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Modo: Corpus Pro

INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE SE PROMUEVA SIMULTÁNEAMENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CUMPLIMENTA LA EJECUTORIA DE AMPARO Y LA QUE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO LA HACE IMPROCEDENTE Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEBE ESTUDIAR PRIMERO AQUELLA ÚLTIMA CIRCUNSTANCIA POR SER DE OFICIO Y DE ORDEN PÚBLICO.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 2/2006. · Registro digital (IUS): 19611
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EJIDO DE COLOTLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 2220.

INCONFORMIDAD 2/2006. EJIDO DE COLOTLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE JALISCO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. En primer término resulta conveniente precisar los antecedentes del caso, que emanan de las constancias existentes en el juicio de amparo.

De la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclamó de las autoridades responsables: "III. Autoridades responsables. El Cuerpo Consultivo Agrario, quien actuó no como órgano de opinión sino como autoridad, al aprobar el acuerdo y plano proyecto que modifica sustancialmente el contenido de la resolución presidencial del 7 de agosto de 1985. El C. Director general de tenencia de la tierra. El C. Delegado agrario en el Estado y el C. Ingeniero comisionado. Actos reclamados. Del Cuerpo Consultivo Agrario le reclamo la aprobación del acuerdo y plano proyecto de localización complementario para la primera ampliación mediante los cuales sin ningún fundamento legal modifica la resolución presidencial dotatoria de ampliación al Ejido Colotlán de fecha 7 de agosto de 1985 y a su vez modifica el plano proyecto aprobado por este mismo órgano colegiado y con el que se ordenó ejecutar la resolución presidencial, en razón de que se ordenaba en el fallo presidencial aludido que se afectaba como demasía propiedad de la Nación del predio ‘San Ignacio Bellavista o San Ignacio Buenavista o el Mirador’, en una superficie de 169-40-00 Has., en posesión de Cándido Álvarez y José Mota Ramírez, comprendidas y localizadas dentro del plano proyecto aprobado, ordenando respetar a estas personas la superficie que tenían inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Colotlán, Jalisco, que era de 132-00-00 Has., y por tanto, el acuerdo y plano reclamado modifican sustancialmente lo que la resolución presidencial ordena, pues sin ninguna facultad legal, en forma administrativa revocan y modifican sus propias determinaciones, lo que resulta un acto prohibitivo de acuerdo al art. 8 de la Ley Federal de Reforma Agraria y porque además es de explorado derecho que la resolución presidencial solo puede ser declarada insubsistente por la autoridad judicial federal competente, como resultado de la sentencia definitiva que se haya dictado en el juicio de garantías promovido por los particulares que se consideraran afectados ilegalmente en sus intereses. Del C. Director general de tenencia de la tierra le reclamamos las órdenes que giró al delegado agrario en el Estado para que ejecutara complementariamente la resolución presidencial de la primera ampliación, tomando como base para ello el nuevo plano proyecto aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario y entregara al ejido una superficie de 38-03-25 Has., del predio ‘San Ignacio Bellavista o San Ignacio Buenavista o El Mirador’. Del C. Delegado agrario le reclamamos el haber comisionado personal para que cumpliera las órdenes recibidas por el director general de tenencia de la tierra. Del C. Ingeniero comisionado reclamamos la ejecución que dio a las órdenes recibidas por sus superiores, ejecutando complementariamente la resolución presidencial tantas veces mencionada y entregando al ejido una superficie de 38-03-25 Has., en lugar de las 169-40-00 Has., que afecta el fallo presidencial sobre el predio aquí referido, que son demasías propiedad de la Nación que resultaron una vez respetada la superficie que Cándido Álvarez y José Mota Ramírez tenían inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Colotlán, Jalisco."

Con fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, emitió resolución, en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "... En tales circunstancias, lo procedente es conceder el amparo al ejido quejoso, con la finalidad de que el Cuerpo Consultivo Agrario, deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y emita otro en el que se ciña a los términos expuestos en la presente sentencia, sin dejar de tomar en cuenta lo expuesto por el ahora promovente y otras personas, en el escrito presentado ante la Delegación Agraria en el Estado, el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres. Al ser inconstitucional el acuerdo a que se ha hecho referencia, procede hacer extensiva la protección federal contra los actos de ejecución atribuidos al director general de la tenencia de la tierra, al delegado agrario en el Estado y al ingeniero comisionado, Fernando Fernández Zamora." (fojas 471 a 484 del juicio de garantías).

Inconformes con dicha determinación, el Cuerpo Consultivo Agrario y el director general de procedimientos para la conclusión del rezago agrario, interpusieron recurso de revisión, el cual tocó conocer a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que lo admitió bajo el toca de revisión principal número 271/96, y mediante ejecutoria de seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, confirmó la protección constitucional otorgada.

Por acuerdo de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 518 id.); por lo que, después de diversos requerimientos, mediante oficio número 20398, de fecha catorce de septiembre de dos mil cinco, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, informó al Juez de Distrito respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, acompañando al mismo, copias certificadas de las constancias con que se acreditaba tal cumplimiento (fojas 1004 a 1019 id.); por acuerdo de cuatro de octubre siguiente se tuvo por recibido tal oficio y se ordenó dar vista a la parte quejosa, con lo expresado por la autoridad antes indicada, para que manifestara lo que a sus intereses conviniese en atención al cumplimiento manifestado por la misma (foja 1020 id.), por lo que el ejido quejoso promovió incidente de repetición del acto reclamado, bajo el argumento de que el acto emitido por la autoridad responsable adolecía de los mismos vicios que ameritaron la concesión del amparo (fojas 1025 a 1028 id.); y por diverso acuerdo de trece de enero de dos mil seis, el Juez estimó que la ejecutoria de amparo se encontraba cumplimentada y que por consecuencia la incidencia de repetición del acto reclamado había quedado sin materia.

Primeramente, debe precisarse que al resolver en el auto recurrido, que se había cumplido con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 37/1995-3, y con base en ello, declara que el incidente de repetición del acto reclamado quedaba sin materia; el Juez de Distrito actúa en forma incongruente, pues el estudio del cumplimiento de la ejecutoria respectiva, se hace con o sin intervención del quejoso (dependiendo si manifiesta alguna cuestión en torno al cumplimiento, cuando se le dé vista con lo que al respecto manifiestan las autoridades responsables), y el análisis de la repetición del acto reclamado tiene que hacerse incluyendo lo alegado por el quejoso en el escrito de denuncia de repetición. Así las cosas, como la inconformidad que ahora nos ocupa abrió la segunda instancia, este tribunal se avoca primero a determinar si hubo o no repetición del acto reclamado, y luego, resolverá lo relacionado con el cumplimiento de la ejecutoria en mención, todo ello, claro está, porque el estudio de si existe repetición del acto reclamado es de oficio, por ser de orden público, y porque, además, se repite, así se escucharía al quejoso en lo que alegó en su denuncia de repetición del acto reclamado. Lo anterior, tiene como fundamento la tesis que se localiza en la Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de 1996, página 288, tesis 2a. LXXXVI/96, que dice: "INCONFORMIDAD. TAMBIÉN PROCEDE ESE INCIDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DE ACTO RECLAMADO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el requisito esencial para la procedencia del incidente de inconformidad es la existencia de una resolución que tenga por cumplida una ejecutoria de amparo, resolución a la que debe equipararse la que declara sin materia el incidente de repetición de acto reclamado, por haber quedado sin efecto el propio acto reclamado, ya que a pesar de que esta última no declara cumplida la ejecutoria de amparo, tiene el mismo efecto. Por ello ambas resoluciones tienen como consecuencia común que el asunto se archive como concluido por encontrarse liberadas las autoridades responsables de las obligaciones que las ejecutorias de amparo les imponen, ya sea, en la primera, por haber cumplido con los deberes al restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, o haber obrado en el sentido de respetar las garantías de los quejosos, según sea la naturaleza del acto reclamado, positiva o negativa, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 80 de la Ley de Amparo, o en la segunda, por haber quedado sin materia el incidente de repetición de acto reclamado, con independencia de que quede o no pendiente la ejecución de la sentencia de amparo."

Así como la tesis de la Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, página 234, tesis 2a. CXXXVI/2001, que dice: "INCONFORMIDAD CONTRA EL ACUERDO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA QUE SE PLANTEA SIMULTÁNEAMENTE CON LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONTRA EL ACTO DE LA RESPONSABLE QUE SIRVIÓ PARA TENER POR CUMPLIDA AQUÉLLA, SIEMPRE QUE SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 105, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que los diversos procedimientos previstos en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal son excluyentes entre sí y que su procedencia dependerá del supuesto que se actualice en cada caso, también lo es que de ello no puede derivarse que el planteamiento simultáneo de la inconformidad contra el acuerdo que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y de la denuncia de repetición del acto reclamado contra el acto de la autoridad responsable que sirvió para tener por cumplida la ejecutoria, lleve a determinar la improcedencia de la inconformidad planteada, si fue hecha valer dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en tanto se satisfacen los requisitos que para su procedencia establece el artículo 105, tercer párrafo, de la ley de la materia. Además, una determinación contraria llevaría a dejar en estado de indefensión a la parte quejosa inconforme porque de considerarse improcedente la inconformidad se tendría por consentida la resolución que tuvo por acatada la ejecutoria, lo que ocasionaría que la denuncia de repetición del acto reclamado también fuera improcedente porque el acto de cumplimiento respecto del cual ésta se plantea fue analizado en la resolución que tiene el carácter de consentida."

En efecto, del escrito de inconformidad se desprende que los aquí inconformes manifiestan que al dárseles vista del cumplimiento de la sentencia de amparo, impugnaron tal cumplimiento con el argumento de que se estaba en presencia de la figura jurídica de repetición del acto reclamado, reclamo que, como lo aducen, se corrobora con las constancias del expediente de amparo (fojas 1052 a 1055); sin embargo, contrario a lo estimado por los quejosos, no existe tal repetición del acto reclamado.

Esto es así, pues la configuración del supuesto de repetición del acto reclamado exige confrontar el acto analizado en la sentencia de amparo con el diverso acto que motiva la denuncia que dio origen a esta inconformidad, para determinar si entre ellos existe la semejanza que permita concluir que la autoridad responsable, desconociendo el principio de cosa juzgada y la eficacia vinculatoria de los fallos constitucionales, reitera la misma conducta que ha sido declarada violatoria de las garantías individuales de la quejosa.

Ahora bien, como se evidenció, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Cuerpo Consultivo Agrario dejara insubsistente el acuerdo impugnado, así como los actos de ejecución del mismo, y para que emitiera uno nuevo tomando en consideración lo expuesto por los aquí quejosos y otras personas; en tanto que, del acuerdo de fecha veintiuno de julio de dos mil cinco, suscrito por el director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa, por el jefe del departamento de Enlace Jurídico y por el director técnico, todos ellos de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 1007 a 1018), se advierte que las responsables dejaron insubsistente el acuerdo reclamado, así como las diligencias realizadas con relación a la ejecución de la resolución presidencial, y se dictó un nuevo acuerdo en el que se consideró lo expuesto por los aquí quejosos y otras personas en el escrito presentado el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ante la Delegación Agraria en el Estado. Por tanto, el acuerdo que se dictó en cumplimiento de la ejecutoria de amparo no es una repetición del acto reclamado, ya que si bien es cierto que en dicho acuerdo no se llega a la conclusión pretendida por los hoy quejosos de entregar las ciento sesenta y nueve hectáreas, cuarenta áreas, cero centiáreas, tal circunstancia, como se dijo, no fue parte del efecto de la sentencia de amparo, pues lo que se ordenó en dicha ejecutoria fue que se dejara insubsistente el acuerdo reclamado, así como las diligencias realizadas en cumplimiento de la resolución presidencial, hechos que, como quedó visto, acontecieron, sin que se pueda considerar tal repetición por el hecho de haberse emitido un nuevo acuerdo, ya que ello se realizó en cumplimiento de la ejecutoria de mérito, además que, como lo ordenó la sentencia, para su emisión se tomó en consideración el escrito presentado por los quejosos y otras personas, cuestión que difiere del acto reclamado consistente en el acuerdo que se dejó sin efectos, sin que se desprenda de la ejecutoria, como se mencionó anteriormente, que el acuerdo que se emitiera en cumplimiento tenía que llegar a la conclusión de entregar la posesión de las ciento sesenta y nueve hectáreas, cuarenta áreas, cero centiáreas, sino, se insiste, a que se ponderara lo argumentado por los quejosos, cuestión que, correcta o incorrectamente hizo la responsable, por lo que el hecho de que en el nuevo acuerdo la responsable llegara a la conclusión impugnada, no se incurrió en repetición del acto reclamado.

Por las razones expuestas, es claro que no existe la repetición del acto reclamado denunciada, ya que como quedó analizado, no se dan los supuestos para ello.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis:

"Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número: 81, septiembre de 1994. Tesis: 4a./J. 5/94. Página: 17. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUÁNDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales."

"Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número: 81, septiembre de 1994. Tesis: 3a./J. 25/94. Página: 15. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el Juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo."

"Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. Tesis: 1a./J. 68/99. Página: 378. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE AUN CUANDO LOS NUEVOS ACTOS SEAN DE IGUAL NATURALEZA Y EN RELACIÓN AL MISMO QUEJOSO, SI VERSAN SOBRE DIVERSOS E INDEPENDIENTES HECHOS Y ACTUACIONES. Si los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio en que se haya concedido el amparo versan sobre hechos y actuaciones diversos e independientes a los que hayan constituido los segundos, aun cuando se refieran a procedimientos de igual naturaleza y en relación al mismo quejoso, no deben incluirse dentro de los efectos del fallo protector, sino que deben ser materia de un juicio de garantías diverso."

Por otra parte, en el escrito presentado el veintitrés de enero del año en curso, se desprende que los quejosos argumentan también, por una parte que, contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito, en el acuerdo impugnado, las autoridades señaladas como responsables, no les han restituido en el pleno goce de sus garantías violadas, en virtud de que "jamás se dio cumplimiento al fallo presidencial conforme al plano proyecto aprobado, es decir, que la Secretaría de la Reforma Agraria deberá ordenar la ejecución complementaria y entregar al ejido beneficiado la superficie que le faltó y que está establecida en el presente agravio", esto es, las ciento sesenta y nueve hectáreas, cuarenta áreas, cero centiáreas, que a su decir, les corresponden conforme a la resolución presidencial que le concedió la ampliación al ejido en cuestión, de terrenos demasías propiedad de la nación y que se encontraban en posesión de particulares.

De lo anterior se colige que los recurrentes denuncian, mediante la inconformidad, un incumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque, dicen, no se les ha restituido en el pleno goce de la garantía violada, pues no se les ha entregado la posesión de las ciento sesenta y nueve hectáreas, cuarenta áreas, cero centiáreas, ya que lo que se les pretende entregar son sólo treinta y ocho hectáreas, tres áreas, veinticinco centiáreas, lo que, dicen, incumple con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, ya que expresan "por tanto, es evidente que con su proceder no se restituyó al ejido quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, pues jamás se dio cumplimiento al fallo presidencial conforme al plano proyecto aprobado", lo que evidencia que, ante el cumplimiento que calificó el Juez de Distrito, se están doliendo de un defectuoso cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables.

Luego, si conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 9/2001, el objeto de la inconformidad es revisar si se dio o no el cumplimiento de la resolución, pero únicamente en el caso de que no se diera en absoluto el cumplimiento, lo que no acontece en la especie; en tanto que, bien o mal, existe un cumplimiento dado por las responsables, pues, como se evidenció anteriormente dejaron sin efecto el acuerdo reclamado, así como los actos de ejecución del mismo, y dictaron uno nuevo, es indudable que, en todo caso, si los quejosos consideran que no se les ha restituido en el pleno goce de sus garantías, porque el nuevo acuerdo considera que sólo se pueden entregar treinta y cuatro hectáreas, veintinueve áreas, setenta y tres centiáreas y no las ciento sesenta y nueve hectáreas con cuarenta áreas, que dicen les corresponde, contra la determinación que expresó el Juez de Distrito en el sentido de que la ejecutoria se encontraba cumplida, son materia del recurso de queja previsto por la fracción IV del artículo 95 de la Ley de Amparo, mas no la inconformidad. Por ello, tales agravios no pueden ser estudiados a través de la presente inconformidad pues, como se mencionó anteriormente, sólo es materia de análisis en la inconformidad, determinar si las responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 17/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dieciocho del tomo 82, octubre de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCONFORMIDAD. LA PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO, NO ES EL MEDIO JURÍDICO IDÓNEO PARA DETERMINAR SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRIÓ EN EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA.-La inconformidad establecida en el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, no es el medio jurídico idóneo para resolver si la autoridad responsable incurrió o no en exceso o defecto en la ejecución de una sentencia de amparo, puesto que la ley de la materia, en su artículo 95, fracciones IV y IX, establece el recurso de queja como el procedente para dilucidar tales cuestiones."

No obstante lo ineficaz de los agravios anteriores, este Tribunal Colegiado procede a examinar si la autoridad responsable dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de garantías 37/1995-3, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, con base en las constancias de autos, pues tal proceder obedece a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público en cuya observancia está interesada la sociedad y de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, ningún expediente puede archivarse, sino hasta que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido al quejoso la protección constitucional, por lo que este Tribunal Colegiado debe, en suplencia de la queja hacer el estudio respectivo, pues goza de las más amplias facultades para ello. Inclusive el autorizado de los quejosos manifestó al respecto que "... con independencia de que la parte quejosa, en caso de que lo estime pertinente, pueda hacer valer los medios de defensa establecidos en la ley y como en el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplir la queja deficiente y examinar si se cumplió o no con la sentencia, es la razón por la que acudo a esta instancia."

Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 28/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veinticinco del Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMINAR SI SE CUMPLIÓ O NO CON LA SENTENCIA.-El cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, además, según lo dispuesto por el artículo 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando se está en los casos de inconformidad relativa al acatamiento de un fallo constitucional, la Suprema Corte debe resolver allegándose los elementos que estime convenientes, disposición que la autoriza a realizar un pronunciamiento sobre el particular aunque el inconforme haya omitido expresar argumentos al respecto, pues debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia."

En efecto, cabe señalar que en la demanda de garantías se señalaron como actos reclamados la aprobación del acuerdo y plano proyecto de localización complementario para la primera ampliación, dictado por el Cuerpo Consultivo Agrario, mediante los cuales, dicen los quejosos, que sin ningún fundamento legal se modificó la resolución presidencial dotatoria de ampliación al Ejido Colotlán de fecha siete de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, y a su vez realizó un nuevo plano proyecto, con el que se ordenó ejecutar la resolución presidencial, en la que se afectaba como demasía propiedad de la Nación del predio "San Ignacio Bellavista o San Ignacio Buenavista o el Mirador", en una superficie de ciento sesenta y nueve hectáreas, cuarenta áreas, cero centiáreas; las órdenes dictadas por el director general de tenencia de la tierra al delegado agrario en el Estado para que ejecutara complementariamente la resolución presidencial de la primera ampliación, tomando como base para ello el nuevo plano proyecto aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario y entregara al ejido una superficie de treinta y ocho hectáreas, tres áreas, veinticinco centiáreas del predio "San Ignacio Bellavista o San Ignacio Buenavista o El Mirador"; así como del delegado agrario el haber comisionado personal para que cumpliera las órdenes recibidas por el director general de tenencia de la tierra; y, del ingeniero comisionado la ejecución que dio a las órdenes recibidas por sus superiores, ejecutando complementariamente la resolución presidencial tantas veces mencionada y entregando al ejido una superficie de treinta y ocho hectáreas, tres áreas, veinticinco centiáreas, en lugar de las ciento sesenta y nueve hectáreas, cuarenta áreas, cero centiáreas. Sin embargo, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Cuerpo Consultivo Agrario, dejara insubsistente el acuerdo de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y emitiera otro en el que se ciñera a los términos expuestos en dicha sentencia, sin dejar de tomar en cuenta lo expuesto por el ahora promovente y otras personas, en el escrito presentado el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ante la Delegación Agraria en el Estado, haciendo extensiva la protección federal contra los actos de ejecución atribuidos al director general de la tenencia de la tierra, al delegado agrario en el Estado, y al ingeniero comisionado, Fernando Fernández Zamora. Pues, textualmente, se dijo en la ejecutoria relativa que: "Lo antes expuesto permite concluir que el Cuerpo Consultivo Agrario, vulneró en perjuicio del ejido quejoso, las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, al considerar en el acuerdo impugnado, basándose en la opinión emitida por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, que el hecho de que los actuales propietarios no hayan presentado todos los títulos de propiedad, no presupone la existencia de demasías, las que, consideró, únicamente se dan en tratándose de títulos primordiales que no amparen toda la superficie de posesión, y no en este caso, en que se refiere a propiedades derivadas, cuyos antecedentes amparaban la totalidad del predio cuestionado. Contrariamente a lo ahí estimado, conviene destacar que la superficie que consideró como derivada, tiene como antecedente precisamente terrenos cuyos títulos de propiedad no se encontraban inscritos; pero lo que cobra especial relevancia, es que en el acuerdo del Cuerpo Consultivo Agrario, no se alude a la circunstancia asentada en las escrituras aportadas, en concreto, la de quince de noviembre de mil novecientos setenta y dos, en la que, según la resolución presidencial de siete de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, se desprende que las vendedoras confesaron que no tenían inscrita la totalidad de la superficie de 280-03-17 hectáreas; tampoco el acuerdo menciona qué títulos de propiedad exhibieron para acreditar la propiedad de las 264-00-00 hectáreas que desde antes de la afectación se dijo estaban inscritas. En tales circunstancias, lo precedente es conceder el amparo al ejido quejoso, con la finalidad de que el Cuerpo Consultivo Agrario, deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y emita otro en el que se ciña a los términos expuestos en la presente sentencia, sin dejar de tomar en cuenta lo expuesto por el ahora promovente y otras personas, en el escrito presentado ante la delegación agraria en el Estado el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres." Por lo que la responsable, director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio 20398, suscrito el catorce de septiembre de dos mil cinco, remitió "... copia certificada del acuerdo de fecha 21 de julio de 2005 (anexo 1), emitido e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19611-bc7ed105/inconformidad-el-hecho-de-que-se-promueva-simultaneamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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