiosa para suplir no sólo la deficiencia de la queja, la de exposiciones, comparecencias y alegatos, sino además, la deficiencia de la defensa a favor de los núcleos de población ejidales o comunales y de los ejidatarios o comuneros; específicamente los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, imponen a los Jueces de Distrito el deber de recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a las entidades e individuos mencionados y a acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios de los mismos y la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Asimismo, deriva de los preceptos citados que todas las prerrogativas que se otorgan a los núcleos de población ejidal y a los ejidatarios y comuneros en particular se encuentran señaladas expresamente y, entre ellas, no aparece la relativa a que tratándose de asuntos en materia agraria si no se anuncia la prueba testimonial oportunamente, en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, la misma no podrá desecharse. Por tanto, cuando los mencionados sujetos de derecho agrario no anuncien la prueba testimonial con la anticipación debida, el juzgador debe desecharla, sin que ello impida que si lo estima necesario o conveniente y con base en especial en las atribuciones que le otorgan los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, pueda ordenar de oficio el desahogo de la prueba. Con lo anterior se respeta lo establecido por el artículo 151 de la ley de la materia, así como el régimen tutelar que consagra esa ley a favor de los sujetos de derecho agrario, pues conforme a dicho artículo no procede admitir la prueba testimonial cuando no se ofrece con la anticipación que prevé, pero los derechos agrarios quedan protegidos al permitirse al juzgador ordenar el desahogo de la prueba cuando lo considere necesario o conveniente."

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR SÍ SOLA, NO HACE PROCEDENTE EL RECURSO.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión contra sentencias de Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo procede cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o bien, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, así como cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita el estudio y decisión de esas cuestiones a pesar de haberse planteado en la demanda de garantías. Ahora bien, si no se plantea problema de constitucionalidad alguno, el recurso de revisión únicamente procede cuando el tribunal de amparo oficiosamente introduce ese tema en la sentencia recurrida, o bien, omite aplicar la jurisprudencia de este Alto Tribunal en la que se declare la inconstitucionalidad de preceptos aplicados al quejoso, siempre que se adecue al caso específico, en cuyo supuesto opera la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios, de acuerdo con el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo; sin embargo, este beneficio por sí solo no conduce a estimar que proceda la revisión en amparo directo por existir algún problema de inconstitucionalidad o de interpretación directa de una norma constitucional, que de oficio estuviera obligado a abordar el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que el análisis de esos aspectos depende, por regla general, de que el agraviado los impugne en el juicio de garantías; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría analizar de oficio, en suplencia de la queja deficiente, si las normas aplicadas al quejoso contienen o no un vicio de inconstitucionalidad, pues sería tanto como aceptar que son procedentes todos los recursos de revisión en amparo directo en los que opera ese beneficio, situación que resulta inadmisible porque daría lugar a una instancia oficiosa no establecida en la Ley Fundamental ni en la reglamentaria de la materia."

En esas condiciones, al resultar ineficaces los agravios y no existir queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por los artículos 76 Bis y 227 de la Ley de Amparo, lo que procede es confirmar los autos recurridos por las razones antes señaladas.

Por lo anteriormente expuesto, se resuelve:

PRIMERO.-Es improcedente el recurso de queja.

SEGUNDO.-Quedan firmes los acuerdos recurridos de dieciséis de mayo y tres de abril, ambos de dos mil seis, dictados por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo 195/2006.

Notifíquese, anótese en el registro; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos relativos al lugar de su procedencia para los fines de ley y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Rogelio Camarena Cortés y Luis Francisco González Torres, en contra del voto del Magistrado Jaime C. Ramos Carreón.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19756-95eeb12f/queja-prevista-en-la-fraccion-vi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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